Amadiz Hector Valle Richaud

Expediente 350/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 22 actuaciones registradas, la última del 15 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
350/2018
Año
2018
Actuaciones
22
Última actuación
15/10/2018

Partes del expediente

  • Amadiz Hector Valle Richaud

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, quince de octubre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de inconformidad contra el acuerdo dictado el trece de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 357 a 364), mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del veintiuno de septiembre al once de octubre de dos mil dieciocho, sin que se hayan inconformado con el citado proveído. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva; sin que sea necesario requerir a las partes para realizar la devolución de documentos originales, en virtud de que no obra alguno en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental que remitió la autoridad responsable como justificación a su informe respectivo, devuélvansele al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, los anexos I y II que se formaron con copia certificada de la causa penal 5/2018 de su índice; así como el anexo I que se formó en el incidente de suspensión derivado del presente juicio de garantías, con copia certificada de la causa penal en mención, que remitió con su informe previo; se requiere a la autoridad responsable citada para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, se sirva acusar su recibo. Se apercibe a la autoridad responsable aludida que para el caso de no cumplir el presente requerimiento, se le impondrá, multa de cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales conducentes que, mediante oficio SEADS/962/2018, el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal informó que el Pleno del Consejo, por unanimidad de votos, aprobó la propuesta presentada y designó como titular de este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla a Horacio Óscar Rosete Mentado, con efectos a partir del uno de octubre de dos mil dieciocho. Resulta aplicable por analogía, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J.104/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, trece de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo otorgado a la parte quejosa mediante proveído de veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho (foja 343), a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo; la cual fue desahogada por el quejoso mediante escrito presentado el treinta y uno de agosto de la presente anualidad (foja 352). En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el diecinueve de junio de dos mil dieciocho (fojas 81 a 105), se concedió el amparo y protección a Amadiz Héctor Valle Richaud, para que el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, realizara lo siguiente: ".NOVENO. Efectos de la concesión. Procede conceder el amparo al quejoso Amadiz Héctor Valle Richaud, para el efecto de que la autoridad responsable 1. Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, una vez que esta sentencia adquiera firmeza y le sea requerido su cumplimiento, realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente el auto de formal prisión de veintinueve de marzo de dos mil dieciocho, en la causa penal 5/2018, sólo por lo que respecta al aquí quejoso, y en su lugar, dicte otra resolución en la que, con libertad de jurisdicción, resuelva la situación jurídica del ahora quejoso, ya sea en el mismo sentido de la aquí reclamada o en sentido diverso, pero en el primer caso deberá purgar los vicios que la afectan y que fueron destacados en esta sentencia, esto es: a) En el estudio del cuerpo del delito de RESPONSABILIDAD MÉDICA, deberá motivar por qué tuvo por actualizada la hipótesis contenida en la fracción V del artículo 239 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, consistente en: "al médico que practique una operación innecesaria.", así como analizar y valorar el material probatorio con el que tenga por justificada la existencia de ésta. También deberá subsanar dicha omisión en lo que respecta a la probable responsabilidad del aquí quejoso en la comisión del citado ilícito, en donde también indicó que la cirugía practicada a la agraviada era innecesaria. b) En el mismo apartado del cuerpo del delito de RESPONSABILIDAD MÉDICA, deberá precisar cuál era el "proceso infeccioso activo" que tenía la agraviada al ser sometida a cirugía por parte de Amadiz Héctor Valle Richaud y con qué pruebas justifica dicha afirmación. Igualmente, deberá subsanar dicha omisión por lo que hace a la probable responsabilidad del aquí quejoso en la comisión del delito en cita, en donde