Álvaro Vilchis Rodríguez

Expediente 1336/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1336/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
18/09/2018

Partes del expediente

  • Álvaro Vilchis Rodríguez

Actuaciones

  1. Principal

    Se declara que el proveído de treinta de agosto de dos mil dieciocho, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, ha causado estado. Haganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese como asunto concluido

  2. Principal

    III.- DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE SE NOTIFICA AL QUEJOSO EL AUTO DE TREINTA DE AGOTSO DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Vista la demanda de amparo promovida contra actos del Juez Quinto Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México y otras autoridades; fórmese expediente físico y electrónico, regístrese en el libro de gobierno con el número 1336/2018-III. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS, se tienen como autoridades responsables y actos reclamados en esta vía constitucional los siguientes:  De la Agente del Ministerio Público Adscrita al Centro de Justicia Para Mujeres de Toluca, Estado de México, dependiente de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la integración de todas y cada una de las constancias que integran la carpeta de investigación TOL/FVG/VGT/107/119294/18/06, con número económico 287/18.  Juez y Notificador adscritos al Juzgado Quinto Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, la sentencia definitiva de veintiuno de septiembre de dos mil nueve, dentro del juicio 590/2009, relativo al procedimiento de controversia de derecho familiar, en el que se le condena al quejoso al pago de una pensión alimenticia, así como el emplazamiento a dicho juicio. SEPARACIÓN DE AUTOS. Precisado lo anterior y en consideración al hecho de que el presente asunto se rige por la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la cual entró en vigor al día siguiente, es necesario hacer referencia al artículo sexto transitorio de dicho ordenamiento, el cual señala: "SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley". Pues bien, dentro de la jurisprudencia que se integró conforme a la anterior ley de la materia se encuentran aquellos criterios en los que se estableció la institución de la separación de juicios, misma que si bien no estaba prevista en la Ley de Amparo abrogada, como tampoco lo está en la hoy vigente, fue incorporada al juicio de amparo a través de los criterios jurisprudenciales números P./J.76/97, P.J.77/97 y P.J.78/97, pronunciados por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 6/96, entre las sustentadas por el Primer y Segundo Tribunales Colegiados del Quinto Circuito, localizables en las páginas 117, 118 y 119, Tomo VI, Septiembre de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubros son: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA"; "SEPARACIÓN DE JUICIO. REGLAS PARA SU TRAMITACIÓN EN EL JUICIO DE GARANTÍAS; y, "SEPARACIÓN DE JUICIOS. EL JUEZ DE DISTRITO, AL DECRETARLA, DEBERÁ TOMAR LAS MEDIDAS Y SEÑALAR EL TRATO QUE A CADA UNO CORRESPONDA". Criterios de cuya lectura se colige que dicha figura jurídica tiene por objeto dividir la demanda de amparo, a efecto de analizar, en forma separada y autónoma, los diversos actos que provienen de juicios desvinculados entre sí, reclamados a las autoridades responsables en una sola demanda, y que para determinar la separación de los juicios de amparo, los actos que se reclamen en una misma demanda de amparo deben ser distintos por derivar de diferentes procedimientos, o bien, porque se reclamen a las mismas autoridades responsables, distintos actos desvinculados entre sí, aunque sean diversos los quejosos. Es importante señalar que el objetivo primordial de las separación de juicios es que se logre una tramitación más diáfana en los juicios de amparo, para evitar que en lo futuro se dicten fallos complicados y confusos en su comprensión, además de evitar en lo posible las complicaciones en su cumplimiento y facilitar la tramitación de los recursos que llegaren a interponerse. Así pues, en el presente caso, y atento a que la Ley de Amparo vigente no contiene ninguna disposición en la que se prohíba la separación de juicios, esta juzgadora federal, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 66 de la citada ley, donde se da la posibilidad de determinar, atendiendo a las circunstancias de cada caso, si alguna cuestión incidental como la que aquí se presenta, se resuelve de plano, amerita un especial pronunciamiento o si se reserva para resolverlo en la sentencia, considerando lo anterior, esta juzgadora procede a declarar de plano la separación de la demanda de amparo que originó el presente juicio pues, como se