Alvaro Sánchez Rodríguez

Expediente 671/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 18 actuaciones registradas, la última del 29 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
671/2021
Año
2021
Actuaciones
18
Última actuación
29/08/2022

Partes del expediente

  • Alvaro Sánchez Rodríguez
  • José Jorge Flores Reyes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintinueve de agosto de dos mil veintidós. CAUSA EJECUTORIA. Visto el estado de los autos, así como de la certificación secretarial con que se ha dado cuenta, se advierte que la parte legitimada no interpuso recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, en la que la Justicia de la Unión no ampara ni protege a la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales procedentes. Hágase esa circunstancia del conocimiento de las demás partes, para los efectos legales a que haya lugar. ARCHIVO. En consecuencia, una vez hechas las notificaciones respectivas, archívese el expediente como asunto concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL. En el entendido de que al no considerarse de relevancia documental, el mismo es susceptible de DEPURACIÓN, en términos de los artículos 15 y 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; depuración que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de TRES AÑOS, conservando en según sea el caso, la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; así como el presente acuerdo por el que se ordena el archivo como asunto totalmente concluido. Hágase la anotación en la carátula. Ahora bien, por cuanto hace al original del incidente de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión provisional así como concedió y negó la definitiva del acto reclamado, en atención a lo ordenado en el artículo 18, fracción I, inciso a) normativa invocada, procede su depuración, debiendo conservarse únicamente el proveído y resolución donde se concedió la medida cautelar. Por otra parte, respecto al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con artículo 20, fracción II, inciso a), de la normativa de que se trata, es susceptible de destrucción, lo cual deberá realizarse por este Juzgado trascurridos seis meses a partir de esta data, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente; por lo tanto, manténgase por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. RECURSO PENDIENTE EN CUADERNO DE SUSPENSIÓN. No. BILLETE. De igual manera, se hace la aclaración que en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo en que se actúa, no se exhibió billete o alguna otra garantía que amerite su devolución o proveer sobre su destino. CONSTANCIAS POR DEVOLVER. Al resultar innecesaria su conversación, devuélvase a la autoridad responsable Juez Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Uruapan, un cuaderno de pruebas, de su índice, mismo que se ordenó su resguardo en la caja de valores de este Juzgado Federal bajo sigilo, así como dos discos ópticos. NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. Ahora, tomando en consideración que los quejosos Álvaro Sánchez Rodríguez y José Jorge Flores Reyes, se encuentran recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS Michoacán", con sede en Buenavista, Tomatlán, Michoacán de Ocampo; se comisiona a cualquiera de los actuarios judiciales de la adscripción, conforme al rol correspondiente, en la fecha establecida para que por su conducto, cumpliendo estrictamente las medidas de prevención que resulten indispensables al realizar una notificación, con el objeto de evitar cualquier riesgo de infección y propagación del virus que ha dado lugar a la emisión del Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), emitido por el Consejo de Salubridad General de los Estados Unidos Mexicanos, se constituya en el referido Centro de Reclusión y les notifique personalmente el presente acuerdo. En el entendido que la salida y regreso del actuario comisionado, deberá ser en el mismo día, para los efectos legales a que haya lugar; por tanto, con fundamento en el artículo 136 párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, entérese de la anterior determinación a la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal con sede en la Ciudad de México. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    R E S U L T A N D O: I. