Amado Anzaldo Rangel
Expediente 742/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 14 actuaciones registradas, la última del 21 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 742/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 21/01/2022
Partes del expediente
- Amado Anzaldo Rangel
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintiuno de enero de dos mil veintidós. Transcurrió plazo. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que transcurrió el plazo de diez días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra del auto de sobreseimiento fuera de audiencia de quince de diciembre de dos mil veintiuno, sin que lo hubiera hecho. Causa estado. Por tanto, con fundamento en el precepto ya mencionado y en relación con el ordinal 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el citado auto ha causado estado. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Juicio de amparo. De conformidad con lo establecido en el artículo 21, inciso a) del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de destrucción por haberse sobreseído fuera de audiencia, por lo que, una vez transcurrido el término de tres años a que alude el referido numeral, procédase a su destrucción en los términos previstos en el penúltimo párrafo del citado precepto. Hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno, debiendo remitir a la Dirección General de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, original de la aludida acta a fin de dar cumplimiento al artículo 23 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Cuaderno incidental original. Por su parte, se establece que el original del incidente de suspensión, se ubica en la hipótesis del artículo 18, fracción I, inciso a), toda vez que se concedió tanto la suspensión provisional, así como la definitiva; por tanto, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se depurará el expediente, conservando las constancias relativas a su otorgamiento. Cuaderno duplicado. En cuanto al duplicado del incidente, se establece que es susceptible de destrucción al encuadrar en el artículo 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo de referencia y una vez transcurrido el término de seis meses a que alude el referido acuerdo, procédase a su destrucción previa acta que se elabore para constancia. Hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno, debiendo remitir a la Dirección General de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, original de la aludida acta a fin de dar cumplimiento al artículo 23 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Devolución de constancias a la autoridad responsable. Finalmente, se estima que resulta innecesario el resguardo de los discos compactos remitidos por la responsable, devuélvanse los mismos a la autoridad responsable, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
hago constar: que en esta fecha, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, y en atención a que el quejoso ni sus abogados autorizados, compareció a este órgano jurisdiccional a notificarse, no obstante el aviso que el veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, a efecto de que dentro de los dos días hábiles siguientes se presentara a notificarse, por lo cual, al haber transcurrido dicho plazo sin que se presentara, se le hace efectivo el apercibimiento contenido en el aviso y le notifico por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal y por lista en la página electrónica correspondiente, el contenido de la determinación de quince de diciembre de dos mil veintiuno, dictado en el Juicio de Amparo 742/2021-VII, del índice de esta Juzgado "...Tijuana, Baja California, quince de diciembre de dos mil veintiuno. Se remiten constancias. Agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar el oficio remitido por el Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Playas de Rosarito, mediante el cual informa que en audiencia celebrada el treinta de noviembre de dos mil veintiuno, ordenó la cancelación de la orden de aprehensión librada en contra del quejoso Amado Anzaldo Rangel, ordenada el cuatro de octubre de dos mil veintiuno, por lo que también en esa audiencia resolvió la situación jurídica del aquí quejoso, en la que le dictó auto de vinculación a proceso por el delito de abuso sexual a menor de catorce años. Pruebas. Ahora, en cuanto a las pruebas que anexa a su oficio de cuenta, con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, así como el disco compacto debidamente certificado que conforme a la certificación secretarial de cuenta contiene el registro de audio y video de la audiencia celebrada el treinta de noviembre de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 114/2021, mismo que reproduce con claridad las imágenes y audio que contiene; sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Resguardo de objeto. Para evitar daño al disco compacto que la autoridad responsable anexó a su informe, por el constante manejo del expediente, resguárdese en la secretaría de este juzgado, quedando a disposición de las partes para su consulta; en el entendido que si es su deseo imponerse de su contenido, su reproducción se realizará en las instalaciones que ocupa este recinto judicial. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10ª), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro señala: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD), SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." Actualización de causal de improcedencia. Visto el contenido del disco compacto remitido por la autoridad responsable, así como las manifestaciones efectuadas en su informe de cuenta, se advierte que el treinta de noviembre de dos mil veintiuno, se celebró la audiencia en la causa penal 114/2021, en la cual el juez responsable ordenó la cancelación de la orden de aprehensión librada en contra del quejoso Amado Anzaldo Rangel, dado que compareció de -de motu proprio- a efecto de que se desahogara la audiencia inicial, en la cual se resolvió su situación jurídica y se le dictó auto de vinculación a proceso por el delito de abuso sexual a menor de catorce años, entre otras cuestiones. En atención a lo anterior, y tomando en cuenta que las causales de improcedencia, al ser un presupuesto procesal de orden público, deben estudiarse de manera oficiosa sin perjuicio de la etapa procesal en que se encuentre un determinado juicio; por lo que, la suscrita estima que en el presente juicio deviene la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que han cesado los efectos de los actos reclamados por el quejoso, lo que conlleva a decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Es aplicable a lo anterior, la tesis número II.1o.J/5, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, cuyo rubro y contenido son los siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Para una mejor comprensión de lo que aquí se resuelve, se impone realizar ciertas precisiones en cuanto a la naturaleza y contenido de la causal de improcedencia que se invoca. En primer término, conviene destacar que el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo en comento, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Por su parte, la fracción V, del artículo 63, sitúa lo siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." Del texto de los artículos reproducidos, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de su derecho constitucional. En ese tenor, se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando éstos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana el acto, deja de hacerlo o bien, en otras palabras, cuando lo revoca, deroga o lo hace desaparecer haciéndolo insubsistente. Por ello, se precisa que para que sea aplicable esta causal de improcedencia, es necesario, esencialmente, que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad, apareciendo una situación idéntica a la que habría existido, como si el acto jamás hubiera nacido; de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce del derecho violado, lo que en el caso ocurrió, como se expondrá enseguida. Actos reclamados. En el caso concreto, se obtiene que la parte quejosa Amado Anzaldo Rangel reclama del Jueza de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Playas de Rosarito, los siguientes actos: La negativa de programar nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia inicial dentro de la causa penal 114/2021, así como la orden de aprehensión emitida en su contra y su ejecución. Así, respecto de ello, la autoridad responsable en cita al momento de rendir su informe justificado manifestó que el acto si era cierto, porque la causa penal 114/2021 se inició en contra del aquí quejoso por la comisión del hecho que la ley señala como delito de abuso sexual a menor de catorce años agravado, en perjuicio de la víctima M.G.G.T. representada por Dulce Milagros Prado Garrido, con motivo de ello, citó al quejoso para que compareciera el pasado cuatro de octubre de dos mil veintiuno, a la audiencia inicial donde se le formularía imputación en su contra por parte de la agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Sexuales Zona Rosarito, sin embargo, no obstante que quedó debidamente notificado el quejoso, no compareció a la misma por causa injustificada por lo que la responsable lo declaró sustraído de la acción de la justicia, girándole orden de aprehensión en su contra. Asimismo, que en proveído de seis de octubre de dos mil veintiuno, en la causa penal instruida en contra del aquí quejoso, acordó en sentido negativo la solicitud formulada por el quejoso para que señalara nueva fecha y hora a fin de reprogramar la audiencia inicial, por los motivos que expuso. Sin embargo, el juez responsable mediante oficio marcado con folio 15073 informó a este órgano jurisdiccional que en audiencia pública celebrada el treinta de noviembre de dos mil veintiuno, ordenó la cancelación de la orden de aprehensión girada el cuatro de octubre de dos mil veintiuno, en contra del aquí quejoso, dado que en esa fecha celebró la audiencia inicial donde resolvió sobre la situación jurídica del quejoso y lo vinculó a proceso por el injusto que la ley contempla como delito de abuso sexual a menor de