Amado Gustavo Sandoval Delgadillo
Expediente 2316/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 2316/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/10/2019
Partes del expediente
- Amado Gustavo Sandoval Delgadillo
Actuaciones
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTITRÉS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Por recibido el oficio de cuenta, por el cual, la Actuaria adscrita al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, transcribe el proveído emitido el veintiuno de octubre del año en curso, dentro del amparo en revisión 163/2019, del que se advierte que el Magistrado Presidente de dicho órgano jurisdiccional, en atención al oficio 45703/2019 del índice este juzgado, ordenó devolver un sobre amarillo, el cual contiene los siguientes documentos: - Las determinaciones de uno y cinco de septiembre de dos mil ocho y oficio de nueve de septiembre del aludido año, emitidos dentro del expediente 74/2008, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Puente de Camotlán, municipio de La Yesca, Nayarit. - El original del acta de defunción número diecinueve, de veinticinco de septiembre de mil novecientos ochenta y cuatro, expedida por el Presidente Municipal Encargado de la Oficina del Registro Civil; - Original y copia del contrato de compraventa sobre bienes raíces de cuatro de junio de mil novecientos cuarenta y uno. - Original de un recibo de cuatro de junio de mil novecientos cuarenta y uno. - Original de un recibo de pago efectuada a Recaudación de Rentas de lxtlán, Nayarit, el dieciséis de enero de mil novecientos setenta y ocho, con sello de recibido el diecisiete de enero de la aludida anualidad. - Original del instrumento público de quince de mayo de mil novecientos setenta y ocho. - Copia simple de un recibo de pago efectuado a Recaudación de Rentas de lxtlán, Nayarit, el trece de mayo de mil novecientos setenta y ocho, con sello de recepción de quince de mayo del año que antecede. - Copia certificada de la escritura sesenta y seis de diecisiete de enero de mil novecientos setenta y siete. - Un escrito en dos fojas de veinticinco de septiembre de mil novecientos catorce. Documentos que fueron enviados a fin de substanciar el recurso de revisión interpuesto en autos; en consecuencia, agréguese el citado medio de comunicación a los presentes autos, para los efectos legales conducentes; en tanto que los citados anexos, guárdense en un lugar seguro en este juzgado. Acúsese recibo de estilo. Finalmente, toda vez que las citadas documentales fueron ofrecidas por la parte quejosa, con sustento en el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, requiérasele para que dentro del plazo de NOVENTA DÍAS siguientes al en que surta efectos la notificación del presente proveído, acuda a este Órgano Jurisdiccional a recoger el citado pagaré; apercibida que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, NUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Vistas las constancias de autos, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado la inconstitucionalidad de diversos preceptos de la Ley de Hacienda Municipal para el Estado de Nayarit, así como de la Ley de Ingresos para la Municipalidad de Tepic, Nayarit; sin embargo, entre las responsables que señaló, no se encuentra el Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, ente encargado de la promulgación de las citadas normas. Por tal motivo, toda vez que a la citada autoridad le podría surgir el carácter de responsable; consecuentemente, con sustento en los ordinales 17, 108, fracción III, 111 y 117 último párrafo de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa con lo anterior y requiérasele a fin de que dentro del término de QUINCE DÍAS, siguientes al en que surta sus efectos la notificación respectiva, manifieste lo que a su interés legal convenga y en su caso, precise si amplía su demanda contra el Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit y en su caso, formule los correspondientes conceptos de violación en su contra; apercibida que en caso de omisión dentro del término precisado, no se tendrá como autoridad al citado ente y se resolverá el presente juicio de garantías, tal como fue planteado. Sirve de apoyo a lo anterior por identidad jurídica, la jurisprudencia 98, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cuarenta y dos, Tomo VIII, correspondiente al mes de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo contenido versa: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA. ...." Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia PC.III.A. J/70 A (10a.), sustentada por el Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, publicada en la página cuatro mil trescientos quince, Libro 67, junio de dos mil diecinueve, Tomo V, Materia Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA NORMAS GENERALES. CUANDO EL QUEJOSO OMITA SEÑALAR COMO AUTORIDAD RESPONSABLE AL TITULAR DEL ÓRGANO DE ESTADO QUE PROMULGÓ EL DECRETO LEGISLATIVO RECLAMADO, AUNQUE NO SE IMPUGNE ESE ACTO POR VICIOS PROPIOS, SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 108, FRACCIÓN III, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO. ...." Finalmente, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional programada para el día de hoy y en su lugar se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y CUATRO MINUTOS DEL ONCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficio y anexo recibidos en la Oficialía de Partes de este Juzgado Federal el veintiocho de agosto pasado, la Delegada de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, informó el cumplimiento al fallo protector (fojas 117 a 118). En relación con lo anterior, por acuerdo de veintinueve del mes próximo pasado (foja 119), se dio vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surtiera efectos la notificación respectiva manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna en dicho plazo, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el precepto 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: Así pues, mediante resolución dictada el uno de julio de este año (fojas 80 a 96), se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó al Congreso del Estado de Nayarit, con domicilio en esta ciudad y otras autoridades, para que hicieran lo siguiente: "(.) 1. Los artículos 22, fracciones I y XVIII, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, que prevén, respectivamente, el costo por inscripción de documentos y préstamo hipotecario, así como los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sea desincorporado de la esfera jurídica del amparista, tanto en el presente como en el futuro. 