Amado Eduardo Laredo Salinas
Expediente 22/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 6 actuaciones registradas, la última del 12 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 22/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 12/01/2023
Partes del expediente
- Amado Eduardo Laredo Salinas
- Ismael Adrián Jordan Carbajal
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad
Santiago de Querétaro, Querétaro, doce de enero de dos mil veintitrés. I. Causa estado. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el denunciante no interpuso recurso de inconformidad contra el auto de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, por el que desechó la denuncia por incumplimiento a la declaratoria general de inconstitucionalidad; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. II. Destino archivístico. Ahora, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el artículo 21 del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de tres años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. III. Se recibe escrito. Ahora bien, agréguese a los autos el escrito de ..., autorizada en términos amplios de la parte denunciante, en que solicita la devolución de los documentos que refiere, en atención a su contenido, se provee: IV. Devolución de documentos. Con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su artículo 2, devuélvase los documentos que indica, dejando en su lugar, copias certificadas de las mismas, las cuales deberán estar perfectamente legibles y razón que de su recibo quede en autos. Notifíquese.
- Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad
Santiago de Querétaro, Querétaro, dieciocho de noviembre de dos mil veintidós. I. Radicación. Téngase por recibida la denuncia por incumplimiento a la declaratoria general de inconstitucionalidad planteada por .... por actos atribuidos al Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal Para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios de Servicios de Salud del Estado de Querétaro. II. Creación del expediente. Fórmese expediente físico y electrónico, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y regístrese en el libro de gobierno correspondiente de este juzgado, bajo el número 22/2022. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. III. Desechamiento. Al respecto, este Juzgado de Distrito estima notoriamente improcedente la presente denuncia, en razón de las siguientes consideraciones: En primer término, el artículo 210 de la Ley de Amparo establece que, si con posterioridad a la entrada en vigor de una declaratoria general de inconstitucionalidad, se aplica el artículo ahí invalidado en perjuicio de alguna persona, esta puede denunciar los actos frente a una o un juez de distrito y este, a su vez, de ser el caso, requerirá a las autoridades denunciadas para que dejen sin efectos los actos que contengan dicha aplicación. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el recurso de inconformidad previsto en la fracción IV del artículo 201 de la Ley de Amparo número 6/2019, en lo que interesa, estableció: "[.] 44. En este sentido, conviene apuntar que al resolver el recurso de inconformidad previsto en la fracción IV del artículo 201 de la Ley de Amparo 1/2017, el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que de conformidad con el sistema previsto en el artículo 210 de dicho ordenamiento, la denuncia por incumplimiento de una declaratoria general de inconstitucionalidad tiene como presupuesto indispensable que exista una aplicación de la norma general que se haya declarado inconstitucional, pues la resolución que recaiga a dicha denuncia versará precisamente sobre si en efecto se llevó a cabo esa aplicación o no. 45. Incluso, esta idea se refuerza con la revisión del procedimiento legislativo de expedición de la Ley de Amparo vigente, en el que las Comisiones Unidas de Justicia, de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda, del Senado de la República, en su dictamen como Cámara de Origen, expresaron que la reforma: ". Actualiza las figuras en la Ley de Amparo que dan un medio de defensa contra la aplicación de normas declaradas inconstitucionales por jurisprudencia y la declaratoria general de inconstitucionalidad, para que también sea un medio de defensa cuando se apliquen normas declaradas inconstitucionales en controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad." Énfasis añadido. 46. Como se puede apreciar, el Congreso de la Unión ha desarrollado un sistema de defensa compuesto por la denuncia y el recurso de inconformidad, que permite a la ciudadanía protegerse de la autoridad que aplique en su perjuicio una norma que fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 47. De ahí que si en el caso el acto que dio lugar a la denuncia fue la decisión del Poder Reformador de la Constitución del Estado de Jalisco de suprimir del texto constitucional la porción normativa en la que se establecía el derecho de los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia a recibir un haber de retiro, resulta claro que se trata de un reclamo que no deriva de la aplicación de la norma general declarada inválida por esta Suprema Corte en la controversia constitucional 25/2008 y, por tanto, resulta improcedente el procedimiento previsto en el artículo 210 de la Ley de Amparo. [.]