Amada Monzón Medina
Expediente 603/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 9 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 603/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 29/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Amada Monzón Medina
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
En Culiacán, Sinaloa, veintinueve de junio de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio signado por el Presidente Municipal Constitucional de Baridaguato, Sinaloa, mediante la cual solicita copia certificada de las constancias que integran los autos a los autorizados que señala; por tanto, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de forma supletoria a la Ley de Amparo, se ordena expedir las copias relativas al expediente físico que solicita, las cuales deberán ser a costa de la institución que representa, previa comparecencia ante el secretario de trámite. Lo anterior, en atención a las medidas de austeridad implementadas por parte del Consejo de la Judicatura Federal, además podrá allegar el medio electrónico idóneo para transferir la información que obre únicamente en el expediente electrónico pues, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, cesó la integración del expediente físico de las determinaciones judiciales y de las promociones recibidas de manera electrónica, de acuerdo a lo establecido por las fracciones III, VII y XII del numeral 3 y el artículo 253 del citado acuerdo, los cuales establecen: 3. La integración y consulta de los expedientes electrónicos regulados en el presente Acuerdo General se regirán por las siguientes bases: [.] III. La documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso. En caso de que una actuación deba imprimirse para efectos de practicar una notificación, la evidencia criptográfica de la firma respectiva será suficiente, sin necesidad de certificación alguna. La persona servidora pública a quien corresponda iniciar el trámite en el órgano jurisdiccional de un asunto turnado por la OCC, deberá validar que la documentación recibida en formato impreso se haya digitalizado por parte del personal de dicha oficina mediante el uso de la FIREL para integrarla al expediente electrónico respectivo. Tratándose de promociones recibidas por escrito directamente en el órgano jurisdiccional, la digitalización deberá realizarse por parte del personal de la Oficialía de Partes; [...] VII. Los documentos digitalizados ingresados a los sistemas electrónicos por las y los servidores públicos de los órganos del PJF mediante el uso de FIREL tendrán el mismo valor probatorio que los físicos. [.] XII. Los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en el entendido de que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el CJF. Al respecto, las constancias integradas en los expedientes físicos tendrán validez respecto de las constancias recibidas por esa vía, a pesar de que no integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico. 253. Los órganos jurisdiccionales deberán asegurar la integridad del expediente electrónico. Para ello, se procurará que el contenido de las promociones, los acuerdos, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos, se generen de manera electrónica, utilizando los medios tecnológicos y soluciones digitales. En los casos en que un asunto se inicie y se tramite a través de documentos físicos, los órganos jurisdiccionales deberán digitalizar las constancias e incorporarlas al expediente electrónico correspondiente a través del uso de firma electrónica, generando sus actuaciones en versión electrónica e imprimiendo únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del asunto, como puede ser el caso de las constancias de notificación. Bajo ninguna circunstancia se obstaculizará la posibilidad de que las partes actúen y presenten promociones por medios impresos. Adicionalmente y para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 3, párrafo sexto de la Ley de Amparo, las partes podrán consultar el expediente haciendo uso de los dispositivos electrónicos disponibles para tal efecto. Como lo solicita, se autoriza la consulta del expediente electrónico por ese medio a los usuarios propuestos ********************; por tanto, otórguese la autorización correspondiente. Se instruye a la Oficial encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes a fin de que se realicen las actuaciones en el referido sistema. Notifíquese y cúmplase por la Oficial encargada del SISE.
