Amado Cruz Cruz
Expediente 1051/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1051/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 16/10/2017
Partes del expediente
- Amado Cruz Cruz
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; dieciséis de octubre de dos mil diecisiete. Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se obtiene que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto el recurso de queja que establece el numeral 97, fracción I, inciso a), de la propia ley, en contra del auto de veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, por el cual se desechó de plano la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2, se declara que ha causado estado dicho auto; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, y con base en lo establecido por el numeral 214 de la ley en la materia, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo de este asunto como totalmente concluido, en virtud de que no existe actuación pendiente por realizar. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó de plano la demanda de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; dos de octubre de dos mil diecisiete. Vista la razón signada por el actuario judicial de la adscripción, se advierte que no fue posible notificar personalmente a la parte quejosa el proveído de veintisiete de septiembre del actual, por los motivos que expone. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquese a la parte quejosa por lista de acuerdos el citado auto, este proveído, así como las subsecuentes determinaciones, aun las de carácter personal, hasta en tanto señale domicilio en esta ciudad para tal efecto. Notifíquese; y por lista a la parte quejosa proveído de vientisiete de septiembre de dos mil diecisiete. Así lo proveyó y firma el Juez José Antonio Lozano Batarse, titular del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistido del secretario que autoriza, licenciado Arturo Gómez Castro, quien certifica que este acuerdo se encuentra debidamente incorporado al expediente electrónico. Doy fe. SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ********* contra actos de las siguientes autoridades responsables: 1. Juez Primero del Ramo Penal para la Atención a Delitos Graves, del Distrito Judicial de Tuxtla y Cintalapa, Chiapas. 2. Juez Primero del Ramo Penal para la Atención a Delitos No Graves, del Distrito Judicial de Tuxtla y Cintalapa, Chiapas. Cintalapa de Figueroa, Chiapas. Los que hizo consistir en: "4. ACTO RECLAMADO: A).- De la primera autoridad señalada como responsable ordenadora, es decir, Juez Primero del Ramo Penal para la Atención a Delitos Graves, del Distrito Judicial de Tuxtla y Cintalapa, Chiapas, reclamo el Auto Constitucional de fecha 10 de junio de 2017, dictado en el expediente numero 113/2014, mediante el cual se dicta Auto de Formal Prisión, como probables responsables del delito de FRAUDE GENERICO, cometido en agravio de LUIS ARTURO MORENO GONZÁLEZ, hechos ocurridos en esta ciudad. b).- De la Segunda autoridad señalada como responsable, es decir, Juez Primero del Ramo Penal para la Atención a Delitos No Graves, del Distrito Judicial de Tuxtla y Cintalapa, Chiapas, la radicación y continuación que realice respecto del proceso penal instaurado en mi contra en el expediente 113/2014, como probables responsables del delito de FRAUDE GENERICO, cometido en agravio de LUIS ARTURO MORENO GONZÁLEZ, hechos ocurridos en esta ciudad, del cual se deriva el acto reclamado.". ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 1051/2017-Vl. DESECHAMIENTO Ahora bien, de la demanda se advierte que el quejoso señala como acto reclamado el auto de formal prisión dictado en su contra el diez de julio de dos mil diecisiete, dentro de la causa penal número ********** del índice del Juzgado Primero del Ramo Penal para la Atención a Delitos Graves, del Distrito Judicial de Tuxtla, Cintalapa y Chiapa, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, como probable responsable del delito de fraude genérico. Por lo que, una vez que es analizada la demanda de amparo de que se trata, este juzgador advierte de oficio un motivo manifiesto e indudable de improcedencia en relación al acto reclamado en mención; lo anterior, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, por lo que procede a desechar de plano la demanda de amparo, toda vez que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el diverso 17, ambos de la Ley de Amparo, por los siguientes razonamientos de índole jurídico. En la especie, en torno al acto reclamado consistente en el auto de formal prisión de diez de julio de dos mil diecisiete y su ejecución, como ya se dijo, se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el diverso 17, ambos de la Ley de Amparo. Los