Amadeo Cano Conejo
Expediente 1227/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 14 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 1227/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 14/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Amadeo Cano Conejo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Causa ejecutoria. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que no se interpuso recurso de revisión previsto por el artículo 86, en relación con el 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, contra la sentencia de cinco de noviembre de dos mil veinte, en la que se sobreseyó en el presente juicio; por tanto, con fundamento en el ordinal 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la ley de la materia, en relación con su numeral 2, se declara que dicho fallo ha causado ejecutoria. Se ordena archivo. En mérito de lo anterior, y toda vez que no existe actuación pendiente de practicarse, con apoyo en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Anotación en el libro de control. Háganse las anotaciones respectivas en el libro que para dicho efecto se lleva en este Juzgado Federal. Valoración de expediente. En términos de lo dispuesto por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente no es de relevancia documental. Por tanto, atendiendo al numeral 21, incido a), del referido acuerdo general, el presente juicio de amparo deberá ser destruible en el plazo de tres años, pues se trata de un juicio de amparo en el que se sobreseyó respecto de los actos reclamados, no existen documentos originales y no se trata de un asunto de relevancia documental. Destino del expediente principal. En esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto decimocuarto de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que para al efecto señale la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que es disposición prevé. Valoración de incidente de suspensión. En relación al cuaderno original del incidente de suspensión, será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, toda vez que en el presente asunto fue concedida la suspensión provisional del acto reclamado; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en artículo 18, fracción I, inciso a) del citado acuerdo referido. Duplicado del incidente destruible. De conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), el referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses.
- Principal
Agréguese a los autos las piezas postales devueltas por el Servicio Postal Mexicano -Correos de México-, de las que se obtiene que, no fue posible notificar los oficios 8906/2020, 8907/2020 y 12775/2020, dirigidos al "jefe de Célula de Mandamientos Judiciales de la Policía Ministerial", "jefe de Grupo de la Policía Ministerial" y "director de Seguridad Pública", -todas del Estado- en ese orden respectivamente; los primeros dos comunicados en cita contienen el auto de ocho de septiembre pasado, en el que se reanudó el presente procedimiento, en tanto que la tercer misiva comunica la sentencia dictada en este juicio el cinco de noviembre del año en curso; bajo los motivos siguientes motivos: Oficio Motivo 8906/2020 No existe esta autoridad 8907/2020 No existe esta autoridad 12775/2020 Desconocido el cargo en el domicilio. Así pues, se manda reexpedir el comunicado número 8907/2020 a nombre de "jefe de Célula de la Dirección de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado, radicado en Juventino Rosas", toda vez que ésta es la denominación correcta, misma que se precisó en acuerdo de catorce de febrero del año corriente; igualmente, se ordena reenviar el diverso 12775/2020 dirigido al "comisario general de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, con sede en Guanajuato capital", puesto que es la designación verdadera, señalada en auto de diez de enero pasado. Por otra parte, en lo referente al número 8906/2020 dirigido al "jefe de Célula de Mandamientos Judiciales de la Policía Ministerial", únicamente se determina glosar al expediente, ya que en sentencia de cinco de noviembre de este año, se tuvo por inexistente a la referida autoridad y se ordenó suspender toda comunicación con la misma, consecuentemente, es innecesaria la notificación del oficio antedicho.
- Principal
En esta fecha se celebró la audiencia constitucional en la cual se resolvió: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ***, contra los actos reclamados a las autoridades responsables señaladas en el considerando tercero, por los motivos y fundamentos precisados en la parte considerativa tercera de este fallo.
