Álvaro Villanueva Perales
Expediente 1164/2022 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 5 actuaciones registradas, la última del 2 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1164/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 02/01/2023
Partes del expediente
- Álvaro Villanueva Perales
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, dos de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos, especialmente con el contenido de la certificación con que se da cuenta, se advierte que ninguna de las partes interpuso el recurso de revisión previsto en el artículo 81, fracción I, inciso d) de la Ley de Amparo, en contra del auto de siete de diciembre de dos mil veintidós, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, dentro del juicio de amparo 1164/2022-VIII; en tal razón, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que dicho acuerdo ha causado estado para todos los efectos legales. En consecuencia, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo, debiendo hacer las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, y que no existen documentos originales agregados al expediente; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto sobreseído; además, a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. En la inteligencia de que una vez transcurrido el término de tres años, este Juzgado de Distrito dentro de los treinta días siguientes, deberá iniciar el procedimiento de destrucción y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, tomando en cuenta que como hecho notorio para este tribunal, se advierte que la autoridad responsable se encuentra disfrutando de su periodo vacacional de este año; por tanto, se comisiona a la actuaria adscrita para que una vez que reanude sus labores dicha dependencia, haga entrega del comunicado derivado de este auto. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Edgar Ulises González González, Secretario del Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, siete de diciembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el informe justificado rendido por la Presidente de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, por ministerio de ley, con residencia en esta ciudad; en tal razón, agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda, sin que resulte necesario ponerlo a la vista en términos del numeral 117 de la Ley de Amparo, en virtud que del contenido de la informativa de mérito, se desprende una causal de improcedencia. Ahora bien, del estado que guardan los autos del presente juicio de garantías, se precisa que de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, el sobreseimiento del juicio se debe decretar cuando sobrevenga una causa de improcedencia, lo cual se puede dar en cualquier momento del juicio; en el presente caso, este Juzgado de Distrito advierte que el acto reclamado consistente en la omisión por parte de la autoridad responsable Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, de notificar de inmediato a las partes el laudo dictado el catorce de octubre de dos mil veintidós, dentro del expediente administrativo laboral ******************** sobreviene la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Asimismo, por encontrarse íntimamente vinculado con la causal de improcedencia de que se trata, también es de utilidad transcribir la fracción I del artículo 77 de la legislación de la materia: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y ." La interpretación literal y sistemática de dichos preceptos conduce a determinar que, para que la causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que se derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiera otorgado el amparo, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Lo que antecede, encuentra apoyo en la jurisprudencia número 2a./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, materia común, Novena Época, registro digital 193758, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Lo anterior es así, toda vez que del contenido del informe justificado de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, se advierte que el veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, notificó a las partes (entre ellas al aquí quejoso ********************) el laudo de fecha catorce de octubre del año en curso, cuya omisión se dolía el impetrante, por lo que ha quedado sin efectos el acto reclamado, puesto que, como se dijo, la autoridad responsable notificó el laudo correspondiente dentro del expediente administrativo laboral ******************** que era esencialmente, la causa de pedir en esta instancia constitucional. En tales condiciones, al haber cesado los efectos del acto reclamado conlleva a que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, ante lo cual resulta procedente sobreseer en el presente juicio constitucional, con fundamento en lo establecido por el artículo 63, fracción V, de la invocada legislación. No constituye obstáculo para arribar a la conclusión que antecede, el hecho de que se haya decretado el sobreseimiento de este juicio sin que preceda audiencia constitucional, pues la causal de improcedencia de que se habla es notoria y a nada práctico conduciría esperar hasta el desahogo de la audiencia para tal determinación, si el resultado del fallo sería en el mismo sentido, lo cual es acorde con la garantía establecida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que la administración de justicia tiene que ser pronta y expedita. Tiene aplicación al respecto, la tesis de jurisprudencia, 2a./J. 10/2003, emitida por la Segundad Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, del mes de marzo de 2003, Materia Común, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales Esta foja corresponde a la culminación del acuerdo dictado el siete de diciembre de dos mil veintidós, dentro del juicio de amparo 1164/2022-VIII. Conste. Secretaria que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Finalmente, por lo anteriormente expuesto, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional fijada para las diez horas con quince minutos del dieciséis de diciembre de dos mil veintidós (fojas 6 y 7). Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada María Dolores Camacho Díaz, Secretaria que actúa y da fe.
