Amado Gazga Ortiz

Expediente 792/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 18 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
792/2023
Año
2023
Actuaciones
18
Última actuación
13/11/2023

Partes del expediente

  • Amado Gazga Ortiz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    NOTIFICO LA PRESENTE DETERMINACION A LA PARTE QUEJOSA PREVIO AVISO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCION I INCISO C DE LA LEY DE AMPARO. MESA "... C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal es competente para conocer y resolver el presente asunto, c... SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Resulta oportuno precisar en este apartado, los actos reclamados en el presente juicio de amparo, atento a lo que dispone el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece que las sentencias dictadas en los juicios de amparo, deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, para lo cual debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen de ese primer escrito, en un sentido tal que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañando lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente lo que en apariencia dijo. ... Ahora, de un estudio integral de la demanda se advierte que los actos reclamados son: De la Directora del Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca: 1).La ilegal NOTIFICACIÓN del oficio ..., de once de julio de dos mil veintitrés, que le comunica el resultado de la evaluación de control de confianza. Del Visitador General de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca: 2)-El INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO instaurado con motivo del resultado de la evaluación de control de confianza; y 3) El ACUERDO DE SUSPENSIÓN DE SUELDO Y ACTIVIDADES como Agente Estatal de Investigaciones en la Fiscalía General del Estado. Y, del Director General del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Oaxaca: 4) La EVALUACIÓN DE CONTROL DE CONFIANZA; 5) La falta de NOTIFICACIÓN del resultado de la evaluación de control de confianza; y 6) El OFICIO...dirigido al Fiscal General del Estado de Oaxaca. Fijada la litis, lo procedente es analizar la existencia de los actos reclamados y la procedencia del juicio de amparo respecto de los mismos. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados al VISITADOR GENERAL de la fiscalía General del Estado. Al rendir su informe justificado, el Visitador General de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, NEGÓ la existencia de los actos reclamados, consistentes en: 2)-el inicio del procedimiento administrativo instaurado con motivo del resultado de la evaluación de control de confianza; y 3) el acuerdo de suspensión de sueldo y actividades como Agente Estatal de Investigaciones en la Fiscalía General del Estado; sin que la parte quejosa ofreciera prueba alguna que desvirtuara dicha negativa. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados, lo procedente es SOBRESEER en el juicio respecto de esos actos reclamados, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y con apoyo en la jurisprudencia doscientos ochenta y cuatro, consultable en la página doscientos treinta y seis, del Tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, mil novecientos diecisiete, dos mil, bajo el rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". CUARTO. Certeza de los restantes actos reclamados. Por su parte, las autoridades responsables, Directora del Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, y Director General del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Oaxaca; aceptaron parcialmente la existencia de los actos reclamados y remitieron las constancias que estimaron conducentes, las cuales tienen pleno valor probatorio por tratarse de documentos públicos, de conformidad con lo previsto en los numerales 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, y de las que se constata la existencia de los actos reclamados a esas autoridades. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. Para mejor comprensión del sentido que regirá en el presente fallo, conviene destacar los antecedentes que se desprenden de las constancias que remitieron las autoridades responsables, las cuales previamente fueron valoradas. Del diez al doce de abril de dos mil veintitrés, se practicaron al quejoso los exámenes de control de confianza, como Agente Estatal de Investigaciones, de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. El doce de abril de dos mil veintitrés, el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza emitió el resultado de evaluación ... Mediante oficio ... de veintisiete de junio de dos mil veintitrés, la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, comunicó al Fiscal General del Estado los resultados de evaluación del quejoso. En oficio ... de once de julio de dos mil veintitrés, la Directora del Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía General estatal, comunicó al quejoso los resultados de control de confianza no aprobatorios; el cual se notificó al servidor público el catorce de julio de dos mil veintitrés. SEXTO. Causales de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal cuyo análisis debe efectuarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, previamente al examen de las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, así como en términos de la jurisprudencia II.1o. J/5, visible en la página noventa y cinco, tomo VII de mayo de mil novecientos noventa y uno, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En el caso, la Directora del Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, alega que los actos reclamados no afectan los derechos sustantivos del quejoso, porque se trata de un procedimiento en el cual no se ha emitido una resolución definitiva; y por cuanto a la emisión del oficio ... en que comunicó al quejoso los resultados de control de confianza no aprobatorios, es un acto consumado. Sin embargo, SON INFUNDADAS las causales de improcedencia invocadas por la autoridad responsable, ya que contrario a lo que afirma, los actos reclamados sí afectan los intereses jurídicos del quejoso, ya que las consecuencias de las evaluaciones de control de confianza, podrían generar perjuicios de imposible reparación en el quejoso, como lo son una posible remoción de su cargo, de la cual no podrá ser restituido a pesar que fuere ilegal. Ello, porque en términos del artículo 123, apartado B, fracción XIII de la Constitución, tratándose de elementos de la institución policial aun cuando la autoridad jurisdiccional resuelva que la separación, remoción baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado solo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido. Y, por lo que atañe a la emisión del oficio en que le comunicó al quejoso los resultados de control de confianza no aprobatorios, no puede considerarse un acto consumado para efectos del amparo, ya que precisamente a través de su escrutinio constitucional, es dable jurídicamente, retrotraer sus efectos en un sentido diverso a su alcance. De ahí que no se actualicen los argumentos de improcedencia que plantea la autoridad responsable. SÉPTIMO. Conceptos de violación. La parte quejosa expresó los conceptos de violación que se encuentran en la demanda de amparo, sin que sea necesario transcribirlos, pues los antecedentes del caso y los conceptos de violación que esgrime la impetrante se dan por reproducidos como si a la letra se insertaran en obvio de repeticiones innecesarias, tomando en consideración que el artículo 76 ni algún otro precepto de la Ley de Amparo, señalan que deban transcribirse, lo que también tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochocientos treinta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". No obstante, en resumen, ha de señalarse que la parte quejosa, en su escrito de demanda, expone los conceptos de violación siguientes: En el primer concepto de violación, que se transgreden los artículos 1º, 14, 16 y 17, constitucionales, porque se le priva de sus derechos, sin que se siga un juicio ante los tribunales previamente establecidos y conforme con las leyes expedidas con anterioridad al hecho, ya que con el oficio 1693/2023 del Director General del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, pretenden suspender sus emolumentos y darle de baja. En el segundo concepto de violación, el peticionario aduce que el proceso de evaluación de control de confianza no tiene un soporte epistémico, y es necesario que la autoridad sustanciadora dé a conocer al servidor público los exámenes realizados conforme al artículo 118, fracciones VII y VIII, de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, que concede el derecho de los integrantes de las instituciones policiales a ser evaluados e informados de sus resultados en un plazo no mayor a sesenta días naturales; incluso a ser evaluados nuevamente previa capacitación. Que se enteró del resultado de control de confianza el catorce de julio de dos mil veintitrés, excediéndose el plazo de los sesenta días naturales que establece la ley; e invoca en sustento, la jurisprudencia P./J. 12/2012 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA. SON MEDIOS Y NO FINES EN SÍ MISMOS, Y SU CONSTITUCIONALIDAD DEPENDE DE LA VALIDEZ DEL REQUISITO LEGAL QUE PRETENDEN MEDIR."1 En el tercer concepto de violación, el quejoso señala que el acto reclamado carece de fundamentación y motivación. En el cuarto concepto de violación, el peticionario argumenta que el acto reclamado transgrede el derecho a la administración de justicia y la presunción de inocencia, la cual también rige en los actos de derecho administrativo sancionador. OCTAVO. Estudio de los conceptos de violación. Son FUNDADOS los conceptos de violación expuestos por el quejoso, suplidos en su deficiencia en términos del artículo 79, fracción V2 , de la Ley de Amparo. Ello, porque el Director General del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Oaxaca, al finalizar el procedimiento de evaluación de control de confianza al quejoso, no emitió ninguna determinación en la que de forma fundada y motivada expusiera por qué éste no acreditó su evaluación. Y tampoco le notificó el resultado no aprobatorio del proceso de evaluación que le fue practicado los días del diez al doce de abril de dos mil veintitrés, dentro del plazo de sesenta días naturales