- Principal
Admisión. Con la demanda de amparo de cuenta, *** solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos que atribuye a las autoridades siguientes: Juez de Oralidad de lo Penal de Juventino Rosas, Guanajuato. Jefe de Célula de Mandamientos Judiciales de la Policía Ministerial del Estado, en Juventino Rosas, Guanajuato. Jefe de Grupo de la Policía Ministerial del Estado, con residencia en Juventino Rosas, Guanajuato. Director de Seguridad Pública en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad de Guanajuato, Capital. Director de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre. Comandante de la Guardia Nacional Destacada en esta ciudad de Celaya, Guanajuato. En ese contexto, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1º, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se manda formar expediente, registrarlo en el libro de gobierno bajo número 1227/2019-VI.2, y se admite en sus términos la demanda de que se trata, en la inteligencia de que, en el presente juicio, los actos reclamados se hacen consistir en: La orden de aprehensión y/o reaprehensión y/o detención ilegal. La orden de cateo. Incidente de suspensión. Se apertura al cuaderno incidental, toda vez que se solicitó expresamente la suspensión de los actos reclamados. Intervención al representante social. Dése a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal correspondiente, por lo que en términos del artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, se ordena notificarle personalmente el presente proveído, adjuntándosele copia de la demanda que se provee; y notifíquensele los subsecuentes autos, por medio de lista de acuerdos. Audiencia constitucional. Para la celebración de la audiencia constitucional del juicio se fijan nueve horas con treinta minutos del veintiuno de enero de dos mil veinte. Solicitud de informes justificados. De conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe justificado a las autoridades responsables que deberán rendirlo dentro del plazo de quince días, exponiendo las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado acompañando, en su caso, copias certificadas, legibles, completas y ordenadas de las constancias y actuaciones que sean necesarias para la resolución de este asunto, apercibidas que de no hacerlo así, al resolver el fondo del asunto se les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización al momento en que no se atienda la encomienda, en términos de los artículos 237, fracción I, y 260, fracción II, de la ley de la materia. Además, como lo prevé el artículo 5, fracción II, de la ley de la materia, se tienen como autoridades responsables a las que señala el promovente en su escrito de demanda, apercibida que de no resultar correcta la denominación indicada de las mismas, se tendrán por inexistentes previa devolución del oficio correspondiente que obre en autos. Apoya a lo anterior la tesis III.2o.P.36 K emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, que dice lo siguiente: AUTORIDADES RESPONSABLES. SU SEÑALAMIENTO ERRÓNEO EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS NO PUEDE SUBSANARSE A TRAVÉS DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA. En un juicio de garantías las autoridades responsables deben estar designadas correctamente tanto en la demanda de amparo como en su correspondiente ampliación, para efecto de que, por una parte, sean oídas y tengan oportunidad de justificar los actos que se les reclaman y, por otra, para que el órgano de control constitucional esté en aptitud de apreciar si éstas han violado las garantías del quejoso, pues de lo contrario no puede resolverse fundadamente y con conocimiento de causa, si la designada es quien realmente ha emitido el acto reclamado y, por ende, no resulta dable resolver sobre su constitucionalidad siendo, además, que las erróneamente señaladas tendrán que limitarse a decir que son ajenas a esa cuestión o que no han ejecutado los actos a ellas reclamados. Por tanto, cuando en el libelo constitucional no se realiza el señalamiento correcto de la autoridad responsable, la suplencia de la queja prevista por el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, no autoriza al juzgador a cambiar los sujetos de la relación procesal, en concreto, las autoridades responsables, sino que únicamente pueden suplirse los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías, así como los preceptos violados con los actos reclamados. Además, se requiere a la autoridad responsable para que exponga las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; debiendo, en su caso, acompañar el expediente respectivo o bien copia certificada, legible, íntegra y ordenada de las constancias necesarias para apoyar el informe que emitan, de conformidad con el arábigo 75 de la Ley de Amparo. De igual forma, también deberán informar a este Juzgado de las resoluciones que se dicten en el juicio de origen, así como de los recursos, o en su caso de distintos juicios de amparo que al efecto se interpongan o se hayan interpuesto. Documentales que deberá remitir con las