Amado Díaz Cortés
Expediente 511/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 10 actuaciones registradas, la última del 4 de agosto de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 511/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 04/08/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Amado Díaz Cortés
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Ciudad de México, a cuatro de agosto de dos mil veinte. Vista la certificación que antecede, de la que se desprende que a la fecha ha transcurrido el plazo de diez días establecido en el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, haya interpuesto recurso de revisión en contra de la resolución de trece julio del dos mil veinte, en la que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio; por lo tanto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso d, y 86, ambos de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, conforme al ordinal 2° de la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha quedado firme. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes, realícense las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese el presente asunto como totalmente concluido. En ese sentido, se advierte que el presente juicio de amparo, encuadra en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que, es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años, contados a partir del presente proveído, toda vez que no es de relevancia documental, al no encuadrar en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del citado Acuerdo General; lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, se hace necesario destacar que este acuerdo será firmado electrónicamente por la titular de este órgano jurisdiccional, así como por el Secretario que firma y da fe de esta determinación, cuyas evidencias criptográficas habrán de imprimirse y agregarse al expediente; lo anterior tiene por finalidad contribuir con las medidas de prevención y sana distancia delineadas por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través de los diversos Acuerdos Generales que ha emitido durante el periodo de suspensión de labores con motivo de la contingencia sanitaria. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Ciudad de México, a trece de julio de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que mediante proveído de veintinueve de junio de dos mil veinte, se otorgó a la parte quejosa el plazo de tres días para que se pronunciara respecto de las manifestaciones hechas por las autoridades responsables, en relación con el cumplimiento de la suspensión de plano otorgada en el presente asunto, mismo que transcurrió del ocho al diez de julio de dos mil veinte como se advierte de la constancia de notificación que obra en autos, sin que haya mediado manifestación alguna de la parte quejosa. Así las cosas, esta juzgadora federal advierte que en el caso se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción III, de la Ley de Amparo, derivado del deceso del justiciable. En apoyo de lo anterior, conviene tener presente que la porción normativa que se estima actualizada refiere que el juicio de amparo podrá sobreseerse cuando durante su tramitación el quejoso muera y el acto reclamado solo afecte a su persona; ello, pues como lo ha sostenido el Máximo Tribunal del país, la sentencia que se dicte en un juicio de amparo sólo puede ocuparse del quejoso, es decir, de quien lo promovió, limitándose a protegerlo contra los actos declarados inconstitucionales, a efecto de que se le restituya en el goce del derecho fundamental violado. Razón por la que si en un sumario constitucional, fallece el justiciable y únicamente reclamó actos que afectan sus derechos personales, una eventual sentencia en la que se conceda la protección constitucional carecería de ejecutividad y, por ende, no tiene razón de ser el seguir con la tramitación del juicio de amparo de que se trate. Es aplicable al caso la jurisprudencia 2a./J. 34/2019 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto establecen lo siguiente: SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO POR FALLECIMIENTO DEL QUEJOSO. PROCEDE DECRETARLO SI LOS ACTOS RECLAMADOS SÓLO AFECTAN SUS DERECHOS PERSONALES, CON INDEPENDENCIA DE QUE SE HUBIESEN OCASIONADO DAÑOS Y PERJUICIOS A SUS FAMILIARES, SUSCEPTIBLES DE REPARACIÓN. En atención a los principios constitucionales de instancia de parte agraviada y de relatividad que rigen el juicio de amparo, la sentencia sólo puede ocuparse del quejoso, esto es, de quien lo promovió, limitándose a protegerlo contra los actos declarados inconstitucionales a efecto de que se le restituya en el goce del derecho fundamental violado; por tanto, el supuesto de sobreseimiento previsto en el artículo 63, fracción III, de la Ley de Amparo, se