Álvaro Ruvalcaba Mendiola

Expediente 508/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
508/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
04/05/2022

Partes del expediente

  • Álvaro Ruvalcaba Mendiola

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el oficio que suscribe el Juez Primero de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, adjunto al cual remite copia certificada del edicto que se publicara en el expediente de su índice, para emplazar a la parte demandada en el referido juicio; en consecuencia, agréguense a los autos para los efectos legales procedentes y téngase a la autoridad oficiante en vías de cumplimiento. En razón de lo anterior, con fundamento en los artículos 192, 194 y 195 de la Ley de Amparo Vigente, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en términos del tercero transitorio de dicho ordenamiento, se requiere nuevamente al Juez Primero de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, para que dentro del término de diez días, contados a partir de la notificación del presente proveído, informe LO REQUERIDO BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY CUMPLA CON SOLICITADO

  2. Principal

    Visto el estado de autos, se advierte que el veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, se ordenó remitir el juicio de amparo del cual deriva el presente cuaderno de antecedentes al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito en turno, a efecto de que resolviera lo pertinente al recurso de revisión interpuesto en autos, tocándole conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, correspondiéndole el número de revisión por lo que en alcance al oficio remítase el cuaderno de pruebas formado, para los efectos legales a que haya lugar.

  3. Principal

    Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda, el escrito que suscribe perito de la parte quejosa. Atento a su contenido, se tiene a dicho perito emitiendo su dictamen pericial y tomando en consideración que el referido dictamen no fue ratificado y ello podría dar lugar a una irregularidad en el procedimiento, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo,

