Alvaro Uriel Flores Meneses
Expediente 1081/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1081/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 24/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Alvaro Uriel Flores Meneses
- Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito
Actuaciones
- Principal
Juicio de amparo 1081/2023-I.. Puebla, Puebla, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. A los autos el oficio signado por el actuario adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, al que inserta el acuerdo de veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés, emitido por el magistrado presidente de ese tribunal, mediante el cual admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por el quejoso Álvaro Uriel Flores Meneses, bajó el número 241/2023.
- Principal
Juicio de amparo 1081/2023-I.. Puebla, Puebla, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Exhorto diligenciado Al expediente el oficio signado por el actuario adscrito al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, por el cual devuelve diligenciado el exhorto 335/2023, con número de orden 662/2023. En consecuencia, queda notificado el quejoso del auto de dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, por medio de la diligencia personal realizada el nueve de noviembre de dos mil veintitrés, para los efecto legales conducentes. Se ordena dar de baja la citada comunicación oficial en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Recurso de queja. Ahora bien, vista la diligencia de notificación personal realizada al quejoso el nueve de noviembre del presente año, se advierte que el quejoso Álvaro Uriel Flores Meneses, de la cual se advierte que interpone recurso de queja contra el proveído de dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, se tiene interpuesto dicho recurso. Sin que resulte necesario proceder en términos del artículo 101 de la ley de la materia (dar vista a las partes con el recurso) pues el recurrente resulta ser la única parte en el presente juicio, dado el desechamiento de la demanda. Remisión del recurso. Ahora, de manera respetuosa, se hace saber al Tribunal Colegiado que por turno le toque conocer del presente asunto que, en términos de los artículos 3 y 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el expediente físico de este juicio de amparo, sólo tiene las promociones que se presentaron de manera escrita, así como las actuaciones que se realizaron de manera presencial, por lo que la documentación generada electrónicamente -como los acuerdos emitidos por este órgano jurisdiccional- sólo deben constar en el expediente electrónico sin necesidad de imprimirse. Aunado a que las promociones recibidas físicamente deben integrarse al expediente electrónico mediante la utilización de la FIREL, con lo cual producirán los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa. En consecuencia, se procederá a vincular el expediente electrónico con el tribunal de alzada para la resolución del recurso, por lo que resultará innecesario remitir copias de este expediente, pues tendrá acceso a todas ellas, a través del expediente electrónico. Por tanto, sólo se generará un oficio para la remisión de una impresión del oficio al cual se encuentra adjunta la diligencia de notificación personal en la que el quejoso interpone el recurso de queja -el cual se recibió vía interconexión-, mismo que deberá dirigirse al Encargado de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Sexto Circuito, para que éste lo turne al órgano que deba substanciar el recurso de queja. Informe de la queja. Entonces, con motivo de todo lo anterior, en este proveído se rinde el informe sobre el recurso de queja en los términos siguientes: ES CIERTO EL ACTO MATERIA DE LA QUEJA, porque en proveído de dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, se determinó desechar de plano la demanda de amparo, por las razones desarrolladas en ese acuerdo. Vinculación del expediente electrónico. En mérito de lo anterior, desde este momento, se instruye a la Oficial Judicial "A", encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, habilite en el expediente electrónico de este juicio de amparo, la pestaña correspondiente a "vincular con otro órgano" para que el tribunal colegiado al que por turno le corresponda conocer del recurso de queja, esté en oportunidad de consultarlo y consiga visualizar las constancias que estime necesarias. Notifíquese; por oficio al Encargado de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Sexto Circuito; y cúmplase.