actualiza cuando aquél fallece durante el trámite del juicio y los actos que reclamó sólo afectan sus derechos personales, aunque pudiesen trascender a la estabilidad económica, psicológica o emocional de sus familiares, en tanto carecería de lógica y sentido práctico analizarlos, si anticipadamente se advierte que su eventual declaratoria de inconstitucionalidad no tendría ejecutividad, al no ser jurídicamente posible conceder el amparo a personas que no lo solicitaron, aun cuando por su cercanía con el quejoso, dichos actos les hayan ocasionado daños y perjuicios susceptibles de reparación mediante una compensación económica o cualquier otra medida resarcitoria, habida cuenta que existen otros mecanismos legales para garantizar su derecho a una reparación integral. También sirve de apoyo a lo anterior la tesis XVI.5o.8 K, sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, cuya literalidad: SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO. SE ACTUALIZA ÉSTE CUANDO ACAECE EL FALLECIMIENTO DEL QUEJOSO AFECTANDO SÓLO SUS DERECHOS PERSONALES. Sin la presencia de sucesión alguna, o bien, designación de herederos, luego del conocimiento del fallecimiento del quejoso, la garantía reclamada afecta entonces sólo a su persona y, por tanto, se trata de un derecho personalísimo cuya extinción por la muerte del agraviado produce sin duda la extinción del juicio de amparo en la medida en que no reviste significación ni importancia patrimonial, en cuanto a que después de su muerte no trascendió dicha garantía a su sucesión por inexistencia de la misma. De manera que, como nadie intervino con legitimación para continuar con la acción de amparo y, por tanto, no existe la parte agraviada ni, por lo mismo, sujeto jurídico en cuyo favor pudiera dictarse sentencia con efecto natural de reponerlo en el goce de la garantía violada; presupuesto procesal del juicio de amparo al tenor de lo mandado por el artículo 107 constitucional, y cuya ausencia extingue la fuerza propulsora del juicio de garantías, lo que impide que se dicte sentencia de fondo que verse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados; no cabe entonces otra conclusión que estimar que, en el caso, respecto del juicio de garantías, al quedar sin parte agraviada y sin garantía qué tutelar, se surte la causa de sobreseimiento prevista en la fracción II del artículo 74 de la Ley de Amparo. Expuesto lo anterior, debe decirse que en esencia, en la demanda de amparo se señalaron como actos reclamados y autoridades responsables los siguientes: De la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital General del Centro Médico "La Raza", del Instituto Mexicano del Seguro Social. Se reclama: la práctica sistemática consistente en OMITIR verificar que el personal médico y administrativo del hospital garantice plenamente el derecho a la salud de los derechos habientes, así como la omisión de informar al paciente y a sus familiares respecto de los estudios, diagnósticos, tratamientos y los datos de identificación del personal médico que está a cargo de su atención. DR. *****, Médico internista y Jefe de Área de Piso (donde se encuentra internado el quejoso), de la Unidad Médica de Alta Especialidad, del Hospital General del Centro Médico Nacional "La Raza" del Instituto Mexicano del Seguro Social. Se reclama: la NEGATIVA u OMSIÓN de practicarle al señor Amado la prueba de Covid-19; así como la NEGATIVA u OMISIÓN de practicarle otros estudias médicos para determinar la enfermedad o padecimiento que tiene. DRA. *****. Médica de la Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital General del Instituto Mexicano del Seguro Social. Se reclama: la OMISÓN y NEGLIGENCIA en la que incurrió al no ordenar que se practicara al señor Amado la prueba Covid-19, cuando ya había advertido síntomas relativos a dicha enfermedad. LICENCIADA *****. Encargada del Área de Atención el Derechohabiente de la Unidad de Médica de Alta Especialidad, Hospital General del Centro Médico Nacional "La Raza", del Instituto Mexicano del Seguro Social. Se reclama: la OMISIÓN y NEGLIGENCIA en la que ha incurrido al no informar a los familiares del señor *****, respecto al estado actual de salud, así como los estudios, diagnósticos y tratamientos para tender la o las enfermedades que padece el quejoso. Como se ve, en el presente juicio de amparo se denunció la posible transgresión al derecho humano a la salud del quejoso, la que evidentemente no es susceptible de ser protegida con posterioridad a su muerte, es decir, garantizar que el justiciable reciba atención medica con motivo de los padecimientos que manifestó padecer. Ahora, mediante el oficio registrado con el número 6785, signado por el Jefe del Servicio de Urología Pediátrica de la Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital General "Dr. Gaudencio González Garza", del Centro Nacional La Raza del Instituto Mexicano del Seguro Social, remitió el certificado de defunción registrado con el folio 200172527, certificado el once de junio de dos mil veinte, así como el reporte de resultados de la prueba de Covid-19 realizada al quejoso con fecha de resultado diez de junio de dos mil veinte. Constancias a las que se les otorga valor probatorio de conformidad con el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia y que tienen eficacia demostrativa, pues existe certidumbre jurídica de la fidelidad de su contenido por haberse recibido vía correo institucional. Lo anterior, encuentra apoyo, en lo conducente, en la tesis XXI.1o.P.A.11 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: DOCUMENTO ELECTRÓNICO. SI CUENTA CON CADENA ORIGINAL, SELLO O FIRMA DIGITAL QUE GENERE CONVICCIÓN EN CUANTO A SU AUTENTICIDAD, SU EFICACIA PROBATORIA ES PLENA. De conformidad con el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología, constituye un medio de prueba que debe valorarse conforme a las reglas específicas contenidas en el propio precepto y no con base en las reglas generales aplicables a las copias simples de documentos públicos o privados impresos. Así, para establecer la fuerza probatoria de aquella información, conocida como documento electrónico, debe atenderse a la fiabilidad del método en que se generó, comunicó, recibió o archivó y, en su caso, si es posible atribuir su contenido a las personas obligadas e, igualmente, si es accesible para su ulterior consulta. En congruencia con ello, si el documento electrónico, por ejemplo, una factura, cuenta con cadena original, sello o firma digital que genere convicción en cuanto a su autenticidad, su eficacia probatoria es plena y, por ende, queda a cargo de quien lo objete aportar las pruebas necesarias o agotar los medios pertinentes para desvirtuarla. De las que se advierte que el quejoso ****** falleció el once de junio de dos mil veinte. En ese sentido, al suscitarse el deceso de la persona en cuyo favor podría dictarse sentencia con el efecto de restituirle el pleno uso y goce del derecho fundamental materia del presente medio de control de la constitucionalidad, resulta dable sobreseerlo fuera de audiencia de conformidad con lo dispuesto en el artículos 63, fracción III, de la Ley de Amparo, pues como se vio, el derecho defendido (salud) es estrictamente personal del agraviado, por lo que no transciende más allá de quien lo impugna. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya literalidad es la siguiente: MUERTE DEL QUEJOSO. Cuando las garantías reclamadas en un juicio de amparo, afectan sólo a la persona del quejoso, si éste fallece, debe sobreseerse en el juicio. También cobra aplicación la tesis sin número, emitida por la Primera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO POR LA MUERTE DEL QUEJOSO. La muerte del quejoso ocurrida durante la sustanciación del juicio de amparo, rige el sobreseimiento en relación con las garantías que sólo afectan a su persona. Derivado de lo anterior, se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional fijada a las nueve horas con diez minutos del siete de agosto de dos mil veinte. Ahora, por lo que respecta al escrito registrado con el número de folio 6803, mediante el cual ***** y *****, quienes respectivamente presentaron la demanda en nombre y representación de su progenitor y esposo *****, pretenden ampliar la demanda de amparo, resulta innecesario realizar mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que dicha ampliación, se encuentra sustentada, sustancialmente, en la falta de conocimiento de las constancias con las cuales la autoridad dio cumplimiento a la suspensión que les fue otorgada, no obstante, como se desprende la certificación de cuenta, les fue concedida la vista correspondiente con aquellas constancias, sin que al efecto fuera desahogada por las promoventes. En razón de lo anterior y como se determinó en párrafos que preceden, ante el fallecimiento del qluejoso se sobreseyó en el presente juicio de amparo. Finalmente, se hace necesario destacar que este acuerdo será firmado electrónicamente por la titular de este órgano jurisdiccional, así como por el Secretario que firma y da fe de esta determinación, cuyas evidencias criptográficas habrán de imprimirse y agregarse al expediente; lo anterior tiene por finalidad contribuir con las medidas de prevención y sana distancia delineadas por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través de los diversos Acuerdos Generales que ha emitido durante el periodo de suspensión de labores con motivo de la contingencia sanitaria. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE EN EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL QUEJOSO.
