Amado Isaac García
Expediente 815/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 815/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 06/11/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Amado Isaac García
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que la parte quejosa, no impugnó el auto de veintisiete de octubre de dos mil quince, por el que se desechó su demanda de amparo; por ende, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo en vigor, se declara que dicho auto ha causado estado. En tal razón, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno que se lleva para tal efecto ante este Juzgado; y, hecho que sea lo anterior, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Toda vez que se desechó la demanda de garantías, como lo establece la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción; no se encuentran documentos originales que devolver a las partes, y además carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo anterior, es clasificado como archivo reciente y por tanto, el mismo será conservado en este Órgano Jurisdiccional por el término de tres años, por lo que una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por Amado Isaac García, contra actos del Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Acuña, Coahuila de Zaragoza y otras autoridades. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado, bajo el número estadístico 815/2015, por ser el numeral progresivo que le correspondió. En principio, conviene señalar que del estudio integral de la demanda de garantías se advierte que el acto reclamado por la parte promovente en esta instancia se hace consistir en: (...) Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las fracciones I y II del numeral 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. (...) En efecto el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone la obligación al Juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el libelo actio de amparo y, de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual, en principio, deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que, en su caso, se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. (...) Proceder que tiene como base constitucional el contenido del artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Por consiguiente, al tratarse de una cuestión de orden público, debe atenderse a los citados elementos a efecto de comprobar que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del numeral 61 de la Ley de Amparo, por los motivos y consideraciones que a continuación se precisan. Así, en términos de lo dispuesto en el ordinal 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es pertinente precisar que por esta vía se tilda de inconstitucional lo siguiente: El auto de catorce de septiembre del presente año, dictado dentro de los autos del expediente 93/2009, de índice del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Acuña, Coahuila de Zaragoza, que se sigue en perjuicio del aquí quejoso y otros, por la comisión del delito de secuestro. (...) En ese orden de ideas, es pertinente precisar que el numeral 61, fracción XVIII, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." Antes que nada, es primordial destacar que el artículo 107 de la Constitución Federal establece los principios fundamentales y bases generales para la procedencia del juicio de amparo, consagrando entre otros, en su fracción III, inciso b), el principio de definitividad, el cual estriba en que el juicio de amparo es procedente únicamente respecto de actos definitivos, esto es, que no sean susceptibles de modificación o de invalidación por recurso ordinario o medio de defensa alguno, o que procediendo, se hayan hecho valer oportunamente y el acto reclamado sea lo resuelto en ellos, de no haberse obtenido la reparación solicitada, consistiendo su principal objetivo el de preservar al juicio constitucional como un medio de defensa extraordinario al que debe acudirse sólo cuando ya no exista ante la potestad común la posibilidad de reparar el agravio que se alegue cause la actuación de la autoridad. De modo que aquellas resoluciones o determinaciones que pueden ser susceptibles de ser revocadas, modificadas o anuladas a través de tales recursos o medios de defensa ordinarios, no pueden ser impugnadas directa e inmediatamente a través del juicio de amparo, sino sólo lo serán aquellas resoluciones que recaigan a tales medios ordinarios de defensa. La causa de improcedencia contenida en el precepto legal trascrito, prevé que el gobernado que estime haber sido agraviado por un acto de autoridad, cuando ésta tenga la calidad de tribunal judicial, administrativo o laboral, pueda acudir solicitando el amparo solamente hasta después de que haya agotado todas las instancias, recursos o medios de defensa ordinarios que se regulen en la ley correspondiente, que tiendan a revocar, modificar y nulificar la resolución o acto que lo lesiona. Por otro lado, se destaca que el principio de definitividad del juicio de amparo, supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige al acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga la parte quejosa, el amparo es improcedente. La determinación en comento, que se consagra en forma específica en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo invocada, opera para los actos o resoluciones que emanan de un procedimiento judicial, administrativo o laboral, respecto de los cuales proceda algún recurso o medio ordinario de defensa dentro del juicio, susceptible de modificarlos, revocarlos o anularlos; con ello, se da oportunidad al gobernado que interviene dentro de uno de esos procedimientos judiciales, administrativos o laborales, para que antes de acudir a la instancia extraordinaria de análisis constitucional, se agoten los recursos ordinarios que puedan hacer cesar, con un estudio de legalidad, la violación de la que se queja el gobernado que se aduce agraviado. Uno de los axiomas que rigen la procedencia del juicio de amparo, lo constituye el reglamentado por el artículo antes trascrito, que es el que se denomina de definitividad; esto es, el juicio de amparo no puede promoverse si previamente no se han agotado los juicios, recursos o medios de defensa que la ley que rige el acto establece, y que tengan por objeto modificarlo, revocarlo o nulificarlo, lo que quiere decir, que el acto reclamado debe ser definitivo, en el sentido de que mediante el sistema ordinario ya no se pueda anular. (...) En el asunto particular, la razón por la que se actualiza la causal de improcedencia en comento, radica en que en contra del acto reclamado procede como medio de impugnación el recurso de revocación contemplado en el artículo 548 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual no agotó el promovente a pesar de que tenía la obligación de hacerlo, con anterioridad a solicitar la protección de la Justicia Federal. Efectivamente, para sustentar lo anterior, se considera necesario traer a colación lo dispuesto en los artículos 548 y 549 del Código de Procedimientos Penales en el Estado de Coahuila de Zaragoza, que