Alvaro Vanoye Lara

Expediente 1244/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1244/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
13/07/2022

Partes del expediente

  • Alvaro Vanoye Lara

Actuaciones

  1. Principal

    Se agrega el oficio número 11912/2022 signado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con residencia en esta ciudad, por el cual, remite copia debidamente certificada del oficio 11157/2022, dirigido a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, el cual fuera notificado a dicha potestad el uno de julio de dos mil veintidós. Al respecto, se tiene a la autoridad por informando lo anterior. En vista a lo anterior, toda vez que ya transcurrió el término establecido en el oficio 11157/2022, dirigido a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, con fundamento en los artículos 192, 193 y 195 de la vigente Ley de Amparo, requiérase al Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días informe la respuesta dada por parte dicha potestad, y/o en su caso las medidas tomadas para lograr le ejecución del laudo emitido en el juicio laboral 534/E/2014. Lo anterior, bajo el apercibimiento de que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización vigente, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 258, en relación con el diverso arábigo 238 de la ley invocada. Notifíquese. A

  2. Principal

    PARA QUE LE SURTA EFECTOS DE NOTIFICACION PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA DEL AUTO DE LA FECHA EN CITA POR EL CUAL Se agrega el escrito de once de julio de dos mil veintidós signado por el quejoso Álvaro Vanoye Lara, a través del cual da cumplimiento a lo requerido por auto de ocho de julo de dos mil veintidós, manifestando que señala como acto reclamado el siguiente: "ACTO RECLAMADO: 1.- LA ILEGAL MULTA DE $470,881.56 (CUATROCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS OCHNTA Y UN PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS 56/100 M.N.)." Ahora, el quejoso manifiesta que el acto reclamado consiste en la multa de $470,881.56 (cuatrocientos setenta mil ochocientos ochenta y un pesos 56/100 moneda nacional). No obstante, de la lectura integral de la demanda de amparo y del escrito que se provee, se advierte que dicha cantidad deriva de la suscripción del convenio celebrado entre el quejoso y la autoridad responsable, pues refiere -en su escrito inicial- que "en veintiocho de junio del presente año se me hizo firmar un convenio de pago Y ME EXIGIERON UN AVAL POR QUE SI NO CUBRIA LAS CANTIDADES EXIGIDAS NOS CORTARIAN LA LUZ A AMBOS POR LO QUE MI HIJO EDWIN ALAN VANOYE EGUIA me apoyo para ser el aval que exigieron como requisito y se me pidió como un anticipo de $103,000.00 después de pagar dicha cantidad se me informo que la cantidad aumentaba debido a los intereses sumando dan la cantidad de $470,881.56 (CUATROCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS) con pagos mensuales demasiado altos difíciles de pagar DESCRITO EN EL CONVENIO QUE ME VI FORZADO A FIRMAR POR LA IMPERIOSA NECESIDAD DE LA LUZ ELÉCTRICA." (SIC). Al respecto, como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que establece: "Artículo 113.- El juez de distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano.". Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el juez de distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse a las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad hace el promovente en el escrito de la demanda de amparo, y así considerarla probada sin lugar a dudas, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría a la parte quejosa de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto que pudiera causarle perjuicio. Al respecto, este juzgado advierte que de manera clara y manifiesta se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 1°, y 5°, fracción II, del primer ordenamiento legal invocado, en virtud de que los actos reclamados no pueden considerarse actos de autoridad para efectos del juicio de amparo ni equiparables a ellos. En principio, es menester transcribir lo que disponen los preceptos legales 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 1°, fracción I, y 5°, fracción II, mismos que establecen lo siguiente:"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De la exégesis de los preceptos normativos citados, así como de la naturaleza y fines del juicio de amparo, se establece que no es suficiente con que se reclame una violación a los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Federal, así como por los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano sea parte -como por ejemplo la falta de garantía de audiencia vía concepto de violación-, para que el juicio de amparo sea procedente, sino que es necesario que la contravención de los derechos fundamentales corra a cargo de una autoridad. Luego, para determinar qué se entiende por autoridad para efectos del juicio de amparo, tenemos que en la jurisprudencia por reiteración de tesis 164/2011, sustentada por la propia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobada en sesión privada del siete de septiembre de dos mil once, se determinó que las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. El criterio en comento, se desprende de la Jurisprudencia 2a./J. 164/201 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número de registro 161133, de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS". En vinculación con lo anterior, se advierte que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada, a que los actos que se reclamen se consideren como de autoridad, entendiéndose por tal, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Así, el concepto actual de autoridad para efectos del juicio de amparo, refiere a aquellas a quienes la norma legal faculta para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales, esto es, acto de autoridad para efectos del juicio de amparo es el emitido en ejercicio de facultades decisorias que le están atribuidas al emisor en la ley y que, por ende, constituyen una potestad del Estado, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública su fuente, lo que permite concluir que el concepto de autoridad por regla general excluye a los actos de particulares. Lo anterior con independencia de la naturaleza formal del ente emisor, pues incluso la propia Ley de Amparo, precisa que tendrán la calidad de autoridad para efectos del juicio, los particulares cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos ya citados, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En el caso al tratarse de una cantidad que deriva de la suscripción de un convenio celebrado entre la parte quejosa y la Comisión Federal de Electricidad, no se advierte que dicha empresa productiva del Estado se encuentre en un plano de suprasubordinación respecto del particular, sino en un plano de igualdad al tratarse de una cuestión de índole contractual; de manera que, en el caso concreto la CFE no puede ser considerada como autoridad para efectos del juicio de amparo. Luego si los actos que derivan del contrato de servicio de energía eléctrica no son actos de autoridad, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 1°, fracción I, y 5°, fracción II, del primer ordenamiento legal invocado, en virtud de que los actos reclamados no pueden considerarse actos de autoridad para efectos del juicio de amparo ni equiparables a ellos. Por tanto, al ser manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO.Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    agréguese a los autos para que obre como en derecho corresponda el oficio firmado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimonoveno Circuito, con residencia en esta ciudad, por el cual informa que atendiendo el oficio SECNO/STCCNO/521/2022 correspondiente al Programa para el Turno Aleatorio de Asuntos a los Órganos Jurisdiccionales Auxiliares; del que desprende que el recurso de revisión 317/2021 fue seleccionado para su envío al Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Decimoprimera Región, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, para el dictado de la sentencia, de lo que se toma nota para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  4. Principal

