Álvaro Ulises Torres Ramírez

Expediente 2210/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2210/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
22/11/2022

Partes del expediente

  • Álvaro Ulises Torres Ramírez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, veintidós de noviembre de dos mil veintidós. Se recibe papeleta de turno. Ténganse por recibida la papeleta de turno otorgada a la revisión interpuesta por la parte quejosa, en auto de diecisiete de octubre de la presente anualidad, contra la sentencia dictada en autos, de la que se advierte que resultó competente el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito; consecuentemente se provee de la siguiente manera. Hágase disponible la consulta. A efecto de que se conozca lo actuado en este expediente, hágase disponible el expediente en que se actúa para su consulta al referido Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), lo anterior a fin de que esté en posibilidad de resolver el recurso interpuesto en autos. Notifíquese por lista física y electrónica.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, se desprende que el veintisiete de octubre de dos mil veintidós, se requirió por el cumplimiento de la ejecutoria de amparo a la responsable Director General Administrativo de la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco, girando el oficio 42337/2022 del índice local, el cual le fue notificado el tres de noviembre de dos mil veintidós, respectivamente, como se desprende del sello de recibido del acuse del mismo, sin que a la fecha se haya recibido gestión de cumplimiento alguna. Se impone multa. Ahora bien, toda vez que la autoridad encargada de cumplir con la ejecutoria de amparo Director General Administrativo de la Secretaría del Transporte del Estado de Jalisco, ha sido omisa en cumplir puntualmente con lo requerido en autos; se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de veintisiete de octubre del año en curso y se impone a dicho Director, una multa de ciento cincuenta unidades de medida y actualización (UMA), esto es, $14,433.00 (catorce mil cuatrocientos treinta y tres pesos 00/100 moneda nacional) de conformidad con los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo. En el entendido de que una Unidad de Medida y Actualización, equivale a $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional). Se solicita se haga efectiva multa. Ahora bien, gírese atento oficio al Administrador Desconcentrado de Recaudación Jalisco "1", a fin de que proceda a hacer efectiva la multa impuesta; a cuyo efecto, envíesele copia del oficio de cuenta, haciéndole saber que en el mismo cuenta con datos de carácter confidencial; lo anterior, para los efectos legales conducentes. Requiérase. Ahora bien, para dar continuidad a la ejecutoria de amparo, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable Dirección General Administrativo de la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco, para que dentro del término de siete días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, dé cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para lo cual deberá de tomar en cuenta la información que anteriormente le había sido rendida por la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, en el sentido de que deberá de realizar las adecuaciones y/o modificaciones a su propio presupuesto a efecto de incluir suficiencias financieras para cumplir con la sentencia dictada, ello es así, pues debe desarrollar todas las acciones que resulten pertinentes, dentro de su ámbito de atribuciones, para dotar a la partida presupuestal correspondiente de los recursos necesarios para acatar la obligación constitucional derivada de la sentencia de amparo concedida, conforme a lo dispuesto en los artículos 17, párrafos segundo y sexto y 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales disponen que debe ejecutarse de manera pronta y completa en los plazos y términos fijados, al tenor de lo previsto en la Ley de Amparo y conforme lo ordene el juzgador de garantías. Sustenta lo anterior la jurisprudencia siguiente: SENTENCIAS DE AMPARO CUYO CUMPLIMIENTO IMPLICA UN PAGO. AUN CUANDO LAS AUTORIDADES PUEDAN SOLICITAR UNA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA ACATARLAS TAMBIÉN ESTÁN OBLIGADAS A INSTRUMENTAR SIMULTÁNEAMENTE, PARA ESE FIN, MECANISMOS DE TRANSFERENCIAS Y ADECUACIONES DE LAS PARTIDAS QUE LO INTEGRAN. Si bien en términos de lo previsto en los artículos 74, fracción IV; 116, fracción II, párrafo cuarto; 122, apartado C, Base Primera, fracción V, inciso b), 115, fracción IV, párrafo penúltimo y 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presupuesto de egresos de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios debe aprobarse, respectivamente, por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de los Estados, la Asamblea Legislativa y los Ayuntamientos, sin que válidamente puedan realizarse pagos que no estén comprendidos en los presupuestos respectivos, lo cierto es que tratándose de las sentencias de amparo que implican el pago de recursos monetarios, las autoridades deben desarrollar todas las acciones que resulten pertinentes, dentro de su ámbito de atribuciones, para dotar a la partida presupuestal correspondiente de los recursos necesarios para acatar la obligación constitucional derivada de las sentencias en comento, conforme a lo dispuesto en los artículos 17, párrafos segundo y sexto y 107, fracción XVI, de la propia Norma Fundamental, los cuales disponen que deben ejecutarse de manera pronta y completa en los plazos y términos fijados, al tenor de lo previsto en la Ley de Amparo y conforme lo ordene el juzgador de garantías. Por tanto, aunque las diversas autoridades vinculadas al cumplimiento del fallo protector pueden solicitar al órgano legislativo competente o, en el ámbito municipal al Ayuntamiento, la ampliación del presupuesto respectivo, también tienen la obligación de instrumentar los mecanismos de transferencias o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto previamente autorizado, tomando en cuenta, por una parte, el carácter preferente que asiste a la respectiva obligación constitucional de pago -la que debe cumplirse en el plazo fijado en la sentencia respectiva- y, por otra parte, que ninguna disposición legal de rango inferior a la Constitución General puede condicionar su acatamiento.". (Lo subrayado es propio). En el entendido que, el plazo concedido con la finalidad que dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo, es conforme a los lineamientos establecidos en las jurisprudencias 54/2014 y 59/2014, con los rubros: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO" y "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO DE LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013); por lo que, dicho plazo no constituye una prórroga con relación a los diversos requerimientos formulados en autos. Asimismo, es importante señalar a la autoridad responsable que el hecho de que constantemente se encuentre peticionando a la Secretaria de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, un presupuesto extraordinario, en la actualidad no implica que con tales acciones este realizando gestiones para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, pues en repetidas ocasiones tal institución le ha hecho de su conocimiento que no está en posibilidad de otorgar tal recurso, además, que cuenta con las atribuciones suficientes para realizar adecuaciones en su propio presupuesto a efecto de incluir suficiencias financieras para cumplir con la resolución pronunciada, aunado a lo anterior, cabe resaltar al Director General Administrativo de la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco, a éste, así como al Secretario de Transporte, que con fecha veintiocho de enero de dos mil diecinueve, se dictó sentencia en este juicio de amparo, luego, el veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, causó ejecutoria y se requirió cumplimiento, posteriormente, tras varios requerimientos, sin que hasta la fecha se haya dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, lo cual sin duda alguna NO ES UN GASTO EXTRAORDINARIO, SINO UNO YA EXISTENTE EN RELACIÓN A DIVERSOS PRESUPUESTOS ANUALES. Se precisa que, de continuar retrasando el cumplimiento al fallo protector por medio de evasivas o procedimientos ilegales de su parte (como lo ha hecho hasta el momento), se impondrá la multa correspondiente, aun cuando manifieste estar en vías de cumplimiento. Sustentan lo anterior, la jurisprudencia de rubro y texto, siguiente: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En términos del citado precepto legal, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En atención a lo anterior, en los casos en que las autoridades pretendan acreditar el cumplimiento de la sentencia de amparo -pero no cuando han sido omisas al respecto-, el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, deberá considerar si la actuación de la autoridad responsable o vinculada al cumplimiento implica un actuar evasivo respecto del incumplimiento de la sentencia de amparo o si se han efectuado procedimientos ilegales que retarden su cumplimiento, cuyo objetivo consista en no cumplir con el mandato federal, pues sólo en esos supuestos deberá imponerse la multa correspondiente y continuar con el procedimiento de inejecución, mediante el envío de los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para que en el momento procesal oportuno, en caso de que proceda, se determine la destitución del cargo y, posteriormente, la consignación de las autoridades contumaces. Así, el incumplimiento por medio de evasivas se actualizará cuando las autoridades responsables o vinculadas lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo, lo que, en todo momento, deberá analizarse en función tanto de los efectos plasmados en la sentencia de amparo, como, y especialmente, del requerimiento de su cumplimiento, pues en la medida en que éstos se encuentren claramente determinados, podrán imponerse las sanciones aplicables por el incumplimiento del fallo protector. Debe entenderse que se retrasa el cumplimiento de la sentencia de amparo por medio de procedimientos ilegales, cuando se lleven a cabo, so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. En términos de lo anterior, debe considerarse que si una autoridad responsable o vinculada, según sea el caso, propone el cumplimiento de la sentencia de amparo y ello no satisface al órgano jurisdiccional -pero éste no advierte una actitud evasiva o la práctica de procedimientos ilegales que generen retraso en el cumplimiento de la sentencia-, se deberá requerir de nueva cuenta el cumplimiento de la sentencia de amparo especificando qué debe realizar la autoridad responsable y/o vinculada al cumplimiento y las razones por las que el acto con el que la autoridad pretendía cumplir no satisfacen esta condición, sin que ello dé lugar a la imposición de una multa o al envío de los autos al órgano jurisdiccional competente (Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda) para continuar el trámite respectivo, pues esto último sólo ocurrirá cuando se advierta que se actualiza alguna o ambas de las condiciones apuntadas -actos evasivos o la práctica de procedimientos ilegales- que retardan el cumplimiento de la sentencia de amparo, tal y como se establece en el artículo 196 de la ley de la materia. De igual manera, cuando las autoridades judiciales de amparo adviertan que existe exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo y que por ello no puede tenerse como cumplida tal y como lo ordena el artículo 196 de la Ley de Amparo, ello tampoco da lugar a que se continúe con el trámite de inejecución que eventualmente puede concluir con la aplicación de las sanciones (pecuniaria, separación del cargo y consignación ante un Juez penal), sino que se deberá requerir a la autoridad para que subsane dicha deficiencia (exceso y defecto) y exprese con claridad la razón por la que se considera que existe un cumplimiento excesivo o defectuoso.". Apercíbase. De no acatar lo anterior, sin causa justificada, en el lapso indicado, se le impondrá una multa relativa a la cantidad que resulte equivalente a doscientas unidades de medida y actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación, esto es, $19,244.00 (diecinueve mil doscientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), en términos del numeral 258 de la Ley de Amparo, y se procederá a dar inicio al procedimiento de inejecución a que se refiere el segundo párrafo del primero de los numerales en cita, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En el entendido de que una Unidad de Medida y Actualización, equivale a $96.22 (/noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional). Superior jerárquico. En acatamiento al numeral 192, párrafo segundo, y 193, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se requiere al Secretario de Transporte del Estado de Jalisco, quien resulta ser el superior jerárquico de la autoridad requerida, para que le ordene cumplir con la ejecutoria de amparo, y remita a este juzgado constancia fehaciente de que lo hizo, bajo apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá una multa en los términos señalados, además de que se incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad encargada del cumplimiento.