también señaló que la agraviada al momento de practicarle la cirugía, tenía un "proceso infeccioso activo." c) También deberá subsanar dicha omisión en el estudio de la probable responsabilidad de los delitos de USURPACIÓN DE PROFESIÓN y LESIONES CULPOSAS, ello al señalar que la cirugía practicada a la agraviada era innecesaria y de la existencia de un proceso infeccioso activo al momento de que se le practicó ésta. d) En el apartado del cuerpo del delito de LESIONES CULPOSAS deberá motivar: (i) Por qué se actualiza la hipótesis contenida en el inciso b), fracción IV del artículo 308 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, respecto a la limitación, que hace referencia, de los movimientos de flexo extensión y rotación de ambos brazos de la agraviada; (ii) Con qué medios de prueba tuvo por acreditada dicha hipótesis, realizando el correspondiente juicio de valor que debe contener toda resolución jurisdiccional; e, (iii) Igualmente, motivar si existe la inutilización completa de una mano de la agraviada (como lo indicó en su resolución) con motivo de la cirugía que se le practicó, y señalar con qué pruebas tuvo por acreditada ésta, realizando para ello, la valoración probatoria correspondiente. 2. Notificará la determinación de término constitucional a las partes; y, 3. Remitirá a éste órgano de control constitucional las constancias que justifiquen el cumplimiento de la sentencia protectora. (.) La concesión del amparo no implica dejar en libertad al probable responsable ni tampoco el de anular actuaciones posteriores, toda vez que el efecto de aquella, es para que la autoridad responsable purgue las irregularidades formales del acto reclamado; por consiguiente, al no estar afectado el fondo del acto reclamado, debe de producir los efectos y consecuencias jurídicas a que está destinado." En acuerdo de once de julio de dos mil dieciocho (fojas 127 a 129), se declaró que dicha sentencia causó ejecutoria, por lo que se requirió su cumplimiento. Así, mediante oficio 2912 de trece de julio de dos mil dieciocho (foja 134), el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, remitió copia certificada de la resolución de trece de julio de dos mil dieciocho, emitida en la causa penal 5/2018 de su índice (fojas 135 a 185), en la que, dejó sin efectos el auto de formal prisión reclamado en esta instancia constitucional y resolvió la situación jurídica del peticionario de amparo, pero como no envió la constancia de notificación al quejoso de esa determinación judicial, por acuerdo de diecisiete de julio de dos mil dieciocho (foja 186), se requirió al juez responsable para que remitiera dicha documental. En cumplimiento a lo anterior, por oficio 2986 de veinticuatro de julio del año que cursa (foja 194), la autoridad responsable aludida remitió copia certificada de la notificación al quejoso de la resolución de término constitucional citada (fojas 195 a 197). Sin embargo, del análisis de la resolución con la que pretendió cumplir la ejecutoria de amparo, esta autoridad advirtió que el juez responsable no observó la totalidad de los lineamientos de la sentencia protectora, por lo que en acuerdo de catorce de agosto de la presente anualidad (fojas 220 a 225), se requirió al juez penal responsable para que observara todos los efectos de la ejecutoria de amparo en la que se realizaron las siguientes precisiones: ".a) En el estudio del cuerpo del delito de responsabilidad médica, motivó por qué tuvo por actualizada la hipótesis contenida en la fracción V del artículo 239 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, consistente en: "al médico que practique una operación innecesaria"; ya que el juez responsable explicó que una operación quirúrgica es una tratamiento enérgico, una medida extrema que debe utilizarse como último recurso terapéutico, ya que toda intervención produce una lesión y del propio tratamiento médico quirúrgico pueden resultar lesiones, por lo que tal intervención debe estar plenamente justificada, considerando los elementos de todo tratamiento, como son la existencia de un paciente, la idoneidad objetiva y finalidad terapéutica y, cuando no se cuenta con tales extremos, se trata de una intervención quirúrgica "improcedente", no indicada (foja 145 vuelta). Además, apuntó que para que un tratamiento médico sea lícito es necesario que el riesgo que produzca sea menor que el daño que se intenta reparar, por ello, afirmó que la cirugía practicada a la paciente -aquí tercera interesada-, fue innecesaria, debido a que no existe una indicación vital, ni una urgencia en la realización de la operación, por lo que no puede justificarse la operación, debido a que el riesgo que representó someterla a dicha intervención no estaba justificado por