Amadeo Gurgua Domínguez
Expediente 1348/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1348/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 20/10/2022
Partes del expediente
- Amadeo Gurgua Domínguez
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veinte de octubre de dos mil veintidós. Visto; el oficio que signa la Jueza del Ramo Civil del Distrito Judicial de Villaflores, Chiapas, residente en esa ciudad, por medio del cual devuelve diligenciado el despacho 207/2022, orden 412/2022, de nuestro índice, mismo que se le envió para efectos de notificarle al quejoso Amadeo Gurgua Domínguez, el contenido del proveído de cuatro de octubre de dos mil veintidós. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del numeral 2, del ordenamiento citado en último término, agréguese a los autos el despacho de cuenta, únicamente para que obre como corresponda. Dese de baja en el libro de gobierno el despacho en comento. Lo anterior, toda vez que en proveído de cuatro de octubre del año en curso, se envió el presente juicio por incompetencia al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, residente en esta ciudad, mismo que en auto de diecisiete del presente mes y año, informó que aceptó la competencia y se ordenó el archivo del presente juicio. NOTIFÍQUESE POR LISTA. Así lo acordó y firma Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en funciones de Juez de Distrito, atento al oficio CCJ/ST/3450/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el Maestro Vicente Adrián Rojas Álvarez, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, ante Julio César Reynosa López, Secretario del Juzgado, quien autoriza y da fe.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, diecisiete de octubre de dos mil veintidós. Vistos I. El oficio signado por la Titular de la Unidad Jurídica de la Delegación Estatal en Chiapas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, por medio del cual informa el trámite que está dando para dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto; asimismo, hace del conocimiento que remitió el oficio 007.130.600.2/UJ/SF/7529/2022, de doce de octubre del año en curso, a la autoridad responsable Subdelegado de Prestaciones de ese Instituto, para efecto de que dé cumplimiento a la sentencia dictada dentro del juicio de nulidad 1069/19-19-01-6. II. El estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que la autoridad responsable Subdelegado de Prestaciones Económicas de la Delegación Estatal en Chiapas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Con sede en esta ciudad, a la data en que se actúa ha sido omisa en dar cumplimiento al fallo protector emitido en este asunto, en el que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa Dora Marina Monrribot Cabrera, para el efecto siguiente: "Una vez que sea notificado del auto por el que esta sentencia cause ejecutoria, dentro del término de tres días, deberán cumplir con la sentencia definitiva de veintiocho de enero de dos mil veinte, así como la interlocutoria de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, dictadas en el expediente 1069/19-19-01-6-OT, del índice de la Sala Regional de Chiapas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad." Al efecto, se acuerda: En atención al punto I, con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2, glósese a los autos el oficio de cuenta y anexo, para los efectos legales correspondientes. De conformidad con el artículo 193, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad oficiante en vías de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo decretada en autos. Ahora bien, respecto al punto II, en principio, conviene precisar que el artículo 192, de la Ley de Amparo, establece el procedimiento para que los jueces de amparo vigilen el cumplimiento de las ejecutorias de amparo, a saber el siguiente: Una vez que cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, el Juez de distrito, la notificará sin demora a las partes. En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258, de la Ley de Amparo, es de cien a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización contemplada en los párrafos sexto y séptimo del Apartado B, del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Informa de lo anterior, la jurisprudencia de la siguiente literalidad: PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo. En ese orden de ideas, a fin de dar mayor claridad a la presente determinación conviene citar algunos antecedentes del juicio de amparo en que se actúa, mismos que, en lo que interesa, son del tenor siguiente: 1. El cinco de enero de dos mil veintidós, se dictó sentencia, en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa Dora Marina Monrribot Cabrera, para el efecto que a continuación se indica: "Una vez que sea notificado del auto por el que esta sentencia cause ejecutoria, dentro del término de tres días, deberán cumplir con la sentencia definitiva de veintiocho de enero de dos mil veinte, así como la interlocutoria de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, dictadas en el expediente 1069/19-19-01-6-OT, del índice de la Sala Regional de Chiapas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad." 2. En ese tenor, mediante acuerdo de veinticuatro de enero de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente asunto, y se requirió a la autoridad responsable diera cumplimiento a los efectos apuntados supralíneas. 3. Así, por autos de veinticuatro de enero, veinte de junio, dos y veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, se ordenaron sendos mandamientos a la autoridad responsable de referencia, a fin de que informara a esta potestad las acciones relativas para cumplir con el fallo protector dictado en este asunto; asimismo, cabe apuntar que en proveído de dos de septiembre del año en curso, se requirió al Subdelegado de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, residente en esta ciudad, quien será el responsable de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. 