  4. Principal

    V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1876/2021, promovido por Roberto Carlos Paz Rodríguez, contra actos del Director General del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, por considerarlos violatorios de derechos humanos y garantías otorgadas para su protección en los artículos 4, 14, 16 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de Amparo. Roberto Carlos Paz Rodríguez, el dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, presentó demanda de amparo indirecto contra actos del Director General del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, y otras autoridades, que se precisarán en el considerando correspondiente. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de garantías. La demanda de amparo de referencia, se turnó para su conocimiento a este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, cuya secretaria en funciones de jueza, dictó proveído el diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, en que ordenó: admitir la demanda de amparo y registrarla bajo expediente 1876/2021; pedir informe justificado a la autoridad señalada como responsable; dar intervención al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; y, fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; y, 57, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se combaten actos de autoridades cuya residencia oficial se encuentra dentro del territorio en que este juzgado Federal ejerce su jurisdicción constitucional. Asimismo, la competencia de este Juzgado de Distrito para conocer del asunto se finca en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; modificado por el Acuerdo General 24/2013. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para tales efectos se analiza en su integridad el libelo actio de amparo, atendiendo a la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XI, abril de dos mil, página 32, cuyo texto y rubro, dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". Asimismo, es aplicable a lo anterior, la tesis P.VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que literalmente dispone: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y anexos que forman un todo, se advierte que los actos reclamados en esta instancia constitucional consisten en la omisión de proveer el servicio del agua, su corte total, la omisión de proporciona y garantizar la limpia y recolección de residuos en el domicilio número 3547, Circuito de las Flores Poniente, Fraccionamiento Ciudad de Bugambilias así como la resolución de fecha veintisiete de agosto de dos mil veinte en el expediente 93/2018. TERCERO. Inexistencia de actos. Director General del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, negó la existencia del acto que se les atribuye; sin que la parte quejosa aportara elemento de convicción que desvirtuara dicha negativa.. Es aplicable, la jurisprudencia número 310, publicada en la página doscientos nueve, tomo Sexto, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, cuya sinopsis es del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Dichas negativas cobran relevancia jurídica, sin necesidad de mayores elementos, porque, la obligación que impone el artículo 117 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir su informe justificado, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dichos informes", en los que las autoridades admite su existencia y aducen su constitucionalidad, mas no, cuando esas autoridades negaron categóricamente el acto que se les imputa, pues, en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo de la quejosa aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y enseguida, aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para sostener que es inconstitucional. Al respecto, es aplicable, la tesis VI.2o.32 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, junio de 1996, página 763, que establece: "ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. NO REQUIERE RAZONARSE. La autoridad responsable al negar la existencia del acto que se le atribuye, no necesita justificar o razonar su negativa.". Asimismo, resulta aplicable, la tesis VI.2o.A.4 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XV, Febrero de 2002, página 903, que dispone: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo.". Consecuentemente, ante la indemostración del acto reclamado a las precitadas responsables, procede sobreseer en el juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Presidente del Ayuntamiento de Zapopan, negó la existencia del acto, al rendir informe con justificación, sin embargo de las constancias que aporta se reconoce su existencia, de igual forma la Asociación de Colonos en Ciudad Bugambilias Zapopan fue omiso en rendir su informe justificado de forma que se presumen ciertos que se le reclaman. Resulta aplicable, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 206, tomo VI, Materia Común, del Apéndice de 1995, del rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.". QUINTO. Causales de improcedencia. El estudio de la procedencia del juicio de amparo es de orden público y preferente al de fondo de la cuestión constitucional planteada, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación, la jurisprudencia número 814, localizable en la página 553, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que señala: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.- Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.". De oficio, se considera que en el presente asunto, se actualizada la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. La causal que se invoca, tiene su fundamento en el artículo 107 fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contiene el principio de instancia de parte agraviada en el juicio de amparo. El precepto legal citado, establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; .". Por su parte, el numeral 6 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita.' Del contenido de los artículos transcritos, se advierte que el juicio de amparo sólo puede ser promovido por las partes a quienes perjudique directamente la ley o el acto reclamado, es decir, que constituye un requisito de procedibilidad para el estudio de su constitucionalidad, que el acto reclamado perjudique en forma personal y directa a la parte quejosa, de tal forma que sólo podrá analizarse el fondo del asunto si se satisface el requisito previo del acreditamiento del perjuicio. Tiene sustento a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XV, Febrero de 2002, página 15, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto.". La parte quejosa con el objeto de acreditar el interés jurídico en el presente amparo acompañó al escrito inicial el recibo del pago de servicio de energía eléctrica de los periodos de fecha once de mayo al doce de julio de dos mil veintiuno, donde se aprecia el consumo de dicho servicio, la fecha límite de pago, la dirección donde se consume la energía eléctrica, así como el nombre del contratante de dicho servicio. Sin embargo, en el desarrollo del juicio de amparo no demuestra que el quejoso es quien habita el inmueble en cuestión, o bien, que tenga un derecho de posesión o propiedad sobre este, y que, al habitar, o ser titular de tales derechos, sea el quejoso quien reciente directamente la violación a los derechos subjetivos de corte del servicio de agua potable que alega en el amparo. En efecto, el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Luego entonces, con el recibo de pago de suministro de energía eléctrica no demuestra fehacientemente habitar el inmueble CIRCUITO DE LAS FLORES PONIENTE, NÙMERO 3547, FRACCIONAMIENTO CIUDAD BUGAMBILIAS, donde alega se ha suspendido el servicio de agua potable y recolección de basura, pues, adverso a dicho recibo existe en actuaciones judiciales el correspondiente recibo de colonos de bugambilias, donde se aprecia que el colono que se encuentra registrado en la referida colonia son LOPEZ ROMERO ANGELICA KARINA Y CASTELLANOS ARANA VANESSA SALENIA, y no el quejoso Roberto Carlos Paz Rodríguez. Igualmente, existe información de catastro municipal de Zapopan, Jalisco, en donde se aprecia que el titular registral en catastro municipal respecto del inmueble Circuito De Las Flores Poniente, Número 3547, Fraccionamiento Ciudad Bugambilias, es la persona con el nombre ANGELICA KARINA ROMERO LOPEZ y no el quejoso, situación visible en el pago de impuesto predial Consecuentemente, el interés jurídico para comparecer al juicio de amparo no puede inferirse con base en presunciones, sino demostrarse fehacientemente, lo cual no aconteció en el presente juicio, toda vez que el quejoso no demostró habitar, o bien, contar con un derecho de posesión o de propiedad sobre el inmueble circuito de las flores poniente, número 3547, fraccionamiento ciudad bugambilias , no siendo suficiente para justificar lo anterior, el recibo de suministro de energía eléctrica a su nombre, pues debió y no hizo, ofrecer prueba suficiente para justificar el interés jurídico y no simple para instar el juicio de derechos fundamentales que nos ocupa. En sustento a lo anterior, resulta aplicable el siguiente criterio con número de registro y datos de localización siguientes: Registro digital: 207971, Instancia: Cuarta Sala, Octava Época, Materias(s): Administrativa, Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo IV, Primera Parte, julio-diciembre de 1989, página 307. "AGUA, DERECHOS DE. BOLETAS DIRIGIDAS AL USUARIO. NO ACREDITAN POR SI EL INTERES JURIDICO. Si las boletas correspondientes al cobro por el servicio de agua no contienen el nombre de la persona obligada al pago, sino que están dirigidas al usuario de la toma ubicada en el domicilio que se menciona en las mismas boletas el promovente del amparo no acredita su interés jurídico con la sola exhibición de tales documentos." De igual forma por analogía de razón cobra aplicación la Jurisprudencia de la Novena Época, con número de registro digital, 167262, en materia Civil publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIX, Mayo de 2009, página 986 "DOMICILIO. NO PUEDE DEMOSTRARSE SÓLO MEDIANTE UNA CREDENCIAL DE ELECTOR. Como es un hecho notorio que para efectos de obtener una credencial de elector, la entidad respectiva no exige que ante ella se acredite fehacientemente el domicilio pues basta la simple manifestación del interesado, resulta evidente que ese medio de suyo es ineficaz para comprobar esa circunstancia, toda vez que si bien es cierto que se trata de un documento público, también lo es que debe contemplarse y valorarse a la luz de lo dispuesto por el artículo 202, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria." De igual forma la tesis aislada con el número de registro digital: 176204, de la Novena Época en materia Civil, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIII, Enero de 2006, página 2438 que indica: "POSESIÓN. LA CREDENCIAL DE ELECTOR NO ES APTA PARA DEMOSTRARLA. El solo hecho de que en la credencial de elector aparezca el domicilio del bien inmueble del que una persona se ostenta poseedor, no tiene el alcance de probar que el titular de ella sea poseedor del domicilio que en esa tarjeta se asienta, sino, a lo más, que habita en él, lo que es insuficiente para demostrar que tiene una posesión jurídica." El mismo modo, resulta aplicable el siguiente criterio con los datos de localización siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." Todo lo anterior permite concluir que el quejoso no demostró habitar, ser colono o propietario del inmueble CIRCUITO DE LAS FLORES PONIENTE, NÙMERO 3547, FRACCIONAMIENTO CIUDAD BUGAMBILIAS, de la toma doméstica del servicio de agua; esto es, no justificó, sin lugar a duda, tener una posición especial frente al orden jurídico, suficiente para tener por acreditado su interés jurídico ni legítimo. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, de conformidad con la fracción V del numeral 63 del citado ordenamiento legal. En ese orden de ideas, se hace innecesario abordar el examen de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, tal y como lo establece la jurisprudencia 509, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 1876/2021. Notifíquese personalmente.

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