  3. Principal

    Zapopan, Jalisco, diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. Vías de cumplimiento. Visto el oficio y anexo de cuenta procedente del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, mediante el cual remite copia certificada del auto de quince de noviembre del año en curso, así como de las notificaciones realizada a la parte actora y demandada, así como a la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, del auto de treinta y uno de octubre de la presente anualidad; lo anterior a fin de acreditar las gestiones realizadas a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por tanto, de conformidad con el artículo 193, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad informante en vías de cumplimiento. Requiérase. En consecuencia de lo anterior, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente al Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, para que dentro del plazo de diez días, contados a partir del siguiente al en que reciba la comunicación respectiva, cumpla con la ejecutoria de amparo en su totalidad. De igual forma, se hace de su conocimiento, de que en caso de que la entidad demandada continúe con su actitud contumaz, deberá dictar las gestiones necesarias a fin de dar cumplimiento a dicha ejecutoria, debiendo indicar los actos realizados para que se lleve a cabo el pago relativo a la subsistencia de la actora, aquí quejosa Odilia Pérez Jiménez, remitiendo a este Juzgado de Distrito constancia fehaciente de ello. Pues uno de los efectos de la ejecutoria de amparo dictada por la superioridad fue el siguiente: "[...] b) Dicte las gestiones necesarias para proseguir con el cumplimiento del laudo, o bien, demuestre la imposibilidad jurídica que tenga para ello. [...].]". Pues no basta con imponer multas a la parte demandada del juicio de origen, si no que el Tribunal responsable, deberá vigilar que dichas sanciones se ejecuten, para así poder vencer la actitud contumaz de la parte demandada. Apercíbase. De no acatar lo anterior, sin causa justificada, en el lapso indicado, se le impondrá a su titular de la Junta una multa relativa a la cantidad que resulte equivalente a cien unidades de medida y actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación, esto es, $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), en términos del numeral 258 de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en los artículos primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declara reformado y adicionados diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, que entró en vigor el día siguiente de su publicación, esto es, veintiocho de enero siguiente, y se procederá a dar inicio al procedimiento de inejecución a que se refiere el segundo párrafo del primero de los numerales en cita, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Superior jerárquico. No se actualiza la hipótesis prevista en el numeral 192, párrafo segundo, y 193, párrafo primero, de la Ley de Amparo, en virtud de que las autoridades responsables no tienen superior jerárquico para efectos del cumplimiento de las sentencias de amparo. Es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia 36/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro IV, Enero de dos mil doce, Tomo cuatro, página tres mil quinientos quince, que al rubro dice: "JUNTAS y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO". Notifíquese por lista física y electrónica.

