Amado Benitez Alvarez

Expediente 1115/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 19 actuaciones registradas, la última del 12 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1115/2017
Año
2017
Actuaciones
19
Última actuación
12/01/2018

Partes del expediente

  • Amado Benitez Alvarez
  • Delegado Municipal de Cebolletas, Alfajayucan, Hidalgo., Amado Benitez Alvarez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales el oficio signado por la Magistrada Presidenta de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, por el que acusa recibo del oficio 50050/2017, por el que se remitió el duplicado del toca penal 567/2017, y las copias certificadas de la causa penal 230//2015, circunstancia de la que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  2. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo, a dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y desprendiéndose de la certificación secretarial que antecede, que el fallo dictado en este expediente no fue recurrido dentro del término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de quince de noviembre de dos mil diecisiete, que sobreseyó el juicio de amparo promovido por Amado Benítez Álvarez, por derecho propio y en representación de la comunidad de Cebolletas Alfajayucan, Hidalgo, ha causado EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, glósense los cuadernos incidentales y con fundamento en el artículo tercero transitorio de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 196, párrafo tercero y cuarto y 214 de la misma legislación, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno respectivo. Hágase la devolución del duplicado del toca penal 567/2017, asimismo copias certificadas de la causa penal 230/2015 a la autoridad responsable Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Hidalgo, solicitando el acuse de recibo correspondiente a la brevedad. En cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 01/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgado de Distrito, se determina que el presente expediente carece de relevancia documental, por lo que, el cuaderno principal y duplicado del incidente de suspensión, son destruibles y el original del cuadernillo incidental es depurable. Notifíquese.

  3. Principal

    ***R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el trece de septiembre de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Hidalgo, con residencia en Pachuca y turnado al día siguiente a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, Amado Benítez Álvarez, por su propio derecho y en calidad de delegado municipal de la comunidad de Cebolletas, del Municipio de Alfajayucan, Hidalgo, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos que a continuación se especifican: "AUTORIDAD RESPONSABLE. JUEZ PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE IXMIQUILPAN, HIDALGO (.) JUEZ DE LA SALA PENAL DE SEGUNDA INSTANCIA, (.) JUEZ PENAL DE EJECUCIÓN ADSCRITO AL CUARTO CIRCUITO JUDICIAL DE IXMIQUILPAN, HIDALGO. - - - - ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE IXMIQUILPAN, HIDALGO (.) SECRETARIO DE ACUERDOS ADSCRITO AL JUZGADO PENAL DE EJECUCIÓN ADSCRITO AL CUARTO CIRCUITO JUDICIAL DE IXMIQUILPAN, HIDALGO, PROCURADOR DEL ESTADO DE HIDALGO, COMANDANTE DE INVESTIGACIÓN DE LA AGENTE DE SEGURIDAD E INVESTIGACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE HIDALGO GRUPO IXMIQUILPAN" ACTO RECLAMADO. .AUTORIDAD ORDENADORA: JUEZ PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE IXMIQUILPAN, HIDALGO, LA SENTENCIA DEFINITIVA QUE OBRA EN AUTO DE FECHA 17 DE MARZO DE 2017, DICTADA EN MI CONTRA DENTRO DE LA CAUSA PENAL 230/2015M LA CUAL AFECTA MI DERECHO. - - - 2. DEL JUEZ DE LA SEGUNDA SALA PENAL DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, LA CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA DICTADA EN MI CONTRA DE FECHA 07 SIETE DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO. - - - DEL JUEZ PENAL DE EJECUCIÓN SALA PENAL DE IXMIQUILPAN, HIDALGO, EL REQUERIMIENTO PARA QUE EN UN TÉRMINO DE 03 DÍAS HAGA LA RESTITUCIÓN A LA VÍCTIMA DEL BIEN INMUEBLE. - - - DE LAS AUTORIDADES EJECUTORAS: LA EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACTOS QUE RECLAMO DE LA ORDENADORA Y EN ESPECIAL EL CUMPLIMIENTO DE LO ORDENADO EN EL AUTO DE INICIO AL PROCEDIMIENTO ORDINARIO DE EJECUCIÓN, DE FECHA 30 DE AGOSTO DEL AÑO 2017, DENTRO DE LA CARPETA DE EJECUCIÓN NÚMERO 98/2017 DEDUCIDO DE LA CAUSA PENAL 230/2015, INDICADO EN EL