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, en el ámbito de sus competencias, devuelva a la parte quejosa el remanente que exceda de la aplicación de $******************** (fracción I) y $******************** (fracción XVIII), por cada pago de los conceptos de inscripción de documento público y préstamo hipotecario, con sustento el artículo 22, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado declarada inconstitucional. Remanente que debe calcularse en función de la erogación realizada por el quejoso, acreditada mediante la impresión del formato de pago expedido por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit. 3. De igual manera, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, no realice el cobro de los impuestos contenidos en los artículos 11, 12 y 13 de la ley aquí combatida; en consecuencia, deberá hacer la devolución del pago que realizó la parte quejosa, por los impuestos referidos en relación al pago que efectuó la parte quejosa sólo respecto de lo que erogó por los conceptos de inscripción de documento público o privado y préstamo hipotecario. Por tanto, al incidir la inconstitucionalidad aducida en un elemento esencial de la contribución analizada, la restitución correspondiente sólo implica que el quejoso deje de pagar la tarifa que le fue aplicada, sin relevarlo de la obligación de enterar la cuota fija mínima de $290.00 (Doscientos noventa pesos 00/100 moneda nacional) y $280.00 (Doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), sin las contribuciones adicionales, que al efecto establece la fracciones I y XVIII, del artículo 22 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, dado que el efecto del amparo no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago de los derechos por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva, que en el caso que nos ocupa, tal circunstancia se cumple al enterar la cantidad mínima que exige la contribución declarada inconstitucional. (.) 4. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver, así como las cantidades pagadas por impuestos adicionales, deberán ser debidamente actualizadas, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que los quejosos sean restituidos en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarles las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquéllos cubrieron al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto. (.) Sin que sea necesario requerir a las autoridades responsables por la devolución del concepto "cancelación de inscripción", en razón de que éste, así como el precepto normativo que lo sustenta no fue señalado como acto reclamado por la parte quejosa" Luego, en auto de uno de agosto de este año (fojas 106 a 108), la citada sentencia causó ejecutoria y se requirió a la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, para que en el término de diez días la acatara y remitiera las constancias que acreditaran dicho cumplimiento. Asimismo, el requerimiento precisado en el párrafo que antecede se hizo extensivo al Titular de la Secretaría en cita, en su carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable citada (foja 107 vuelta). De lo transcrito se colige, que los actos que debían realizar los entes aludidos para cumplir con dicha sentencia, son los siguientes: A).- Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el ordinal 22, fracciones I y XVIII de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, en relación con los artículos 11, 12 y 13, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales arábigos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito; y B).- Devolverle al quejoso el remanente que exceda de la aplicación de $******************** (fracción I) y $******************** (fracción XVIII), por cada pago de los conceptos de inscripción de documento público y préstamo hipotecario; además, devolver la cantidad correspondiente debidamente actualizada. Así, mediante oficio signado por la delegada de las autoridades responsables pertenecientes a la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad y anexos, informó que se había efectuado una transferencia bancaría a la parte quejosa por la cantidad de $******************** moneda nacional), lo cual acreditó con la impresión correspondiente, lo anterior, por suerte principal y concepto de actualización correspondiente. Ahora, atendiendo a los efectos de la sentencia protectora del amparo, los cuales han quedado precisados con anterioridad, se advierte que las autoridades responsables acataron los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, pues se desincorporaron de la esfera jurídica de la parte quejosa la porción normativa reclamada y se le devolvió la contribución principal erogada por ésta, así como lo relativo a la actualización fiscal correspondiente. Lo anterior es así, dado que la quejosa erogó a favor de la administración pública estatal, por los derechos e impuestos en comento, la cantidad de ********************. A la cual se le debía restar las cantidades de $******************** ********************, por las razones que se indican en los párrafos que anteceden. Entonces, realizando la operación aritmética correspondiente, se advierte que la autoridad responsable en cita tenía que devolver el monto de $********************), por lo que se desprende que la obligación tributaria principal ha sido devuelta. Sin embargo, como se expuso, en la ejecutoria en análisis se determinó que la cantidad anterior debía devolverse con la actualización correspondiente, la que se encuentra contemplada en el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, los recibos fiscales materia de la concesión fueron expedidos el ******************** (fojas 17 y 18), y la responsable efectuó la devolución de la cantidad indicada a la parte quejosa el veintitrés de agosto de este año (foja 118), por la cantidad de $******************** moneda nacional). Así, el periodo de ajustes fiscal comprende del mes de ********************. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de ******************** (al ser los meses inmediatos anteriores del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de abril de dos mil diecinueve fue de 103.531; y para el mes de julio de este año de 103.687. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.001506795066212. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho e impuesto en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizado a la fecha de su pago, esto es la cantidad de $******************** moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $38.19********************). Así de las constancias que obran en autos se advierte que las responsables acataron los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que, la Recaudación de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, devolvió a la parte quejosa la cantidad de ******************** moneda nacional) por concepto de la devolución de los derechos e impuestos materia del presente juicio y su actualización. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de la materia vigente; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del arábigo 196 de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En ese tenor, en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en su punto Vigésimo Primero, fracción I, del Capítulo Quinto, prevé que en los Juzgados de Distrito son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuentan con cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el dicho acuerdo; en ese sentido, se establece que el juicio en que se actúa, se ubica en la hipótesis prevista en el Capítulo Quinto, Apartado Vigésimo Primero, fracción IV, en virtud de que se sobreeyó y se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, no existen documentos originales exhibidos por las partes y no se tramitó incidente de suspensión, aunado a que carece de relevancia documental, acorde a lo establecido en el ordinal 11 del citado Acuerdo; por lo tanto, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno que corresponda, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia dictada, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
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