catorce años agravado, en perjuicio de la víctima M.G.G.T., lo cual acreditó con el disco compacto que exhibió mediante el oficio 15650 que hoy se agrega. Por ello, resulta evidente que quedó demostrado plenamente en autos la cesación de los efectos de los actos que se reclamaron por esta vía, siendo improcedente analizar jurídicamente la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los mismos, ya que a la fecha ya no están surtiendo sus efectos, puesto que la parte quejosa reclamaba la negativa por parte del juez responsable de programar nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia inicial dentro de la causa penal 114/2021, así como la orden de aprehensión emitida en su contra y su ejecución, empero dicha responsable acreditó ante este órgano jurisdiccional que programó nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia inicial, la cual se llevó a cabo el treinta de noviembre de dos mil veintiuno, donde ordenó cancelar la orden de aprehensión que había girado el cuatro de octubre del año en curso al aquí quejoso, y procedió a resolver sobre su situación jurídica, vinculándolo a proceso. Por ende, como se dijo, ha sobrevenido durante la tramitación del presente juicio de amparo, la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia en comento, por tanto, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, de conformidad con la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. Sustentan la anterior determinación, las jurisprudencias números 2a./J 59/99 y 2a./J. 9/98, emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo" Sin que sea óbice que en este momento se sobresea en el presente juicio, pues no se requiere esperar hasta la audiencia constitucional debido a que, como se indicó, sobrevino una causa de improcedencia notoria y manifiesta, que con ningún elemento de prueba se desvirtuaría. En apoyo, se cita la jurisprudencia número 2a./J.10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Finalmente, no es contrario a la presente determinación el hecho de que no se encuentre emplazada a juicio la menor tercero interesada D.M.P.G, a quien se le reconoció con tal carácter mediante proveído de ocho de noviembre de dos mil veintiuno, toda vez que resulta claro que la presente determinación no le causa perjuicio alguno. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la sustentan, la tesis P. V/98 (con número de registro electrónico 196912) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. Como consecuencia de lo anterior, se deja sin efecto la fecha y hora fijada para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y agente del Ministerio Público de la Federación.
- Principal
Tijuana, Baja California, dos de diciembre de dos mil veintiuno. Rinde informe. Agréguese a los autos el oficio firmado electrónicamente por el Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Playas de Rosarito, a través del cual informa que ordenó la cancelación de la orden de aprehensión librada en contra del aquí quejoso Armando Anzaldo Rangel, girando las instrucciones respectivas, debido a que se celebró el treinta de noviembre de dos mil veintiuno, audiencia inicial donde se resolvió sobre la situación jurídica del aquí quejoso, entre otras cuestiones. Ahora, toda vez que la responsable no remite la documentación que sustenta su informe, y toda vez que la misma es fundamental a fin de estar en aptitud de resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 75 párrafo tercero de la Ley de Amparo; consecuencia, requiérase al Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Playas de Rosarito, para que en el término de tres días hábiles legalmente computados, remita a este juzgado copia certificada de las constancias que sustenten lo informado, así como el registro audiovisual respectivo. Apercibimiento. Se le apercibe que en caso de no cumplir con lo anterior o no informar el impedimento legal que tenga para hacerlo, de acuerdo con lo estipulado en los ordinales 237, fracción I y 259 de la ley de la materia, se les impondrá una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización -$4,481.00 cuatro mil cuatrocientos ochenta y un pesos moneda nacional-, de conformidad con el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. Estado de autos. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que feneció el plazo de tres días hábiles concedido a la parte quejosa en proveído de once de noviembre de este año, para que corrigiera la denominación o bien acreditara la existencia de la autoridad responsable que denominó como: "Director de Cumplimiento de Mandamientos Judiciales de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación, con residencia en Mexicali, Baja California" Sin que lo hubiese hecho en el plazo concedido para tal efecto. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el auto de referencia y con fundamento en lo dispuesto en el numeral 108, fracción III de la Ley de Amparo, se tiene por inexistente a la autoridad antes precisada; por lo que, se ordena suspender toda comunicación con la misma. Notifíquese.
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