- Principal
Juicio de amparo 1081/2023 .. Puebla, Puebla, seis de noviembre de dos mil veintitrés. Directora cumple requerimiento. Al expediente el oficio signado por la Directora de Asuntos Penales del Instituto de la Defensoría Pública, del Poder Judicial del Estado de Puebla, mediante el cual cumple el requerimiento formulado en el acuerdo de dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, al designar al licenciado ++++++ como defensor público del quejoso ++++++++++. Además, proporciona el número telefónico y correo electrónico del citado defensor. Requerimiento al defensor público designado. En consecuencia, dada la designación realizada, cítese al defensor público Julio Arturo Gómez Peña para que acuda a las instalaciones de este juzgado de distrito, dentro del plazo de tres días, el cual será computado a partir del día siguiente en que le surta efectos la notificación respectiva, en un horario de 10:00 a 13:00 horas para aceptar y protestar el cargo de defensor público del quejoso Álvaro Uriel Flores Meneses. Para ello, bajo protesta de decir verdad, deberá presentar su cédula profesional en original en esa diligencia, para corroborar su identidad, personalidad y capacidad procesal. Por último, se apercibe a dicho defensor que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización (a razón de su valor diario), de conformidad con los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese; personalmente al defensor público Julio Arturo Gómez Peña en las instalaciones del Instituto de la Defensoría Pública del Poder Judicial del Estado de Puebla. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Juicio de amparo 1081/2023-I.. Puebla, Puebla, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Radicación del expediente. Visto el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, al que se inserta el proveído dictado el cinco de octubre de este año, en autos del juicio de amparo 702/2023, a través del cual, titular de ese juzgado de distrito declina la competencia para conocer de la demanda de amparo signada por ++++++++++++++++ En consecuencia, se ordena registrarlo con el número que corresponda y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Precisión del acto reclamado El único acto que se reclama en la demanda y por el cual se declinó la competencia es el siguiente: ".La negativa e ilegalidad en su acuerdo de fecha 20 de junio del año 2023; con número de exhorto: 51, el cual se me notificó el día 09 de julio del 2023, a las 11:45 a.m. en mi lugar de reclusión; en relación a mi proceso penal 303/2011, al índice el Juzgado Primero Penal en Puebla de Zaragoza. En dicho acuerdo emitido por el C. Juez Primero de lo Penal, se acordó en el punto PRIMERO ordena remitir oficio al Titular del Instituto de Ciencias Forenses, para que sean notificados los peritos en tercería, la doctora María Virgina del Valle Meléndez y Yesica Romero Jiménez, para que en el término de 5 días exhiban su dictamen correspondiente del suscrito, en relación al Protocolo de Estambul. En el punto SEGUNDO se tiene a Ramón Jonathan Rodríguez Luna defensor particular del suscrito, el cual solicita se REVOQUEN a los peritos designados por la Fiscalía General del Estado y sean designados por el Tribunal Superior de Justicia, pero surge la negativa ilegal y se dice que se esté a lo acordado en el punto que antecede (PRIMERO)." De ahí que, la suscrita se pronunciará con relación a la competencia planteada por la jueza declinante únicamente por lo que respecta al acto reclamado antes transcrito, sin considerar el diverso escrito del quejoso al que hace referencia el juez federal oficiante (sin remitirlo), relativo a la solicitud de auxilio que realiza el quejoso para promover juicio de divorcio incausado, por las tazones siguientes: De inicio, se tiene que la solicitud que realiza el quejoso para ejercer una acción civil (divorcio), no es señalada como acto reclamado; por lo tanto, aun cuando se presentara de manera paralela a la demanda no significa que forma parte de ella; incluso, la declinación de competencia que plantea la homologa federal únicamente se basa en el acto reclamado anteriormente transcrito. Ahora, es cierto que la demanda de amparo debe ser analizada en su integridad, tal como lo ha sostenido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P./J. 40/2000; lo que implica analizar las constancias que en ella se adjunten; sin embargo, ese análisis debe efectuarse bajo parámetros lógicos; por lo tanto, la suscrita no puede pronunciarse con relación a un escrito que no forma parte de la demanda ni tiene relación alguna con el acto reclamado (y que la declinante tampoco remitió). Sobre todo, si se toma en consideración que las peticiones formuladas en ellos son material y formalmente distintos (demanda de amparo contra un acto penal y el auxilio para ejercer la acción de divorcio). Más aún, la competencia que la suscrita despliega en su actuar, en función de su jurisdicción, únicamente se ciñe a actos de naturaleza penal, lo que no aplica con la jueza declinante porque su competencia es mixta, por lo que sí pudiera conocer de tal petición o, cuando menos reencausarla, como lo hizo el más alto tribunal, como enseguida se evidenciará. En segundo lugar, la propia jueza declinante