    PARA QUE LE SURTA EFECTOS DE NOTIFICACION PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA DEL AUTO DE LA FECHA EN CITA POR EL CUAL previamente a acordar lo que corresponda sobre la admisión de la demanda de cuenta, con fundamento en el artículo 114, fracción I, en relación con el 108 fracción I, de la Ley de Amparo, por notificación personal, se requiere a la parte quejosa para que dentro del término de CINCO DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que se le haga, realice lo siguiente: Aclare si el acto reclamado consiste en una multa por la cantidad de $470,881.56 (cuatrocientos setenta mil ochocientos ochenta y un pesos 56/100 M.N.), o bien, si reclama el convenio número 20223A1205195, con número de folio 3A173. Asimismo, aclare si señala como acto reclamado el corte de energía eléctrica en su domicilio. Manifieste bajo protesta de decir verdad, si actualmente en el domicilio que habita cuenta con electricidad.Lo anterior, bajo el apercibimiento de que de no cumplir con lo requerido dentro del plazo señalado para ello, la demanda de amparo se tendrá por no presentada en términos del párrafo séptimo del numeral 114 de la ley de la materia en vigor. Además, se hace de su conocimiento que deberá exhibir las copias necesarias del escrito aclaratorio, como partes sean en el juicio, en el entendido de que de no hacerlo así, la demanda se acordará lo que en derecho proceda. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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