INCISO C) UN TÉRMINO DE 03 DÍAS PARA LA ENTREGA DEL BIEN INMUEBLE A LA VÍCTIMA, - - - DEL PROCURADOR DE LA AGENCIA DE INVESTIGACIÓN, LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y/O REAPREHENSIÓN QUE EN SU CASO HAYA GIRADO LA AUTORIDAD RESPONSABLE SEÑALA COMO ORDENADORA." La parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes, y señaló como derechos fundamentales violados, los contenidos en los artículos 1, 2, 6, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio. Previó desahogo de prevención, por auto de veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, este juzgado se admitió y registró la demanda de garantías, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se emplazó al quien le resulta el carácter de tercero interesado, se dio intervención al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, al corrérsele traslado con copia simple de la demanda de derechos; se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se desarrolló en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 3/2013, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos, en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; por tratarse de una resolución que surte sus efectos y las responsables residen en el ámbito territorial donde ejerce jurisdicción este Juzgado. SEGUNDO. Fijación de la litis. El artículo 74 de la Ley de Amparo autoriza al juez de Distrito a interpretar la demanda de garantías con el objeto de desentrañar la verdadera intención de la parte quejosa, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en ella y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas (incluso con la totalidad de la información que obra en el expediente), en congruencia con lo dispuesto por los diversos 108, 115 y 117 del ordenamiento de referencia, según tratan la jurisprudencia P./J. 40/2000 y la tesis P. VI/2004 plenarias, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomos XI y XIX, de abril de dos mil cuatro y dos mil, Novena Época, páginas 32 y 255, respectivamente, de rubros: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En este orden de ideas, los actos reclamados se constituyen por: 1. La sentencia de siete de agosto de dos mil diecisiete, dictada en el toca penal 567/2017, del índice de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado que confirma la de veintisiete de marzo actual, dictada por el Juez Penal del Distrito Judicial de Ixmiquilpan, Hidalgo. 2. Auto de treinta de agosto de dos mil diecisiete, dictado en la causa penal 230/2015 del índice del Juzgado Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ixmiquilpan, Hidalgo, instruida en contra de Pedro Acosta Benítez, por el delito de despojo, en agravio de Esteban Benítez Hernández. 3. Orden de aprehensión de aprehensión y/o reaprehensión. Litis que será objeto de pronunciamiento en esta vía constitucional. En principio, analizaremos el acto reclamado relativo a la orden de aprehensión que reclama del Juez Penal de Ejecución adscrito al circuito judicial de Ixmiquilpan; así como el auto de treinta de agosto de dos mil diecisiete, dictado en la carpeta de investigación 98/2017 del referido Juez. TERCERO. Certeza del acto reclamado. No son ciertos los acto reclamados a las autoridades responsable, consistente en: 3. orden de aprehensión y/o reaprehensión dictada en contra del promovente de garantías; así como el 2. auto de treinta de agosto de dos mil diecisiete, dictado en la carpeta de investigación 98/2017 de la lista del Juez Penal de Ejecución adscrito al Distrito Judicial número Cuarto, ya que así lo manifestó al rendir su correspondiente informe justificado . Asimismo, debe decirse que no obstante la parte quejosa, al desahogar la prevención de diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete, transcribió el auto de referencia, sin embargo el mismo no obra en autos, en original o copia certificada, para ser valorado por este Juzgado y en su caso desvirtuar la negativa planteada por la autoridad responsable, quien refirió que dentro de la carpeta de investigación 98/2017, le surte el carácter de sentenciado a Pedro Acosta Benítez y respecto de Amado Benítez Álvarez, no encontró registro. Sin que la parte quejosa hubiere aportado pruebas que desvirtuaren tal negativa, por tanto, procede sobreseer en el presente juicio de derechos, con fundamento en lo establecido en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo y la Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada con el número 284, en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación (2000), cuyo rubro es el siguiente: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES." Por otro lado, en relación al acto reclamado consistente en la sentencia de siete de agosto de dos mil diecisiete, dictada en el toca penal 567/2017, del índice de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado que confirma la de veintisiete de marzo actual, dictada por el Juez Penal del Distrito Judicial de Ixmiquilpan, Hidalgo, que reclama de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, se analiza en los siguientes términos. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado atribuido a la autoridad responsable Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, relativo a: 1. sentencia de siete de agosto de dos mil diecisiete, dictada en el toca penal 567/2917, correspondiente a la causa penal 230/2017, instruida en contra de Pedro Acosta Benítez, por el delito de despojo en agravio de Esteban en agravio 705/2017, ya que así lo manifestó al rendir su informe con justificación. Certeza que se corrobora con las copias de la causa penal 230/17 y toca civil, que esa autoridad responsable remitió en apoyo a dicho informe, y a las cuales se les concede valor probatorio pleno, con fundamente en lo previsto en los artículos 129, 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2° de la Ley de Amparo. La misma consideración se hace respecto de la autoridad responsable Juez y Actuario adscrito el Juzgado Penal del Distrito Judicial de Ixmiquilpan, Hidalgo, quienes no obstante haber negado la existencia del acto reclamado , dado su carácter de ejecutora ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, se le tiene por cierto. CUARTO. Análisis de causas de improcedencia o sobreseimiento. Este órgano de control constitucional, advierte de manera oficiosa la actualización de la causal de improcedencia que prevé el artículo 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con relación con los artículos 6° y 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, debido a que la justiciable carece de legitimación para instar acción constitucional de trata. Sobre esa base, en la especie, no habrá de analizarse la constitucionalidad de los actos reclamados, toda vez que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.). Del precepto transcrito se advierte que, para la procedencia de la acción constitucional, debe demostrarse plenamente el interés jurídico o legítimo, de acuerdo con lo que establece el numeral 5, fracción I, del propio ordenamiento, que dispone: Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. (.). Este precepto establece que en el juicio de amparo se protege al titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo. Sin embargo, cuando el acto reclamado proviene de tribunales judiciales, como ocurre en este caso, lo único que se tutela en el juicio constitucional es el interés jurídico, ya que el quejoso debe acreditar la titularidad de un derecho subjetivo que la afecte de manera personal y directa. Así, el interés jurídico debe entenderse como la afectación a la esfera de derechos de un gobernado por un acto de autoridad; por tanto, se carecerá de aquél cuando las actuaciones de la autoridad no incidan en perjuicio del solicitante de amparo. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 168/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, Enero de 2008, visible a página 225, de rubro y texto siguientes: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. Tomando en consideración, que el quejoso Amado Benítez Álvarez, por su propio derecho y en su calidad de delegado de la comunidad de Cebolletas, Municipio de Alfajayucan, Hidalgo, esencialmente argumenta que el acto reclamado con número de identificación 1, transgrede sus derechos de legalidad y seguridad jurídica, porque la sentencia de siete de agosto del año que transcurre, de la lista de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, que confirmó la de diecisiete de marzo actual, emitida por el Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ixmiquilpan, Hidalgo, en la causa penal 230/2015, instruida en contra de Pedro Acosta Benítez por el delito de despojo en agravio de Esteban Benítez Hernández, determinó: ".Pedro Acosta Benítez, es penalmente responsable del delito de despojo cometido en agravio de Esteban Benítez Hernández (...) TERCERO. Se condena a Pedro Acosta Benítez a la reparación del daño, absolviéndose por lo que hace