Amado Huerta Suárez

Expediente 511/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 6 actuaciones registradas, la última del 5 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
511/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
05/11/2021

Partes del expediente

  • Amado Huerta Suárez
  • Amado Huerta Suárez y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz... declaró infundado el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa en contra del proveído por el cual se desechó de plano la demanda que originó el juicio de amparo en que se actúa... archívese este asunto como concluido... se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción...

  2. Principal

    El autorizado de la parte quejosa interpone recurso de queja contra el proveído de veintinueve de junio de dos mil veintiuno, dictado en este juicio de amparo... dese trámite al citado recurso y remítase el original del escrito que contiene la expresión de agravios a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, para la substanciación de dicho medio de defensa... se anexa la copia correspondiente para el Agente del Ministerio Público adscrito al Tribunal que por razón de turno corresponda conocer del asunto... ríndase el informe correspondiente al Tribunal relativo en el sentido de que ES CIERTO EL ACTO IMPUGNADO...

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS AL PROMOVENTE, EL ACUERDO QUE DICE: 1. ***, 2. ***, 3. ***, 4. ***, 5. ***, 6. ***, 7. *** y 8. *** desahogan el requerimiento efectuado en autos, esto es, manifiestan bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: 1) Que los aquí quejosos no ostentan algún cargo de representación respecto del *** ubicado en ***, del municipio de Martínez de la Torre, Veracruz. 2) Desconocen si el comisariado ejidal del *** ubicado en Felipe Carrillo Puerto, del municipio de Martínez de la Torre, Veracruz promovió alguna acción respecto de la construcción del proyecto denominado ***, tramo carretero *** que pasaría por el referido ejido. 3) Que el seis de junio de dos mil veintiuno es la fecha a la que se refieren al hacer la expresión "desde hace algún tiempo tuvimos conocimiento de la construcción del proyecto denominado ***, tramo carretero *** que pasaría por el *** ubicado en Felipe Carrillo Puerto, del municipio de Martínez de la Torre, Veracruz. 4) Que el seis de junio de dos mil veintiuno es la fecha en que tuvieron conocimiento del dictamen *** de nueve de octubre de dos mil dieciocho. Antes de proveer sobre la admisión o no de la demanda de amparo deben precisarse que los actos reclamados por la parte quejosa consisten en: 1. La autorización de los permisos y licencias de construcción, así como la aprobación del proyecto de construcción, específicamente del tramo carretero ***, de la obra denominada ***, en el trayecto del *** ubicado en Felipe Carrillo Puerto, del municipio de Martínez de la Torre, Veracruz. 2. La falta de consulta a los quejosos y demás habitantes del *** ubicado en Felipe Carrillo Puerto, del municipio de Martínez de la Torre, Veracruz, a efecto de obtener el consentimiento previo, libre e informado de la comunidad referida, previo a la ejecución de la obra de construcción del proyecto denominado ***, tramo carretero ***. 3. La posible detención que puedan llevar a cabo para privar de la libertad a los promoventes y así como provocar represión, intimidación y temor, con motivo de presentación de la demanda de amparo. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO RESPECTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS, PUNTUALIZADO CON LOS NÚMEROS 1 Y 2. De la lectura integral de la demanda, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, como se explica a continuación: El artículo 113 de la Ley de Amparo faculta al órgano jurisdiccional para desechar de plano la demanda de amparo si advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Por otra parte, de los artículos 6 y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo se advierte que la facultad de ejercer la acción constitucional está reservada únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto u omisión de autoridad o por la aplicación de una ley. La noción perjuicio, para la procedencia de la acción constitucional, presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, al ser transgredido por la actuación de una autoridad o por la ley, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente, a demandar el cese de esa transgresión. Por otra parte, el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo establece que la parte quejosa es quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, respecto de la norma, acto u omisión reclamados que considere ser violatorios de los derechos previstos en el artículo 1 de la ley mencionada y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Asimismo, de conformidad con el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está legitimada para promover el juicio de amparo, entre otros, la persona que aduzca violación a un derecho subjetivo, quien deberá acreditar ser titular de ese derecho, pues la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada. En suma, para que el juicio de amparo sea procedente, basta que los actos que se reclamen revistan las siguientes características, en relación con el interés de la