numerales en cita, respectivamente establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.". "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". (El énfasis es propio). De los anteriores preceptos legales, se infiere entre otras cosas, que el juicio de amparo resulta improcedente contra actos consentidos tácitamente; es decir, contra aquéllos que no se promueva el juicio de control constitucional dentro de la temporalidad que prevé la ley; que el término en general para su promoción es de quince días, los cuales jurídicamente transcurren a partir de que surta efectos la notificación del acto o resolución, conforme a la ley que lo rige; de que se haya tenido conocimiento de éstos; o bien, de que el gobernado se haya ostentado sabedor del o los mismos. También, el segundo de los preceptos invocados señala las diversas excepciones al término genérico de quince días, esto es, en los casos en que a partir de la vigencia de una ley ésta sea reclamable o el procedimiento de extradición, el lapso temporal para promover el juicio de amparo se amplía a treinta días; cuando se trate de sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, tendrá el término de hasta ocho años para hacer valer su acción de amparo; cuando los actos tengan relación con la privación de los derechos agrarios, el plazo será de siete años; o cuando los actos reclamados importen peligro de privación de la libertad, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación o expulsión, destierro, desaparición forzada o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, la demanda podrá presentarse en cualquier tiempo. Asimismo en términos del artículo 18 de la ley de la materia, para la presentación del juicio de amparo, el plazo, debe computarse: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la ley o el acto reclamado; b) Al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; y c) Al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Destaca que el legislador hizo especial énfasis en tres formas para computar el plazo de quince días dentro del cual ha de interponerse la demanda de amparo para tenerla por oportunamente presentada, todas ellas con características propias y excluyentes entre sí, pues de la primera debe apuntarse la existencia de una actuación procesal efectuada por la autoridad responsable en virtud de la cual, en fecha precisa, hace saber al agraviado el acto reclamado; como característica adicional, las notificaciones practicadas se estiman legales y, por ende, válidas para efectos del cómputo de los quince días para la promoción del juicio de amparo, mientras tanto el quejoso no combata su nulidad o ilegalidad. La segunda manera para computar el plazo de quince días, importa un acto de naturaleza variable por parte de la autoridad responsable -distinto a la notificación-, de una autoridad diversa, o incluso del propio quejoso, que conlleve a la certeza de que este último "tuvo conocimiento" en determinada fecha de los actos reclamados; pero tal conocimiento debe producir la convicción de que el peticionario de amparo conoció en forma directa, plena y completa el acto reclamado. Por su parte, en la hipótesis contenida en el artículo 18 de la Ley de Amparo, al establecer que el plazo de quince días para la promoción de la demanda de amparo se contará desde el día siguiente ".al en que se hubiera ostentado sabedor de los mismos", implica una expresión exclusiva del quejoso, a través de la cual se manifiesta que sabe del acto reclamado; conducta que puede estimarse entraña una confesión expresa por parte del afectado porque se supone que la fecha en que se ostenta sabedor del acto reclamado con respecto a la presentación de la demanda, le perjudica. Es aplicable el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se lee como sigue: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días que se computará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan "que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día", como esa confesión hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación, realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado" . En apoyo a las consideraciones vertidas, se cita también la jurisprudencia J/32, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, de rubro y tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados" . (El énfasis es propio) Precisado lo anterior, cabe mencionar que de la consulta al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se advierte que existe diverso juicio de amparo radicado con el número *********** de la estadística de este órgano de control constitucional, en el que figura como quejoso, entre otros ********** y como autoridad responsable, Juez Primero del Ramo Penal para la Atención a Delitos