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el nueve de noviembre de dos mil veintiuno, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Unitarios de Circuito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, turnado el día siguiente al Tercer Tribunal Unitario, donde se registró bajo el número 32/2021-III, Álvaro Sánchez Rodríguez y José Jorge Flores Reyes, por conducto de su defensor particular Roberto Rafael Rodríguez Hernández, demandaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos y autoridades responsables siguientes: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES. Ordenadora: Lo es el Juez Octavo de Distrito en el estado de Michoacán y con residencia en Uruapan, con domicilio. Ejecutora: Lo es el Director General del centro Federal de Readaptación Social número 17, con sede en el estado de Michoacán.Municipio de Buenavista Tomatlán. Acto que se le reclama por vía de consecuencia. "ACTO RECLAMADO. - Lo es la negativa de conceder la libertad provisional bajo caución a los hoy quejosos. Acto materializado mediante auto de fecha 05 de octubre de 2021, dictado en la causa penal número 2/2021 del índice del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, ya que en la forma y términos en que fue dictado es agraviante del orden constitucional." El promovente señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 1°, 14, 16, 17, 19, 20, 21 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, relató los antecedentes del caso que estimó pertinentes. II. Trámite del juicio de amparo. En auto de once de noviembre de dos mil veintiuno, el Magistrado del Tercer Tribunal Unitario en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, reservó acordar sobre la admisión o desechamiento de la demanda hasta en tanto se contara con la información solicitada al Juez Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, en el diverso juicio de amparo 29/2021, de la estadística de dicho Tribunal Unitario, en razón de que la información proporcionada por el Juez de Distrito en cuestión pudiera incidir para acordar lo conducente, al encontrarse relacionados ambos juicios de amparo, con la causa penal 2/2021, del índice del Juzgado Octavo de Distrito, por lo que, una vez que se tuvo la información solicitada y analizada, mediante auto de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, determinó remitir el asunto a este Juzgado de Distrito, en razón de que el acto reclamado deriva de la misma causa penal relacionada con el diverso juicio de amparo 545/2021-III, cuya demanda se admitió en este órgano jurisdiccional; por lo que, en auto de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, se recepcionaron los autos en este Juzgado, registrándose el respectivo expediente bajo el número 671/2021, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público Federal adscrito; así como al Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de origen, respecto de la causa penal 2/2021; se emplazó a juicio a la parte tercero interesada por conducto del asesor victimal, y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, luego de haberse diferido, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, es legal y constitucionalmente competente para conocer y resolver el juicio de amparo, con fundamento en los artículos 17, 94, 103, fracción I y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 fracción V, de la Ley de Amparo; 48, 49 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 8/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que modificó, el diverso 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; porque el quejoso reclama actos de naturaleza penal, se aducen violaciones al artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; además, causa una ejecución de imposible reparación, porque afecta la libertad personal de los impetrantes de la acción constitucional, amén de que se trata de un acto pronunciado por una autoridad judicial con ejecución dentro del territorio en que ejerce jurisdicción este juzgado (Buenavista, Tomatlán, Michoacán). SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dispone que toda sentencia debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. En cumplimiento a tal disposición, se atenderá al escrito de demanda de amparo, así como a los demás datos que se desprendan de las constancias del expediente, a fin de determinar cuál fue la intención de los quejosos al promover el juicio de amparo y estar en condiciones de resolver la cuestión efectivamente planteada. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis P. VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 255, Tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En el caso, los quejosos Álvaro Sánchez Rodríguez y José Jorge Flores Reyes, por conducto de su defensor particular Roberto Rafael Rodríguez Hernández, reclaman: Del Juez Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Uruapan: El auto dictado el cinco de octubre de dos mil veintiuno, en la causa penal 2/2021, donde se determinó negar a los quejosos la libertad provisional bajo caución. Del Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS MICHOACÁN", con sede Buenavista Tomatlán, Michoacán. Las consecuencias derivadas de dicha negativa, las que se traducen en que los quejosos continúen privados de su libertad personal en ese centro de reclusión. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. El Juez Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto que se le atribuye. Resulta aplicable la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo epígrafe y contenido es: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Por su parte, el Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS-MICHOACÁN", con sede en Buenavista, Tomatlán, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto que se le reclama, bajo el argumento de que en la institución penitenciaria a su cargo se respetan los derechos fundamentales de las personas, sin que haya negado que los quejosos se encuentran recluidos en ese Centro Federal de Readaptación Social, de ahí que se tenga por cierto el acto que se le atribuye. Apoya lo anterior, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIV, Julio de 1994, página 391, con registro digital 211004, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Además, la certeza de los actos reclamados se corrobora con las constancias certificadas de la causa penal 2/2021, y dos discos versátiles digitales (DVD), que contienen copias cotejadas y digitalizadas constantes de veintiún tomos relativas a dicho proceso penal, que remitió el Juez responsable. Documentales que adquieren pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º. Cobra aplicación al respecto, la tesis de rubro y texto: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". CUARTO. Estudio de fondo. No existiendo alguna causa de improcedencia hecha valer por las partes o advertida de oficio por esta juzgadora, se procede al estudio de fondo del asunto, sin que sea necesaria la transcripción de los conceptos de violación que hacen valer los quejosos en el presente juicio de amparo, pues no hay precepto legal que establezca la obligación de llevarla a cabo; además de que dicha omisión no los deja en estado de indefensión, dado que no se les priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estimen pertinente para demostrar, en su caso, la legalidad de la misma. Apoya el anterior criterio, la tesis de jurisprudencia 2ª/J.58/2010, con número de registro 164618, establecida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, tomo XXXI, de mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". En principio cabe precisar que la causa penal de donde deriva el acto reclamado, se tramita conforme al anterior sistema de justicia penal, por lo cual, es evidente que no le son aplicables las disposiciones que regulan el nuevo sistema penal acusatorio. En consecuencia, para verificar la constitucionalidad del acto reclamado se debe atender al texto anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a lo previsto en el Código Federal de Procedimientos Penales. Asimismo, en el presente asunto rige el principio de suplencia de la queja, en términos de lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, al tener los quejosos el carácter de procesados. Ahora, para mejor comprensión del problema jurídico sometido a la consideración de este Tribunal Constitucional, es menester realizar una síntesis de los antecedentes jurídicos que dieron origen al acto reclamado, de los cuales se desprende lo siguiente: 1. Ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, residente en esta ciudad, se tramita la causa penal 2/2021-I, en contra de los quejosos, entre otros, quienes se encuentran recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social Número 17 "CPS-MICHOACÁN", con residencia en Buenavista, Tomatlán, por su probable responsabilidad penal en la comisión del delito de Homicidio, previsto y sancionado por los artículos 302 y 307, en relación con los diversos numerales 7, fracción I, 8, 9, párrafo primero, 13, fracción VIII y 64 Bis, todos del Código Penal Federal. 2. El ocho de septiembre de dos mil veintiuno, se dictó en contra de los quejosos y otros, auto de formal prisión dentro del proceso penal 2/2021-I, ".por su probable responsabilidad en la comisión del delito de HOMICIDIO, previsto en el artículo 302 y sancionado por el 307, en relación con el 64 bis, a su vez en concordancia con los diversos 7º. fracción I (delito instantáneo), 8 (hipótesis de acción dolosa), 9 párrafo primero (hipótesis de conocer y querer), 13 fracción VIII (autoría indeterminada)." todos del Código Penal Federal, cometido en agravio de 1) JUAN ENRIQUE ROMERO CAUDILLO. 