que prevé el artículo 118, fracción VII de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Oaxaca. .... Por lo que se vulneró en perjuicio del quejoso sus derechos a una defensa adecuada y legalidad, consagrados en los artículos 14 y 16 Constitucionales. El numeral 118, fracción VII de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Oaxaca, dispone: "Artículo 118. Son derechos de los Integrantes de las Instituciones Policiales, los siguientes: (.) VII. Ser evaluado con base en los principios rectores de esta Ley y ser informado del resultado de los exámenes que haya sustentado dicha evaluación, en un plazo no mayor de sesenta días naturales; (.)". Del citado precepto legal se advierte que son derechos de los integrantes de las instituciones policiales, ser evaluados con base en los principios rectores de dicha ley y ser informados del resultado de los exámenes en que se sustentó dicha evaluación en un plazo no mayor a sesenta días naturales. Sin que el precepto haga distinción en cuanto al tipo de evaluaciones, ya que solo prevé que es un derecho de los miembros de las instituciones policiales ser evaluado conforme a los principios de la citada ley y ser informado de los resultados en el aludido plazo de sesenta días naturales. De modo que la evaluación relativa a los exámenes de control de confianza es una de las pruebas que se realizan a los miembros de las instituciones policiales como parte de la propia evaluación en términos de lo dispuesto en los artículos 57 fracción XV y 119 fracción XVIII de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Oaxaca, que establecen: "Artículo 57. Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, los Integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública se sujetarán a las siguientes obligaciones: (.) XV. Someterse a evaluaciones periódicas para acreditar el cumplimiento de sus requisitos de permanencia, así como obtener y mantener vigente la certificación respectiva; (.)". "Artículo 119. Son deberes de los Integrantes de las Instituciones de Policía: (.) XVIII. Someterse a las evaluaciones establecidas para acreditar sus requisitos de permanencia, así como obtener y mantener vigente la certificación respectiva. (.)". Artículos que se refieren concretamente a los requisitos de permanencia y de evaluación de control de confianza. Ahora, al establecer el diverso artículo 118, fracción VII de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Oaxaca, que son derechos de los integrantes de las instituciones policiales el ser evaluados con base en los principios rectores de la misma ley y, ser informados del resultado de los exámenes que haya sustentado dicha evaluación en un plazo no mayor a sesenta días naturales, es evidente que el resultado de las evaluaciones del control de confianza también le debe ser notificado al aquí quejoso en ese plazo. Sin embargo, de autos se advierte que no existe constancia, que acredite una determinación recaída a la conclusión del procedimiento de evaluación practicado al quejoso en la que de forma fundada y motivada se precisen las consideraciones esenciales de por qué el quejoso NO APROBÓ LA EVALUACIÓN DE CONTROL DE CONFIANZA que le fue practicada y, que el resultado estimado, se le diera a conocer dentro del plazo máximo de sesenta días naturales. Lo cual también era necesario a fin de que el quejoso pudiera conocer de manera fehaciente las razones especiales y argumentos particulares que sustentaran la conclusión en el sentido de que no aprobó dicho control y, con base en ello, estuviera en condiciones de desplegar una adecuada defensa. Y si bien existe la constancia de consentimiento informado para las evaluaciones al aquí quejoso de diez y once de abril de dos mil veintitrés, no se advierte que obre la notificación del resultado derivado de esa evaluación, por el Centro de Control de Confianza. Pues únicamente se advierte que el catorce de julio de dos mil veintitrés, la diversa autoridad, Directora del Servicio Profesional de Carrera notificó al aquí quejoso el resultado "NO APROBADO". Así, la omisión de la autoridad responsable de hacer un pronunciamiento fundado y motivado sobre el resultado NO APROBATORIO del procedimiento de evaluación de control de confianza practicado al quejoso y, la falta de la oportuna notificación del mismo, impidió al quejoso que en su caso, demostrara si con los resultados obtenidos se actualizaba algún caso de excepción previsto en el artículo 57, fracción XXIV, de la ley en comento o estar en aptitud de ofrecer cualquier medio de prueba que le favoreciera o bien promover lo que a sus intereses conviniera. Por lo que la posibilidad de defensa del quejoso se vulneró en la medida en que no se le dio a conocer el resultado de las pruebas que le fueron practicadas dentro del citado plazo, sino tres meses después, de ahí que el procedimiento de evaluación es inconstitucional. Sin que sea obstáculo que los resultados de las pruebas que se practican a los miembros de cuerpos de seguridad deban manejarse en forma confidencial ya que ello, debe entenderse en relación con terceros, no en cuanto al propio quejoso al que se le practican, pues el artículo 118, fracción VII expresamente prevé tal derecho para los Integrantes de las Instituciones Policiales. Máxime que la evaluación de control de confianza practicada al quejoso es un aspecto esencial para, en su caso, instaurarle el procedimiento administrativo que puede culminar con la separación de su cargo. Robustece lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia PC.III.A. J/84 A (10a.) pronunciada por el Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito al resolver la contradicción de tesis 25/2019, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materias Constitucional y Administrativa, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo VI, página 5158, registro digital 2021978, del contenido: "EXÁMENES DE CONTROL DE CONFIANZA. SU VIGENCIA ES CONDICIONANTE PARA EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN DE ELEMENTOS OPERATIVOS DE LAS INSTITUCIONES 10/05/24 13:35:51 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.82.a4 Román Fierros Zárate DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE JALISCO, A EFECTO DE CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA. El análisis de los artículos 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 40, 74, 88 y 94 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; y 130 y 131 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, permite establecer, entre otras cuestiones, que los integrantes de las instituciones policiales podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes señalen para permanecer en las instituciones, sin que proceda su reinstalación o restitución, cualquiera que sea el juicio o medio de defensa para impugnar la separación y, en su caso, sólo procederá la indemnización. En ese contexto, la permanencia de los elementos operativos, está condicionada, entre otros requisitos, a la aprobación de los procesos de evaluación de control de confianza que practica el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza; así, el artículo 14, inciso 1, de la Ley de Control de Confianza del Estado de Jalisco y sus Municipios (reformado mediante Decreto 27039/LXI/18 publicado en el Periódico Oficial del Estado el 17 de noviembre de 2018), permite establecer que los exámenes de control de confianza se aplicarán con el apoyo de las áreas administrativas, órganos y organismos competentes, y su resultado tendrá una vigencia máxima de dos años (previo a la reforma de 17 de noviembre de 2018), y de tres años (conforme al texto actual), según la fecha de su emisión. Luego, en el momento en que la dependencia a la cual estén adscritos los mandos operativos y sus elementos de las instituciones de seguridad pública, tenga conocimiento de que alguno de éstos obtuvo un resultado de "no apto" en la evaluación de control de confianza, iniciará el procedimiento de separación correspondiente, de conformidad con la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco. Razón por la cual, si bien es cierto que los miembros de esas instituciones pueden ser examinados en cualquier momento a fin de verificar si cumplen con los principios rectores del régimen de seguridad pública a que están sujetos, también lo es que las acciones que al respecto se lleven a cabo deberán respetar en todo momento, el plazo que dispone el señalado artículo 14, inciso 1 (tanto en el texto vigente como en el anterior), a fin de salvaguardar 10/05/24 13:35:51 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.82.a4 Román Fierros Zárate los derechos fundamentales de los servidores públicos, dadas las consecuencias que pueden originarse en el evento de que se considere que no cumplen con esos principios, esto es, la separación de su cargo irrevocable. Por tanto, si después de transcurrido el plazo de vigencia de los exámenes de control y confianza, se inicia el procedimiento de separación respectivo, ello genera una violación a los principios fundamentales de seguridad jurídica y legalidad, tutelados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de que se motivó indebidamente la instauración de dicho procedimiento administrativo, por haberse fundado en pruebas que carecían de efectos jurídicos, al haber perdido su vigencia." De ahí que ante la evidente violación a los derechos de legalidad y debido proceso del quejoso, tutelados en los artículos 14 y 16 constitucionales, lo procedente es CONCEDER EL AMPARO solicitado por el quejoso, contra el acto reclamado en estudio, consistente en la evaluación de control de confianza y su falta de notificación. En tales condiciones, lo procedente es CONCEDER EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL al quejoso AMADO GAZGA ORTIZ, contra los actos reclamados. NOVENO. Efectos del fallo protector. En términos del artículo 74, facción V, de la Ley de Amparo, se precisa que UNA VEZ QUE CAUSE EJECUTORIA LA PRESENTE RESOLUCIÓN, la Directora del Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, y el Director General del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Oaxaca, dejen insubsistente: a).El proceso de evaluación y control de confianza al que fue sujeto el quejoso los días del diez al doce de abril de dos mil veintitrés; b) Los oficios ... dirigido al Fiscal General del Estado de Oaxaca, de