Graves, del Distrito Judicial de Tuxtla, Cintalapa y Chiapa, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas. En dicho juicio, se reclamaba el auto de formal prisión de diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, pronunciado en la causa penal 113/2014, del registro del referido juzgado, dictado en contra del quejoso, por el delito de fraude genérico y asociación delictuosa. En sentencia de veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis (fojas 78 a 111 del juicio de amparo *********** confirmada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad (fojas 170 a 227 del juicio de amparo ************ este órgano de control constitucional otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal, a la parte quejosa en dicho juicio, para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: "a) Deje sin efectos el auto de formal prisión de diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, pronunciado en la causa penal *********** b) Reponga el procedimiento en la etapa de preinstrucción, a efecto de ordenar la ratificación del dictamen en materia contable rendido por perito adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas, que no fue debidamente ratificado en la averiguación previa; sin embargo, de no lograr la comparecencia del suscriptor en el plazo constitucional, deberá evitar conceder validez probatoria al citado medio de convicción. c) Lo anterior, en el entendido de que dicha prueba presenta un vicio formal susceptible de ser subsanado en cualquier etapa del procedimiento, inclusive, de decretarse la libertad con las reservas de ley, al perfeccionarse el ejercicio de la acción penal. d) Hecho lo anterior, siguiendo los lineamientos trazados en la parte considerativa de esta sentencia, resuelva de nueva cuenta la situación jurídica de los peticionarios dentro del plazo constitucional, procediendo en los siguientes términos: i) por cuanto hace exclusivamente al delito de asociación delictuosa, estimando que no se acreditaron a cabalidad los elementos del tipo; y, ii) por cuanto hace al delito de fraude, analizando con plenitud de jurisdicción los elementos del cuerpo del delito y la probable responsabilidad, por lo que en esta parte su resolución podrá ser en el mismo sentido de la anterior, purgando los vicios formales que la afectaban, o en sentido diverso, y sin que pueda tomar en cuenta mayores pruebas a las inicialmente consideradas". En consecuencia, el Juez Primero del Ramo Penal para la Atención a Delitos Graves, del Distrito Judicial de Tuxtla, Cintalapa y Chiapa, domiciliado en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, dictó el auto constitucional de diez de julio de dos mil diecisiete (fojas 450 a 483 del juicio de amparo *********** resolución que constituye aquí el acto reclamado-. Auto que se tuvo por recibido en proveído de trece de julio de dos mil diecisiete, y con el que ordenó notificar personalmente a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que a su interés conviniera (foja 483 del juicio de amparo *********** Notificación que se tuvo por hecha mediante lista el diecinueve de julio de dos mil diecisiete (foja 490 del juicio de amparo *********** Tolo lo anterior, constituye un hecho notorio para este juzgador, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia VI.1o.P. J/25 , sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, de rubro y texto: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O LOS JUECES DE DISTRITO. Por hechos notorios para un tribunal, deben entenderse aquellos que conozcan por razón de su actividad jurisdiccional. En ese sentido, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, los Magistrados de Tribunal de Circuito y los Jueces de Distrito pueden válidamente invocar de oficio, como un hecho notorio, las ejecutorias que se hayan emitido anteriormente, a fin de poder resolver un asunto en específico, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes, ya que esa es una facultad que la propia ley les confiere y que desde luego es de su conocimiento." En ese sentido, si el auto constitucional de diez de julio de dos mil diecisiete, le fue notificado al aquí quejoso *********** desde el diecinueve de julio siguiente, la cual surtió sus efectos el día siguiente hábil, es decir veinte de julio del actual, se tiene que el término de quince días, comenzó a correr el veintiuno de julio del año en curso y feneció el diez de agosto de dos mil diecisiete, sin contar los días veintidós, veintitrés, veintinueve, treinta de julio, cinco y seis de agosto de esta anualidad, por haber sido inhábiles en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso la jurisprudencia 30/2007 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXV, Mayo de 2007, página 28, registro 