2) EDGAR ALEJANDRO ALONSO MENDOZA. 3) ANTONIO GUTIÉRREZ QUIROZ. 4) ANTONIO GUTIÉRREZ LÓPEZ. 5) CÉSAR VICENTE MORA PÉREZ. 6) CARLOS OCTAVIO MONTAÑO ZÚÑIGA. 7) DAVID FLORES TINAJERO. 8) JOSÉ ANTONIO FLORES GONZÁLEZ. 9) ABRAHAM FLORES SOTO. 10) JOSÉ MANUEL AGUILAR GARCÍA. 11) MARTÍN FELIPE GARCÍA PINEDA. 12) VÍCTOR HUGO REYNOSO TEJEDA. 13) JUAN CARLOS VALDES GALINDO. 14) JUAN MANUEL SÁNCHEZ ALERIANO. 15) HÉCTOR JESÚS ARANA HERNÁNDEZ. 16) JUAN DANIEL GALVÁN GONZÁLEZ. 17) CARLOS ADONAY GARCÍA GONZÁLEZ. 18) CHRISTIAN ALEJANDRO CERVANTES BOTELLO. 19) EDGAR RAMÍREZ MAYORAL. 20) MARIO ALBERTO VALENCIA VÁZQUEZ. 21) JOSÉ ANTONIO MENDOZA MARTÍNEZ. 22) GUSTAVO CORNEJO GARCÍA. 23) OMAR HURTADO MARTÍNEZ. 24) RAFAEL ESQUEDA VALLE. 25) JESÚS MANUEL DE LA CRUZ PÉREZ. 26) JESÚS RICARDO VÉLEZ LÓPEZ. 27) VÍCTOR MANUEL ÁLVAREZ OVALLE. 28) FRANCISCO DANIEL MAGALLÓN TORRES. 29) JESÚS JEOVANI MENDOZA MARTÍNEZ. 30) J. JESÚS RIVAS ORTEGA. 31) LUIS FERNANDO CERVANTES SOTELO. 32) HÉCTOR MANUEL CHAVOYA ZÚÑIGA. 33) LÁZARO SÁNCHEZ PAREDES. 34) RAFAEL QUINTERO MARTÍNEZ. 35) JOSÉ GERARDO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ. 36) ENRIQUE DAMIÁN MORALES RIVERA. 37) JORGE SÁNCHEZ ARIAS. 38) JESÚS ANTONIO CRUZ. 39) JUAN ETZAEL OROZCO VENEGAS. 40) JUAN ÁVALOS MARTÍNEZ. 41) SER HUMANO DESCONOCIDO. 3. Ante la petición del defensor de los quejosos, relativa a conceder a éstos la libertad provisional bajo caución, el Juez responsable dictó el auto de cinco de octubre de dos mil veintiuno, en el sentido de resultar improcedente tal solicitud, por los motivos que ahí se contienen. Determinación que constituye el acto reclamado en este juicio de amparo. Una vez anotado lo anterior, cabe precisar que los quejosos por conducto de su defensor particular esencialmente hacen valer el siguiente concepto de violación: "ÚNICO". Aduce el promovente que existe una inexacta aplicación de la ley, en razón de que el Juez responsable no observo en favor de los inculpados, lo determinado en el artículo 16, en relación con el diverso 60 del Código Penal Federal, de los que se obtiene que el delito por el cual se les sigue la causa penal 2/2021-I, a los quejosos, no se considera como grave, y en vía de consecuencia estos puedan obtener su libertad provisional bajo caución; por lo anterior, sostiene el defensor, el Juez de la causa viola el principio constitucional de legalidad en su vertiente de exacta aplicación de la ley penal. Tal concepto de violación resulta infundado sin que se adviertan deficiencias de la queja que suplir. En principio, cabe destacar que el auto de formal prisión dictado dentro del proceso penal 2/2021-I, el ocho de septiembre de dos mil veintiuno, rige la situación jurídica de los encausados, aquí quejosos y por ende afecta su libertad personal, donde fueron considerados como probables responsables de la comisión del delito de HOMICIDIO, previsto en el artículo 302 y sancionado por el 307, en relación con el 64 bis, a su vez en concordancia con los diversos 7º. fracción I (delito instantáneo), 8 (hipótesis de acción dolosa), 9 párrafo primero (hipótesis de conocer y querer), 13 fracción VIII (autoría indeterminada), lo cual imposibilita que tengan derecho a tal beneficio, ya que este es el delito por el que actualmente se les sigue el proceso. En efecto, es en el referido fallo donde el Juez de la causa ha considerado que el delito que se atribuye a los quejosos, es el de homicidio previsto en el artículo 302 y sancionado por el 307, en concordancia con los numerales 8 y 9, relativos a la existencia de voluntad dolosa, todos del Código Penal Federal. Con tal afirmación, con independencia de si ese proceder es legal o no, mientras permanezca incólume el auto de bien preso que la contiene, no puede ser soslayada por el juez de los autos al tiempo de que se solicite el beneficio, en función de que se encuentra sujeto a sus propias determinaciones, sin poder variarlas. Resulta aplicable el contenido de la jurisprudencia 1ª./J.2/2002, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Abril de 2002, página 289, Registro digital 187182, de rubro y texto: "LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN. PARA RESOLVER SOBRE SU PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA, DEBE TOMARSE EN CUENTA QUE EL DELITO O DELITOS, INCLUYENDO SUS MODIFICATIVAS O CALIFICATIVAS, POR LOS CUALES SE DICTÓ EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN RESPECTIVO, NO ESTÉN CONSIDERADOS COMO GRAVES POR LA LEY. Si se toma en consideración, por un lado, que conforme a la interpretación histórica, sistemática e integral del artículo 20, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (actualmente 