4. Asimismo, la Titular de la Unidad Jurídica de la Delegación Estatal en Chiapas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, en el oficio que se provee, se limitó en informar las gestiones que se encuentra realizando a fin de dar cumplimiento al fallo protector pronunciado en el presente juicio. Sin embargo, a la data en que se actúa, la autoridad responsable Subdelegado de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, residente en esta ciudad, ha omitido manifestar las gestiones que ha realizado en relación al cumplimiento de la ejecutoria que nos ocupa. Consecuentemente, como se ha visto de la narrativa citada supralíneas la autoridad responsable, ha hecho caso omiso a los mandatos judiciales realizados por este órgano de control constitucional a pesar de haber transcurrido un plazo más que excesivo -seis meses- para que den cumplimiento a la sentencia de que se trata. INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. Ante ese panorama, este juzgado considera que al día de hoy ha transcurrido un plazo razonable para que el Subdelegado de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Chiapas, residente en esta ciudad, quien está facultado para dar cumplimiento al cumplimiento a la presente ejecutoria, diera cumplimiento a la ejecutoria de mérito; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 193, párrafo primero, de la Ley de Amparo, SE ORDENA REMITIR LOS PRESENTES AUTOS AL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO CIRCUITO, sito en esta ciudad, para que proceda conforme a sus atribuciones legales correspondan. Asimismo, atento a lo estipulado en el párrafo quinto, del numeral invocado en el párrafo precedente, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, con la finalidad de continuar procurando el cumplimiento de la ejecutoria. NUEVO REQUERIMIENTO. Por otro lado, REQUIÉRASE POR ÚLTIMA OCASIÓN al Subdelegado de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Chiapas, residente en esta ciudad, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, contado a partir de la legal notificación de la presente determinación, dé total cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto, en los términos precisados en la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa; o informen las gestiones que están realizando para dar cumplimiento a la misma; apercibido que de no hacerlo con fundamento en los artículos 192 y 193, relacionados con el diverso 258, de la ley de la materia, se le impondrá multa de cien a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización contemplada en los párrafos sexto y séptimo del Apartado B, del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO A LA RELACIONADA EN LA MINUTA. Así lo acordó y firma Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en Funciones de Juez de Distrito, atento al oficio CCJ/ST/3450/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el Maestro Vicente Adrián Rojas Álvarez, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, ante Juan Carlos de León Betanzos, Secretario del Juzgado, quien autoriza y da fe.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, cuatro de octubre de dos mil veintidós. REGISTRO. Vista la demanda de amparo promovida por Amadeo Gurgua Domínguez, por propio derecho, se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 1348/2022-V, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) INCOMPETENCIA Ahora, este Juzgado Federal estima que el acto impugnado es reclamable en amparo directo; es decir, corresponde a un Tribunal Colegiado de Circuito conocer y resolver respecto de la demanda de amparo de que se trata. De lo anterior, se colige que el suscrito resulta legalmente incompetente por razón de grado para conocer de la demanda en estudio, en términos de lo dispuesto en los artículos 47, 170, fracción I y 176 de la Ley de Amparo, por las siguientes consideraciones: El acto reclamado en el presente juicio de amparo consiste en: "La sentencia de doce de febrero de dos mil veinte, en autos de la causa penal 32/2019." Para corroborar lo anterior, en principio, resulta necesario acudir a lo establecido por el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, que a la letra señala: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control." De los normativos en cita, se advierte que compete a los tribunales colegiados de circuito conocer del juicio de amparo directo, que es aquel que procede contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que ponen fin al juicio dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo. Las sentencias definitivas o laudos son aquellos que dictan los tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo que deciden el juicio en lo principal, es decir, los que contienen un pronunciamiento sobre la materia que constituyó la litis del asunto sometido a su potestad, declarando el derecho que corresponda a cada una de las partes como resultado del análisis de sus planteamientos y de las pruebas que aportaron. Cabe precisar que el concepto tribunal se debe entender en un sentido amplio, esto es, como ente jurídico dotado de atribuciones legales para decir el derecho en los asuntos que la ley le otorgue competencia. En este orden de ideas, quedan incluidos los juzgados y tribunales, con independencia de que la conformación de estos últimos sea unitaria o colegiada. Por su parte, las resoluciones que ponen fin al juicio son las que lo dan por concluido en forma anticipada; se distinguen de las sentencias definitivas, porque no contienen pronunciamiento sobre las pretensiones de las partes, sino que terminan el juicio por actualizarse causales de desechamiento, de sobreseimiento (desistimiento de la acción, muerte alguna de las partes, convenio judicial o extrajudicial, etcétera) o la incompetencia del tribunal que conoce, en algunos casos, así como la inactividad procesal de las partes interesadas en que se dirima la controversia legal de que se trate. De lo expuesto, podemos destacar dos notas distintivas del juicio de amparo directo: La primera es que sólo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que sin decidir el litigio en lo principal tienen como efecto culminar con el mismo y, la segunda, que las resoluciones contra las que se promueve deben dictarse en juicio, sean civiles, penales, laborales, agrarios o administrativos. Esta última característica le ha valido el sobrenombre al juicio de amparo directo de "amparo