Álvarro Teodoro López Mondragón
Expediente 643/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 22 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 643/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 06/10/2016
Partes del expediente
- Álvarro Teodoro López Mondragón
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Incidental
Toluca, Estado de México; seis de octubre de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal del juicio de amparo del que deriva este incidente, se evidencia que por auto de esta misma fecha se ordenó remitirlo al archivo de este juzgado de Distrito. De igual forma, se declaró que el cuaderno original es depurable al haberse concedido la medida cautelar definitiva, respecto de los actos (punto vigésimo primero, inciso III); asimismo, el duplicado de destrucción, (punto vigésimo, inciso III). Y al igual que el juicio principal, se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, los cuadernos incidentales, permanecerán en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, y se procederá a su destrucción. Notifíquese. Así lo acordó y firma José Antonio Ruiz Rosales, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Encargado del Despacho por licencia otorgada al titular, en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa con la Secretaria María Isabel López Mondragón, que autoriza, firma y da fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; seis de octubre de dos mil dieciséis. La certificación precedente, evidencia que la parte quejosa, a quien se considera podría perjudicar la sentencia dictada el trece de septiembre de dos mil dieciséis, mediante la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo; no la recurrió dentro del plazo de diez días señalado en el artículo 86, párrafo primero de la Ley de Amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la materia, se declara que esa sentencia ha causado estado. Asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Ahora, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: 1. El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues se sobreseyó en el presente juicio de amparo (punto vigésimo primero, inciso II). 2. El original del incidente de suspensión es depurable al haberse concedido la medida cautelar definitiva, respecto de algunos actos (punto vigésimo primero, inciso III). 3. El duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, pues existe el original (punto vigésimo, inciso III). En el entendido que en ambos cuadernos (principal e incidentales) no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo citado; a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. A la parte quejosa se le comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma José Antonio Ruiz Rosales, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Encargado del Despacho por licencia otorgada al titular, en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa con la Secretaria Maria Isabel Lopez Mondragon, que autoriza, firma y da fe.
- Principal
SENTENCIA. V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 643/2016-I, promovido por Álvaro Teodoro López Mondragón, contra actos del Agente del Ministerio Público del Segundo Turno de Atlacomulco, Estado de México; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el seis de mayo de dos mil dieciséis, en la Oficialía de Partes Común a los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, turnado a este órgano jurisdiccional ese mismo día Álvaro Teodoro López Mondragón, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que a continuación se indican: "Autoridades responsables: Agente del Ministerio Público adscrito al Segundo Turno de Atlacomulco, Estado de México "Acto reclamado: El inconstitucional acto de molestia consistente en citatorio girado a mi persona en la noticia criminal 362860063016, por carecer de la debida fundamentación y motivación." SEGUNDO. PRECEPTOS CONSTITUCIONALES VIOLADOS. El quejoso señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. En auto de nueve de mayo de dos mil dieciséis, se admitió a trámite la demanda de amparo únicamente por cuanto hace al acto reclamado a la autoridad responsable señalada como Agente del Ministerio Público adscrito al Segundo turno de Atlacomulco, Estado de México. Asimismo, se señaló fecha para la audiencia constitucional y se dio la intervención que legalmente le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, se solicitó a la autoridad responsable rindiera su informe justificado. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, 36 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 48, en relación con el diverso 52, fracción I, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el punto cuarto, fracción II, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues los actos reclamados tendrán ejecución dentro de la jurisdicción territorial de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se establece que el acto reclamado en el presente juicio de amparo lo constituye: El citatorio en la noticia criminal 362860063016. En este sentido, con apoyo en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, resulta aplicable la jurisprudencia 40/2000, publicada en la página 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2000, Tomo XI, Novena Época, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." De igual forma, es aplicable por las razones que la contienen, la tesis P. VI/2004, publicada consultable en la página 255 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2004, Tomo XIX, Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo epílogo y sinopsis son: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Previo al análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto que por esta vía se controvierte, resulta oportuno pronunciarse respecto a la certeza o inexistencia del acto reclamado en el presente asunto, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo indirecto dicha situación debe ocurrir previamente. A lo anterior, es aplicable la jurisprudencia 10, publicada en la página 68, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, Tomo 76, Abril de 1994, Octava Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, cuyo rubro y texto son: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." En ese orden, la autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrito al Segundo Turno de Atlacomulco, Estado de México, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado (la emisión del citatorio en la noticia criminal 362860063016); sin que el promovente del amparo haya aportado prueba alguna para desvirtuar tal negativa dentro de la secuela del procedimiento, o en la propia audiencia constitucional, pues oportunamente se le dio vista con el contenido del informe justificado, a efecto de que estuviera en aptitud de aportar el medio de prueba que considerara pertinente para acreditar lo contrario, pese a lo cual no realizó. Aunado a que dicha negativa correspondía desvirtuarla al impetrante del amparo, en razón de que es principio general del derecho que los actos negativos no son materia de prueba, por lo que en este caso se arroja la carga respectiva al agraviado, en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, cuyo texto previene que el actor debe probar los hechos constitutivos de su acción; en la especie, la existencia de los actos reclamados, que por tratarse de hechos positivos es posible probarlos, no así la negativa de hechos porque evidentemente no existe materia que probar; razón por la cual debe sobreseerse en este juicio de garantías, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, respecto de los actos atribuidos a las autoridades precisadas con antelación. Sobre el particular se invoca la jurisprudencia 284, publicada en la página 236, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, que establece: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Y, la tesis VI.2o.A.4 K, publicada en la página 903 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Febrero de 2002, Tomo XV, Materia Común, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." No pasa desapercibido que la autoridad refirió haber girado citatorio a Álvaro López Mondragón, sin embargo, al no estar acreditado en este juicio que se trate de la misma persona que el quejoso, no procede tener por cierto tal acto, atento al principio de instancia de parte agraviada En el entendido que, los criterios orientadores emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, referidos en párrafos precedentes, resultan aplicables, pues en términos del artículo sexto transitorio de la vigente Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, el cual dispone lo siguiente: "Sexto. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la ley." En mérito de lo expuesto, fundado y motivado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75, 119, 124 y 217 de la Ley de Amparo se: R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Álvaro Teodoro López Mondragón, contra los actos, la autoridad y por las razones expresadas en el último considerando. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria María Isabel López Mondragón, que autoriza, firma y da fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; dos de septiembre de dos mil dieciséis. Téngase por recibido el oficio y anexos enviados por el Agente del Ministerio Público, adscrito al Segundo Turno de Atlacomulco, Estado de México, a través del cual remite copia certificada de la noticia criminal 362860063016, relativa al delito de daño en los bienes, las cuales se tienen como complemento al informe justificado de la responsable, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Sobre el particular se invoca la tesis XXI.2o.16 K, publicada en la página 1081 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2001, Tomo XIII, Novena Época, del rubro siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. SE CONSTITUYE CON LAS CONSTANCIAS QUE LO APOYEN." Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Maria Isabel Lopez Mondragon que autoriza, firma y da fe.
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