172550, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVERLA EN LAS DISTINTAS HIPÓTESIS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DEL CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. El citado artículo dispone que el término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días, el cual se computará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Así, el indicado artículo hace tres distinciones para el cómputo aludido, y los supuestos que menciona son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación; por tanto, es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de garantías fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Sin embargo, no debe soslayarse la idoneidad de cada supuesto y la posición del quejoso respecto del acto reclamado, toda vez que para que éste se haga sabedor de dicho acto puede actualizarse la notificación, el conocimiento o la confesión, que al ser medios distintos que sirven de punto de partida para el cómputo respectivo, obviamente deben ser idóneos para cada caso determinado, porque no es lo mismo la notificación de un acto que tener conocimiento de él, en virtud de que aquélla es una actuación procesal que requiere formalidades y produce el conocimiento del acto, mientras que tal conocimiento no siempre proviene de una notificación. Esto es, tratándose de la notificación, la Ley se refiere a los procedimientos en que existe ese medio legal de dar a conocer determinada resolución, así como a las personas que siendo partes en tales procedimientos pueden ser notificadas; en cambio, el conocimiento de la resolución se refiere a los diversos procedimientos en donde no se establece la notificación, así como a las personas que no hayan sido partes en un procedimiento contencioso, porque aun cuando lo previera la Ley, por la sola circunstancia de no haber sido partes, no podrían ser notificadas. En cambio, cuando en una misma fecha se notifique el acto reclamado por Boletín Judicial y se obtengan las copias que lo contienen, el término para el cómputo de la presentación de la demanda de garantías debe iniciarse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación, conforme a la ley del acto". En ese sentido, si el escrito de demanda se presentó hasta el veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, pese a que el término respectivo venció el diez de agosto de dos mil diecisiete, por ende, es claro que transcurrió en exceso el término de quince días hábiles que prevé la ley, dado que tal presentación tuvo lugar aproximadamente siete semanas después del vencimiento del aludido plazo, conforme al cómputo ya mencionado. De igual forma, debe establecerse claramente que el acto reclamado no se ubica en los casos de excepción previstos en el trascrito artículo 17 de la Ley de Amparo vigente, específicamente en el supuesto que prevé la fracción IV, al no constituir la resolución de referencia un ataque a la libertad personal fuera de procedimiento, ni cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Debe estimarse así, pues la resolución de trato se encuentra dictada dentro de un procedimiento penal que se instruye al solicitante del amparo en la causa penal ********* del índice del Juez Primero del Ramo Penal para la Atención a Delitos Graves, del Distrito Judicial de Tuxtla, Cintalapa y Chiapa, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas. Lo anterior, pues la legislación de la materia vigente, en torno a dicho tema, especifica que dicha excepción es en cuanto a actos que impliquen ataques a la libertad personal, agregando que éstos sean fuera de procedimiento, en efecto, el numeral 17, dice: "El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." De la interpretación del numeral en comento, se advierte con claridad que el término para la interposición del juicio de amparo indirecto, es de quince días, con la salvedad, de entre otras, que el acto reclamado implique ataques a la libertad fuera del procedimiento. Excepción en la cual no encuadra el auto de formal prisión dictado dentro de un procedimiento penal, pues de la lectura integral del diverso artículo 170 de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador federal determinó que para efectos del juicio de amparo, el procedimiento penal inicia con el dictado del auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional, lo cual, es aplicable al auto de formal prisión, de acuerdo al artículo décimo transitorio que prevé que las referencias que la ley de amparo realice al concepto de auto de vinculación a proceso, le serán aplicables a los autos de formal prisión emitidos en aquellos ordenes normativos en que aún no hayan entrado en vigor el sistema penal acusatorio, es decir en aquéllos juzgados en materia penal, que sigan el