reconoce en el proveído de cinco de octubre de este año, que tal escrito ya fue reencausado legalmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque remitió una versión digitalizada de este escrito al Instituto Federal de la Defensoría Pública para que se brinde al quejoso la asistencia jurídica respectiva. Por lo tanto, la suscrita carece de facultades (por jurisdicción y competencia) para atender dicho escrito; que además, no fue remitido por la jueza declinante; sobre todo, porque, como se mencionó, ya fue atendido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De ahí que, la suscrita juzgadora sólo se pronunciará en torno a la competencia declinada con base en el acto reclamado que se menciona en el escrito de demanda de amparo. Se acepta competencia Con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, se acepta la competencia planteada, respecto del acto reclamado transcrito en párrafos que preceden, tal como se menciona en el escrito de demanda de amparo promovido por Álvaro Uriel Flores Meneses. Tramitación electrónica del juicio de amparo. Se hace saber a las partes que, de conformidad con los artículos 3 y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente -como los acuerdos emitidos por este órgano jurisdiccional- constarán únicamente en el expediente electrónico; pues, una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Toda vez que el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de esa manera, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes para que, transiten hacia la actuación del juicio desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación -donde podrán consultar íntegramente el SALDAÑA expediente electrónico y presentar las promociones mediante el empleo de su firma electrónica-. Digitalización de la demanda de amparo. En virtud de que el oficio donde al que se adjunta el escrito de demanda de amparo fue recibido de manera física por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales1 , se ordena la digitalización de dicho documento y su incorporación al expediente electrónico a través del uso de la firma electrónica. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo,2 establece que la jueza de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. Sirve de apoyo a lo expresado, la tesis jurisprudencial de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". 3 En el presente caso, se observa que el acto reclamado por el quejoso actualiza el supuesto normativo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, esto es, el desechamiento de plano por una causa de improcedencia. Para demostrarlo, es necesario indicar que la lectura integral efectuada a la demanda, llevó a visualizar el acto reclamado consistente en: ".La negativa e ilegalidad en su acuerdo de fecha 20 de junio del año 2023; con número de exhorto: 51, el cual se me notificó el día 09 de julio del 2023, a las 11:45 a.m. en mi lugar de reclusión; en relación a mi proceso penal 303/2011, al índice el Juzgado Primero Penal en Puebla de Zaragoza. En dicho acuerdo emitido por el C. Juez Primero de lo Penal, se acordó en el punto PRIMERO ordena remitir oficio al Titular del Instituto de Ciencias Forenses, para que sean notificados los peritos en tercería, la doctora María Virgina del Valle Meléndez y Yesica Romero Jiménez, para que en el término de 5 días exhiban su dictamen correspondiente del suscrito, en relación al Protocolo de Estambul. En el punto SEGUNDO se tiene a Ramón Jonathan Rodríguez Luna defensor particular del suscrito, el cual solicita se REVOQUEN a los peritos designados por la Fiscalía General del Estado y sean designados por el Tribunal Superior de Justicia, pero surge la negativa ilegal y se dice que se esté a lo acordado en el punto que antecede (PRIMERO)." De la anterior trascripción, se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción V, de la misma legislación, ésta última, interpretada en sentido contrario, que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". De los anteriores preceptos se obtiene que un acto de imposible reparación, para efectos del juicio de amparo indirecto, es aquél que afecta de modo directo e inmediato los derechos sustantivos consagrados en la constitución federal y los tratados internacionales. Esto es así, ya que las referidas disposiciones recogen las bases previstas para el juicio de amparo, contenidas en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece como regla general que, el juicio de amparo indirecto sólo procede contra actos dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, entendidos como aquéllos que afectan directamente alguno de los derechos sustantivos.4 Por ende, los actos intraprocesales o adjetivos que no reúnan esas características, no producen una afectación directa e inmediata en los derechos fundamentales del quejoso, porque sus efectos, si acaso, se manifestarían en el contenido de la sentencia que ponga fin al procedimiento, siempre y cuando tales violaciones trasciendan al resultado de ese fallo, en cuyo caso, podrá el afectado interponer el recurso de apelación en el cual podrá exponer esa violación procesal como fuente de agravio. Así, puede decirse que los actos procesales no tienen el carácter de irreparables, mientras la afectación no incida