a los perjuicios en los término indicados en el considerando respectivo (.) " Asimismo, aduce en esta vía, dado su carácter de Delegado de la comunidad de Cebolletas, Municipio de Alfajayucan, Hidalgo, por virtud de que el inmueble materia del delito de despojo, por el que se condenó Pedro Acosta Benítez, a la reparación del daño, dentro de la causa penal 230/2015; se encuentra en posesión de la comunidad referida. No obstante lo anterior, el artículo 8 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Hidalgo, señala como partes del proceso penal las siguientes: ".ARTICULO 8o. Son partes en el proceso penal: I. El Ministerio Público; y II. El Inculpado y su defensor. El ofendido o su representante tendrán el carácter de coadyuvante del ministerio público a partir del auto de radicación del proceso; sólo será necesario que expresamente se constituya coadyuvante, la persona que tenga derecho a la reparación de los daños y perjuicios de conformidad a lo previsto por el artículo 42 del Código Penal, tratándose del delito de homicidio. Desde el inicio de la averiguación previa, el ofendido o su representante podrán nombrar a persona con cédula profesional de licenciado en derecho para que se constituya en su asesor jurídico, pudiendo tener éste la participación procedimental que prevé este Código." En consecuencia, una vez establecidas las partes procesales en el derecho penal, las manifestaciones respecto a que la comunidad que el quejoso representa, es la que tiene la posesión del bien materia del despojo, es evidente que resultan insuficientes para acreditar un interés jurídico que derive de la causa penal 230/2015, pues el quejoso de mérito, no le surge el carácter de sujeto procesal en el asunto del que deriva el acto que se reclama. Aplica a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 126/2005, emitida por la Primera Sala, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Página: 564, Fuente: Tomo XXII, Octubre de 2005, Época: Novena Época, Registro: 176794 de texto y rubro: "TERCEROS EXTRAÑOS. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO EN EL QUE SE RECLAME UNA SENTENCIA DICTADA EN UN PROCEDIMIENTO PENAL EN EL QUE SE CONDENÓ AL INCULPADO A LA REPARACIÓN DEL DAÑO. Conforme a los artículos 73, fracción V y 4o., ambos de la Ley de Amparo, así como a la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la procedencia de la acción de garantías requiere que el acto reclamado cause un perjuicio personal y directo al agraviado; de ahí que si el acto impugnado consiste en el fallo emitido en un procedimiento penal en el cual el Juez se pronunció sobre la responsabilidad del inculpado en la comisión del delito de despojo y como consecuencia lo condenó a la reparación del daño, consistente en la restitución del inmueble a la parte ofendida, es evidente que tal acto no le ocasiona al tercero extraño que alega tener derechos sobre ese bien el perjuicio exigido por los artículos mencionados, pues el efecto de esa condena es declarativa y no constitutiva de derechos de propiedad o de posesión. Ello es así, porque en un procedimiento como el referido no se dilucidan derechos de propiedad ni de posesión, en virtud de que el asunto no es materia de la litis en la integración del ilícito por el cual se procesa y condena al inculpado. Además, el artículo 20, apartado B, fracción IV, de la Constitución Federal elevó a rango de garantía individual el derecho que tiene la víctima a que le sea reparado el daño causado por la comisión del delito, obligando al Ministerio Público a actuar en el proceso para obtener el cumplimiento de esa garantía, logrando así que en todo proceso penal la víctima tenga derecho a la reparación pecuniaria por daños y perjuicios. En tal virtud, la sentencia que condena a la reparación del daño consistente en la restitución del inmueble tiene el carácter de pena pública, razón por la cual dicho fallo es un acto que sólo perjudica a las partes que intervinieron en el procedimiento penal, esto es, el inculpado, el Ministerio Público o el ofendido." Aunado a lo anterior, para integrar el tipo penal del delito de despojo, el Juez responsable, requirió que se presentara una conducta dolosa de usurpar un derecho ajeno sobre un inmueble a través de su ocupación o uso, o de un derecho real. De ahí, respecto a decidir a quién corresponde la propiedad del inmueble y, en consecuencia, el derecho a poseer, resulta ser un problema de naturaleza civil. Aplica al caso, la jurisprudencia 1a./J. 