formalidades necesarias de un documento público, es decir, deben estar debidamente certificadas, contando con número de folio, rúbrica y entre-sello. Ello de conformidad con el normativo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, o en su caso, deberá manifestar el impedimento legal y/o material que tenga para ello. Ello a fin de que este tribunal federal, esté en aptitud de darles el valor probatorio correspondiente en el momento procesal oportuno. Por lo que informa, se cita la Tesis aislada XX.53 K visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo II, Noviembre de 1995, Materia Común, página 527; del tenor literal siguiente: DOCUMENTO PUBLICO, ES IMPRESCINDIBLE QUE ESTE CON FIRMA AUTOGRAFA DEL FUNCIONARIO PUBLICO EN EJERCICIO PARA QUE SEA AUTENTICO EL. En un documento público es imprescindible el uso de la firma autógrafa para que ésta sea atribuible con certeza a su signatario, en los términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, es decir, el documento en comento, debe ser expedido por un funcionario público en ejercicio de sus funciones, cuya autenticidad "se demuestra por la existencia regular sobre los documentos, de los sellos, firmas y otros signos exteriores, que en su caso prevengan las leyes." Por tanto, carecen de autenticidad los documentos autorizados con una firma o rúbrica con facsímil del funcionario público en ejercicio. Apercibimientos. En términos de los artículos 26, fracción II, y 28, fracción I, de la Ley de Amparo, dígase a las autoridades responsables que la notificación que se le haga surtirá todos sus efectos legales desde que se entregue el oficio respectivo, ya sea a la propia autoridad responsable, a su representante o al encargado de recibir la correspondencia en su oficina, y si se negaren a recibir dicho oficio se tendrá por hecha la notificación y serán responsables de la falta de cumplimiento de la resolución que ésta contenga. Lo anterior, en el entendido que el Actuario correspondiente deberá hacer cumplir lo previsto por la última parte de la fracción I del artículo 28 de la Ley de Amparo. De acuerdo a lo previsto en el numeral 64 de la ley de la materia, se hace saber a las partes que, en caso de que cesen los efectos del acto reclamado o acontezca una causa notoria de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional federal, de ser posible acompañarán las constancias que la acrediten; apercibidas que, de no hacerlo, se les impondrá multa de treinta unidades de medida y actualización al momento en que no se atienda la encomienda, en términos del numeral 251 de la ley de la materia. Domicilio y autorizados. Ahora bien, como lo indica el quejoso téngase como domicilio para el efecto de oír y recibir notificaciones, el ubicado en calle *** en esta ciudad; y, como autorizados de su parte, en términos amplios como lo dicta el dispositivo 12 de la nueva Ley de Amparo vigente, a los licenciados ***, toda vez que tienen debidamente registrada su cédula profesional en la base de datos que se configuró en cumplimiento al Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y, en términos restringidos, a ***, por no cubrir el requisito antes mencionado. Autorización de reproducción de actuaciones judiciales. Como lo solicita la parte quejosa, se le autoriza la reproducción de las actuaciones judiciales del juicio en que se actúa mediante el uso de los medios que señala la circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de dieciocho de marzo de dos mil nueve, previa solicitud verbal de la parte interesada a la secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional. En el entendido que deberá proporcionar los medios para su reproducción (cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos), así como si se trata de documentos cuya difusión esté reservada por disposición legal, le será negada la reproducción solicitada. Igualmente, dígase al solicitante que el uso que haga a los documentos electrónicos obtenidos con cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos, será bajo su más estricta responsabilidad. Sirve de apoyo la tesis I.3º.C.725 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XXIX, marzo de 2009, página 2847, cuyo rubro dice: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. Habilitación de días y horas inhábiles; autorización de firma de oficios; capturas y anotaciones del expediente. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Háganse las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización de las constancias en el expediente electrónico; en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado federal.
Quedan 1 actuación en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · 7,966 expedientes
- ALVARO PARRA RIVERA y Otros.3/2021
- Alvaro Prieto Ramirez47/2015
- Alvaro Ramirez Cano576/2020
- Alvaro Rodriguez Galvan1036/2015
- Alvaro Rodriguez Talancon148/2019
- Alvaro Servin Ramirez208/2021
- Amador Vazquez Sanchez1169/2016
- Amalia Peñaran Garcia2/2020
- Amalia Ponce Perez118/2018
- Amalia Ponce Perez445/2015
- Amalia Ponce Perez1116/2014
- Amalia Ponce Perez395/2016