20, apartado A, fracción I), para resolver sobre la procedencia o improcedencia del beneficio de la libertad provisional bajo caución, el delito atribuido al inculpado, incluyendo sus modificativas o calificativas, no debe ser considerado como grave por la ley y, por otro, que el numeral 19 de la propia Carta Magna establece que en el auto de formal prisión deben expresarse tanto el delito que se impute al acusado, el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, como los datos que arroje la averiguación previa, y que todo proceso debe seguirse forzosamente por el delito o delitos señalados en el auto de formal prisión o de sujeción a proceso, así como que esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, febrero de 1997, página 197, de rubro: "AUTO DE FORMAL PRISIÓN. LA JURISPRUDENCIA CUYO RUBRO ES 'AUTO DE FORMAL PRISIÓN, NO DEBEN INCLUIRSE LAS MODIFICATIVAS O CALIFICATIVAS DEL DELITO EN EL.', QUEDÓ SUPERADA POR LA REFORMA DEL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE FECHA TRES DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES.", sostuvo que el dictado del auto de formal prisión surte el efecto procesal de establecer por qué delito o delitos habrá de seguirse proceso al inculpado, por lo que deben quedar determinados con precisión sus elementos constitutivos incluyendo, en su caso, las modificativas o calificativas que de los hechos materia de la consignación se adviertan por el juzgador, resulta inconcuso que para resolver sobre la procedencia o improcedencia del citado beneficio, no es dable atender sólo a lo dispuesto por el artículo 20, fracción I, constitucional señalado, sino que debe adminicularse o relacionarse con las demás garantías constitucionales consagradas en la propia Carta Magna, específicamente con la tutelada por el diverso numeral 19; por ello es necesario tomar en cuenta que el delito o delitos, incluyendo sus modificativas o calificativas, por los cuales se dictó el auto de formal prisión, no estén considerados como graves por la ley, ya que de lo contrario se estarían tomando en cuenta hechos o datos ajenos a los que son materia del proceso." Bajo ese tenor, es de recordar que, para tener derecho a la libertad provisional bajo caución, deben satisfacerse los requisitos establecidos tanto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como por la ley instrumental penal federal. Así, el artículo 20, apartado A, fracción I, del la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece a favor del inculpado sujeto a un procedimiento penal por la comisión de un delito que tenga señalada pena de prisión, el beneficio de la libertad provisional bajo caución, inmediatamente que lo solicite, pero bajo las condiciones y requisitos que constitucional y legalmente procedan. De su propio contenido se desprende que corresponde a la ley secundaria determinar los supuestos considerados como tipos delictivos que, por su gravedad, no admitan el beneficio de la libertad caucional, sin que del texto de dicho numeral se desprenda alguna limitante al respecto para el legislador ordinario, dado que establece una facultad enunciativa, más no limitativa, a favor de las legislaturas ordinarias, de determinar en su legislación qué tipos delictivos serán considerados como graves, para efecto de determinar la procedencia o no de la libertad provisional bajo caución a favor del inculpado. En esa virtud, sólo debe concederse el mencionado beneficio constitucional cuando reúna los requisitos de ley, entre los cuales está que el delito no debe estar previsto como grave. El anterior requisito se establece en el ordinal 399 del Código Federal de Procedimientos Penales, en su fracción IV, que literalmente dispone: "Artículo 399.- Todo inculpado tendrá derecho durante la averiguación previa o el proceso a ser puesto en libertad provisional, inmediatamente que lo solicite, si se reúnen los siguientes requisitos: (.) IV.- Que no se trate de alguno de los delitos calificados como graves en el artículo 194. (.)" En la especie se tiene que los quejosos Álvaro Sánchez Rodríguez y José Jorge Flores Reyes fueron considerados como probables responsables del delito de HOMICIDIO, previsto en el artículo 302 y sancionado por el 307, en relación con el 64 bis, a su vez en concordancia con los diversos 7º, fracción I (delito instantáneo), 8 (hipótesis de acción dolosa), 9 párrafo primero (hipótesis de conocer y querer), 13 fracción VIII (autoría indeterminada); todos del Código Penal Federal. Numerales que literalmente precisan: "Artículo 302.- Comete el delito de homicidio: el que priva de la vida a otro." "Artículo 307.