- Principal
Ciudad de México, a siete de julio de dos mil veinte. Vista la certificación secretarial que antecede, así como el estado procesal del presente juicio de amparo, se advierte que aún no transcurre el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, respecto de la vista dada a las partes con los informes justificados rendidos por el Jefe del Servicio de Urología Pediátrica y temporalmente "Líder del piso 7-C Área Reconvertida Covid19", la Jefa del Departamento de Atención y Orientación al Derechohabiente y el apoderado legal, todos de la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital General "Dr. Gaudencio González Garza" del Centro Médico Nacional "La Raza", del Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante proveído de nueve de junio de dos mil veinte. A lo anterior, resulta aplicable el criterio que contiene la jurisprudencia número VI.3o.A.J/12, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, de rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. ENTRE LA FECHA PREVISTA PARA SU CELEBRACIÓN Y LA NUEVA CON MOTIVO DEL DIFERIMIENTO PORQUE NO MEDIÓ TIEMPO SUFICIENTE PARA EL CONOCIMIENTO DE LOS INFORMES JUSTIFICADOS DEBEN TRANSCURRIR CUANDO MENOS OCHO DÍAS HÁBILES CONTINUOS.". 1 En consecuencia, a efecto de dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las nueve horas con diez minutos del siete de agosto de dos mil veinte, para que tenga verificativo. Finalmente, se hace necesario destacar que este acuerdo será firmado electrónicamente por la titular de este órgano jurisdiccional, así como por la Secretaria que firma y da fe de esta determinación, cuyas evidencias criptográficas habrán de imprimirse y agregarse al expediente; lo anterior tiene por finalidad contribuir con las medidas de prevención y sana distancia delineadas por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través de los diversos Acuerdos Generales que ha emitido durante el periodo de suspensión de labores con motivo de la contingencia sanitaria. NOTIFÍQUESE
- Principal
Ciudad de México, tres de julio de dos mil veinte. Vista la certificación de cuenta, se conoce que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aprobó la extensión del esquema de trabajo implementado en los órganos jurisdiccionales, así como el mantenimiento de sus actividades a distancia, prolongando el periodo de contingencia sanitaria al quince de julio de dos mil veinte. Por otra parte, agréguense a los autos los correos electrónicos recibidos en la dirección 9jdo1ctoa@correo.cjf.gob.mx que contienen los oficios signados por el Jefe del Servicio de Urología Pediátrica y temporalmente "Líder del piso 7-C Área Reconvertida Covid19", la Jefa del Departamento de Atención y Orientación al Derechohabiente y el apoderado legal, todos de la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital General "Dr. Gaudencio González Garza" del Centro Médico Nacional "La Raza", del Instituto Mexicano del Seguro Social, mediantelos cuales rinden sus informes justificados. En atención a sus contenidos, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ténganse por rendidos sus informes justificados; dese vista a las partes, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga y relaciónense en la audiencia constitucional. Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, ténganse como pruebas de su parte, las documentales que acompañan a los oficios de cuenta. Por otra parte, con fundamento en los artículos 9 y 28, fracción I y III de la Ley de Amparo, se tienen como delegados y domicilio los señalados en los oficios que se proveen, así como los correos electrónicos que señalan. Finalmente, se hace necesario destacar que este acuerdo será firmado electrónicamente por la titular de este órgano jurisdiccional, así como por la Secretaria que firma y da fe de esta determinación, cuyas evidencias criptográficas habrán de imprimirse y agregarse al expediente; lo anterior tiene por finalidad contribuir con las medidas de prevención y sana distancia delineadas por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través de los diversos Acuerdos Generales que ha emitido durante el periodo de suspensión de labores con motivo de la contingencia sanitaria. NOTIFÍQUESE.
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