judicial" o "amparo jurisdiccional", dado que como se ha establecido, no procede contra actos administrativos o emanados de procedimientos de esa naturaleza, aun cuando se hayan seguido en forma de juicio, pues, para estos supuestos, el artículo 107 de la Ley de Amparo vigente establece la procedencia del juicio de amparo ante los jueces de Distrito. Establecido lo anterior, de la lectura integra de la demanda se desprende que el quejoso señala como acto reclamado la sentencia de doce de febrero de dos mil veinte, en autos de la causa penal 32/2019. Esto es, el peticionario se duele en el presente juicio de amparo de una resolución que debe considerarse definitiva, en tanto que puso fin al procedimiento, de ahí que sea materia de amparo directo. Tiene aplicación por analogía la Jurisprudencia de rubro y texto siguientes: TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*)emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor. Ahora, en torno al trámite que debe seguirse cuando una demanda de amparo de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito es presentada ante un Juez de Distrito, el artículo 47 de la Ley de Amparo, indica: "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley." En mérito de anterior, este Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, declara que carece de competencia legal para el conocimiento de la demanda de amparo de que se trata, y ordena remitir la misma, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, en turno, para lo que a bien tenga determinar. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; con copia de la demanda y del presente proveído, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, solicitándole el acuse de recibo correspondiente DOMICILIO y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones del quejoso el ubicado en el interior del Centro Estatal para la Reinserción Social, número 8, en Villaflores, Chiapas. Se tienen como autorizados a las personas que señala, con las facultades restringidas del artículo 12, párrafo segundo de la Ley de Amparo, por así haberlo solicitado. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Tomando en consideración que el quejoso se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social Número Ocho, con residencia en Villaflores, Chiapas; atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 26, fracción I, inciso c) y 27, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 298 y 300, del Código Federal de Procedimientos Civiles, gírese atento despacho al Juez del Ramo Civil, con residencia en Villaflores, Chiapas, para que en auxilio de las labores de este Juzgado Federal, ordene a quien corresponda, notifique íntegramente el presente proveído. Asimismo, le requiera para que dentro del término de tres días señalen domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal se le harán por lista que se publica en los estrados de este juzgado. Por otro lado, hágase saber al funcionario encargado de realizar las notificaciones aquí ordenadas, deberá seguir las reglas del artículo 27, fracción I, de la Ley de la Materia, esto es: a) El actuario buscará a la persona que deba ser notificada, se cerciorará de su identidad, le hará saber el órgano jurisdiccional que ordena la notificación y el número de expediente y le entregará copia autorizada de la resolución que se notifica y, en su caso, de los documentos a que se refiera dicha resolución. Si la persona se niega a recibir o a firmar la notificación, la negativa se asentará en autos y aquélla se tendrá por hecha; b) Si no se encuentra a la persona que deba ser notificada, el actuario se cerciorará de que es el domicilio y le dejará citatorio para que, dentro de los dos días hábiles siguientes, acuda al órgano jurisdiccional a notificarse (en este caso deberá acudir al órgano jurisdiccional que conozca de la presente comunicación oficial), especificándose el mismo y el número del expediente. El citatorio se dejará con la persona que se encuentre en el domicilio; si la persona por notificar no acude a la cita, la notificación se hará por lista (esto es en la lista de acuerdos que se publique en los estrados del órgano jurisdiccional que conozca de la presente comunicación oficial); y por lista en una página electrónica; y c) Si el actuario encuentra el domicilio cerrado y ninguna persona acude a su llamado, se cerciorará de que es el domicilio correcto, lo hará constar y fijará aviso en la puerta a fin de que, dentro de los dos días hábiles siguientes, acuda al órgano jurisdiccional a notificarse (en este caso deberá acudir al órgano jurisdiccional que conozca de la presente comunicación oficial). Si no se presenta se notificará por lista (esto es en la lista de acuerdos que se publique en los estrados del órgano jurisdiccional que conozca de la presente comunicación oficial), y por lista en una página electrónica pudiendo, el referido órgano, tomar las medidas necesarias para lograr la notificación personal si lo estima pertinente. Asimismo, con el propósito de evitar mayores dilaciones en el presente asunto, con fundamento en el artículo 21, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para la realización de la notificación aquí ordenada. Por otro lado, hágase saber a la autoridad que corresponda diligenciar el presente despacho, que una vez que reciba la comunicación oficial en comento, deberá de diligenciarla dentro del término de tres días siguientes y devolverla de inmediato a este órgano jurisdiccional, apercibida que de no hacerlo así, con fundamento en el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cincuenta a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, contemplada en los párrafos sexto y séptimo del Apartado B, del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y POR OFICIO AL RELACIONADO EN LA MINUTA. Así lo acordó y firma Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en Funciones de Juez de Distrito, atento al oficio CCJ/ST/3450/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el Maestro Vicente Adrián Rojas Álvarez, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, ante Julio César Reynosa López, Secretario del Juzgado, quien autoriza y da fe.
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