." En ese sentido, se tiene que la denuncia prevista en el citado artículo 210, tiene por objeto analizar si una autoridad aplicó algún precepto normativo declarado inválido en contra de cualquier persona, lo que conlleva verificar el cumplimiento de tres requisitos indispensables, a saber: (i) que exista una declaratoria general de inconstitucionalidad emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, (ii) que haya surtido sus efectos dicha declaratoria y, (iii) que con posterioridad a ello se le hayan aplicado dichos preceptos al denunciante. Ahora bien, al resolver la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, derivada de la jurisprudencia fijada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversos amparos indirectos en revisión, en sesión de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, el Pleno del Alto Tribunal declaró inválidos los artículos 235, último párrafo, en su porción normativa "sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y", y 247, último párrafo, en su porción normativa "sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y", de la Ley General de Salud que prohibían absolutamente a la Secretaría de Salud emitir autorizaciones para realizar actividades relacionadas con el autoconsumo de cannabis y tetrahidrocannabinol (THC) con fines recreativos. Al respecto, el Tribunal Pleno estimó que, a efecto de superar eficazmente el problema de inconstitucionalidad generado por las porciones normativas estudiadas, debía, por un lado, expulsarlas del sistema jurídico mexicano y, por otro, remover el obstáculo jurídico que tenía la Secretaría de Salud para emitir autorizaciones para realizar actividades relacionadas con el autoconsumo de cannabis y tetrahidrocannabinol (THC) con fines recreativos. Por ende, estimó conveniente notificarle tal fallo a dicha dependencia y a la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios para que, entretanto el Congreso de la Unión legisla al respecto, emitan tales autorizaciones sólo a personas adultas y para los efectos precisados en las ejecutorias de amparo que formaron la jurisprudencia comentada, a saber: la adquisición, siembra, cultivo, cosecha, preparación, posesión y transporte, exclusivamente, del estupefaciente cannabis (sativa, índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico "THC" (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas), en conjunto conocido como marihuana. Finalmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en el resolutivo segundo de dicha sentencia que la declaratoria de inconstitucionalidad surtiría efectos a partir de su notificación al Congreso de la Unión, es decir, según se advierte como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de la página electrónica de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, desde el veintinueve de junio de dos mil veintiuno. De modo que, a partir de esa fecha, es decir, del veintinueve de junio de dos mil veintiuno, la declaratoria entró en vigor e impuso a todas las autoridades del país la obligación de abstenerse de aplicar los preceptos normativos invalidados, así como otorgó a las personas afectadas por su aplicación la facultad de reclamarla, vía el presente procedimiento sumario. Ahora en el caso, el denunciante reclama al Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal Para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios de Servicios de Salud del Estado de Querétaro la declaración de imposibilidad de resolver la solicitud de autorización para el consumo personal del estupefaciente cannabis registrada con el folio ...., de trece de mayo dos mil veintidós. Ahora bien, del contenido del artículo 210 de la Ley de Amparo, que regula la Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, se advierte que si con posterioridad a la entrada en vigor de la declaratoria general de inconstitucionalidad, se aplica la norma general inconstitucional, el afectado podrá denunciar dicho acto. Dicho artículo también refiere que la denuncia se hará ante el juez de distrito que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. En ese sentido, se tiene que el "afectado" debe en primer momento acreditar ante el Juez de Distrito la existencia de un acto positivo, para que entonces se determine si las normas declaradas inconstitucionales, fueron o no aplicadas perjuicio de la parte promovente. Al respecto, se tiene que existen los llamados actos positivos y negativos, entendiéndose los primeros como una actuación, una conducta activa, un hacer o un dar; en tanto que los segundos consisten en una abstención, una inacción, es decir un rehusar por parte de la autoridad denunciada. Por lo que, si el denunciante reclama la respuesta de la referida autoridad en donde se declara la imposibilidad para evaluar la autorización para la realización de actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos del estupefaciente cannabis registrada con el folio .... En ese sentido, no se actualiza el tercer supuesto requerido para la procedencia de la denuncia, toda vez que no se advierte que la autoridad haya inobservado en perjuicio del promovente lo previsto en la Declaratoria General de Inconstitucionalidad en sentido estricto, en la cual el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de los artículos 235, último párrafo, en su porción normativa "sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y"; y, 247, último párrafo, en su porción normativa "sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y", de la Ley General de Salud, para los alcances establecidos en esta ejecutoria, la cual surtirá efectos generales a partir de la notificación de estos puntos resolutivos a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, de conformidad con los apartados II y III de esta decisión. Determinación en la que, entre otras cosas, se enfatizó que sus alcances se limitaban a remover los