Amada González Carballo
Expediente 317/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 1 actuación registrada, la última del 12 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 317/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 12/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Amada González Carballo
Actuaciones
- Principal
II. Con esta fecha se notifica el auto de doce de abril de dos mil dieciocho, en el juicio de amparo 317/2018-II-C, que en su parte conducente dice: [...] Con la demanda de amparo de cuenta, se tiene a Amanda González Carballo, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra un acto del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, que hace consistir en el auto de fecha dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, dictado en el juicio laboral DIT-148/2013.En consecuencia, se manda formar expediente y registrarlo en el Libro de Gobierno bajo el número 317/2018-II-C. Al respecto, se ACUERDA: Antes de entrar al estudio de la demanda de amparo es pertinente hacer notar lo que establece el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente. Congruente con ello, el que suscribe advierte la actualización de una causa de improcedencia del presente juicio constitucional que se analizará a continuación. En efecto, cabe señalar que la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo.En relación con esto, se atiende al diverso 107, fracción V de la ley de la materia, que prevé que el juicio de amparo se pedirá ante el Juez de Distrito. Conforme a los aludidos numerales, el amparo es improcedente cuando los actos dictados dentro del juicio natural no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación.En efecto, del marco normativo transcrito se advierte, en lo que aquí interesa, que no se prevé la figura del "autorizado" para oír y recibir notificaciones a nombre de su mandante en el procedimiento burocrático; así mismo que, las partes podrán autorizar a otras personas (diversas a sus representantes legales) para oír notificaciones y recibir documentos, pero éstas no podrán comparecer en las audiencias ni efectuar promoción alguna. Esto es, que los autorizados para oír y recibir notificaciones sólo están facultados para dichos actos; y, por ende, no pueden revisar los autos que integran el expediente, ya que el citado artículo 692 en su fracción II, es claro y preciso por cuanto a la personalidad y los alcances que tiene un apoderado legal acreditado y un autorizado para oír y recibir notificaciones. De lo expuesto se colige que la figura del "autorizado" establece, por un lado, una forma especial de mandato judicial, por cuya virtud las partes pueden hacer la designación de persona (s) para que se impongan de los autos y reciban notificaciones a nombre de su mandante y, por otro, poner en conocimiento del tribunal dicha designación sin formulismos que entorpezcan su mandato. Por tanto, debe concluirse que en efecto el acto que por esta vía se combate, consistente en la negativa de tener por autorizados en el juicio laboral de origen a las personas que el promovente del amparo, señaló para tal efecto en su escrito de treinta de octubre de dos mil diecisiete, es una violación procesal en términos de la fracción XII del numeral 172 de la Ley de Amparo; ello, porque los aspectos de personalidad y personería son actos intraprocesales que no violan derechos sustantivos, motivo por el cual el amparo indirecto es improcedente y, consecuentemente, al no ser un acto irreparable, porque no afecta derechos sustantivos, sino sólo una cuestión formal o adjetiva en el juicio laboral.Los razonamientos expuestos con antelación, ponen de relieve la causa de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta indudable, cuenta habida que, en opinión de quien esto resuelve, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes, dados los lineamientos del Alto Tribunal. Por lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, en relación con la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, el juicio reclamado por esta vía resulta improcedente y, por tanto, con apoyo en el artículo 113 del ordenamiento legal en cita, se desecha la demanda de amparo promovida por AMADA GONZÁLEZ CARBALLO al encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Por otra parte, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda y por autorizado en los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado José Luis Oseguera Ramírez, toda vez que tiene registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Circuito, y únicamente como lo señala el artículo 24, párrafo segundo, del ordenamiento legal invocado, a las diversas personas que indica [...].
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