veintisiete de junio de dos mil veintitrés y, el oficio ... de once de julio de dos mil veintitrés, en que le comunica al quejoso el resultado de la evaluación de control de confianza. Lo anterior, sin perjuicio de que, en ejercicio de sus atribuciones, realice un nuevo examen de control de confianza y dé a conocer los resultados mediante resolución respectiva con la oportunidad debida, la cual deberá estar fundada y motivada en términos de lo expuesto en la presente determinación. Por lo antes expuesto y fundado; se, R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por..., contra los actos que reclamó del Visitador General de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, en términos del considerando tercero de esta resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ..., contra los actos que reclamó de la Directora del Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, y del Director General del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Oaxaca, precisados y para los efectos apuntados en los considerandos cuarto y octavo de esta sentencia, respectivamente. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  2. Incidental

    MESA "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de octubre de dos mil veintitrés. Visto el oficio ... del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito; se le tiene acusando de recibo del diverso con el que se remitió el original del escrito de agravios hecho valer por la autoridad responsable, director General del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, dependiente del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Asimismo, informa que DESECHÓ por notoriamente improcedente el recurso de queja interpuesto contra la resolución interlocutoria de quince de agosto del año en curso; de lo que se toma nota. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    MES "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para los efectos legales consiguientes el oficio 7014/2023 del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, mediante el cual acusa recibo del comunicado con el que se le remitió copia certificada de diversas constancias de este asunto, para la substanciación del recurso de QUEJA interpuesto por la autoridad responsable, el cual quedó registrado con el número ... de su índice. Por otra parte y como lo solicita el citado tribunal colegiado, remítase el original del escrito de agravios de la autoridad responsable. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    MESA "... AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y UN MINUTOS DEL VEINTE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional relativa al juicio de amparo indirecto 792/2023, promovido por AMADO GAZGA ORTIZ, por tal motivo en audiencia pública RODOLFO SÁNCHEZ ZEPEDA, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, quien actúa asistido de ROMÁN FIERROS ZÁRATE, Secretario que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, declara abierta la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, sin asistencia de las partes. RELACIÓN DE CONSTANCIAS Acto continuo, el secretario hace relación de las constancias de autos. El Juez acuerda: téngase por formulada la relación de constancias que hace el secretario y provéase lo conducente respecto de la certificación secretarial, en la resolución que se pronuncie en este juicio. PERIODO DE PRUEBAS Abierto el periodo de prueba se hace constar que el quejoso ofreció como pruebas DOCUMENTALES, copia simple de: a) Credencial que lo acredita como Agente de Policía Estatal de Investigaciones, con folio 00043. b) Oficio..., de once de junio de dos mil veintitrés. c) El escrito dirigido a la directora del Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía General del Estado, de dos de agosto del año en curso. d) El comunicado ... de ocho de agosto de dos mil veintitrés. e) Resolución dictada en el expediente 932/2022 de este índice. f) Sentencia dictada en el amparo 254/2020 del índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. Por su parte la autoridad responsable acompañó a su informe justificado: a) Copia de memorando de seis de julio de dos mil veintitrés. b) Oficio S..., de veintisiete de junio de dos mil veintitrés. c) Oficio ... de once de julio de dos mil veintitrés. d) Un cuadernillo que integra el resultado de las evaluaciones de control de confianza de doce de abril de dos mil veintitrés. Al respecto, el Juez acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, en atención a su naturaleza, se tienen por desahogadas las pruebas ofrecidas por las partes, no habiendo más pruebas que desahogar, se cierra dicho periodo. PERIODO DE ALEGATOS El secretario hace constar, que únicamente el quejoso los formuló, el Juez acuerda: en consecuencia con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por hechas las manifestaciones del quejoso, al no existir cuestión pendiente por acordar, se cierra este periodo y se procede a dictar la siguiente: EL JUEZ OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE Román Fierros Zárate OAXACA RODOLFO ZÁNCHEZ ZEPEDA. EL SECRETARIO DE JUZGADO ROMÁN FIERROS ZÁRATE

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