son aplicables al procedimiento del cual deriva el presente juicio de amparo, en lo que interesa establecen lo siguiente: "TÍTULO CUARTO RECURSO DE REVOCACIÓN ARTÍCULO 548. CONTRA QUÉ RESOLUCIONES SE PUEDE INTERPONER LA REVOCACIÓN. El recurso de revocación se podrá interponer en la primera instancia contra autos inapelables y sin que contra ellos proceda algún otro recurso que este código señala. En el trámite de los recursos de queja, inconformidad, apelación, denegada apelación o apelación mal admitida, la revocación se podrá interponer contra autos que se pronuncien antes de la resolución que ponga fin al recurso. No es admisible tal recurso contra autos que se dicten en ejecución de sentencia. ARTÍCULO 549. TIEMPO PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVOCACIÓN Y TRÁMITE. El recurso de revocación se interpondrá en el acto de la notificación o dentro de los tres días siguientes a ella. Al interponerse el recurso de revocación se expresarán los agravios. El juzgador lo resolverá sin trámite si estima innecesario oír a las partes. De lo contrario, las citará a una audiencia oral dentro de los tres días siguientes para que formulen sus alegatos y en ella o al día siguiente pronunciará el auto relativo; el cual será irrecurrible. Si lo dicta en la misma audiencia, será suficiente que se haga constar la resolución en el acta de aquella." Como puede observarse, de la interpretación sistemática de los anteriores dispositivos legales señalan que el recurso de revocación es procedente, contra los autos inapelables y sin que contra ellos proceda algún otro recurso que el Código de Procedimientos Penales del Estado de Coahuila de Zaragoza, contemple. Otra de las condicionantes que prevé este recurso es que no será admisible contra autos que se dicten en ejecución de sentencia. Ahora bien en el caso concreto, la parte quejosa aduce que el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Acuña, Coahuila de Zaragoza, dictó un auto dentro del proceso penal 93/2009, en el cual no se acordó de conformidad a su petición de aperturar un incidente inominado (incidente no especificado), solicitado por el licenciando Juan José Espinoza Guerrero, quien actuó como abogado defensor del aquí quejoso. Así también, de la demanda en sí se advierte que en el expediente de origen aún no se ha dictado sentencia definitiva, ya que de lo narrado por el quejoso, el proceso penal se encuentra en el periodo de ofrecimiento de pruebas, motivo por el cual se reitera que antes de venir al amparo, el quejoso debe agotar el recurso de revocación antes mencionado. Por tanto, si la parte quejosa no agotó el recurso de revocación previsto en el Código de Procedimientos Penales en el Estado de Coahuila de Zaragoza, es improcedente el juicio de amparo al no respetarse el principio de definitividad, con apoyo en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Asimismo, cabe decir que aún en el supuesto, de que la ejecución del acto reclamado fuera de imposible reparación para efecto de la procedencia del amparo indirecto, ésta calidad en el acto, no constituye un caso de excepción al principio de definitividad, que impera en el juicio de amparo, porque de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo vigente, y acorde a las reglas del amparo indirecto, estos lineamientos determinan que al tratarse de actos intraprocesales, antes de acudir al juicio de garantías deben combatirse mediante los recursos correspondientes, incluso si su ejecución se estima de imposible reparación, pues así se advierte del numeral 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de tal suerte que la afirmación de que se causen daños de imposible reparación no exime al quejoso de agotar los medios ordinarios de defensa, previo a la interposición del amparo. (...) Acorde a las directrices trazadas, en la parte quejosa recaía la obligación de respetar el principio de definitividad de que se ha venido hablando, antes de acudir a la presente vía constitucional, puesto que para la procedencia de los recursos o medios ordinarios de defensa, es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que, si bien es cierto que el principio apuntado admite excepciones, tiene como característica fundamental imponer la obligación y el deber jurídico de agotarlos y sustanciarlos antes de acudir al juicio de amparo, por lo que no es a discreción del afectado cumplir o no con el mismo para la procedencia de dicha contienda, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino de carácter obligatorio, en virtud de que el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley Reglamentaria de los diversos numerales 103 y 107 de la Carta Magna vigente al inicio de este asunto, es terminante en que se agoten los medios de defensa legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías, con el propósito manifiesto de que no se soslaye el citado postulado; de ahí que, al haberse inobservado lo anterior por parte del quejoso, lo procedente es desechar la demanda de garantías que se analiza. Máxime que en la especie no se actualiza otros de los casos de excepción establecidos en la ley, a efecto de dispensar el mencionado principio que rige en el juicio de amparo, pues no se reclama la inconstitucionalidad de alguna ley, algún acto de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni el acto reclamado carece de fundamentación, por lo cual, se insiste, el promovente está obligado a instar el recurso correspondiente antes de intentar la vía constitucional. Por las narradas condiciones, es que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, lo que impone desechar de plano la demanda de amparo promovida por Amado Isaac García, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 del citado ordenamiento legal. (...) Con el propósito de evitar dilaciones innecesarias, se faculta a los Actuarios adscritos a este Juzgado, para practicar las notificaciones que se les ordenen en el asunto, aun en días y horas inhábiles, en términos del artículo 21, párrafo tercero de la nueva Ley de Amparo. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio los estrados de este Juzgado, y como su autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Juan José Espinoza Guerrero, quien cuenta con su cédula profesional registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Por último, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8°, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, dígase a las partes que, conforme al procedimiento de acceso a la información, la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite; así también, que pueden ejercer el derecho para manifestar, hasta antes que se pronuncie el fallo, su voluntad de que su nombre y datos personales no se incluyan en la publicación, en la inteligencia de que tal oposición, únicamente surtirá efectos cuando se trate de expedientes que contengan información reservada que en términos de lo previsto por la fracción IV, del artículo 13, de la citada ley, será cuando pongan en riesgo la vida, la seguridad, o la salud de las partes.
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