parte quejosa: a) Que cause algún perjuicio o afectación a la persona gobernada, ya sea a alguno de los derechos subjetivos de los que es titular o de alguno de los derechos difusos protegidos por las normas. b) Que ese agravio repercuta en la esfera de derechos de la parte quejosa de forma directa o indirecta, ya sea por ser la destinataria del acto o por la especial situación frente al orden jurídico. En consecuencia, la noción perjuicio para que proceda el juicio de amparo, presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, cuando es transgredido por la actuación de una autoridad o por la ley misma, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurídico correspondiente, demandando el cese de esa trasgresión. Resulta aplicable la tesis siguiente: Localización: Octava Época Registro: 211702 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo XIV, Julio de 1994 Materia(s): Común Tesis: Página: 704 "PERJUICIO, BASE DEL AMPARO. Al quejoso en el amparo, como actor en el juicio, al igual que en una contienda de carácter civil, le corresponde, de conformidad con el artículo 149 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, demostrar la procedencia de la acción constitucional; y para esto se requiere como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan. Por tanto no basta el reconocimiento, por las autoridades responsables, de la existencia del acto, para concluir que necesariamente el mismo perjudica al promovente del juicio de garantías, puesto que el perjuicio depende de que existan legítimamente amparados los derechos cuya garantía constitucional se reclama." De acuerdo con el criterio invocado, corresponde a la parte quejosa demostrar la procedencia de la acción constitucional; para esto se requiere como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan; por tanto, no basta la existencia del acto para concluir que éste necesariamente perjudica a la parte promovente del juicio de amparo, sino que se requiere justificar el perjuicio que sufre con motivo del acto reclamado. Ahora bien, en relación con el interés legítimo la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que su existencia requiere, como mínimo, aunque no exclusivamente, la demostración de una afectación en cierta esfera jurídica, apreciada en un parámetro de razonabilidad y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe tener el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. En efecto, el interés legítimo para instar la acción constitucional consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero que tampoco se identifica con el interés genérico de la sociedad, como ocurre con el interés simple, es decir, que se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que está en aptitud de expresar un agravio diferenciado de los demás integrantes de la comunidad, al ser su interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que su anulación le producirá un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica como resultado inmediato y directo de la resolución que se pronuncie. Asimismo, la Sala referida ha dispuesto que la falta de este presupuesto procesal (interés legítimo) puede evidenciar la actualización de una causa manifiesta e indudable de improcedencia que conduciría a desechar la demanda. Tienen aplicación al caso las tesis siguientes: Época: Décima Época Registro: 2014433 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 43, Junio de 2017, Tomo II Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 57/2017 (10a.) Página: 1078 "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable. Época: Décima Época Registro: 2007921 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I Materia(s): Común Tesis: P./J. 50/2014 (10a.) Página: 60 "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas. Adicionalmente, se tiene que conforme con los artículos 14, 32, 33, 43, 44, 56, 62, 76, 81, 82 y 83 de la Ley Agraria, el comisariado ejidal1 es el órgano legitimado para promover juicio de amparo indirecto contra: Un decreto expropiatorio y su ejecución sobre las tierras ejidales, tanto de uso común como parceladas. Actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. Por otro lado, si el comisariado ejidal no acude a solicitar el amparo, el ejidatario en lo individual no puede promover el juicio de garantías en representación sustituta de aquél, ello es así debido a que existe criterio sustentado por los Tribunales Colegiados de Circuito del Poder Judicial de la Federación ante la inexistencia de esa figura en la Ley de Amparo en los asuntos regidos conforme a la legislación actual (vigente a partir del tres de abril de dos mil trece) los ejidatarios y/o comuneros de un núcleo agrario carecen de legitimación para promover el juicio de amparo indirecto. Tiene aplicación la tesis siguiente: Registro digital: 2019801 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común, Administrativa Tesis: (V Región)1o.9 A (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 66, Mayo de 2019, Tomo III, página 2734 Tipo: Aislada "REPRESENTACIÓN SUSTITUTA EN EL AMPARO EN MATERIA AGRARIA. CARECE DE LEGITIMACIÓN QUIEN PROMUEVE EL JUICIO CONSTITUCIONAL EN LA VÍA INDIRECTA CON BASE EN ESA FIGURA JURÍDICA, AL NO ESTAR PREVISTA EN LA LEY DE LA MATERIA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). La representación