  4. Principal

    Téngase por recibido el oficio signado por la Administradora Desconcentrada de Recaudación de Jalisco "3", adscrita a la Administración citada, mediante el cual en atención al requerimiento efectuado en proveído de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, se le tiene informando lo relativo a la multa ordenada en el presente asunto, indicando que a la fecha se procedió a realizar el requerimiento de pago y embargo; por tanto, téngase a la citada autoridad informando tal circunstancia, agréguese el oficio de cuenta para que obre como corresponda y déjese sin efectos el apercibimiento decretado en el citado auto. Agréguese. Visto el oficio signado por el Jefe del Área de Amparos y Delegados de la Secretaría de Transporte, mediante el cual pretende dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; agréguese a los autos el oficio de cuenta para que obre como corresponda, sin que se pueda tener en vías de cumplimiento en virtud de que de la cantidad que se aprecia avala el cheque que en copia simple acompaña, no corresponde a lo condenado en autos. Requiérase. Con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere nuevamente, y previo a imponer la sanción respectiva, a las autoridades responsables del cumplimiento Director General Administrativo y Secretario, ambos de la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, de cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para lo cual deberá de acreditar el pago de lo siguiente: La cantidad líquida determinada en resolución de planilla de liquidación de veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve, en la que se determinó que se debe cubrir $1'085,492.12-un millón ochenta y cinco mil cuatrocientos noventa y dos pesos 12/100 moneda nacional-. La cantidad correspondiente a la regulación de planilla de siete de marzo de dos mil veintidós en la que se determinó la cantidad de $465,169.90 -cuatrocientos sesenta y cinco mil ciento sesenta y nueve pesos 90/100 moneda nacional-. Apercíbase. Apercibidos que, de no cumplir con lo solicitado, dentro del plazo de tres días, se les impondrá a los referidos, una multa relativa a la cantidad que resulte equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización (UMA), esto es la cantidad de $4,811.00 (cuatro mil ochocientos once pesos 00/100 moneda nacional), vigente al momento de su aplicación, en términos del numeral 237, fracción I, en relación con el diverso artículo 259 ambos de la Ley de Amparo. En el entendido que el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) es equivalente a $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional). Superior jerárquico. Además, se requiere al Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, quien resulta ser el superior jerárquico de la autoridad responsable, para que les ordene a éstas, cumplir con el requerimiento señalado con antelación, remitiendo a este Juzgado de Distrito, constancia fehaciente que lo acredite, bajo apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, hizo uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer a fin de constreñir al debido cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación, esto es, $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional). Lo anterior, debido a que en su calidad de superior jerárquico de la autoridad responsable Secretario de Transporte del Estado de Jalisco, debe ordenar y dar el seguimiento al cumplimiento de la planilla de liquidación, debiendo acreditar que realiza prevenciones y emitir sanciones a su subalterno por su persistente incumplimiento a la ejecutoria de amparo, dado que en dicho carácter, está obligado a vigilar y dar estricta prosecución hasta que su subalterno dé cumplimiento a la ejecutoria que se dictó en el presente juicio de amparo, tal y como lo establece la jurisprudencia 108/2022, de la onceava época, que fue aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de diecisiete de agosto de dos mil veintidós, de rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. PARA CONSIDERAR COLMADAS SUS OBLIGACIONES, ES INSUFICIENTE QUE LA PERSONA SUPERIOR JERÁRQUICA DE LAS AUTORIDADES OBLIGADAS AL CUMPLIMIENTO SE CONCRETE A INFORMAR QUE ENVIÓ UN OFICIO PARA INSISTIRLES EN EL ACATAMIENTO. HECHOS: En un juicio de amparo una autoridad de la Ciudad de México fue requerida en reiteradas ocasiones como superior jerárquica, tanto de la responsable como de la vinculada al cumplimiento; la cual se concretó a informar reiteradamente al Juzgado de Distrito que les envió un oficio a sus subalternos para insistirles en que cumplieran con la ejecutoria de amparo. CRITERIO JURÍDICO: No basta que el superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento del fallo protector para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de una sentencia protectora de derechos humanos, pues debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer a fin de constreñir al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo. De lo contrario, la persona juzgadora de amparo debe considerar insuficiente la intervención de la superior jerárquica y, por tanto, que es acreedora a las mismas sanciones que corresponden a las obligadas a cumplir que se tilden como renuentes. JUSTIFICACIÓN: Del régimen de obligaciones y sanciones que se regulan en la Ley de Amparo, destaca lo previsto en el segundo párrafo del artículo 194 de la indicada ley, relativo a que la persona que se desempeña como superior jerárquica de las autoridades a quienes corresponda el cumplimiento de la ejecutoria, es igualmente responsable en obtener el cumplimiento que las que supervisa. En consecuencia, su actuar debe implicar el despliegue de todas las atribuciones que tenga a su alcance para gestionar y obtener el cumplimiento de la sentencia y no solamente como una autoridad recordatoria e insistente, ya que su intervención debe ir más allá, precisamente porque se encuentra sujeta a las mismas obligaciones y sanciones en caso de no demostrarse que realizó todo lo posible para vencer la renuencia de sus subalternos.

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