- Al responsable de cualquier homicidio simple intencional que no tenga prevista una sanción especial en este Código, se le impondrán de doce a veinticuatro años de prisión." "Artículo 64 Bis.- En los casos previstos por las fracciones VI, VII y VIII del artículo 13, se impondrá como pena hasta las tres cuartas partes de la correspondiente al delito de que se trate y, en su caso, de acuerdo con la modalidad respectiva." "Artículo 7o.- Delito es el acto u omisión que sancionan las leyes penales. En los delitos de resultado material también será atribuible el resultado típico producido al que omita impedirlo, si éste tenía el deber jurídico de evitarlo. En estos casos se considerará que el resultado es consecuencia de una conducta omisiva, cuando se determine que el que omite impedirlo tenía el deber de actuar para ello, derivado de una ley, de un contrato o de su propio actuar precedente. El delito es: I. Instantáneo, cuando la consumación se agota en el mismo momento en que se han realizado todos los elementos de la descripción penal; (.)" "Artículo 8o.- Las acciones u omisiones delictivas solamente pueden realizarse dolosa o culposamente." "Artículo 9o.- Obra dolosamente el que, conociendo los elementos del tipo penal, o previendo como posible el resultado típico, quiere o acepta la realización del hecho descrito por la ley, y (.)" "Artículo 13.- Son autores o partícipes del delito: (.) VIII.- Los que sin acuerdo previo, intervengan con otros en su comisión, cuando no se pueda precisar el resultado que cada quien produjo. (.)" Por su parte, el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, establece literalmente lo siguiente: "Artículo 194.- Se califican como delitos graves, para todos los efectos legales, por afectar de manera importante valores fundamentales de la sociedad, los previstos en los ordenamientos legales siguientes: I. Del Código Penal Federal, los delitos siguientes: (.) 23) Homicidio, previsto en los artículos 302 con relación al 307, 313, 315, 315 Bis, 320 y 323; (.)" De los preceptos legales transcritos, se pone de manifiesto sin lugar a dudas que el delito materia de la formal prisión, Homicidio previsto en el artículo 302, en relación con el diverso 307, del Código Federal de Procedimientos Penales, es de los antijurídicos considerados como graves. Por ende, con acierto el Juez responsable negó el beneficio de la libertad provisional bajo caución solicitado por los aquí quejosos, sin que se desconozca que éstos por conducto de su defensor particular alegan en el concepto de violación que se hace valer, que el delito por el que se les instruye la causa penal, no es considerado como grave, bajo los parámetros que establece el artículo 16, del Código Penal Federal, relativo a los casos de exceso de legítima defensa, que indica: "Artículo 16.- En los casos de exceso de legítima defensa o exceso en cualquier otra causa de justificación se impondrá la cuarta parte de la sanción correspondiente al delito de que se trate, quedando subsistente la imputación a título doloso." Por lo que, consideran que se está en el supuesto de un delito culposo, atendiendo a la sanción a imponer en el caso de exceso de legítima defensa, de ahí que se debe de aplicar el numeral 60 del mencionado código que instituye: "Artículo 60.- En los casos de delitos culposos se impondrá hasta la cuarta parte de las penas y medidas de seguridad asignadas por la ley al tipo básico del delito doloso, con excepción de aquéllos para los que la ley señale una pena específica. Además, se impondrá, en su caso, suspensión hasta de tres años de derechos para ejercer profesión, oficio, autorización, licencia o permiso. Las sanciones por delitos culposos sólo se impondrán en relación con los delitos previstos en los siguientes artículos: 150, 167, fracción VI, 169, 199 Bis, 289, parte segunda, 290, 291, 292, 293, 302, 307, 323, 397, 399, 414, primer párrafo y tercero en su hipótesis de resultado, 415, fracciones I y II y último párrafo en su hipótesis de resultado, 416, 420, fracciones I, II, III y V, y 420 Bis, fracciones I, II y IV de este Código. (.)" Sin embargo, el propio artículo 16 transcrito en líneas anteriores, establece la sanción a imponer en los casos de exceso de legítima defensa y en su parte final claramente indica: ".quedando subsistente la imputación a título doloso." En el caso, el delito que se les imputa a los quejosos (homicidio) se considera que se cometió a título doloso, no culposo, de ahí que en el auto de formal prisión en comento se haya establecido que el delito en cuestión se sanciona teniendo en cuenta los artículos 8 y 9 del Código Penal Federal, que hablan precisamente de los delitos cometidos a