un riesgo mayor (145 vuelta). Señaló que tuvo por acreditado tal extremo con el expediente clínico de Consuelo Margarita Palomino Ovando, emitido por el administrador del centro de cirugía ambulatoria "Medici Medirobótica" (foja 149 vuelta); así como con el diverso emitido por el hospital "Ángeles de Puebla" con razón social "Hospital Ángeles", sociedad anónima de capital variable, sucursal Puebla (foja 149 vuelta); así como con los dictámenes en medicina legal y forense emitidos por Cecilia Carolina García Solórzano y José Mario Bautista Jiménez (foja 150); con el dictamen médico legal y forense psicofisiológico y clasificación de lesiones número 144 de veinte de enero de dos mil dieciséis, emitido por María Dolores Cruz Martínez, adscrita al Servicio Médico Forense de la Fiscalía General del Estado de Puebla (foja 150 vuelta); con el dictamen en materia de cirugía plástica, estética y reconstructiva de fecha diecinueve de julio de dos mil diecisiete, signado por Paul Alan Vega Yépez, perito en dicha materia (foja 151); con el dictamen emitido por la encargada del despacho de la Subcomisión Jurídica de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico (foja 151). Realizó idéntica precisión en el apartado de responsabilidad penal del inculpado. b) En el apartado del cuerpo del delito de responsabilidad médica, precisó cuál fue el "proceso infeccioso activo" que tenía la agraviada al ser sometida a cirugía por parte de Amadiz Héctor Valle Richaud ya que, al respecto, señaló que de los estudios preoperatorios solicitados por el peticionario de amparo, expedidos por "Laboratorios Ruiz" el diez de abril de dos mil catorce, exhibidos en el proceso penal por la agraviada y que obran agregados en el expediente clínico del hospital o sanatorio denominado "Dulce Nombre de Jesús" mostró datos de un proceso infeccioso a nivel de vías urinarias, ya que del examen general de orina muestra la presencia de nitritos positivos los cuales se generan como metabolitos ante la presencia de microorganismos en las vías urinarias, presencia de leucocitos en la orina en número de diez a quince por campo y la presencia de bacterias, situación por la que debió suspenderse y reprogramarse la cirugía, pues la infección de vías urinarias en un paciente quirúrgico es la causa principal de infección de herida quirúrgica en el proceso postoperatorio inmediato, por lo que la presencia de dicha infección resulta una contra indicación para la realización de la mamoplastía de reducción (foja 152). El juez responsable señaló que se acreditó tal extremo con la opinión pericial contenida en el dictamen en materia de cirugía plástica, estética y reconstructiva, signado por Paul Alan Vega Yépez, perito en dicha materia (foja 151 vuelta). De igual manera, subsanó dicha deficiencia en el apartado de la probable responsabilidad, en el que expuso idénticas razones para ello (foja 172 a 173 vuelta). Sin embargo, para cumplir cabalmente con el fallo protector el juez penal responsable debe explicar por qué el dictamen pericial y demás pruebas analizadas provocan convicción para arribar a determinada conclusión, es decir, debe detallar por qué dichas pruebas son idóneas y eficaces para tener por acreditados tales extremos, lo que no realizó el juzgador de origen, pues solo se concretó a referirse al citado dictamen y a las demás pruebas relatadas, pero sin efectuar un verdadero ejercicio de valoración sobre su contenido y eficacia probatoria. Resulta ilustrativa, por su contenido, la siguiente tesis de jurisprudencia: "PRUEBA PERICIAL. SU VALORACIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 151, párrafo último, de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, establece que la prueba pericial será calificada por el Juez según prudente estimación, lo que significa que, para su valoración, no está sujeto a un método legal o tasado, sino que es libre, lo que no implica que la que lleve a cabo esté exenta de una exposición razonada que desarrolle las conclusiones a las que arribe, porque ese ejercicio de razonabilidad, que involucra la valoración de una prueba pericial según su prudente estimación, también exige el respeto al principio de legalidad que obliga, en el ejercicio jurisdiccional, a motivar las conclusiones que expliquen por qué el dictamen pericial provoca convicción para el dictado de la sentencia, por lo que sólo llevando a cabo el ejercicio que se indica podrá calificarse como debidamente valorada una prueba pericial en el juicio de amparo." Lo mismo aconteció al motivar por qué se actualiza la hipótesis contenida en el artículo 308 fracción IV, inciso b) del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, pues aunque precisó que el daño causado por la cirugía dejó