- Principal
Culiacán, Sinaloa, doce de enero de dos mil veintitrés. Con base en la certificación de cuenta y dado que las partes no recurrieron la sentencia dictada en este juicio de garantías, con apoyo en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. Por otro lado, toda vez que no existe diligencia por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el numeral 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo de este expediente como concluido; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En el entendido que hasta en tanto se encuentren debidamente notificadas las partes del presente acuerdo, se remitirá físicamente al archivo definitivo el juicio en que se actúa. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de destrucción. En el entendido que este expediente no es de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos indicados en el citado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
Audiencia constitucional En Culiacán Rosales, Sinaloa, a las diez horas dieciocho minutos del dieciocho de octubre de dos mil veintidós, señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo indirecto 603/2022, asistido del Secretario Roberto Escobedo Sánchez y sin presencia de las partes, el licenciado Pedro Jara Venegas, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa, procede a celebrar la audiencia, para lo cual solicita al secretario dé cuenta y relación de las constancias del expediente. El Secretario da cuenta con las constancias relevantes, entre ellas: demanda de amparo, auto de admisión, notificación a las partes e informe justificado. El Juez acuerda: Téngase hecha la anterior relación de constancias. Se abre el periodo de pruebas, en el que a solicitud del Juez el Secretario hace constar las documentales allegadas por las partes. El Juez acuerda: Se admiten dichas pruebas y se tienen desahogadas en razón de su naturaleza. Al no existir medio de convicción pendiente de relacionar, admitir o desahogar, se cierra esta fase y se ordena pasar a la siguiente. Se apertura el periodo de alegatos, en el que a instancia del Juez el Secretario hace constar que la parte quejosa y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita realizaron manifestaciones en vía de alegatos. El Juez acuerda: Se tiene formulando alegatos a las partes citadas y se cierra esta fase de alegatos. Concluidas las etapas de pruebas y alegatos, se procede dictar la sentencia que en derecho corresponda. VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 603/2022. TRÁMITE: PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el diez de junio de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Culiacán Rosales, Sinaloa, Amada Monzón Medina solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el Presidente Municipal de Badiraguato, Sinaloa. SEGUNDO. Trámite. En auto de catorce de junio siguiente, este Juzgado de Distrito admitió la demanda de amparo, ordenó solicitar informe justificado a la autoridad responsable, dar intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y fijó hora y día para la audiencia constitucional que tuvo verificativo en términos del acta que antecede. RESOLUCIÓN: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, virtud que se reclama acto sin ejecución. SEGUNDO. Autoridad responsable y actos reclamados. Del Presidente Municipal de Badiraguato, Sinaloa, omisión de dar respuesta a los escritos de: Treinta de abril dos mil veintidós, a través del cual expone que en las quincenas de abril pasado, recibió cantidades de salario menor a la que aduce le correspondía, por lo que solicitó la razón de la reducción de pago y le fuera realizado el pago de lo no recibido. Dieciséis de mayo siguiente, en el que solicita el pago de la primera quincena de ese mes y se le diera respuesta al ocurso de treinta de abril pasado. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados, no obstante la negativa de la autoridad responsable, ya que así se advierte su informe justificado. El Presidente Municipal responsable señaló que el dos de mayo de este año, el Oficial Mayor del Ayuntamiento de Badiraguato emitió oficio dirigido a la quejosa en que le hace de su conocimiento baja derivada de inasistencias en el mes de abril pasado, con lo cual se advierte respuesta a las solicitudes de la parte quejosa para conocer la reducción de salario en el mes de abril pasado y la falta de pago en el mes de mayo siguiente. Sin embargo, el derecho de petición no solamente exige la emisión de respuesta, sino también su notificación al interesado, lo que en el caso no aconteció, ya que la autoridad responsable no acredita que antes de la presentación de la demanda de amparo en diez de junio pasado, se haya dado respuesta a la parte quejosa, sino que ello aconteció por virtud del oficio de dos de mayo y el contenido en el informe justificado. CUARTO. Causa de improcedencia existente. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, la que en esencia dispone que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. En el informe justificado la autoridad del Presidente Municipal responsable y con el oficio de dos de mayo pasado emitido por el Oficial Mayor del Ayutamiento de Badiraguato, se da respuesta a los escritos de la quejosa en los que solicita se le expongan las razones por las cuáles se redujo su salario en abril del año pasado, la falta de pago en la primera quincena de mayo siguiente y se le pague lo no recibido. Lo anterior, porque a través del informe y del oficio citado se le hace del conocimiento a la parte quejosa que derivado de las inasistencia en el mes de abril fue dada de baja a partir del dos de mayo pasado y lo cual se le hizo del conocimiento durante la tramitación del presente juicio de amparo. En ese sentido, con la respuesta y su notificación a través del presente juicio, en fecha posterior a la presentación de la demanda de amparo, cesaron los efectos del acto reclamado. Por tanto, al haberse subsanado la omisión de proveer sobre los escritos de la parte quejosa, cesaron los efectos de las omisiones reclamadas, es decir, se restablecieron las cosas al estado en que se encontraban, produciéndose con ello el resultado de una sentencia protectora en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, porque las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. En consecuencia, en términos de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, procede el sobreseimiento con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, del ordenamiento en consulta. No pasa