título de dolo. Y, como se dijo, la situación jurídica de los quejosos se rige actualmente por lo determinado en ese auto de término constitucional, donde no se consideró que el delito que se les atribuye sea de los culposos, como lo pretende hacer ver su apoderado jurídico; en razón de que el ilícito que se les imputa es el de homicidio previsto en el artículo 302, en relación con el 307, correlacionados con los artículos 8 y 9, éstos últimos precisan el actuar doloso del sujeto activo, todos del invocado código sustantivo penal; por ende, tal antijurídico es considerado como grave; de ahí que, el juez de la causa estuvo en lo correcto al resolver en el auto reclamado que no procede conceder a los quejosos la libertad provisional bajo caución, de conformidad con el artículo 194, fracción I, inciso 23), del Código Federal de Procedimientos Penales. Lo anterior, sin que el Juez de la causa haya sido omiso en acudir a las normas que rigen el sistema penal acusatorio, a efecto de considerar si es viable en favor de los quejosos la aplicación de alguna medida cautelar, aun cuando éstos se encuentren procesados bajo el procedimiento penal mixto; sin embargo, como acertadamente lo determinó el Juzgador, el artículo 19 Constitucional prevé que es de prisión preventiva oficiosa el delito de homicidio doloso, por el cual se dictó el auto de formal prisión a los inculpados, entre otros a los aquí quejosos, lo que de suyo implica que tal ilícito es de los considerados como graves, sin hacer referencia alguna a la forma en que el mismo se vaya a sancionar, por lo que, el juez responsable acertadamente resolvió que en el caso, no son aplicables la jurisprudencia y tesis invocadas, que también precisa el defensor de los quejosos en la demanda de amparo, en razón de que, se refieren al delito de homicidio en riña, el que no constituye la figura típica penal materia de la causa de origen, ni de la normativa jurídica que ahí se interpretó. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis III.2º.P.19 P, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, publicada en el Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, mayo de 1996, página 652, Registro digital 202446, que literalmente indica: "LIBERTAD BAJO CAUCION. NO PROCEDE CUANDO EL DELITO ES DE LOS CALIFICADOS COMO GRAVES POR LA LEY, AUN CUANDO SE HAYA COMETIDO EN GRADO DE TENTATIVA. No procede el beneficio de la libertad provisional bajo caución, cuando el delito imputado al quejoso es considerado como grave, en términos de lo dispuesto por el artículo 399, fracción IV del Código Federal de Procedimientos Penales, independientemente de que se cometa en grado de tentativa o consumado. Lo anterior, porque el numeral en cita, refiere de manera genérica los diversos tipos que se deben catalogar como graves para todos los efectos legales, y no así su forma de comisión como es la tentativa, porque ésta no puede considerarse como figura autónoma, ya que sólo constituye un grado de ejecución del delito, por esa razón, el hecho de que se haya materializado o no el ilícito, carece de relevancia para la calificación de gravedad a la que la ley se refiere, pues pensar lo contrario, llevaría al absurdo de conceder el beneficio de libertad provisional bajo caución, tratándose de antisociales calificados como graves, lo que atentaría contra la verdadera intención del legislador constitucional, que no es otra que segregar del seno de la sociedad a los presuntos responsables de este tipo de delitos." En ese contexto, al resultar infundado el concepto de violación enderezado en contra del acto reclamado, lo procedente es negar a los quejosos el amparo y protección de la Justicia Federal que solicitaron. Negativa que se hace extensiva a los actos de ejecución atribuidos al Director del Centro Federal de Readaptación Social "CPS-17 MICHOACÁN", con sede en Buenavista Tomatlán, al no reclamarse por vicios propios. Sirve de apoyo la tesis de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 357, Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, rubro y texto: "AUTORIDADES ORDENADORAS, AMPARO CONTRA. SU NEGATIVA DEBE HACERSE EXTENSIVA A LAS EJECUTORAS, SI NO SE RECLAMARON SUS ACTOS POR VICIOS PROPIOS. Si no quedaron demostradas las violaciones aducidas en la demanda de garantías, respecto de las autoridades ordenadoras, ha lugar a negar la protección constitucional solicitada, debiéndose extender a los actos de ejecución, cuando los mismos no se impugnaron por vicios propios, sino que su ilegalidad se hizo depender de lo atribuido a la sentencia reclamada." QUINTO. Notificación a los quejosos. Tomando en consideración que los quejosos Álvaro Sánchez