Amada Agustín Díaz
Expediente 134/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 134/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 20/03/2019
Partes del expediente
- Amada Agustín Díaz
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que dentro del plazo señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la sentencia por la que se sobreseyó en el presente juicio de garantías, no fue recurrida por alguna de las partes. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de amparo conforme a su artículo 2°, se declara que ha causado ejecutoria. Hágase las anotaciones en el libro de gobierno. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del diverso punto Vigésimo Primero, ambos del Capitulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído; además no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.
- Principal
1. Informe justificado. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, signado por el Subdelegado Técnico del Registro Agrario Nacional, con residencia en esta ciudad, mediante el cual rinde informe justificado y exhibe anexos; atento a su contenido, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo téngase por rendido el aludido informe para los efectos a que haya lugar. 1.1 Domicilio. Con apoyo en el artículo 26, fracción II, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la autoridad responsable el que señala en su informe de cuenta. 1.2 Delegados. Igualmente, con fundamento en el artículo 9 de la citada ley, se tiene como delegada de la autoridad responsable, a la que persona que indica. 2. Estado de autos. Tomando en consideración que de las constancias anexas por la responsable, consta la respuesta (oficio D´CHIS/SRAJ/DR/222/2019 de veinticinco de febrero de dos mil diecinueve), dirigida a la quejosa con motivo a su escrito de petición de treinta de octubre de dos mil dieciocho, se tiene que ha operado la cesación de los efectos del acto reclamado relativo a la violación del artículo 8º de la Constitución Federal en términos del numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; debido a que la conducta abstensiva que se atribuía ha desaparecido, como si hubiere otorgado la protección constitucional. Por otra parte, como la responsable aceptó la existencia del acto reclamado, señalando que mediante D´CHIS/SRAJ/DR/222/2019 (foja 18) dio respuesta a la aquí quejosa respecto de la expedición y entrega del certificado parcelario que ampara la parcela número 14, ubicada en el Ejido Huehuetán, Chiapas, resulta necesario precisar que en el caso particular, ya no se está ante una acción constitucional de derecho de petición en términos del artículo 8 de la Constitución Federal, que implique dar vista la parte quejosa para que amplíe su demanda, pese a que la parte quejosa, en su demanda de amparo, reclamó del Delegado en el Estado de Chiapas del Registro Agrario Nacional, la omisión de expedir el certificado parcelario referido, invocando como derecho humano la violación al contenido del artículo 8º de la Constitución Federal, con lo cual pretendía dar, a la acción constitucional, un matiz de violación al derecho de petición en términos del Magno precepto, alegando una falta de respuesta a su escrito de solicitud de registro. A fin de justificar lo anterior, para mejor comprensión de lo que se proveerá, resulta importante precisar lo siguiente. La responsable al rendir el informe justificado anexó el oficio D´CHIS/SRAJ/DR/222/2019, de cuyo contenido se advierte que da respuesta a la parte quejosa, respecto de la petición de la expedición y entrega del certificado parcelario que ampare la parcela número 14, ubicada en el Ejido Huehuetán, Chiapas. Ahora, los artículos 31, 33, 34, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 y 61 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, entre otros, regulan el sistema registral, entendido éste, como el conjunto de normas y procedimientos que tienen por objeto la calificación e inscripción de los actos jurídicos y documentos que conforme a la Ley Agraria y sus Reglamentos deban registrarse, así como su ordenación en folios e integración de los índices. Para ello, el Registrador (servidor público a quien compete examinar y calificar los actos y documentos que deban inscribirse, así como realizar y autorizar anotaciones, asientos y cancelaciones), como depositario de la fe pública registral, entre otros, tiene la atribución de realizar la calificación registral de los actos jurídicos que deben inscribirse, a través del estudio integral de cada uno de los documentos y actos jurídicos que en ellos consten, verificando que se cumplan los requisitos de fondo y forma de conformidad con la normativa aplicable, fundando y motivando la misma. Cabe señalar, que serán documentos idóneos para acreditar los actos jurídicos que conforme a la Ley y a el Reglamento deben registrarse en los Folios Agrarios, entre otros, las resoluciones judiciales o administrativas que reconozcan, creen, modifiquen o extingan derechos ejidales o comunales; los acuerdos de asamblea formalizados en instrumentos públicos por los que se crean, transfieran, modifiquen o extingan derechos ejidales o comunales del núcleo de población o de sus integrantes individualmente considerados y demás documentos que disponga la Ley, sus Reglamentos u otras disposiciones legales. Asimismo, aquellos documentos en los que consten antecedentes, declaratorias, programas, acuerdos de intención o cualquier otro asunto de materia agraria que no tenga por objeto crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones, o que teniéndolo, no sea un acto o documento que conforme a la Ley o al Reglamento deba ser inscrito, también podrán ser objeto de resguardo documental en el Archivo General Agrario, con el solo propósito de su guarda y custodia. El Registro garantizará en sus procedimientos registrales que se salvaguarden en lo conducente, los principios registrales de rogación, buena fe, legalidad, prelación, tracto sucesivo, celeridad y publicidad. El procedimiento registral inicia con la presentación de la solicitud en las Delegaciones o en los Centros de Atención que correspondan, debiéndose invariablemente registrar el número de entrada progresivo, fecha y hora para los efectos legales correspondientes, atendiendo a los Manuales de procedimientos que correspondan. Los registradores examinarán bajo su responsabilidad, cada uno de los documentos y actos jurídicos que en ellos consten, para determinar si los mismos reúnen los requisitos de forma y fondo exigidos por la normativa que los rija, con el fin de garantizar los principios de legalidad y certeza jurídica. El registrador deberá cerciorarse de que no se ha presentado con anterioridad documento alguno que contenga actos inscribibles que se opongan al que se solicita. Igualmente, no calificará la legalidad de las sentencias o resoluciones presentadas a inscripción, pero si a su juicio existe alguna imposibilidad material o legal por la que ésta no pueda practicarse, pondrá el caso en conocimiento del Delegado y del Director General de Asuntos Jurídicos, para que por su conducto se dé cuenta a la autoridad ordenadora; si a pesar de ello ésta insiste en que se cumpla su mandato, se procederá conforme a lo ordenado, tomándose razón del hecho en el asiento correspondiente. Las calificaciones positivas o negativas deberán producirse en un plazo que no excederá de sesenta días naturales, contado a partir de la fecha de presentación de la documentación de que se trate. Será positiva cuando resuelva autorizar la inscripción solicitada y será negativa cuando resuelva denegar el servicio registral. En los casos en que la documentación presentada para su inscripción resulte deficiente, el Registro deberá requerir al interesado para que, con base en la normativa aplicable, se subsanen las deficiencias u omisiones o se presenten los documentos necesarios para llevar a cabo la calificación registral. La prevención señalará un plazo de veinte días hábiles para que se subsanen las deficiencias u omisiones detectadas. Si cumplido el plazo, el interesado no atendiere la prevención, el registrador resolverá la calificación con los elementos que tenga disponibles para tal efecto. El Registro a partir del día hábil siguiente de la presentación del escrito por el cual se subsanan las deficiencias, emitirá su calificación en un plazo no mayor de veinte días hábiles, y procederá a realizar el registro correspondiente, respetándose la prelación adquirida. En caso de inconformidad, contra la calificación negativa procederá el recurso de revisión que establece la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; si transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 85 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el promovente no interpone el recurso de revisión, se pondrá a disposición del interesado la documentación respectiva. Las prevenciones y las calificaciones registrarles negativas deberán ser notificadas al interesado; cuando la calificación sea positiva, se procederá a realizar el asiento en la sección del Folio Agrario de que se trate. Hasta aquí, la síntesis del sistema registral ante el Registro Agrario Nacional. De los preceptos transcritos se deduce que la petición de la quejosa de que se expida el referido certificado parcelario, no ostenta la naturaleza de un acto efectuado al amparo del derecho de petición en términos del artículo 8º de la Constitución Federal, en la medida en que tal petición, tanto en su trámite de presentación, sustanciación y resolución, así como en lo concerniente a los medios ordinarios de defensa que podrían hacerse valer, según el sentido positivo o negativo de la respuesta que recayera, se encuentra específicamente regulado en el reglamento invocado supralíneas, lo que de suyo implica que existe un procedimiento y recursos específicos para atender la pretensión planteada por la quejosa en el escrito aludido, lo cual, se erige como un obstáculo legal para tramitar el presente asunto como si se tratara de uno que involucre al derecho de petición contemplado en el artículo 8 Constitucional. Efectivamente, dar vista a la quejosa con la respuesta dada por la responsable, a fin de que manifieste si amplía o no la demanda por lo que hace al oficio (como si se tratare de un asunto que involucra el ejercicio de una derecho de petición), a fin de que en sentencia, este Juzgado se ocupe de esa respuesta, desnaturalizaría el derecho de petición, que no tiene el alcance de sustituir procedimientos o recursos específicos establecidos para atender ciertas materias, ni constituirse como un medio para la revisión de determinaciones administrativas, como ocurre en el caso, de conformidad con el Sistema de Registro que prevé el Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, según lo establecido en la tesis 2a. XXI/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asumir la postura contraria significaría desatender las vías y procedimientos legales específicamente establecidos por el legislador, para dirimir las posibles controversias que podrían presentarse con motivo de la petición de registro planteada en el escrito de que se trata. Por tanto, atendiendo a la naturaleza de la pretensión de la quejosa de que se le expida y entregue el certificado parcelario no puede estimarse que estemos ante un asunto que involucre el derecho de petición; sino que, tal proceder deviene de un procedimiento administrativo, que concluirá con una resolución administrativa ya sea de carácter positiva o negativa y, en éste último caso, la parte quejosa cuenta con un recurso o juicio contencioso para combatirla. Por esas razones, no resulta procedente dar vista para que se amplíe la demanda de amparo, porque el derecho de petición reconocido en el artículo 8º Constitucional se satisface legalmente cuando el funcionario o empleado público da contestación a la