secuelas físicas permanentes para la función (perdida de ambas mamas), y para la estética por la mastectomía total bilateral, así como la alteración permanente parcial generada por las cicatrices queloides en ambas caras internas de los brazos que omiten los movimientos naturales de ambos brazos (foja 164 vuelta, 165, 167 vuelta y 168). Y, aun cuando señaló con qué medios de prueba tuvo por acreditada dicha hipótesis, pues para ello citó como medios de prueba primordialmente: el expediente clínico de Consuelo Margarita Palomino Ovando, emitido por el administrador del centro de cirugía ambulatoria "Medici Medirobótica"; así como el diverso emitido por el hospital "Ángeles de Puebla" con razón social "Hospital Ángeles", sociedad anónima de capital variable, sucursal Puebla; dictámenes en medicina legal y forense emitidos por Cecilia Carolina García Solórzano y José Mario Bautista Jiménez; con el dictamen médico legal y forense psicofisiológico y clasificación de lesiones número 144 de veinte de enero de dos mil dieciséis, emitido por María Dolores Cruz Martínez, adscrita al Servicio Médico Forense de la Fiscalía General del Estado de Puebla; con el dictamen en materia de cirugía plástica, estética y reconstructiva de fecha diecinueve de julio de dos mil diecisiete, signado por Paul Alan Vega Yépez, perito en dicha materia; y, con el dictamen emitido por la encargada del despacho de la Subcomisión Jurídica de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico (fojas 163 vuelta a 164 vuelta). Sin embargo, la cita de los medios de prueba no es suficiente, sino que deben ser objeto de cuidadoso examen con la conclusión de si son o no eficaces para demostrar los hechos o la finalidad que con ellas se persigue, además de expresarse, en cada caso, la razón que justifique la conclusión a que se llegue, realizando el correspondiente juicio de valor que debe contener toda resolución jurisdiccional Por ello, el juez responsable incurrió nuevamente en los vicios formales destacados en la sentencia protectora. Atento a lo expuesto, al no haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, no se tiene por cumplida la sentencia de amparo; por tanto; con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a la autoridad responsable Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, para que dentro del término de cuarenta y ocho horas, contadas a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído: a) Deje sin efectos la resolución reclamada así como la diversa de trece de julio de dos mil dieciocho mil dieciocho, con la que pretendió cumplir la ejecutoria de amparo, y dé cabal cumplimiento a todos los efectos de la sentencia protectora, tomando en consideración lo precisado en párrafos precedentes y atendiendo puntualmente y en su totalidad los efectos de la ejecutoria de amparo conforme a las consideraciones y los lineamientos precisadas en la misma." En cumplimiento a lo anterior, por oficio 3168 de diecisiete de agosto de dos mil dieciocho (foja 233), el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla remitió copia certificada del auto de término constitucional de emitido en la misma fecha (fojas 234 a 284), pero como en dicha documental no obraban las firmas de los servidores públicos que la emitieron ni la certificación de que en ella obran tales firmas, por acuerdo de veintiuno de agosto de dos mil dieciocho (fojas 285 y 286), se requirió a la autoridad responsable para que subsanara tal deficiencia. Así, por oficio 3219 de veintiuno de agosto de dos mil dieciocho (foja 289), el juez penal responsable remitió copia certificada de la citada resolución debidamente firmada por quienes intervinieron en su dictado (fojas 290 a 342). Documental a la que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de la que se advierte que, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo y en relación con los efectos de dicha sentencia, el juez responsable realizó lo siguiente: 1. Dejó sin efectos las resoluciones de veintinueve de marzo y trece de julio de dos mil dieciocho emitidas en la causa penal 5/2018 (foja 184 vuelta), la segunda de ellas con la el que pretendió cumplir la ejecutoria de amparo. 