Rodríguez y José Jorge Flores Reyes se encuentran recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS-Michoacán", con sede en Buenavista Tomatlán, Michoacán de Ocampo; se comisiona a cualquiera de los actuarios judiciales de la adscripción, conforme al rol correspondiente, en la fecha establecida, a efecto de que se constituya en legal y debida forma en dicho centro penitenciario y les notifique el contenido de la presente resolución, para lo cual se instruye al Actuario judicial para que al momento de la diligencia le corra traslado con copia simple de la misma. En el entendido que la salida y regreso del Actuario comisionado, deberá ser en el mismo día, para los efectos legales a que haya lugar; por tanto, con fundamento en el artículo 136 párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, entérese de la anterior determinación al secretario ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal. En términos del artículo 21, párrafo tercero, de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, para en caso necesario, practicar la respectiva diligencia. SEXTO. Publicidad de la sentencia. En términos de lo previsto en los artículos 113, 118, 119 y 120, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75, 76, 124, 222, 223 y 224, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Álvaro Sánchez Rodríguez y José Jorge Flores Reyes, por conducto de su defensor particular Roberto Rafael Rodríguez Hernández, contra los actos y autoridades precisadas en el considerando segundo, por los motivos y consideraciones expuestos en el cuarto considerando. SEGUNDO. Notifíquese a los quejosos en términos del considerando quinto de esta sentencia. TERCERO. En términos del último considerando de la presente resolución, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial. Notifíquese personalmente a las partes y por oficio a las autoridades responsables.

  3. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, nueve de mayo de dos mil veintidós. EMPLAZA AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO CON CARÁCTER DE AUTORIDAD TERCERO INTERESADA. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta, signado por el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad; en atención a su contenido, se le tiene remitiendo copia certificada del acta de emplazamiento al presente juicio de amparo, del Agente del Ministerio Público que interviene dentro de la causa penal 2/2021, que se instruye en contra de los quejosos Álvaro Sánchez Rodríguez y otro, de donde emanan los actos reclamados; de conformidad con el artículo 5°, fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo; por tanto, téngase en su carácter de tercero interesado y por emplazado a juicio. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintidós de abril de dos mil veintidós. ESTADO DE AUTOS. Del estado de autos se advierte que, al proveerse sobre la admisión a trámite de la demanda de garantías, se solicitó a la autoridad responsable Juez Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en esta ciudad, que conforme a dispuesto por el artículo 5°, fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo, en caso de que aceptara la existencia del acto que le es atribuido, ordenara a quien correspondiera emplazara con el carácter de tercero interesado al Agente del Ministerio Público y/o Fiscal Federal de su adscripción, que tenga intervención en la causa penal de origen 2/2021, y al efecto, remitiera por separado la constancia respectiva; sin que tal presupuesto procesal se encuentre colmado, como se advierte de constancias de autos. SOLICITUD AL JUEZ RESPONSABLE. Consecuentemente, mediante oficio correspondiente, al que se agregue copia de la demanda de garantías, solicítese a la indicada autoridad jurisdiccional, se sirva ordenar a quien corresponda, que dentro del proceso penal 2/2021, de donde emanan los actos reclamados por los quejosos ÁLVARO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ y JOSÉ JORGE FLORES REYES, emplace al presente sumario al indicado representante social, en su carácter de tercero interesado, y al efecto, remita copia certificada de las constancias correspondientes. DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Consecuentemente, con la finalidad de evitar transgredir las normas que rigen el juicio de amparo, la audiencia constitucional señalada para esta fecha se difiere, y en su lugar se programan las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y UN MINUTOS DEL UNO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo. NOTIFÍQUESE.

Quedan 14 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · 4,104 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano