Amado Balanzar Salgado

Expediente 203/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 21 actuaciones registradas, la última del 29 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
203/2022
Año
2022
Actuaciones
21
Última actuación
29/08/2023

Partes del expediente

  • Amado Balanzar Salgado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    Cúmplase.

  2. Principal

    Vista la primera de las certificaciones secretariales de cuenta y atento al estado procesal de autos, se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia engrosada el veinticinco de agosto de la presente anualidad, en la que se negó en el presente juicio, sin que se haya hecho valer medio de impugnación alguno; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2, 86 y demás relativos de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara ejecutoriada para todos los efectos legales. Por otra parte, en atención a la segunda certificación de cuenta, toda vez que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, así como el precepto noveno del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, envíese al archivo. Asimismo, en cumplimiento artículo 18, fracción I, inciso b), del referido acuerdo, se establece que este expediente es susceptible de depuración, por haberse negado la protección constitucional, una vez transcurrido el plazo de tres años; lo anterior hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa. Luego, en observancia a lo previsto en el artículo 12 del mencionado Acuerdo General, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo 15, del citado acuerdo.

  3. Principal

    Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta signado por ****, mediante el cual, solicita que cause estado la sentencia engrosada el veinticinco de agosto del año en curso y se ordene el archivo definitivo del presente asunto, además, solicita la devolución de los documentos exhibidos en autos. Atento a lo anterior, dígasele a la tercera interesada que una vez que transcurra el término otorgado a la parte quejosa para la interposición del recurso de revisión, se proveerá respecto a la ejecutoria de amparo y se ordenara lo conducente. Ahora, debido a que la parte promovente solicita la devolución de los documentos que presentó en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 278, 279 y 280 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, hágase la devolución de los mismos, asentando copia autorizada en el presente expediente. Asimismo, hágase del conocimiento que a efecto de hacerle entrega de los documentos exhibidos, deberá generar cita a través del sistema "Agenda OJ" y generar su código QR para el acceso a este Juzgado Federal, de conformidad con lo señalado en el artículo 6, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19.

  4. Principal

    Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por el Fiscal del Ministerio Público de Unidad Foránea de Bacalar, licenciado ****, mediante el cual, requiere a este órgano jurisdiccional copia certificada del juicio de controversia agraria ****, el cual obra como tomo de pruebas del presente asunto, remitido como apoyo del informe justificado por la autoridad responsable Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito 44, con residencia en esta ciudad. Para ello, otorga a este órgano de control constitucional plazo improrrogable de cinco días contados a partir de que reciba el oficio, con apercibimiento que de no atender dicho requerimiento aplicaría a este juzgador los medios de apremio previstos en el artículo 104 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Previo a pronunciarse este órgano respecto del requerimiento, precisa hacer hincapié en lo siguiente. En primer orden, este juzgador destaca que; efectivamente, el artículo 215 de la ley adjetiva nacional, en su primer apartado, establece que toda persona o servidor público está obligado a proporcionar oportunamente la información que requieran el Ministerio Público y la Policía en el ejercicio de sus funciones de investigación de un hecho delictivo concreto. Dicha disposición, no requiere de mayores interpretaciones para entender sus alcances, pues, es claro que prevé como imperativa para toda autoridad aportar información al ministerio público que en ejercicio de sus funciones esté investigando un hecho delictivo, ello; con apego al espíritu contenido en el numeral 17 de la Carta Magna. No obstante, resulta menester determinar que la información que el referido fiscal requiere a este juzgador federal, no es propio de este órgano, ni tiene jurisdicción sobre el asunto, como para determinar la divulgación del caso; sino, se trata de un controvertido agrario radicado en el índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito 44, residente en esta ciudad, lo que indica que la autoridad a quien recae esa obligación de auxilio, es al citado tribunal campesino, esto: por un lado. En otro, el fiscal requirente, partiendo de lo contenido en su oficio que en este acuerdo nos ocupa, no dimensiona que el poder judicial de la federación, constituye una institución de origen constitucional dotada de autonomía e independencia, por lo cual, la jurisdicción de los jueces solo opera en los asuntos sometidos a su competencia en términos del artículo 1º de la ley de Amparo, en relación con el 107 de la Carta Magna, y sus actuaciones son de ese imperio, es decir, de control constitucional y de legalidad, justo porque viene de una autoridad de origen constitucional. Por el origen constitucional de los jueces de distrito, tienen per se, privilegio institucional sus actuaciones frente a otras autoridades de menor jerarquía, por ello, el constituyente previó a que les debe el respeto y consideración debido - los jueces tienen el deber de exigir se les guarde el respeto y consideración debidos -, tal y como lo establece el artículo 54 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo. Esa exigencia, no es graciosa ni mucho menos obedece a simples ánimos, sino porque tienen imperio institucional que ennoblece sus actuaciones y subyacen a las de las autoridades ordinarias, eso mismo conlleva a que las conductas u omisiones de los jueces constitucionales, no sean sancionadas por cualquier autoridad, sino por el órgano de disciplina a que se refiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en la que, además que se reitera su autonomía e independencia, también se contemplan los principios y directrices que deben normar las actuaciones jurisdiccionales. Ante ese evento, resulta insostenible que el Fiscal del Ministerio Público de la Unidad Foránea de Bacalar, licenciado ****en pleno desconocimiento de la jerarquía institucional de este órgano de control, requiera y conmine a este órgano de control con hacer efectivas las medidas de apremio contenidas en el arábigo 104 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para el caso de que no se atienda su petición, sin que concierne necesariamente a este juzgador proveer la información que pide, sino a otro, según ya se puntualizó. Por tanto, de conformidad con el artículo 54 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en relación con el 1º de la Ley de Amparo, se exige al referido fiscal del orden local que en las subsecuentes actuaciones, y en aras de generar armonía y equilibrio en el ejercicio de las funciones que cada una desempeña, sea objetivo y guarde el respeto y consideración debidos a este órgano de control constitucional federal. Corolario, como la conducta institucional aquí destacada, no es aislada, sino por el contrario, reiterada en diversas ocasiones, a fin de hacer efectiva y extensiva la conminación, gírese atento oficio al Fiscal General del Estado de Quintana Roo, para su conocimiento. Sentado lo anterior y, con base en las consideraciones expuestas supra líneas, no se accede al requerimiento del fiscal mencionado en razón que, el juicio agracio ****es del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito 44, de esta ciudad y por ende, este juzgador no tiene imperio alguno, ni está facultado para compartir o proporcionar a terceros constancias o información en las que, de acuerdo a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, debe realizarse un previo análisis para su clasificación como reservada o confidencial, y en su caso, permitir el acceso. Ello no impide al fiscal que, en ejercicio de sus facultades dirija su petición directamente a la autoridad agraria, sin que la posesión de tales documentos por parte de este órgano implique obstáculo alguno, pues, nada impide tampoco que el Tribunal Agrario, solicite a este juzgado la devolución temporal del referido juicio para atender la petición como crea conveniente, y en su caso, reproducir o analizar la información en él contenidas.

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