70/2011, emitida por la Primera Sala, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Página: 83, Novena Época, Registro: 161324 de texto y rubro: DESPOJO. SE ACTUALIZA ESTE DELITO AUNQUE EL DERECHO A LA POSESIÓN SEA DUDOSO O ESTÉ EN DISPUTA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). Los artículos 191, fracción I y 192, del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, abrogado, y el numeral 222, fracción I, del mismo ordenamiento vigente, al prever que comete el delito de despojo el que sin consentimiento de quien tenga derecho a otorgarlo o engañando a éste ocupe un inmueble ajeno o haga uso de él o de un derecho real que no le pertenezca, tutelan la posesión inmediata de los inmuebles, su propiedad y los derechos reales, lo cual conlleva implícita la figura de la posesión; y el legislador sanciona la sustracción del patrimonio por medios no legítimos, del corpus y del animus que integran la posesión y no sólo uno de esos elementos, pues ambos en conjunto forman la figura genérica de este delito. Ahora bien, para integrar el tipo penal del delito de despojo, es necesario que se presente la conducta dolosa de usurpar un derecho ajeno sobre un inmueble a través de su ocupación o uso, o de un derecho real, a fin de integrar la parte objetiva y subjetiva del tipo, expresada esta última en el querer y entender la conducta ilícita, esto es, la sustitución del poseedor en sus derechos. De manera que si se demuestra que en la fecha del hecho el pasivo estaba en posesión del inmueble -la cual ejerce por virtud de un título de propiedad- debe estimarse que el activo procede antijurídicamente si no obstante conocer tal circunstancia, dolosamente lo desconoce, realizando actos de ocupación sobre el inmueble, con independencia de ostentarse también como propietario, en tanto que los tribunales de materia diversa a la penal son los competentes para decidir a quién corresponde la propiedad del inmueble y, en consecuencia, el derecho a poseer; de ahí que aun ante la potencial existencia del derecho de propiedad a favor del activo sobre el inmueble objeto del delito, éste se actualiza ante la demostración del hecho posesorio de la parte que se dice ofendida y también propietaria del bien, en tanto que los artículos 192, primer párrafo, y 222, último párrafo, citados, prevén que las sanciones se impondrán aunque el derecho a la posesión sea dudoso o esté en disputa, sin que dicho supuesto sea un problema de naturaleza civil (por no tratarse de establecer el título de propiedad que debe prevalecer), porque la conducta del agente atenta contra la posesión que la ofendida ejerce legítimamente, lo que implica hacerse justicia por propia mano, lo cual está prohibido por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que si el inculpado se estima con derechos sobre el inmueble, los tiene expeditos en la vía civil para exigirlos antes de obrar por cuenta propia, ocupando un inmueble en posesión de tercera persona, quien también cuenta con título que la ostenta como propietaria. Por lo anterior, es evidente que el quejoso, no es parte del toca penal 567/2017 de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, derivado de la causa penal 230/2017 del índice del Juzgado Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ixmiquilpan, Hidalgo, por ende la sentencia emitida por la Sala que confirmó la sentencia condenatoria de diecisiete de marzo del año en curso, no le causa ningún perjuicio al quejoso, pues la condena va dirigida a Pedro Acosta Benítez por el delito de despojo en agravio de Esteban Benítez Hernández. Por tanto, conforme a los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6° de la Ley de Amparo, la legitimación para promover el juicio de garantías solo la tienen las personas físicas o morales directamente agraviadas por la ley o el acto reclamado, esto es, como el presupuesto necesario para el ejercicio de la acción constitucional, que consiste en que en el proceso debe actuar, precisamente, quien conforme a la ley le competa hacerlo, o sea, la situación en que se encuentra una persona respecto a determinado acto o situación jurídica, para el efecto de poder ejecutar legalmente aquel o de intervenir en esta. Por otra parte, no ha lugar a examinar los conceptos de violación expresados por la quejosa en su libelo actio, pues la actualización de causal de improcedencia, impide analizar la cuestión que se planteó, atento a la directriz forjada en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." QUINTO. Publicación. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8º, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y en atención a que la parte quejosa de mérito durante el procedimiento no expresó su inconformidad respecto a la publicación de su nombre y demás datos personales en la sentencia que ahora se dicta, en tales condiciones, publíquense los mismos, en la inteligencia que dicho fallo quedará a disposición del público para su consulta. Asimismo y en términos de las disposiciones primera y segunda del Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de tres de septiembre de dos mil siete, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; este Juzgador Federal considera que la presente sentencia debe capturarse en el módulo referido; asimismo una vez capturada la sentencia emitida, procédase a glosar al presente expediente la constancia de captura generada por el sistema antes aludido. Por lo anteriormente expuesto, y con apoyo en lo dispuesto por los artículos 74, 217 y demás aplicables de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio, por los razonamientos expuestos en los considerandos tercero y cuarto. SEGUNDO. Se le tiene como no opuesta a la parte quejosa a que se incluya su nombre y datos personales en la publicación de esta resolución, en tanto este fallo no sea impugnado, pues de ser así, se estará a lo que la parte exprese durante la substanciación del recurso que haga valer. TERCERO. Una vez publicada la presente determinación, procédase a su captura en el módulo "Sentencias" del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente que para el efecto se lleva en este Juzgado Federal, y glósese a los presentes autos la constancia de la captura generada por el sistema aludido. CUARTO. De conformidad con lo establecido en los artículos 1° y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 25, de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles, este ultimo de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, para una mejor y pronta impartición de justicia, se autoriza expedir copia simple de la presente sentencia a las partes que así lo soliciten de manera verbal (al momento de la notificación o con motivo de esta) y acrediten estar autorizadas para recoger las mismas, previa toma de razón y constancia quede en autos. Notifíquese.

  4. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo, a veinticinco de octubre de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal de los autos de los cuales se advierte que de constancias anexas al informe justificado del Juez Penal del Distrito Judicial de Ixmiquilpan, Hidalgo, remitió constancia de emplazamiento realizada al tercero interesado Amado Benítez Hernández y/o Esteban Benítez Martínez, por tanto se le tiene por emplazado dentro del presente juicio de amparo, para efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, tomando en consideración que ante la ausencia del Titular de este órgano federal, la Secretaria encargada del despacho lo es la licenciada Karen Juanita Pérez Muñoz, estando facultada en términos del numeral 43 en su párrafo primero de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para dictar las providencias de mero trámite, así como resoluciones de carácter urgente, según lo establecido también, por igualdad de razón jurídica, en la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en materia penal del Primer Circuito, que al rubro dice: "SECRETARIO ENCARGADO DEL DESPACHO EN AUSENCIA DEL JUZGADOR DE AMPARO. REQUIERE AUTORIZACIÓN DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA CELEBRAR AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y DICTAR SENTENCIA EN CASOS NO URGENTES." Ahora bien, tomando en consideración que si bien el asunto en que sea actúa se encuentra debidamente integrado para la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con lo establecido en párrafos precedentes se desprende que existe una imposibilidad por parte de la Secretaria encargada del despacho para celebrar audiencias constitucionales y dictar resoluciones de fondo dentro de los juicios de amparo, al no estar previstas dentro de las hipótesis que precisa el artículo señalado con antelación. En tal virtud, resulta procedente diferir la audiencia constitucional señalada para esta fecha, y en su lugar se fijan las ONCE HORAS DEL QUINCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, para su celebración. Notifíquese.

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