sustituta en materia agraria, prevista en el artículo 213, fracción II, de la Ley de Amparo, abrogada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, legitimaba a cualquier ejidatario y/o comunero perteneciente a un núcleo de población agrario, para promover el juicio constitucional en defensa de éste, en caso de que el comisariado ejidal o de bienes comunales no lo hiciere dentro del plazo de quince días. Por otra parte, el legislador ordinario, en ejercicio de su libertad de configuración, suprimió esa forma de representación en la Ley de Amparo vigente a partir del 3 del mes y año indicados. Por tanto, ante su inexistencia, en los asuntos regidos conforme a la legislación actual, los ejidatarios y/o comuneros de un núcleo agrario carecen de legitimación para promover el juicio de amparo indirecto con base en esa figura jurídica. HECHOS Del análisis integral de los escritos de demanda, aclaratorio y de las demás constancias que obran en autos, se advierte que, entre otro, los actos reclamados son los siguientes: 1. La autorización de los permisos y licencias de construcción, así como la aprobación del proyecto de construcción, específicamente del tramo carretero ***, de la obra denominada ***, en el trayecto del *** ubicado en Felipe Carrillo Puerto, del municipio de Martínez de la Torre, Veracruz. 2. La falta de consulta a los quejosos y demás habitantes del *** ubicado en Felipe Carrillo Puerto, del municipio de Martínez de la Torre, Veracruz, a efecto de obtener el consentimiento previo, libre e informado de la comunidad referida, previo a la ejecución de la obra de construcción del proyecto denominado ***, tramo carretero ***. Asimismo, del escrito aclaratorio de cuenta se advierte que los quejosos manifestaron bajo protesta de decir verdad lo siguiente: 1) Que no ostentan algún cargo de representación respecto del *** ubicado en Felipe Carrillo Puerto, del municipio de Martínez de la Torre, Veracruz. 2) Desconocen si el comisariado ejidal del *** ubicado en Felipe Carrillo Puerto, del municipio de Martínez de la Torre, Veracruz promovió alguna acción respecto de la construcción del proyecto denominado ***, tramo carretero *** que pasaría por el referido ejido. Adicionalmente, los aquí quejosos manifestaron que "son campesinos" y que pertenecen al *** ubicado en Felipe Carrillo Puerto, del municipio de Martínez de la Torre, Veracruz, lo que demostraron con las documentales relativa a los certificados parcelarios que los acreditan como ejidatarios del lugar, constancias a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CONCLUSIÓN De lo anterior, los aquí promovente carecen de interés jurídico legítimo para promover juicio de amparo debido a que conforme con los artículos 14, 32, 33, 43, 44, 56, 62, 76, 81, 82 y 83 de la Ley Agraria, el comisariado ejidal es el órgano legitimado para promover juicio de amparo indirecto contra de los actos impugnados, lo que en caso no aconteció, no es óbice a lo anterior el hecho de que los promoventes refieran que los actos los reclaman con base en un interés legítimo, ya que como se advierte el mismo lo hacen derivar de su interés personal como ejidatarios, en lo individual, del *** ubicado en Felipe Carrillo Puerto, del municipio de Martínez de la Torre, Veracruz, lo que en su caso no los legitima para promover el juicio de garantías relativo. Asimismo, respecto de la posible afectación que aducen se les podría ocasionar con la construcción, específicamente del tramo carretero ***, de la obra denominada ***, en el trayecto del *** ubicado en Felipe Carrillo Puerto, del municipio de Martínez de la Torre, Veracruz, no causa perjuicio hasta este momento a los quejosos, ya que se considera que dicho acto no es cierto e inminente, sino que se trata de un acto futuro e incierto, pues los mismos quejosos adujeron que "se enteraron desde hace algún tiempo" respecto de la obra relativa, sin embargo, hasta este momento no acreditaron que se esté llevando a cabo la construcción del tramo carretero referido, ni mucho menos que se estén afectando bienes propios del *** ubicado en Felipe Carrillo Puerto, del municipio de Martínez de la Torre, Veracruz; además, se toma en cuenta que la ejecución del acto reclamado dependería de que en su caso los quejosos tuvieran conocimiento de un posible decreto expropiatorio sobre las tierras ejidales de las que aducen ser titulares, pues hasta la fecha, no refieren que se haya emitido alguna determinación en ese sentido. En consecuencia, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 113, en relación con el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo respecto de los actos en este apartado analizados. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO RESPECTO DEL ACTO RECLAMADO PUNTUALIZADO CON EL NÚMERO 3 De la lectura integral de la demanda, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, como se explica a continuación: HIPÓTESIS NORMATIVA El artículo 113 de la Ley de Amparo faculta al órgano jurisdiccional para desechar de plano la demanda de amparo si advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Por otra parte, el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo prevé que el juicio de amparo es improcedente contra los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la misma ley. Tal artículo se relaciona con el diverso artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6 de la Ley de Amparo, que señala que el juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado. En este contexto, cabe mencionar que como requisito para que el juicio de amparo sea procedente, corresponde a la parte quejosa demostrar el derecho que le asiste para reclamar por esta vía, e indicar con exactitud el acto o actos violatorios de los derechos fundamentales en su perjuicio, y demostrar que dicho acto reclamado le ocasiona un perjuicio al momento de la presentación de la demanda, esto es, una ofensa o daño en sus derechos o intereses. Cabe destacar que tratándose de actos futuros, el juicio de amparo indirecto sólo es procedente contra aquellos actos que además sean ciertos e inminentes, es decir, que exista certeza sobre su realización, bien porque estén acreditados actos previos de la autoridad que hagan evidente su existencia futura, o bien que, por sus características inherentes no pueda caber duda de que el acto reclamado ha de ejecutarse tal y como lo refiere la parte promovente en su demanda. Tienen aplicación al caso, las tesis siguientes: Época: Novena Época Registro: 184156 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVII, Junio de 2003 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 25/2003 Página: 73 "DEMANDA DE AMPARO. LA RECLAMACIÓN DE UN ACTO FUTURO O INCIERTO, DEL CUAL NO PUEDA SABERSE CON EXACTITUD SI ES INMINENTE O SI LLEGARÁ O NO A MATERIALIZARSE, NO CONSTITUYE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, POR LO QUE EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE. El artículo 145 de la Ley de Amparo faculta al Juez de Distrito para desechar la demanda de amparo indirecto cuando al examinarla aparezca un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; sin embargo, esa potestad del Juez no es ilimitada, ni depende de un criterio puramente subjetivo, pues tal motivo debe estar plenamente demostrado, y advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexen a esas promociones. De ahí que cuando se reclame un acto futuro e incierto y no pueda saberse con exactitud si es inminente, o bien, si llegará o no a materializarse, sino que es necesario contar con elementos de prueba que permitan una correcta conclusión, no debe considerarse que existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que amerite aplicar el indicado artículo 145 para desechar de plano la demanda, por lo que el Juez de Distrito deberá admitirla a trámite. Lo anterior obedece a que para que el juzgador se encuentre en condiciones de saber si el acto reclamado, considerado como futuro, se realizará por parte de la autoridad, debe analizar los elementos probatorios existentes, y si estimara racionalmente que la responsable ya ordenó la realización del acto reclamado o que está a punto de hacerlo, deberá admitir la demanda, sin perjuicio de que durante la sustanciación del juicio quede plenamente probado que efectivamente se trata de un acto de ese tipo, o se tenga la certeza de la existencia de alguna otra causa de improcedencia regulada en el artículo 73 de la citada ley, u otra prevista en diverso precepto legal relacionado con la fracción XVIII de este numeral." Época: Novena Época Registro: 190427 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIII, Enero de 2001 Materia(s): Común Tesis: IV.3o.A.T.29 K Página: 1675 "ACTO FUTURO E INCIERTO. NO SIEMPRE ES NECESARIA LA RECEPCIÓN DE PRUEBAS SOBRE EL PARTICULAR, SI EL QUEJOSO EN SU DEMANDA NARRA HECHOS QUE ASÍ LO INDICAN. Para apreciar si un acto es futuro e incierto no siempre es necesaria la recepción de pruebas sobre ese particular, puesto que de advertirse tal calificativa desde la presentación de la demanda, esto constituiría una causa notoria y manifiesta para desechar de plano la demanda de garantías en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, toda vez que aun cuando en el juicio se aportaran pruebas, para ese efecto las mismas no podrán variar la calificativa antes mencionada, pues los hechos reconocidos y aceptados por el quejoso en la demanda son los que califican al acto de futuro e incierto." HECHOS Del análisis integral del escrito de demanda de amparo, se advierte que los promoventes reclaman de las autoridades responsables señaladas con el carácter de "ejecutoras"3 lo siguiente: La posible detención que puedan llevar a cabo para privarlos de la libertad y así provocar represión, intimidación y temor, con motivo de la presentación de la demanda de amparo. CONCLUSIÓN En este orden de ideas, se considera que el acto reclamado por los quejosos no es cierto e inminente, sino que se trata de un acto futuro e incierto, pues lo hacen derivar de la presentación de la demanda que dio origen a este juicio de amparo, lo que no implica necesariamente que con la mera tramitación de este asunto se gire en su contra una orden privativa de libertad como lo es la orden de detención. Aunado a lo anterior, se toma en cuenta que los quejosos no señalaron a alguna autoridad con el carácter de ordenadora que esté facultada para emitir la "orden de detención" reclamada. En consecuencia, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 113, en relación con el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo respecto del acto restrictivo de libertad en este apartado analizado.

  4. Principal

    ... desahogan el requerimiento efectuado en autos... los aquí promovente carecen de interés jurídico legítimo para promover juicio de amparo debido a que conforme con los artículos 14, 32, 33, 43, 44, 56, 62, 76, 81, 82 y 83 de la Ley Agraria, el comisariado ejidal es el órgano legitimado para promover juicio de amparo indirecto contra de los actos impugnados, lo que en caso no aconteció, no es óbice a lo anterior el hecho de que los promoventes refieran que los actos los reclaman con base en un interés legítimo, ya que como se advierte el mismo lo hacen derivar de su interés personal como ejidatarios, en lo individual, del... ubicado en Felipe Carrillo Puerto, del municipio de Martínez de la Torre, Veracruz, lo que en su caso no los legitima para promover el juicio de garantías relativo... respecto de la posible afectación que aducen se les podría ocasionar con la construcción, específicamente del tramo carretero... en el trayecto del... ubicado en Felipe Carrillo Puerto, del municipio de Martínez de la Torre, Veracruz, no causa perjuicio hasta este momento a los quejosos, ya que se considera que dicho acto no es cierto e inminente, sino que se trata de un acto futuro e incierto, pues los mismos quejosos adujeron que "se enteraron desde hace algún tiempo" respecto de la obra relativa, sin embargo, hasta este momento no acreditaron que se esté llevando a cabo la construcción del tramo carretero referido, ni mucho menos que se estén afectando bienes propios del "Ejido Paso Largo" ubicado en Felipe Carrillo Puerto, del municipio de Martínez de la Torre, Veracruz; además, se toma en cuenta que la ejecución del acto reclamado dependería de que en su caso los quejosos tuvieran conocimiento de un posible decreto expropiatorio sobre las tierras ejidales de las que aducen ser titulares, pues hasta la fecha, no refieren que se haya emitido alguna determinación en ese sentido... procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO... respecto de los actos en este apartado analizados... se considera que el acto reclamado por los quejosos no es cierto e inminente, sino que se trata de un acto futuro e incierto, pues lo hacen derivar de la presentación de la demanda que dio origen a este juicio de amparo, lo que no implica necesariamente que con la mera tramitación de este asunto se gire en su contra una orden privativa de libertad como lo es la orden de detención... se toma en cuenta que los quejosos no señalaron a alguna autoridad con el carácter de ordenadora que esté facultada para emitir la "orden de detención" reclamada... procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO... respecto del acto restrictivo de libertad en este apartado analizado...

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