directamente en derechos sustantivos y exista la posibilidad que el quejoso obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones, pues en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquella actuación desaparecen. Lo anterior se afirma, porque el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, define con precisión lo que se debe entender por actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, al señalar expresamente que son aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por lo que ahora, el legislador estableció de manera taxativa cuándo se produce una afectación de imposible reparación, a diferencia de lo que sucedía antaño, cuando esa irreparabilidad se desprendía de la interpretación que de ellos realizaran los órganos de amparo. Esas premisas conducen a visualizar que la determinación combatida por el quejoso no encuadra en los actos de imposible reparación. Esto es así, porque en el acuerdo dictado el veinte de junio de dos mil veintitrés, dictado en la causa penal 303/2011 del índice del Juzgado Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, donde no se proveyó de conformidad la solicitud de revocar a los peritos designados por el Titular del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado y, en su lugar, se designaran a diversos peritos adscritos al Tribunal Superior de Justicia, porque en opinión del quejoso, los ya nombrados carecen de imparcial e independencia, sólo constituyen actos relacionados con la conformación de la prueba pericial que, a la fecha en la que se emitió el acto reclamado aún no se habían presentado las opiniones periciales, lo que significa que ni siguiera se conocía las conclusiones a las que las peritas habían llegado. Por ende, sólo en el caso de que los dictámenes que al respecto se lleguen a emitir, sea adversos a los intereses del quejoso y, además, trasciendan al resultado de la sentencia que se llegue a emitir en el proceso penal de origen, es que podrían estimarse violadas las normas del procedimiento, tal como se precisa en la tesis XXX.2o.3 P (10a.), que el propio quejoso cita en su escrito de demanda. Además, si esos dictámenes periciales resultan favorables a los intereses del quejoso, ninguna repercusión habrá tenido la decisión del juez señalado como autoridad responsable de no revocar a las peritas en cita. Ello conduce a estimar que la resolución combatida en la demanda de amparo, no tiene las características de los actos de imposible reparación, pues los antecedentes relatados por el quejoso y sus conceptos de violación, revelan que su pretensión atañe a una decisión relacionada con la producción y valoración de la prueba, es decir, a la eficacia que puedan tener los medios de prueba que refiere en los conceptos de violación (dictámenes periciales). Lo cual de ninguna forma puede analizarse con la resolución combatida en la demanda, porque esta, como se dijo, únicamente determinó el requerimiento de los dictámenes periciales de las peritas en tercería son relación al Protocolo de Estambul, lo que no implica una decisión anticipada sobre el valor de esas pruebas para fincar la responsabilidad penal del quejoso. Por consiguiente, resulta patente la actualización de la causal de improcedencia ya mencionada, pues la determinación combatida en la demanda sólo comprende el requerimiento de los dictámenes periciales relativos al protocolo de Estambul, para determinar si existió o no actos de tortura en contra del quejoso. De modo que, el quejoso tiene la posibilidad de cuestionar el alcance y peso demostrativo de esas pruebas, cuando se discuta su utilidad para los extremos de la responsabilidad penal que se le pudiese fincar a las autoridades de las que se pruebe que intervinieron en los actos que alega el quejoso. Aunado a ello, la resolución de marras nunca impuso restricciones a los derechos sustantivos que tiene el quejoso como imputado en la causa penal, pues la decisión del juez responsable -combatida en la demanda-, no limitó el derecho de aquél para cuestionar el alcance de esas pruebas. Por consiguiente, no pueden visualizarse atributos de imposible reparación en la comentada determinación, pues el juez responsable nunca afectó derechos sustantivos del quejoso. Máxime que los antecedentes relatados en la demanda bajo protesta de decir verdad, y los conceptos de violación expuestos contra la mencionad determinación, permiten descartar que esta hubiera trascendido a derechos sustantivos del quejoso en la causa penal. Luego, no existen los elementos mínimos necesarios que permitan advertir una afectación directa e inmediata a algún derecho sustantivo del quejoso que se encuentre tutelado en la constitución federal o en los tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano. Así, debe afirmarse que la determinación emitida por el juez responsable el veinte de junio de dos mil veintitrés, en autos de la causa penal 303/2011, representa una decisión circunscrita a derechos adjetivos, que sólo pudieran generar violaciones procesales, si llegaran a trascender en la sentencia definitiva, y de ser así pueden alegarse en la instancia de apelación y eventualmente hasta el juicio de amparo directo, conforme al artículo 173, apartado A, fracción VII, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 