sistema penal tradicional. Artículos en comento que son del tenor literal siguiente: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que sea cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Para efectos de esta Ley; el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional." "Décimo. Las referencias que la presente Ley realice al concepto de auto de vinculación a proceso le serán aplicables a los autos de formal prisión emitidos en aquellos órdenes normativos en que aún no haya entrado en vigor en cumplimiento de los artículos transitorios del Decreto por el que se reforman los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 115 y la fracción XIII del Aparatado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008." En ese orden de ideas, si el acto reclamado se pronunció dentro de procedimiento, como se advierte de lo narrado por el impetrante del amparo en el apartado de antecedentes, conlleva a determinar que éste no se ubica en la excepción que estableció el legislador en la fracción IV del artículo antes transcrito, por lo que la demanda debió presentarse en el término genérico de quince días. En esos términos, es dable concluir que el acto reclamado se encuentra emitido dentro de procedimiento judicial en materia penal, puesto que se trata del auto de formal prisión que resuelve la situación jurídica del promovente del amparo, el cual se encuentra inmerso en la etapa de instrucción del proceso penal. Por consiguiente, conforme a la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, se tiene que el plazo para presentar una demanda de amparo contra actos que tengan injerencia sobre la libertad personal dentro de un procedimiento, interpretando a contrario sensu el numeral 17, es de quince días (con exclusión de la sentencia definitiva condenatoria que impone pena de prisión, pues el término será de ocho años). Fortalece a lo anterior la tesis IX.1o.5 K (10a.) del Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, con el epígrafe y texto: "AMPARO CONTRA ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO. EL PLAZO DE QUINCE DÍAS PARA PROMOVER LA DEMANDA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE LA LEY DE AMPARO ACTUAL ENTRÓ EN VIGOR Y SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE AQUÉLLOS, POR LO QUE SI NO SE PRESENTÓ DENTRO DE ESE TÉRMINO, EXISTE CONSENTIMIENTO TÁCITO. Conforme a la regla general contenida en el artículo 17 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, el juicio de amparo contra actos que afectan la libertad personal dentro del procedimiento, debe promoverse dentro del plazo de quince días, cuyo cómputo debe hacerse a partir de que ésta entró en vigor (tres de abril siguiente), y surta efectos la notificación de dichos actos; por tanto, si el quejoso estuvo en aptitud de promover la demanda dentro de ese plazo, de conformidad con el artículo quinto transitorio, párrafo segundo, de la misma ley, y no lo hizo, es evidente que tácitamente consintió el acto reclamado" . Cabe destacar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que las normas legales adjetivas para la substanciación de un juicio, disponen la sistematización de actos concatenados que constituyen el procedimiento, los cuales no se realizan ni se desarrollan en un solo momento, sino que se suceden con el tiempo, y a este diferente momento de realización de los actos procesales, es al que debe atenderse para determinar cuál es la norma que, en todo caso, debe regir el acto de que se trate; por lo que las partes de un juicio no adquieren el derecho a que el procedimiento se tramite conforme a la normatividad que se encontraba vigente en la fecha en que inició éste, ya que los derechos emanados de las normas procesales nacen del procedimiento mismo y se agotan en cada etapa, por lo cual, cada una de sus fases se rige por la norma vigente al momento en que se desarrolla; ello, a menos que en el decreto de reformas sobre normas de carácter procesal, el legislador haya establecido reglas expresas sobre la aplicación de dichas reformas en otro sentido. Dichas consideraciones, conforme a la tesis aislada 2a.XLIX/2009 de rubro y texto siguientes: "NORMAS PROCESALES. SON APLICABLES LAS VIGENTES AL MOMENTO DE LLEVARSE A CABO LA ACTUACIÓN RELATIVA, POR LO QUE NO PUEDE ALEGARSE SU APLICACIÓN RETROACTIVA. Tratándose de normas procesales, las partes no adquieren el derecho a que la contienda judicial en la que intervienen se tramite al tenor de las reglas del procedimiento en vigor al momento en que haya nacido el acto jurídico origen del litigio, ni al de las vigentes cuando el juicio inicie, toda vez que los derechos emanados de tales normas nacen del procedimiento mismo y se agotan en cada etapa, de ahí que cada una de sus fases se rija por la