ve, los actos que la parte quejosa, reclama de las autoridades responsables, tienen naturaleza jurídica distinta entre sí. Se afirma lo anterior dado que la integración de la averiguación previa TOL/FVG/VGT/107/119294/18/06, atribuida al representante social no tiene ninguna relación con el diverso acto señalado como sentencia definitiva de veintiuno de septiembre de dos mil nueve, dentro del juicio 590/2009, del índice del Juzgado Quinto Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México. Sin que pase desapercibido para la suscrita que el quejoso refiere que la indagatoria se instruye en su contra por el hecho delictuoso de incumplimiento de pensión alimenticia, con motivo de la sentencia dictada en el procedimiento civil; en embargo, no es posible realizar un análisis conjunto de dichos actos, dado que la naturaleza de los procedimientos es distinta (penal y civil). Por tanto, si la diversidad de actos reclamados tienen naturaleza distinta y su estudio llevaría al análisis de aspectos jurídicos ajenos entre sí, entonces no existe razón para que en un mismo juicio se estudien conjuntamente. Máxime que la jurisprudencia invocada con antelación, como ya se dijo, resulta obligatoria para este órgano jurisdiccional, en términos del referido artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la cual entró en vigor al día siguiente. En consecuencia, por oficio dirigido a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en esta ciudad, remítase copia autorizada de la demanda de amparo, con la finalidad de que le asigne el turno correspondiente lo turne de manera aleatoria, en el que se conocerá y resolverá respecto del acto reclamado consistente en la sentencia definitiva de veintiuno de septiembre de dos mil nueve, dentro del juicio 590/2009, relativo al procedimiento de controversia de derecho familiar, en el que se le condena al quejoso al pago de una pensión alimenticia, así como el emplazamiento a dicho juicio. En ese tenor, se hace hincapié que en el presente juicio de amparo se resolverá respecto al acto atribuido al Agente del Ministerio Público Adscrita al Centro de Justicia Para Mujeres de Toluca, Estado de México, dependiente de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, consistente en la integración de todas y cada una de las constancias que integran la carpeta de investigación TOL/FVG/VGT/107/119294/18/06. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Ahora bien, por lo que hace a los actos reclamados consistentes en: la integración de la carpeta de investigación TOL/FVG/VGT/107/119294/18/06, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, con relación al artículo 21, párrafo primero, de la Constitución Federal, que al efecto señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley.". "Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinarálos casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial." (Lo subrayado es propio). A efecto de lo anterior, cabe señalar el contenido del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los siguientes términos: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;" Resulta conveniente, a manera de preámbulo y con el propósito de ubicar adecuadamente el problema que se plantea, tomar en cuenta lo que establece el artículo 5°, fracción I. de la Ley de Amparo: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." De los preceptos transcritos se advierte que el juicio de amparo podrá promoverse únicamente por la parte a quien perjudique el acto que se reclama. En relación con el agravio y perjuicio, éste debe ser actual para justificar la acción de amparo y por perjuicio la afectación por la actuación de una autoridad; o por la ley, de un derecho legítimamente tutelado. De ahí que no basta la presentación de la demanda de amparo para estimar que, por ese solo hecho, se tenga por acreditada la comprobación del interés jurídico del quejoso, pues para ello es necesario que se demuestre, en este caso, que el acto reclamado lesiona sus intereses jurídicos. Sentado lo anterior, es pertinente precisar si de las actuaciones realizadas por el Ministerio Público en la integración de carpeta de investigación, dirigida a quien le resulte carácter de imputado, causan algún perjuicio al gobernado, actualizándose con ello el interés jurídico que se requiere para promover el juicio de amparo. En efecto, en relación con el tema que nos ocupa, puede establecerse que el precepto constitucional transcrito impone al Ministerio Público la investigación y persecución de los delitos, auxiliándose de una policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato; Asimismo, resulta importante tener presente que la carpeta de investigación constituye medularmente una investigación a través de la cual la fiscalía trata de hacerse del material probatorio necesario para sustentar un caso, que presentará ante el Juez con el fin de que éste tenga buenas posibilidades de éxito. Es decir, dicho procedimiento penal constituye el instrumento con el que cuenta en exclusiva el órgano acusador para construir, adecuadamente, casos penales. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido el criterio reiterado de que, por regla general, la integración de la averiguación previa o carpeta de investigación no es susceptible de control constitucional, pues no trascienden irreparablemente a la esfera jurídica del gobernado, pues no le irrogan un perjuicio, ya que éste en todo caso se materializa hasta que la autoridad judicial a quien corresponda conocer de la causa penal determine si procede o no librar la correspondiente orden de aprehensión. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila, visible en la página 2592, Tomo IV, Décima Época, Agosto de 2016, con número de registro 2012423, del rubro siguiente: "INVESTIGACIÓN INICIAL. LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA RESPECTIVA POR EL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE ESTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ORAL, POR REGLA GENERAL, ESTÁ EXENTA DEL CONTROL CONSTITUCIONAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR NO AFECTAR EL INTERÉS JURÍDICO NI LEGÍTIMO DEL GOBERNADO." Así como la Jurisprudencia con número de registro 226462, proveniente de los Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en la página 689, Tomo V, Segunda Parte-2, Enero-Junio de 1990, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo rubro es el siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN DEL MINISTERIO PUBLICO ACTOS RELATIVOS A LA INTEGRACIÓN DE UNA AVERIGUACIÓN PREVIA." Con base en todo lo anterior, es dable concluir que si por mandato constitucional el Ministerio Público, por una parte, goza de las facultades de investigar los delitos y, por otra, tiene la obligación de acreditarlos; por tanto, las actuaciones que integran la carpeta de investigación no le irrogan un perjuicio a la parte quejosa, en razón que la autoridad ministerial cumple con su deber constitucional al integrar una carpeta de investigación respecto de hechos probablemente constitutivos de delitos, de los cuales la sociedad tiene interés de que se castigue a los responsables; máxime que dicho perjuicio se materializará, en su caso, hasta que se ejerza acción penal y la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resulta procedente o no librar, una orden de aprehensión, pues estimar lo contrario, entorpecería las facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público anteponiendo el interés particular en este caso, el del quejoso, al de la sociedad. Luego, la integración de la carpeta de investigación, de la que se duele la parte quejosa no constituye un acto de imposible reparación al no afectar derechos sustantivos, que pueda ser combatido a través del juicio de amparo, reclamando las violaciones que alude Por los motivos anteriores, y con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, con relación al artículo 21, párrafo primero, de la Constitución Federal, se desecha la demanda de amparo por lo que hace al acto reclamado consistente en: la integración de la carpeta de investigación TOL/FVG/VGT/107/119294/18/06. DOMICILIO. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. AUTORIZADOS. En atención a la certificación de cuenta, se tienen por autorizadas en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Javier Reza Miranda, Iván Pérez Romero y Yareli Araceli Flores Arias, toda vez que cuentan con el registro de su cédula profesional para ejercer la profesión de Licenciado en Derecho, en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, con la salvedad que no así para recoger valores en atención a que la legislación aplicable no lo contempla y respecto de las diversas personas que refiere en términos restringidos de dicho numeral, es decir únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, restricción que subsiste hasta en tanto tengan registrada su cédula profesional en dicho sistema. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Ahora bien, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, y a fin de evitar que los juicios de amparo queden paralizados, con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario Judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en el expediente en que se actúa. TRANSPARENCIA. Suprímanse los datos personales y sensibles que contengan las actuaciones generadas en el presente juicio. Sin embargo, queda expedito el derecho de las partes para manifestar si es su deseo que se publique esta información.

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