Amado González Montoya

Expediente 309/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
309/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
20/04/2018

Partes del expediente

  • Amado González Montoya
  • Amado González Montoya y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinte de abril de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha quedado firme el acuerdo de veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra dicha resolución. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. De los autos del presente expediente no se advierte que existan documentos originales en los términos que señala el párrafo tercero del punto décimo primero del referido acuerdo. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no tiene especial trascendencia jurídica, política, histórica, ni documental, ni se encuentra dentro de los supuestos a que alude el segundo párrafo de la fracción V del artículo vigésimo primero del acuerdo citado en líneas que anteceden. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE VEINTITRÉS DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintitrés de marzo de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se tienen por recibidos y se ordenan agregar a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar, el informe justificado rendido por la autoridad responsable 1. Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, por conducto de su Presidenta y Secretario Auxiliar de Amparos, con sede en esta ciudad. Anexo al informe de la autoridad 1. Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, por conducto de su Presidenta y Secretario Auxiliar de Amparos, con sede en esta ciudad, remite copia certificada del laudo de veinte de marzo del año en curso, dictado en los autos del expediente laboral J/O/539/2016, de su índice. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada dada su propia y especial naturaleza la documental que remite la citada autoridad responsable. Ahora, del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado la dilación de pronunciar el laudo en el juicio laboral J/O/539/2016. En ese contexto, se toma en cuenta el contenido de la fracción XXI del citado artículo 61, que menciona: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)" La citada causa de improcedencia requiere para su actualización que la autoridad responsable despliegue una acción dirigida al acto reclamado de tal manera que destruya todos los efectos del mismo, como si se le restituyera a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales que alega le fueron violadas. Esto es, que la propia autoridad a quien se le atribuye la emisión del acto impugnado, no solamente deje insubsistente dicha actuación, sino que lo haga en forma total e incondicional, y con ello produzca que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación de los derechos fundamentales de la quejosa. De lo que se sigue que, en la cesación de efectos del acto reclamado, el posterior actuar de la responsable debe equiparse a la concesión de amparo, en cuanto a que desaparecen los efectos del acto tachado de inconstitucional, como si éste nunca hubiera invadido la esfera jurídica del gobernado, o habiéndola irrumpido, la cesación no deja ahí ninguna huella. Así lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 2a./J. 59/99 , de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Luego, para que se actualice una cesación de efectos, se requiere lo siguiente: a) Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías; y, d) Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. En la especie, la parte quejosa se duele de la dilación por parte de la autoridad responsable 1. Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, de pronunciar el laudo en el juicio laboral J/O/539/2016. Ahora, se observa que la autoridad responsable de mérito, remitió en apoyo a su informe de ley, copia certificada del laudo de veinte de marzo del año en curso, dictado en el expediente laboral J/O/539/2016, subsanando así la omisión planteada. Lo expuesto hace evidente que en el presente asunto han cesado los efectos de la dilación atribuida a la autoridad responsable, al haberse demostrado que durante el juicio de amparo emitió el laudo respectivo en el expediente laboral J/O/539/2016, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Es así, porque la parte quejosa reclamó la violación a la garantía de prontitud en la impartición de justicia, a partir de la inactividad de la citada autoridad, consistente en la omisión de pronunciar el laudo en el juicio laboral J/O/539/2016, lo que en el caso se subsana con el fallo de veinte de marzo de dos mil dieciocho, emitido en dicho expediente laboral. De ese modo, quien resuelve concluye que lo actuado por la autoridad responsable extingue la dilación original en que se encontraba y que motivó la promoción del juicio de amparo en que se actúa. Luego, al haberse acreditado que cesaron los efectos del acto que por esta vía se reclamó, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que por su aplicación relacionada con la fracción V del numeral 63 del mismo ordenamiento, obliga a SOBRESEER EN EL PRESENTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA. Sin que sea óbice al criterio sostenido, el hecho de que no se haya emplazado a la contraparte del quejoso en el juicio natural, es decir, al tercero interesado, pues si bien el emplazamiento a las partes es una regla que norma el procedimiento en el juicio de amparo, cuya inobservancia da lugar a la reposición del procedimiento para que se subsane esa irregularidad, la violación procesal en comento se funda en que podría dictarse un fallo sin haberle dado oportunidad de defenderse debidamente. Empero, ello no procede cuando se advierte de manera notoria que la sentencia no modifica en forma alguna la situación jurídica del tercero interesado no emplazado, no produciéndole beneficio alguno la reposición del procedimiento, sino, por el contrario, causándole perjuicio, cuando menos en cuanto al tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiéndose en ese caso pronunciar la resolución que corresponda. Esta interpretación se sustenta en que el propósito de la reposición es que no queden en pie irregularidades procesales que pudieran lesionar a alguna de las partes, lo que no sucede en la especie, pues se sobreseyó en el presente asunto, cuestión que no le perjudica. Así, en vista de que la presente determinación no afecta la situación jurídica del tercero interesado en comento, existe razón suficiente para dictar el fallo que en derecho corresponde. Las anteriores consideraciones encuentran sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que tiene por rubro "TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCION LO BENEFICIARA". Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las NUEVE HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL DIECISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. Notifíquese.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintitrés de marzo de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se tienen por recibidos y se ordenan agregar a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar, el informe justificado rendido por la autoridad responsable 1. Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, por conducto de su Presidenta y Secretario Auxiliar de Amparos, con sede en esta ciudad. Anexo al informe de la autoridad 1. Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, por conducto de su Presidenta y Secretario Auxiliar de Amparos, con sede en esta ciudad, remite copia certificada del laudo de veinte de marzo del año en curso, dictado en los autos del expediente laboral J/O/539/2016, de su índice. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada dada su propia y especial naturaleza la documental que remite la citada autoridad responsable. Ahora, del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado la dilación de pronunciar el laudo en el juicio laboral J/O/539/2016. En ese contexto, se toma en cuenta el contenido de la fracción XXI del citado artículo 61, que menciona: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)" La citada causa de improcedencia requiere para su actualización que la autoridad responsable despliegue una acción dirigida al acto reclamado de tal manera que destruya todos los efectos del mismo, como si se le restituyera a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales que alega le fueron violadas. Esto es, que la propia autoridad a quien se le atribuye la emisión del acto impugnado, no solamente deje insubsistente dicha actuación, sino que lo haga en forma total e incondicional, y con ello produzca que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación de los derechos fundamentales de la quejosa. De lo que se sigue que, en la cesación de efectos del acto reclamado, el posterior actuar de la responsable debe equiparse a la concesión de amparo, en cuanto a que desaparecen los efectos del acto tachado de inconstitucional, como si éste nunca hubiera invadido la esfera jurídica del gobernado, o habiéndola irrumpido, la cesación no deja ahí ninguna huella. Así lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 2a./J. 59/99 , de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Luego, para que se actualice una cesación de efectos, se requiere lo siguiente: a) Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías; y, d) Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. En la especie, la parte quejosa se duele de la dilación por parte de la autoridad responsable 1. Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, de pronunciar el laudo en el juicio laboral J/O/539/2016. Ahora, se observa que la autoridad responsable de mérito, remitió en apoyo a su informe de ley, copia certificada del laudo de veinte de marzo del año en curso, dictado en el expediente laboral J/O/539/2016, subsanando así la omisión planteada. Lo expuesto hace evidente que en el presente asunto han cesado los efectos de la dilación atribuida a la autoridad responsable, al haberse demostrado que durante el juicio de amparo emitió el laudo respectivo en el expediente laboral J/O/539/2016, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Es así, porque la parte quejosa reclamó la violación a la garantía de prontitud en la impartición de justicia, a partir de la inactividad de la citada autoridad, consistente en la omisión de pronunciar el laudo en el juicio laboral J/O/539/2016, lo que en el caso se subsana con el fallo de veinte de marzo de dos mil dieciocho, emitido en dicho expediente laboral. De ese modo, quien resuelve concluye que lo actuado por la autoridad responsable extingue la dilación original en que se encontraba y que motivó la promoción del juicio de amparo en que se actúa. Luego, al haberse acreditado que cesaron los efectos del acto que por esta vía se reclamó, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que por su aplicación relacionada con la fracción V del numeral 63 del mismo ordenamiento, obliga a SOBRESEER EN EL PRESENTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA. Sin que sea óbice al criterio sostenido, el hecho de que no se haya emplazado a la contraparte del quejoso en el juicio natural, es decir, al tercero interesado, pues si bien el emplazamiento a las partes es una regla que norma el procedimiento en el juicio de amparo, cuya inobservancia da lugar a la reposición del procedimiento para que se subsane esa irregularidad, la violación procesal en comento se funda en que podría dictarse un fallo sin haberle dado oportunidad de defenderse debidamente. Empero, ello no procede cuando se advierte de manera notoria que la sentencia no modifica en forma alguna la situación jurídica del tercero interesado no emplazado, no produciéndole beneficio alguno la reposición del procedimiento, sino, por el contrario, causándole perjuicio, cuando menos en cuanto al tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiéndose en ese caso pronunciar la resolución que corresponda. Esta interpretación se sustenta en que el propósito de la reposición es que no queden en pie irregularidades procesales que pudieran lesionar a alguna de las partes, lo que no sucede en la especie, pues se sobreseyó en el presente asunto, cuestión que no le perjudica. Así, en vista de que la presente determinación no afecta la situación jurídica del tercero interesado en comento, existe razón suficiente para dictar el fallo que en derecho corresponde. Las anteriores consideraciones encuentran sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que tiene por rubro "TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCION LO BENEFICIARA". Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las NUEVE HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL DIECISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. Notifíquese.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, catorce de marzo de dos mil dieciocho. ADMISIÓN Vista la demanda de amparo promovida por ***, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, 108 y 112, de la ley de la materia, se admite la misma, contra actos de la siguiente autoridad responsable: 1. Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 309/2018-4-A. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN De conformidad con lo previsto en el numeral 128, fracción I, de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, no es el caso tramitar por cuerda separada los cuadernos incidentales, toda vez que la parte quejosa no solicitó expresamente la suspensión de los actos reclamados. INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITO Con fundamento en el artículo 5 fracción IV de la Ley de Amparo, se da la intervención legal al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las NUEVE HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL DIECISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. Se hace del conocimiento de las partes, que se estima innecesario emitir oficio a la autoridad responsable para notificarle el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia, toda vez que tal determinación no tiene la trascendencia de una notificación personal, la cual es equiparable a una comunicación por oficio; por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia constitucional, la fecha y hora acordadas nuevamente para ese efecto, las podrá consultar en la página de internet http:www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes [aplicable la jurisprudencia 2a./J.176/2012 (10a) número de registro 2002576]. SOLICITUD DE INFORME JUSTIFICADO Con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, se solicita informe justificado a la autoridad responsable, que deberá rendir dentro del plazo de quince días naturales, contados a partir de la notificación de este proveído, el cual deberá remitir refiriéndose al número de oficio en el que se le comunique la presente determinación, debiendo anexar copias certificadas legibles, completas y ordenadas de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe, es decir, del acto reclamado, por lo que se apercibe a la autoridad responsable que, en caso de no remitir su informe justificado en los términos precisados se le impondrá multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización en términos de lo que establece la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, así como los artículos 237, fracción I, 259 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Además, deberá: a) Manifestar si son ciertos o no los actos reclamados, en el entendido de que la aceptación de la existencia del mismo no implica la admisión de su inconstitucionalidad. b) Informar a este juzgado de Distrito si la parte quejosa ha promovido diverso juicio de amparo que pueda tener relación con el presente asunto y, en el supuesto de que así sea, señale a qué órgano correspondió conocer del mismo. c) Hacer saber a este órgano jurisdiccional sobre la cesación de efectos de los actos reclamados o la existencia de alguna otra causa de improcedencia o sobreseimiento en el presente juicio, remitiendo al efecto las constancias conducentes, en acatamiento a lo ordenado en el artículo 64, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Lo anterior, aún durante la tramitación del juicio, si sobreviniera la causa con posterioridad. d) En caso de remitir constancias que justifiquen el acto reclamado y éstas consistan en documentación o información con el carácter de reservada o confidencial deberán enviarla debidamente resguardada en sobre cerrado, especificando en el empaquetado que se trata de "información reservada" o "confidencial", ello como parte de las obligaciones que deben vigilarse en términos de los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Apercíbase a la autoridad responsable que, en caso de no cumplir cabalmente en los términos y la forma indicados con la totalidad de los requerimientos formulados en los incisos a), b), c) y d) antes precisados, se le impondrá multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización en términos de lo que establece la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, así como los artículos 64, 237, fracción I, 251, 259 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. TERCERO INTERESADO En virtud de que aún no se encuentra integrada la litis constitucional, se reserva proveer lo que en derecho corresponda respecto a la parte tercero interesada y su respectivo emplazamiento, en tanto obre en autos el informe justificado que rinda la autoridad responsable. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el que indica en su escrito de demanda. Asimismo, con fundamento en el artículo 12, de la Ley de Amparo, se tiene por autorizados en términos amplios a las personas que índica, sin que sea necesario realizar la consulta relativa en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, ya que el aquí quejoso es la parte trabajadora en el juicio laboral de origen, por lo que no es necesario que se encuentre registrado en dicho sistema electrónico. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que en su caso exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. APERCIBIMIENTO Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108 fracción III y, 63 de la Ley de Amparo, se apercibe al quejoso que de señalar incorrectamente la denominación de la autoridad responsable; tendrá como efecto, previa vista que se le otorgue, declarar su inexistencia, continuándose con el trámite del juicio, sin perjuicio de que con posterioridad pueda precisar su denominación correcta. PRUEBAS Con fundamento en lo previsto por el numeral 119, de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas como pruebas de la parte quejosa la instrumental de actuaciones, presuncional legal y humana, en la forma y términos en que lo hace, las cuales se desahogan de acuerdo a su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en el acto de la audiencia constitucional. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C , sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.

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