inadvertido, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que si durante la tramitación del juicio de amparo promovido por violación al derecho de petición, la autoridad emite respuesta al quejoso, este puede promover nueve amparo o ampliar la demanda de amparo contra ese acto novedoso. El criterio citado está contenido en la jurisprudencia 2ª/J 149/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIV, octubre de 2006, página 334, registro 174107, que establece: DEMANDA DE AMPARO. EL QUEJOSO PUEDE AMPLIARLA PARA IMPUGNAR LA RESPUESTA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, DURANTE LA TRAMITACIÓN DE UN JUICIO DE GARANTÍAS PROMOVIDO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. Si durante la tramitación de un juicio de garantías promovido por violación al derecho de petición, contenido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la autoridad responsable emite respuesta expresa a solicitud del quejoso, éste puede promover otro amparo o ampliar su demanda inicial contra ese nuevo acto, porque si bien es cierto que la respuesta de la autoridad responsable extingue la omisión original en que se encontraba y que motivó el juicio de amparo, también lo es que tal respuesta constituye un acto nuevo relacionado con aquella omisión que, por tanto, puede analizarse en el mismo juicio, a más de que por razones de concentración y economía procesal y en estricto cumplimiento al artículo 17 constitucional, es conveniente que así sea. Lo anterior no quebranta el sistema dispuesto en la Ley de Amparo, por el contrario, el quejoso tiene expeditos sus derechos para impugnar la respuesta de la autoridad responsable como corresponda y estime conveniente, y si opta por ampliar su demanda porque considera que ésta es la vía adecuada, el Juez de Distrito debe analizarla. En el caso, el juicio de amparo indirecto procedió contra la omisión de dar respuesta a las solicitudes formuladas por la parte quejosa en ejercicio del derecho de petición contra el Presidente Municipal responsable, para garantizar la protección efectiva del derecho indicado, con la finalidad que el funcionario o empleado de la Institución emita respuesta. Sin embargo, dada la respuesta que no satisface el interés de la quejosa, no era factible dar vista para que ampliara la demanda de amparo porque ese acto novedoso deriva de relación de trabajo en plano de igualdad como particulares al tratarse de aspectos inherentes al salario y la baja de la quejosa, respecto de lo cual es improcedente el juicio de amparo al no estar en presencia de actos de autoridad y, por lo cual, debe acudir a la vía laboral correspondiente. Por analogía es aplicable la jurisprudencia 2ª/J 66/2016 (10ª), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 31, junio de 2016, tomo II, página 898, registro 2011948 que establece: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR. El Instituto Mexicano del Seguro Social constituye un ente público del Estado, independientemente de que su naturaleza formal sea de organismo descentralizado encargado de organizar y administrar el seguro social de conformidad con la ley que lo rige y, por tanto, facultado para emitir actos a través de los cuales resuelve sobre la procedencia de una pensión o demás prestaciones de seguridad social, con los cuales pueden crearse, modificarse o extinguirse situaciones jurídicas de los asegurados o beneficiarios. Por tanto, si el derecho de petición reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se sustenta en la obligación de todos los funcionarios y empleados públicos de contestar en breve término cualquier solicitud formulada por escrito por los particulares, entonces, cuando se atribuye la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, procede el juicio de amparo indirecto en su contra, debido a que en este caso es necesario garantizar la protección efectiva de ese derecho humano, con la única finalidad de que el funcionario o servidor público del Instituto dé respuesta a la petición; en el entendido de que contra ésta no procede ampliación a la demanda de amparo indirecto, sino que una vez conocida, y de estimar que no se satisface su interés, el asegurado o beneficiario deben acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social, acorde con los artículos 295 de la Ley del Seguro Social y 899-A de la Ley Federal del Trabajo. El criterio citado establece la procedencia del juicio de amparo contra la omisión de dar respuesta a solicitud en ejercicio del derecho de petición que se sustenta en la obligación de los funcionario y empleados públicos a dar respuesta sobre la solicitud de pensión o demás prestaciones; sin embargo, contra la respuesta a la petición no procede el análisis en el juicio de amparo indirecto, pues en su caso la parte quejosa debe acudir al juicio laboral correspondiente. De ahí que este Juzgado de Distrito no diera vista a la parte quejosa para que ampliara la demanda de amparo contra la respuesta emitida a sus peticiones, ya que la respuesta no contiene actos de autoridad para efectos del juicio de amparo en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción II, de la Ley de Amparo, esta última aplicada en sentido contrario. Por lo expuesto y fundando, este Juzgado de Distrito resuelve: ÚNICO. SOBRESEE en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo resolvió el licenciado Pedro Jara Venegas, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa, ante el licenciado Roberto Escobedo Sánchez, Secretario que asiste y da fe.
- Principal
Culiacán, Sinaloa, cinco de octubre de dos mil veintidós. Visto el escrito presentado por la quejosa en el presente juicio, mediante el cual objeta el informe justificado rendido por el Presidente Municipal de Badiguarato, agréguese a los autos, en el entendido que se hará relación del ocurso de mérito en la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Pedro Jara Venegas, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa, ante José Leónides Miguel Santos Cortés, Secretario que autoriza y da fe.
Quedan 5 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa · 7,528 expedientes
- Alonso Reyes Ornelas462/2023
- Alva Agustina Castelo Vizcarra145/2022
- Alva Luz Inzunza Villegas567/2020
- Álvaro Landey Medina769/2018
- Alvaro Serrano Valenzuela938/2017
- Amada Galindo Cabrera595/2023
- Amada Ruvalcaba Aguirre658/2021
- Amada Ruvalcaba Aguirre1227/2021
- Amada Ruvalcaba Aguirre455/2020
- Amadeo Rodríguez Campuzano538/2019
- Amadeo Rodríguez Campuzano1088/2019
- Amadeo Rodríguez Campuzano547/2021