- Principal
De conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, notifico a la tercero interesada Alejandra Monzón Cázares, la resolución de siete de diciembre de dos mil veintidós, por medio de lista, al no haber acudido a este Juzgado de Distrito a recibir la notificación respectiva de manera personal.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. Visto el escrito de demanda de amparo enviada vía electrónica por la licenciada Guillermina Guadalupe Díaz Nava, en su carácter de apoderada jurídica de Álvaro Villanueva Perales, contra actos de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad; regístrese en el libro de gobierno que para ese efecto se lleva en este juzgado, con el número 1164/2022-VIII. Al no advertirse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35, 107, 108, 112 y 115, de la Ley de Amparo, se admite a trámite la misma. Con apoyo en el ordinal 107, fracción XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 5º, fracción IV, de la ley de la materia, dese la intervención que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este tribunal. Sin que se tramite incidente de suspensión en atención a que del contenido del escrito de demanda de cuenta no se advierte el capítulo correspondiente para ello, aunado a que el acto reclamado no se encuentra en los supuestos para decretarla de oficio en términos de los preceptos 126 y 127, ambos de la Ley de Amparo. En términos del artículo 117 de la legislación en cita, pídase el informe justificado a las autoridades señaladas como responsables, quienes deberán rendirlo dentro del término de quince días contados a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo y, de ser cierto el acto reclamado por la parte quejosa, remitir las constancias necesarias; apercibidas que de no dar cumplimiento a lo anterior en el plazo concedido o no remitir la copia certificada completa y legible de las citadas constancias para la solución del juicio constitucional, se harán acreedoras en forma individual a una multa de cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, moneda nacional); lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Asimismo, requiérase a las partes para que informen oportunamente a este tribunal, si cesaron los efectos del acto reclamado o si ocurren causas notorias de sobreseimiento como lo prevé el artículo 64 de la ley de la materia, con el apercibimiento que de no hacerlo así, con sustento en el numeral 251 de la legislación de la materia, se les impondrá en forma individual una multa por la cantidad de $2,886.60 (dos mil ochocientos ochenta y seis con sesenta centavos, moneda nacional), equivalente a treinta veces el valor diario de la indicada unidad de medida. Se cita a la audiencia constitucional, misma que se llevar á a cabo a las diez horas con quince minutos del dieciséis de diciembre de dos mil veintidós. Por otra parte, la quejosa señala como tercero interesada a Alejandra Monzón Cázares, con domicilio en calle Quinta, Número 500, Despacho 6, esquina con calle Canales, Centro, en esta ciudad, para lo cual de conformidad con lo establecido por el artículo 26, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, se comisiona a la actuaria adscrita, quien deberá constituirse en dicho lugar, y con copia simple del escrito inicial de demanda, emplace a esta contienda constitucional a la referida tercero interesada; lo anterior, para que de estimarlo conveniente, se apersone al presente juicio de amparo a defender sus derechos. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las pruebas documentales que adjunta la parte quejosa a su demanda de garantías, las que serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente al celebrarse la audiencia constitucional. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que menciona en su libelo de demanda y como autorizado en términos del numeral 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Daniel Olivares Montoya, quien se encuentra registrado en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal y respecto a Mayte Alejandra Díaz Nava y Perla Yuleth Ponce Carreón, se les tiene únicamente para los efectos precisados en primer término, hasta en tanto demuestren ante este tribunal contar con cédula que las acredite como licenciadas en derecho. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada María Dolores Camacho Díaz, Secretaria que actúa y da fe.
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