173. En los juicios del orden penal se considerarán violadas las leyes del procedimiento con trascendencia a las defensas de los quejosos, cuando: Apartado A. Sistema de Justicia Penal Mixto [.] VII. No se le reciban las pruebas que ofrezca legalmente, o cuando no se reciban con arreglo a derecho.". De ahí que, no pueda considerarse que la resolución combatida en la demanda afecte los derechos sustantivos del quejoso, que es la condición indispensable para generar un acto de imposible reparación. Resultan aplicables al caso las tesis de rubro, texto y datos de localización siguientes: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO CUANDO EL ACTO RECLAMADO AFECTA SÓLO DERECHOS PROCESALES Y NO SUSTANTIVOS. Si el gobernado promueve demanda de amparo indirecto contra la falta de notificación personal de la sentencia pronunciada por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, en la que resuelve el recurso de revisión promovido contra lo resuelto en el amparo directo, es evidente que ello no le irroga afectación a sus derechos sustantivos, además de que contra dicha resolución no existe medio de impugnación alguno que pudiera promover; de ahí que el conocimiento de esta decisión, aun en el supuesto de que no hubiera sido notificada por la Sala citada, no irroga perjuicio a sus derechos fundamentales, ya que únicamente se está frente a una violación de carácter procesal, ante la cual, procede desechar la demanda de amparo indirecto, por no tratarse de un acto de imposible reparación violatorio de derechos sustantivos, en términos de la fracción V del artículo 107, en relación con el diverso 61, fracción XXIII, ambos de la Ley de Amparo." (Registro digital: 2013655, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, Materias(s): Común, Tesis: II.1o.21 K (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 39, Febrero de 2017, Tomo III, página 2186, Tipo: Aislada). "VIOLACIONES PROCESALES. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMAN ANTES DE QUE SE DICTE LA SENTENCIA DEFINITIVA, Y NO SE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS. La lectura integral de los artículos 158, primer párrafo, 161 y 166, de la Ley de Amparo, pone de relieve que los planteamientos relativos a cuestiones de índole procesal deben formalizarse a través de los conceptos de violación que se hagan valer en la demanda de amparo que en su caso y oportunidad se promueva en contra de la sentencia definitiva, lo que quiere decir que no pueden reclamarse en forma autónoma, ya que lo que da procedencia al juicio de garantías en la vía directa es precisamente la reclamación en contra del fallo que decidió el juicio en lo principal, respecto del cual no haya en la ley ordinaria ningún recurso o medio de defensa mediante el cual pueda ser modificado o revocado; razonamientos todos estos que cobran fuerza si se tiene en cuenta que es hasta dicho momento cuando se conocerá si la infracción trascendió o no, afectando las defensas del quejoso, pues casos hay en que aun ante la violación más inicua, si la sentencia definitiva es favorable a aquél en contra de quien se cometió, no tendrá legitimación para acudir al juicio; en consecuencia, al reclamar únicamente la violación procesal, el juicio deviene improcedente en términos de lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 158 y 166, fracción IV, de la Ley de Amparo, criterio éste que tendrá aplicación siempre y cuando no se esté frente a la infracción de derechos sustantivos." (Registro digital: 201562, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Materias(s): Común, Tesis: XXI.1o.28 K, 04/01/24 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IV, Septiembre de 1996, página 768, Tipo: Aislada). Bajo este contexto, con fundamento en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la diversa V, del numeral 107, 112 y 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de resolución reclamada al juez responsable no tiene los atributos de imposible reparación y por ende, actualizó una causal de improcedencia manifiesta e indudable, en términos de las consideraciones expuestas. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realice las anotaciones correspondientes al desechamiento previo. Publicación de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber al quejoso el derecho que le asiste para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitiera manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Presentación de promociones físicas. Se comunica a los intervinientes que la recepción de todas las promociones que deseen presentar de manera física, serán recibidas a través de la Oficialía de Partes de este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, la cual se encuentra ubicada en el inmueble donde dicho órgano jurisdiccional tiene su sede (avenida 23 poniente, número 2509, colonia Volcanes, Puebla, Puebla). Lo anterior, deberá ser observado en caso de que se pretenda presentar una promoción de forma física o exhibir documentos (incluidas garantías). Se designa defensor público. Esta operadora jurídica no pierde de vista que, el ahora quejoso se encuentra privado de su libertad en un centro penitenciario -según lo manifestado en el escrito de demanda-; y, además, no designó profesionistas