regla vigente al momento en que se desarrolla, excepto en los casos en que en el decreto de reformas relativo se hayan establecido disposiciones expresas sobre su aplicación en otro sentido. En consecuencia, cuando se trata de normas de carácter adjetivo no puede alegarse la aplicación retroactiva de la ley, proscrita en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" . Luego, en lo relativo a la inaplicación retroactiva de normas procesales, es evidente que no puede ser observado en favor del quejoso, lo dispuesto por el numeral 22, fracción II , de la abrogada Ley de Amparo, en virtud de que el término para la interposición del juicio de amparo es de carácter procesal; resultando aplicable en el caso concreto, para el cómputo del término para la promoción de la demanda de amparo, lo establecido en el diverso 17 de la Ley de la Materia. Para mayor claridad, procede analizar de forma comparativa lo que al efecto disponía la derogada ley de la materia, con relación a lo que dispone la actual legislación: Artículo 22, fracción II, de la Ley de Amparo abrogada. Artículo 17, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente. Los actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, deportación, destierro, cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, o la incorporación forzosa al servicio del ejército o armada nacionales En estos casos la demanda de amparo podrá interponerse en cualquier tiempo. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Como puede apreciarse, en la superada legislación de amparo, en contra cualquier acto que afectara la libertad personal del quejoso, podía promoverse el juicio constitucional en cualquier tiempo; pero actualmente, tal presupuesto se acotó sólo a los actos restrictivos de la libertad dictados fuera de un procedimiento, supuesto en el cual también es dable promover el juicio de amparo en su contra en cualquier tiempo. De lo anterior, se sigue que en la actualidad, los actos que tengan la apuntada calidad (restrictivos de la libertad personal) pero que se emitan dentro de un procedimiento (en el caso concreto de naturaleza jurisdiccional), ya no gozan de la temporalidad indefinida para combatirlos, sino que al ya no estar expresamente incluidos en la fracción IV del artículo 17 de la Ley de Amparo en vigor, debe aplicarse la regla general prevista en el párrafo primero de ese numeral -quince días para la presentación de la demanda-. Ahora bien, no pasa inadvertido lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo quinto transitorio de la precitada ley, mismo que a la letra dice: "QUINTOLos actos que se hubieren dictado o emitido con anterioridad a la presente Ley y que a su entrada en vigor no hubiere vencido el plazo para la presentación de la demanda de amparo conforme a la ley que se abroga en virtud del presente decreto, le serán aplicables los plazos de la presente Ley contados a partir del día siguiente a aquél en que surta sus efectos, conforme a la ley del acto, la notificación del acto o resolución que se reclame o a aquél que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del mismo o de su ejecución". Sin embargo, es de señalarse que la hipótesis normativa que prevé el precepto legal trascrito no resulta aplicable al caso concreto. Ciertamente, el señalado numeral establece dos aspectos hipotéticos que se deben acreditar para que se tornen aplicables: el primero alude a que los actos se hubieren dictado o emitido con anterioridad a la nueva Ley de Amparo; y, el segundo establece que a la entrada en vigor de la nueva ley, no hubiere vencido el plazo para la presentación de la demanda de amparo conforme a la ley abrogada; si se satisfacen estos dos hipotéticos, entonces serán aplicables los plazos de la Ley anterior, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta sus efectos, conforme a la ley del acto, la notificación del acto o resolución que se reclame o a aquél que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del mismo o de su ejecución. No obstante, en la especie no se satisfacen los referidos supuestos normativos, pues la emisión del acto reclamado tuvo verificativo el diez de julio de dos mil diecisiete, esto es, con posterioridad a la entrada en vigor de la nueva ley (tres de abril de dos mil trece). Por tanto, al no resultar aplicable lo preceptuado por el segundo párrafo del artículo quinto transitorio en comento y en congruencia con lo antes razonado en el sentido de que la presentación y substanciación de la interposición de la demanda de amparo, debe regirse por las normas de procedimiento establecidas en la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, es dable concluir que, para promover el juicio de amparo en contra del auto de formal prisión, el plazo para su