2. Con la libertad de jurisdicción que le fue concedida, emitió otra en el mismo sentido que la reclamada, ya que decretó auto de formal prisión contra Amadiz Héctor Valle Richaud por su probable participación en la comisión de los delitos de responsabilidad médica, usurpación de funciones y lesiones culposas, ilícitos previstos y sancionados por los artículos 239 fracciones I y V y 243, 258, fracción II, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, 305, 307, 308 fracción IV inciso B), en relación con los diversos 14, 21, fracción I, 83, 88, fracciones II y IV y 89, todos del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Puebla, el primero y tercero en agravio de Consuelo Margarita Palomino Ovando y el segundo de la administración pública (foja 340 vuelta); pero purgó los vicios formales destacados en la sentencia de amparo, en virtud de que realizó lo siguiente: a) En el estudio del cuerpo del delito de responsabilidad médica, motivó por qué tuvo por actualizada la hipótesis contenida en la fracción V del artículo 239 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, consistente en: "al médico que practique una operación innecesaria"; ya que el juez responsable explicó que una operación quirúrgica es una tratamiento enérgico, una medida extrema que debe utilizarse como último recurso terapéutico, ya que toda intervención produce una lesión y del propio tratamiento médico quirúrgico pueden resultar lesiones, por lo que tal intervención debe estar plenamente justificada, considerando los elementos de todo tratamiento, como son la existencia de un paciente, la idoneidad objetiva y finalidad terapéutica y, cuando no se cuenta con tales extremos, se trata de una intervención quirúrgica "improcedente", no indicada (foja 305 vuelta). Además, apuntó que para que un tratamiento médico sea lícito es necesario que el riesgo que produzca sea menor que el daño que se intenta reparar, por ello, afirmó que la cirugía practicada a la paciente -aquí tercera interesada-, fue innecesaria, debido a que no existe una indicación vital, ni una urgencia en la realización de la operación, por lo que no puede justificarse la operación, debido a que el riesgo que representó someterla a dicha intervención no estaba justificado por un riesgo mayor (foja 306). Señaló que tuvo por acreditado tal extremo con el expediente clínico de Consuelo Margarita Palomino Ovando, emitido por el administrador del centro de cirugía ambulatoria "Medici Medirobótica" (foja 305 vuelta); así como con el diverso emitido por el hospital "Ángeles de Puebla" con razón social "Hospital Ángeles", sociedad anónima de capital variable, sucursal Puebla (foja 305 vuelta); así como con los dictámenes en medicina legal y forense emitidos por Cecilia Carolina García Solórzano y José Mario Bautista Jiménez (foja 306); con el dictamen médico legal y forense psicofisiológico y clasificación de lesiones número 144 de veinte de enero de dos mil dieciséis, emitido por María Dolores Cruz Martínez, adscrita al Servicio Médico Forense de la Fiscalía General del Estado de Puebla (foja 306 vuelta); con el dictamen en materia de cirugía plástica, estética y reconstructiva de fecha diecinueve de julio de dos mil diecisiete, signado por Paul Alan Vega Yépez, perito en dicha materia (foja 306 vuelta y 307); con el dictamen emitido por la encargada del despacho de la Subcomisión Jurídica de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico (foja 307). Explicó que las citadas pruebas poseen, hasta este momento procesal, valor convictivo de indicios de conformidad con el artículo 200 del código sustantivo de la materia (sic), y explicó que son eficaces para generar convicción en virtud de que fueron emitidos por especialistas en la materia con los conocimientos idóneos sobre los que versa la materia y en las que, a juicio de la autoridad responsable, describen que la intervención quirúrgica a la que fue sometida Consuelo Margarita Palomino Ovando era innecesaria porque existió mpericia, imprudencia, negligencia, omisión y falta de cuidado por parte del activo del delito y otros (foja 307). También subsanó dicha deficiencia en el apartado de responsabilidad penal del inculpado, en idénticos términos a los ya referidos (fojas 328 a 330 vuelta). b) En el apartado del cuerpo del delito de responsabilidad médica, precisó cuál fue el "proceso infeccioso activo" que tenía la agraviada al ser sometida a cirugía por parte de Amadiz Héctor Valle Richaud ya que, al respecto, señaló que de los estudios preoperatorios solicitados por el peticionario de amparo, expedidos por "Laboratorios Ruiz" el diez de abril de dos mil catorce, exhibidos en el proceso penal por la agraviada y que obran agregados en el expediente clínico del hospital o sanatorio denominado "Dulce Nombre de Jesús" mostró datos de un proceso infeccioso a nivel de vías urinarias, ya que del examen general de orina muestra la presencia de nitritos positivos los cuales se generan como metabolitos ante la presencia de microorganismos en las vías urinarias, presencia de leucocitos en la orina en número de diez a quince por campo y la presencia de bacterias, situación por la que debió suspenderse y reprogramarse la cirugía, pues la infección de vías urinarias en un paciente quirúrgico es la causa principal de infección de