obstáculos jurídicos para permitir la autorización del consumo personal y regular con fines meramente lúdicos o recreativos, exclusivamente, del estupefaciente cannabis (sativa, índica y americana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico THC (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: D6a (10a), D6a (7), D7, D8, D9, D10, D9 (11) y sus variantes estereoquímicas), en conjunto conocidos como "marihuana". Sin que pueda abordarse el estudio de una actualización o no de una negativa ficta al no ser materia del presente asunto. De ahí que, ni expresa ni implícitamente se considera que la autoridad denunciada ha aplicado en perjuicio del promovente las normas declaradas inconstitucionales a través de la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, toda vez que con el argumento de que se encuentra imposibilitada para evaluar la petición realizada sobre autorización de consumo de dicho elemento, no se está en presencia de un acto positivo o negativo fundado en la norma declara inconstitucional. Por ende, al no actualizarse el tercer supuesto de procedencia de la denuncia por incumplimiento de declaratoria general de inconstitucionalidad; en consecuencia, resulta notoriamente improcedente dicha denuncia por lo que debe desecharse de plano, con apoyo en el artículo 210, en relación con el diverso 201, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo. IV. Acuerdo General que rige. Se hace del conocimiento de las partes que conforme al nuevo esquema de trabajo de los órganos jurisdiccionales deberá regir el ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO. V. Autorizados. Se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ....., toda vez que cuentan con cédula profesional, que los acredita para ejercer la profesión de licenciados en derecho. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. VI. Consulta y notificaciones electrónicas. Con fundamento en los artículos 21, 37 y 38 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autoriza a la parte quejosa la consulta y notificaciones electrónicas del presente juicio a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, al usuario "......" registrado ante dicho sistema. En ese sentido, derivado de la autorización para consulta y notificaciones electrónicas del expediente electrónico, dígase al promovente que las constancias que obran en el sistema se encuentran sin supresión alguna de datos personales, información que es confidencial en términos de los artículos 113, fracción I, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que tendrá que adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los mismos y evitar su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado. Hágase del conocimiento de la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y de los Actuarios adscritos a este Juzgado de Distrito, la autorización de consulta y notificaciones electrónicas de expediente electrónico, ello para los efectos legales conducentes. VII. Habilitación de horas y días inhábiles. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario de esta adscripción para que lleve a cabo las notificaciones personales en este expediente en días y horas inhábiles. VII. Uso de medios electrónicos. Se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. VIII. Información sobre transparencia y acceso a la información pública. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, igualmente conforme a lo dispuesto en los artículos 1 a 5, 30, 32 y 33 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información pública en el Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, relativo a la elaboración de versiones públicas de los expedientes judiciales. Se adiciona a lo anterior, el desahogo de audiencias, sesiones o diligencias judiciales que cuenten con intervinientes presenciales en sede judicial y en sedes virtuales, así como las denominadas videoconferencias, en las que se garantizarán la protección de los datos personales de las partes, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en las que la Dirección General de Tecnologías de la Información del propio Consejo, deberá generar las soluciones tecnológicas necesarias para evitar la grabación y eventual diseminación no autorizada del material videograbado, a partir de los lineamientos generados por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, tal y como se proveyó en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos. Notifíquese; y de forma electrónica a la parte denunciante.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, quince de marzo de dos mil veintidós. I. Causa ejecutoria. Vista la certificación que antecede, se advierte que las partes legitimadas no interpusieron recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintitrés de febrero del año en curso, en la que, se sobreseyó el presente juicio de amparo; consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. II. Archivo. Ahora, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el artículo 21 del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de tres años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. Notifíquese; por oficio a la autoridad responsable.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ..............., por propio derecho, contra la omisión indicada en el considerando segundo de este fallo, atribuida a la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro, con base en los razonamientos expuestos en el último considerando de la misma. Notifíquese; y mediante oficio a la autoridad responsable.
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