interposición es de quince días, contado a partir de que hubiera tenido conocimiento de su emisión. Aunado a que es indudable que el plazo de quince días establecido para interponer la demanda, es claro y preciso y no está sujeto a interpretación alguna. Además es válido afirmar, que al establecerse un término para la interposición de la demanda de amparo en contra de resoluciones que afectan la libertad personal dentro de procedimiento, únicamente se pretende que el juicio de amparo no se convierta en un obstáculo para la adecuada marcha del proceso penal, y que no se haga un uso inmoderado e inadecuado del mismo, con el afán de retrasar la continuidad y celeridad de dicho proceso. Lo que es acorde con el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 248/2014, en la que analizó la aplicación del aludido término en tratándose del auto de formal prisión dictado durante la vigencia de la nueva Ley de Amparo (tema de contradicción). Lo anterior, pues el Máximo Tribunal determinó que, el plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de la vigencia de la nueva Ley de Amparo, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de dicho ordenamiento legal, ya que señaló que esa medida legislativa es afín al principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, puesto que permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. El criterio en comento derivó en la aprobación de la jurisprudencia 12/2015, publicada el viernes 22 de mayo de 2015 a las 09:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación, Décima época, registro 2009174, materia común, visible en publicación semanal, la cual es del tenor siguiente: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal". En consecuencia de lo anterior, al advertirse en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia previstas en la fracción XIV del artículo 61, esta última en relación con el artículo 107 fracción V, ambos de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, contenido en la página 1631, tomo XX, septiembre de 2004, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". Asimismo, es aplicable el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Segundo Circuito, publicado en la página 618, tomo V, mayo de 1997, del Semanario Judicial de la Federación, Novena época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO POR CAUSA NOTORIA Y MANIFIESTA DE IMPROCEDENCIA. ÉSTA DEBE ESTAR PLENAMENTE PROBADA. Para desechar una demanda de amparo por causa notoria y manifiesta de improcedencia se requiere que la causal sea indudable, esto es, que esté plenamente demostrada, pues en caso contrario, es indispensable admitir la demanda a trámite, para que en el curso del procedimiento se dilucide si efectivamente se actualiza o no la causal, pues no debe olvidarse que las causales de improcedencia deben estar debidamente acreditadas por ser denegatorias de justicia, y si al acordar sobre la admisión de la demanda tal causal no está fehacientemente probada, y pese a ello se desecha aquélla, se estaría privando al afectado de su derecho a instar el juicio constitucional sin posibilidad de prueba al respecto". Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno. DOMICILIO Y AUTORIZADO Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el que al efecto indica en esta ciudad y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a la persona que designa. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 8o de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, 8o, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, dígase a las partes, que la sentencia que se dicte en este juicio, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, así también, el derecho que les asiste, para manifestar, hasta antes de que se dicte el fallo, su voluntad de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos. Finalmente, agréguense copias certificadas de las actuaciones conducentes relativas al juicio de amparo ********* del índice de este juzgado. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el Juez José Antonio Lozano Batarse, titular del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistido del secretario que autoriza, Arturo Gómez Castro, quien certifica que la promoción que generó este acuerdo y el proveído mismo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez · 10,116 expedientes
- Amable Alfaro López740/2018
- Amable González Samayoa y Otros.1455/2016
- Amada Cortes Ruiz802/2021
- Amadeo Gómez Jonapa, conducto de Porfirio Gutierrez Fiallo1254/2022
- Amadeo Villarreal Gutiérrez1306/2016
- Amado Acevedo Diaz113/2020
- Amado Cruz Cruz332/2020
- Amado Cruz Cruz557/2019
- Amado Cruz Cruz75/2016
- Amado Cruz Cruz1131/2017
- Amado Cruz Cruz1153/2018
- Amado Francisco Díaz Guillén2410/2016