herida quirúrgica en el proceso postoperatorio inmediato, por lo que la presencia de dicha infección resulta una contra indicación para la realización de la mamoplastía de reducción (foja 310). El juez responsable señaló que se acreditó tal extremo con las opiniones periciales descritas en párrafos precedentes (foja 309 vuelta). De igual manera, subsanó dicha deficiencia en el apartado de la probable responsabilidad, en el que expuso idénticas razones para ello (foja 331). c) En el estudio de la probable responsabilidad del delito lesiones culposas, estableció porque consideró que la cirugía practicada fue innecesaria, así como la razón por la que consideró actualizado que éste se practicó en presencia de un proceso infeccioso activo, lo que subsanó en los mismos términos descritos anteriormente, ya que estableció que la cirugía practicada a la paciente -aquí tercera interesada-, fue innecesaria, debido a que la pasivo pudo haber sido tratada apropiadamente sin necesidad de realizar la cirugía (foja 320 vuelta). Además que no existió una indicación vital, ni una urgencia en la realización de la operación, por lo que no puede justificarse la operación, debido a que el riesgo que representó someterla a dicha intervención no estaba justificado por un riesgo mayor (foja 325 vuelta y 326) y que, de los estudios preoperatorios practicados a la pasivo se advierten datos de un proceso infeccioso a nivel de vías urinarias, ya que del examen general de orina mostró la presencia de nitritos positivos los cuales se generan como metabolitos ante la presencia de microorganismos en las vías urinarias, presencia de leucocitos en la orina en número de diez a quince por campo y la presencia de bacterias, situación por la que debió suspenderse y reprogramarse la cirugía, pues la infección de vías urinarias en un paciente quirúrgico es la causa principal de infección de herida quirúrgica en el proceso postoperatorio inmediato (foja 326), lo que tuvo por demostrado con las mismas experticias aludidas anteriormente, y explicó que tales probanzas generan convicción por haber sido emitidas por peritos en medicina quienes poseen conocimientos en la materia y por lo que son eficaces para ilustrar sobre las lesiones de la ofendida (foja 320 vuelta). Ahora, en los efectos del fallo protector también se estableció que el juez responsable debía subsanar las mismas omisiones en el estudio del cuerpo del delito de usurpación de profesión, debido a que dichas circunstancias (que la operación era innecesaria y que se realizó durante un proceso infeccioso) fueron mencionadas en el auto de formal prisión reclamado y que fue objeto de la protección constitucional, sin que se adviertan tales cuestiones en ese apartado, pero de la lectura del auto de bien preso emitido en cumplimiento a la sentencia amparadora se aprecia que el juez responsable ya no mencionó tales elementos como integrantes del delito de usurpación de profesión, debido a que consideró actualizado éste por el hecho que el aquí quejoso, se ostentó como especialista en cirugía estética y reconstructiva sin contar con los conocimientos necesarios, ya que nunca cursó la especialidad; además, porque no cuenta con la práctica adecuada ni con las horas prácticas necesarias para ejercer dicha especialidad, así como tampoco cuenta con el título legal para ejercerla y, a pesar de ello, realizó una cirugía propia de tal experticia (foja 311 vuelta a 314). Por lo que, tomando en consideración que se concedió libertad de jurisdicción al juzgador responsable para resolver la situación jurídica del quejoso, dicha omisión no es óbice para tener por acatado el fallo protector, ya que, se insiste, el juez dejó de mencionar tales extremos en el estudio respectivo al delito de usurpación de funciones. d) En el apartado del cuerpo del delito de lesiones culposas motivó: (i) Por qué se actualiza la hipótesis contenida en el artículo 308 fracción IV, inciso b) del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, ya que señaló que la cirugía ocasionó que se limitaran los movimientos del flexo extensión y rotación en ambos miembros superiores, ya que la mastectomía total bilateral consiste en quitar todo el tejido mamario y la piel que lo cubre de ambas glándulas mamarias, incluyendo el que se encuentra a nivel de las axilas, que la cirugía llega de las axilas y parte superior de los brazos, lo que motivó una cicatrización queloide retráctil lo cual provoca la disminución de movimientos, lo que dejó secuelas físicas permanentes para la función (perdida de ambas mamas), y para la estética por la mastectomía total bilateral, así como la alteración permanente parcial generada por las cicatrices queloides en ambas caras internas de los brazos que omiten los movimientos naturales de ambos brazos (foja 321). (ii) Señaló con qué medios de prueba tuvo por acreditada dicha hipótesis, pues para ello realizó el análisis de los siguientes medios de prueba primordialmente: expediente clínico de Consuelo Margarita Palomino Ovando, emitido por el administrador del centro de cirugía ambulatoria "Medici Medirobótica"; así como el diverso emitido por el hospital "Ángeles de Puebla" con razón social "Hospital Ángeles", sociedad anónima de capital variable, sucursal Puebla; dictámenes en medicina legal y forense emitidos por Cecilia Carolina García Solórzano y José Mario Bautista Jiménez; con el dictamen médico legal y forense psicofisiológico y clasificación de lesiones número 144 de veinte de enero de dos mil dieciséis, emitido por María Dolores Cruz Martínez, adscrita al Servicio Médico Forense de la Fiscalía General del Estado de Puebla; con el dictamen en materia de cirugía plástica, estética y reconstructiva de fecha diecinueve de julio de dos mil diecisiete, signado por Paul Alan Vega Yépez, perito en dicha materia; y, con el dictamen emitido por la encargada del despacho de la Subcomisión Jurídica de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico (fojas 319 vuelta a 320 vuelta), y explicó que tales probanzas generan convicción por haber sido emitidas por peritos en medicina, quienes los emitieron con base en sus conocimientos en la materia, por lo que resultan el medio eficaz para ilustrar sobre las lesiones de la pasivo (foja 320 vuelta). (iii) Finalmente, el juez responsable dejó de considerar -como lo hizo en la resolución reclamada- que existe la inutilización completa de una mano de la agraviada con motivo de la cirugía que se le practicó, por lo que tal extremo no formó parte del análisis realizado por el juzgador responsable. 3. El veinte de agosto de dos mil dieciocho, notificó dicha resolución a Amadiz Héctor Valle Richaud (foja 341 vuelta). Por otra parte, mediante escrito presentado ante esta autoridad el treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho (foja 352), el quejoso (por conducto de su autorizado en términos amplios) manifestó que la autoridad responsable no cumplió cabalmente la sentencia protectora, pues afirma que no purgó totalmente los vicios formales destacados en la sentencia de amparo; sin embargo, el quejoso no expresó por qué considera tal situación, ni señaló cuál o cuáles fueron los vicios formales que, a su consideración no fueron corregidos. Así mismo, el peticionario de amparo señaló que debe requerirse a la autoridad responsable para que emita una nueva resolución en la que se establezca que no se acreditaron los elementos del cuerpo del delito; sin embargo, tal afirmación es infundada porque se relaciona con una cuestión de fondo y, como se dijo, la protección constitucional se concedió para el efecto de que el juez responsable subsanara vicios formales y no se emitió pronunciamiento alguno respecto del fondo del asunto; por tanto, dicha cuestión no es susceptible de ser vigilada en el presente expediente, ya que no formó parte de los efectos del fallo protector. Atento a lo expuesto, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria de amparo, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, tres de septiembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el escrito signado por José Armando Flores Melga, autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, de la parte quejosa Amadiz Héctor Valle Richaud y atento a su contenido, téngasele desahogando la vista otorgada por proveído de veinticuatro de agosto pasado (foja 343), pues al efecto realiza diversas manifestaciones en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, las cuales serán consideradas en el momento oportuno.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho. Agréguense a los autos el oficio signado por el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla y anexo, mediante el cual da cumplimiento a lo requerido por esta autoridad en proveído de veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, pues al efecto, remite copia certificada de la resolución de diecisiete de agosto de dos mil dieciocho de la causa penal 5/2018 de su índice, la cual está debidamente signada por el referido Juez, así como la copia correspondiente de su notificación al quejoso Amadiz Héctor Valle Richard, con lo que se tiene al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla manifestando haber cumplido la ejecutoria dictada en el presente asunto. En consecuencia, con el contenido del oficio y anexo de cuenta, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga; apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

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