para que lo asistan en el trámite de este juicio, ni siquiera nombró personas para recibir notificaciones. Por tanto, se ordena girar oficio a la Directora General de Defensoría Pública del Estado de Puebla, para que en el plazo de tres días hábiles siguientes a la fecha cuando le sea notificado este proveído, designe un defensor público que asista a la parte quejosa de este juicio. Al respecto, tiene aplicación la jurisprudencia de rubro siguiente: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO". Bajo ese contexto, se requiere a la titular de dicho órgano que dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente a la notificación del oficio derivado del presente proveído, instruya a la persona designada para representar a la parte quejosa en este juicio, presente escrito en el que se apersone a este juzgado federal, con cédula profesional que lo ampare como licenciado en derecho e identificación oficial con fotografía. Se apercibe a la mencionada directora que, en caso de no dar cumplimiento a lo anterior, en el plazo otorgado para tal fin, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización (a razón de su valor diario), de conformidad con los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo. Se gira exhorto. Al encontrarse el domicilio del quejoso fuera de la residencia de este juzgado de distrito, con fundamento en los artículos 297, fracción II, 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria y en términos de los artículos 79, 80, 81 y 82 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, líbrese atento y respetuoso exhorto -en línea- al Juzgado de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la Uruapan, en turno para que en auxilio de las labores de este órgano constitucional realice lo siguiente: 1. Notifique al quejoso Álvaro Uriel Flores Meneses el presente auto. 2. En el entendido de que la diligencia de notificación debe limitarse a lo antes señalado, y no tiene como objeto recibir cuestiones ajenas al proveído notificado, por lo que deberá instruirse al actuario en la práctica de la diligencia, precisando que la notificación deberá llevarse a cabo con el quejoso +++++++++++++++, que se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS-Michoacan", ubicado en el municipio de Buenavista, Tomatlán, Michoacán. 3. Lo anterior, en razón de que las diligencias que hayan de practicarse fuera de las oficinas de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, son estrictamente relacionadas con las determinaciones de los juzgadores y no las encomendadas por la particulares. En efecto, la normatividad que rige las funciones encomendadas al actuario judicial le impide llevar a cabo cualquier tipo de gestión o encargo de particulares; de ahí que el funcionario judicial que no acate tales disposiciones incurre en exceso en el ejercicio de sus funciones. Lo cual fue establecido en la consulta realizada por el Juez de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Puebla, resuelta mediante oficio CJF/VJ/3706/2017, del Consejo de la Judicatura Federal, referente al cuestionamiento acerca de si los actuarios y secretarios que acuden a diversas diligencias, en especial de notificaciones a los distintos Centro de Readaptación Social, incluyendo de máxima seguridad están facultados jurídicamente para recibir de las personas privadas de la libertad alguna clase de escrito para extraerlo del Centro de Reclusión. En el entendido de que si el interno se negara a firmar, el actuario de la adscripción podrá hacerlo constar en el acta de notificación. Con excepción de cuestiones urgentes que impliquen la integridad física, salud, vida o cualquier otro derecho sustantivo de carácter prevalente, en donde se faculta enunciativamente al órgano exhortado a que sin demora alguna emita el pronunciamiento respectivo, ello sin necesidad de hacerlo del conocimiento previo de este juzgado. Lo anterior a efecto de privilegiar la pronta impartición de justicia y la protección de los derechos fundamentales del acusado. Se faculta al juez, para que haga uso de las medidas pertinentes, a fin de lograr lo solicitado; incluso habilitar días y horas inhábiles, lo anterior de conformidad con los dispositivos 282, párrafo primero y 298, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, así como lo previsto en el artículo 21, último párrafo de la ley de la materia. Hágasele saber al juez exhortado que resulta innecesario que acuse recibo del oficio girado. De conformidad con el artículo 74 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite d Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a Cargo del Propio Consejo, se instruye cualquier actuario adscrito para que remita el oficio derivado de la presente determinación, digitalizado, así como la digitalización de las constancias ahí mencionadas, al referido juzgado federal exhortante, a través de su Oficialía de Partes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) mediante el uso de su firma electrónica vigente y reconocida por el Poder Judicial de la Federación. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información y datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Notifíquese; y por exhorto al quejoso y, cúmplase
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