Amado Ramirez Velazquez

Expediente 1235/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1235/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
08/11/2022

Partes del expediente

  • Amado Ramirez Velazquez

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos; ocho de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de autos, se advierte que no fue recurrido el acuerdo de dieciocho de octubre de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por ********************. Declaración de firmeza. En tal virtud, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con el 97 fracción I, inciso a) y 98 de ésta última, se declara que dicho proveído ha quedado firme para todos sus efectos legales. Archivo y anotaciones. Practíquense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. Destino del expediente. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente se ubica, en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ya que se desechó la demanda; por tanto, el presente asunto es susceptible de destrucción. Destrucción del expediente. Por otra parte, una vez cumplidos tres años a partir del presente proveído, destrúyase el expediente principal dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del artículo 21 del citado Acuerdo y remítase el acta de baja documental a la citada Dirección General del Archivo y Documentación, acorde a lo dispuesto en el numeral 23 del mismo. Resolución a Disposición para consulta. Asimismo, en virtud de que la parte quejosa no realizó manifestación respecto si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales; hágase de su conocimiento que el auto que desechó la demanda estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de trasparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince, en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que señalan los artículos 117 y 164 de la Ley Federal de Trasparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos; dieciocho de octubre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el escrito signado por **********, por el que subsana la prevención formulada a su escrito de demanda. Desechamiento. Ahora bien, en seguimiento a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se examinará, el escrito de demanda y escrito que la aclara y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se desechará de plano sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 Constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte inequívocamente que el sobreseimiento será el resultado del fallo. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Para cumplir con lo anterior, se habrán de considerar únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable que se tenga certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la Jurisprudencia I.13o.A. J/61, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". Proceder que tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Ahora bien, del estudio integral del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable sustancialmente: La omisión de realizar todos los actos tendentes a la ejecución del laudo dictado en el juicio laboral **********. En tal virtud, en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 217, ambos de la Ley de Amparo y la jurisprudencia visible en la página 2772, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, Registro digital: 2000025, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA" que más adelante se cita. Los numerales referidos prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". (.)". "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna". De los artículos transcritos se observa que la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en forma genérica, indica la improcedencia del juicio cuando resulte de la aplicación de uno o varios preceptos legales distintos de las hipótesis precisadas en el artículo 61; en esas condiciones, para la aplicación de la citada fracción, debe relacionársele con otro precepto legal que determine la improcedencia del juicio en un caso concreto. Por su parte, el artículo 217 de la Ley de Amparo, establece la obligatoriedad de la jurisprudencia del Pleno o de alguna de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los Tribunales Colegiados, para los Juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y de la Ciudad de México, y tribunales administrativos y del trabajo locales o federales. De lo anterior, se sigue que la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de la materia, puede relacionarse con una jurisprudencia del Pleno o de alguna Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los Tribunales Colegiados, porque ésta, conforme al artículo 217 de la Ley de Amparo, es obligatoria. Ahora bien, del estudio integral de la demanda y escritos aclaratorios, se advierte que la parte quejosa reclama del Presidente Ejecutor de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos la omisión de vigilar el cumplimiento del laudo de nueve de enero de dos mil diecinueve. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido en jurisprudencia obligatoria en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, que si bien el gobernado cuenta con el derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional, de que se le administre justicia expedita y completa en los plazos y términos que fijen las leyes, también lo es que la ejecución forzosa del laudo, conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, inicia una vez transcurrido el término a que se refiere el artículo 945 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que requiere no solamente la forzosa solicitud del interesado para su inicio, sino también para su prosecución, así como su directa intervención en diversas actuaciones, como son la atinente al señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario, así como su eventual cambio o remoción, entre otras. Por esas razones, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País estimó que los numerales 954, 957 y 965 de dicha Ley prevén la intervención del ejecutante en diversas diligencias para la continuación de esa etapa; que la ejecución forzosa del laudo no es una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente, máxime que en ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución; aunado a que el artículo 519, fracción III, de la propia Ley establece que las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los convenios celebrados ante ellas prescriben en dos años. Por las razones apuntadas no puede concederse el amparo y protección de la Justicia Federal para que se constriña al Presidente de la Junta responsable para que, una vez transcurridas las 72 horas a que se refiere el artículo 945 del indicado ordenamiento, oficiosamente provea lo conducente, dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa del laudo. En ese contexto, el citado Tribunal concluyó que de reclamarse en amparo indirecto la omisión de la Junta correspondiente, de proveer lo conducente para la ejecución forzosa de un laudo, el juicio de amparo sería improcedente, porque estaríamos en presencia de un acto jurídicamente inexistente al momento de la presentación de la demanda de amparo y de realización incierta, porque la ejecución forzosa depende básicamente de la previa petición del ejecutante, razón por la cual no puede tenerse por actualizada una omisión que se atribuyera al Tribunal ejecutor, transcurridos los quince días posteriores a la en que surta efectos la notificación del laudo. De ahí que, si en el caso en estudio, la parte quejosa reclama del Presidente Ejecutor de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, sustancialmente la omisión de vigilar el cumplimiento del laudo de nueve de enero de dos mil diecinueve, dictado en el juicio laboral ***********, esto de manera genérica, hasta su total ejecución; se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia en comento. Tiene apoyo lo anterior, en la jurisprudencia que por contradicción de tesis emitió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2772, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, Registro digital: 2000025, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA. El Título Quince de la Ley Federal del Trabajo regula los procedimientos de ejecución de los laudos en materia laboral, estableciendo la obligación del Presidente de la Junta de proveer oficiosamente al dictado de las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita; sin embargo, el artículo 950 del indicado ordenamiento dispone la indispensable solicitud expresa del ejecutante para la apertura de la ejecución forzosa del laudo, mediante el dictado del auto de requerimiento y embargo, y los numerales 954, 957 y 965 de dicha Ley prevén la intervención del ejecutante en diversas diligencias para la continuación de esa etapa, como lo son el señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario y su eventual cambio o remoción. De lo anterior se infiere que la ejecución forzosa del laudo no es una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente, máxime que en ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución; aunado a que el artículo 519, fracción III, de la propia Ley establece que las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los convenios celebrados ante ellas prescriben en dos años. Por las razones apuntadas no puede concederse el amparo y protección de la Justicia Federal para que se constriña al Presidente de la Junta responsable para que, una vez transcurridas las 72 horas a que se refiere el artículo 945 del indicado ordenamiento, oficiosamente provea lo conducente, dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa del laudo." Así como la diversa 2a./J. 15/2011 (10a.), localizable en la página 2771, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONESEN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse." De igual forma tiene apoyo lo anterior, la siguiente jurisprudencia: "Registro digital: 2019185 Instancia: Plenos de Circuito Décima Época Materias(s): Común Tesis: PC.VII.L. J/10 L (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 63, Febrero de 2019, Tomo II, página 1469 Tipo: Jurisprudencia IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA UNA CAUSA NOTORIA E INDUDABLE CUANDO EN LA DEMANDA SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO LA OMISIÓN GENÉRICA DE PROVEER LA EJECUCIÓN DEL LAUDO. El Juez de Distrito, al analizar la demanda de amparo, debe examinarla en su integridad para fijar el acto reclamado, y una vez establecido como la omisión genérica de la Junta laboral de proveer la ejecución del laudo, debe atender al criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contenido en la jurisprudencia 2a./J. 15/2011 (10a.), de rubro: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA.", en el que definió la naturaleza jurídica de dicho acto como inexistente, porque se requiere de una participación individualizada del quejoso para vincular a la autoridad responsable a que lleve a cabo la ejecución del laudo, lo cual resulta aplicable a los procedimientos de la Ley Número 364 Estatal del Servicio Civil de Veracruz que regulan la ejecución del laudo a petición de parte; de ahí que se actualice la causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo que resulta de relacionar los artículos 61, fracción XXIII y 217 de la Ley de Amparo que autoriza, por ende, su desechamiento de plano en términos del diverso numeral 113 de dicha legislación, pues no se requiere la sustanciación del juicio para constatar o desvirtuar la causa de improcedencia en cita, al no poder ser desvirtuado ese acto, en tanto que nada de lo que se arguya o pruebe podrá modificar o superar la naturaleza del acto reclamado consistente en la omisión genérica de proveer la ejecución del laudo, pues así queda fijada en el momento de la presentación de la demanda. PLENO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO." Lo anterior, también es acorde con los criterios sustentados en las ejecutorias dictadas en los recursos de queja 54/2022 y 60/2022, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo de este Decimoctavo Circuito, donde se abordó el mismo tema. En tal virtud, al actualizarse las causales de improcedencia invocadas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo en trato. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos; siete de octubre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el escrito signado por el quejoso ************, por el que pretende desahogar la prevención formulada a la demanda de amparo el veintitrés de septiembre pasado. Al respecto, dígase al promovente que no lugar a tener por satisfecha la prevención efectuada, pues no cumplió en sus términos lo requerido, ya que como bien se precisó en ese acuerdo, se le requirió para el efecto de que: "ÚNICO. Aclare el acto reclamado, toda vez que en el capítulo respectivo señala como tal la omisión de la responsable de respetar los plazos y términos de la ley laboral, para dar impulso a la ejecución del laudo y llevar a cabo la diligencia de requerimiento de pago y embargo en el juicio laboral de origen; en tanto que, en su capítulo de antecedentes refiere que "se han realizado varios actos tendientes a la ejecución del mismo", que el trece de enero de dos mil veinte y treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, presentó escritos con folios **********, para tal efecto, sin embargo, es omisa en precisar si ya fueron acordadas dichas promociones; por lo que deberá aclarar si reclama la omisión genérica de ejecutar el laudo o bien la omisión de la responsable de acordar dichos escritos." Ahora bien, en el escrito de cuenta, el promovente, no aclara lo que en concreto reclama en esta instancia constitucional, en efecto, indica como acto reclamado la omisión a ejecutar el laudo, el cual refiere impulsó a través de los escritos de trece de enero de dos mil veinte y treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, los cuales quedaron registrados bajo los folios 229 y 311, y que la autoridad responsable ha sido omisa en acordar. Por lo anterior deberá aclarar si reclama la omisión genérica de ejecutar el laudo o la omisión de la responsable de acordar dichos escritos o ambos. En consecuencia, no ha lugar a tener por satisfecho el requerimiento formulado por auto de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, por ende, subsiste el término y apercibimiento decretado en dicho proveído. Sin embargo, en observancia al lineamiento jurisprudencial 1a./J. 39/2012, cuenta con un día hábil para desahogar dicha prevención, ya que el término que le fue concedido se interrumpió con la presentación del escrito que se provee (cuatro de octubre de dos mil veintidós); puesto que si a la parte quejosa se le notificó el mencionado requerimiento el veintiséis de septiembre pasado, dicho término transcurriría del veintiocho de septiembre al cuatro de octubre del año en curso, por tanto, a partir de esa data (cuatro de octubre de dos mil veintidós) se interrumpió dicho término, el cual se reanudará a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que se haga de este acuerdo; por lo que cuenta con un día hábil para subsanar la referida Prevención. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos; veintitrés de septiembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se tiene por recibida la demanda de amparo presentada por ************, por propio derecho, contra actos de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 1235/2022. Prevención. Ahora bien, previo a acordar lo relativo al desechamiento o admisión de la ampliación de demanda, con fundamento en los numerales 108, fracción IV y V y 114, fracción I y II, de la Ley de Amparo, prevéngase al promovente para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación del presente proveído, por escrito dirigido a este juzgado, bajo protesta de decir verdad, cumpla con lo siguiente: ÚNICO. Aclare el acto reclamado, toda vez que en el capítulo respectivo señala como tal la omisión de la responsable de respetar los plazos y términos de la ley laboral, para dar impulso a la ejecución del laudo y llevar a cabo la diligencia de requerimiento de pago y embargo en el juicio laboral de origen; en tanto que, en su capítulo de antecedentes refiere que "se han realizado varios actos tendientes a la ejecución del mismo", que el trece de enero de dos mil veinte y treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, presentó escritos con folios ***********, para tal efecto, sin embargo, es omisa en precisar si ya fueron acordadas dichas promociones; por lo que deberá aclarar si reclama la omisión genérica de ejecutar el laudo o bien la omisión de la responsable de acordar dichos escritos. En el entendido que la ejecución del laudo no es de carácter oficioso, sino que requiere que las partes realicen la petición correspondiente para su inicio y prosecución. Apercibimiento. Con el apercibimiento, fundado en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, para el caso de no dar cabal cumplimiento a la prevención formulada en la vía, forma y términos antes establecidos; que SE TENDRÁ POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO. Notifíquese personalmente.

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