solicitud formulada por escrito por los particulares; sin que ese derecho humano se extienda al contenido de la respuesta; ya que deberá estarse, de ser el caso, a la naturaleza del procedimiento que rija el nuevo acto; contra el cual, como se apuntó no procede ampliación a la demanda de amparo, sino que una vez conocida y de estimar que no se satisface su interés, el quejoso deberá acudir a la vía correspondiente. Por identidad jurídica sustancial y de manera ejemplificativa se invoca la jurisprudencia 2a./J. 66/2016 (10a.) pronunciada por la Segunda Sala de la suprema corte de Justicia de la Nación. Sobre todo, si contra "la respuesta" es improcedente el juicio de amparo indirecto, al prever la ley administrativa invocada, que procede el recurso de revisión o el juicio contencioso de nulidad en términos de la jurisprudencia PC.XII.A. J/2 A (10a.) pronunciada por el Pleno en Materia Administrativa del Decimosegundo Circuito, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Registro 2009744, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo II, Materia Administrativa, página 1671, de rubro y texto siguientes: "RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 63 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL ABROGADO. PARA CONTROVERTIR LA CALIFICACIÓN REGISTRAL NEGATIVA DE UN ACTA DE ASAMBLEA DE EJIDATARIOS NO ES INDISPENSABLE AGOTARLO PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO. Aun cuando el artículo 63 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional vigente hasta el 11 de octubre de 2011 (de contenido similar al del diverso 59 del reglamento en vigor) dispone que contra la calificación negativa procederá el recurso de revisión que establece la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (artículo 83), ello no condiciona la procedencia de la vía jurisdiccional agraria al agotamiento previo del recurso aludido, pues el hecho de que expresamente no se hubiese dispuesto que es opcional para el afectado por la negativa registral, no lo dota de obligatoriedad, ya que del análisis sistemático de aquel precepto, en relación con los artículos 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y 18, fracción IV, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios y considerando, además, la finalidad de los recursos administrativos, subyace que contempla una opción para el afectado por la negativa registral de inscribir un acta de asamblea en el Registro Agrario Nacional, quien puede interponer el recurso de revisión administrativo, o bien, acudir directamente ante el Tribunal Unitario Agrario a demandar la nulidad de dicha determinación, en términos del artículo 18, fracción IV, indicado, toda vez que en el sistema de impugnación de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la interposición de los recursos no constituye un presupuesto que condicione el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la jurisdicción, tutelado por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". 3. Sobreseimiento fuera de audiencia. Bajo ese orden de ideas, lo procedente es decretar el SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, de conformidad con el artículo 61, fracciones XX y XXI, de la Ley de Amparo, puesto que ni aún con la celebración de la misma podría desvirtuarse con prueba alguna tal hecho jurídico; de ahí que resulta innecesario y en todo caso contrario al principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional, esperar a que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. En consecuencia, se deja sin efectos la hora y fecha señalada en autos para la celebración de la audiencia constitucional, misma que estaba fijada para las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL SIETE DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE, lo cual hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes.
- Principal
se ADMITE A TRÁMITE la demanda de amparo que promueve ...se corre traslado con copia de la demanda al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. 6. Informe justificado. Con fundamento en los principios constitucionales de impartición pronta y expedita de la justicia en los plazos ordenados por la normativa, los cuales son aplicables supletoriamente a este juicio sobre la base de lo establecido en el artículo 2o., párrafo segundo, de la Ley de Amparo, las autoridades responsables deberán rendir su informe justificado dentro del plazo de QUINCE DÍAS, contado a partir del momento en que reciba la notificación del presente proveído y con la debida anticipación que permita su conocimiento a la parte quejosa, al menos ocho días antes de la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional; y en el supuesto de que los actos reclamados, sean ciertos, remita copias certificadas, legibles y completas de las constancias relacionadas, exclusivamente, con la materia de su resolución específica. ...12. Tercero interesado. El quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad, que no existe tercero interesado. 13. Protección de datos personales. Conforme lo previsto por los artículos 23; 70, fracción XXXVI y 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; los numerales 6, 8 y 9 del Reglamento para la aplicación de la Ley Federal relativa, así como los preceptos 25 a 27; 31, 34 y 35 del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, se hace del conocimiento de las partes que el asunto clasifica como información NO RESERVADA. Por consiguiente, se les previene para que expresen si están de acuerdo en que se publiquen sus nombres y datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición implica su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos. 14. Fecha y hora de audiencia constitucional. La audiencia constitucional tendrá verificativo a las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL SIETE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE...
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