Álvaro Ronzon Macías

Expediente 798/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
798/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
10/10/2019

Partes del expediente

  • Álvaro Ronzon Macías

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que la parte quejosa en este juicio interpusiera recurso de revisión en contra del auto de veinte de septiembre de dos mil diecinueve, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio; consecuentemente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, fracciones II y III, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente es susceptible de destrucción, al haberse únicamente sobreseído fuera de audiencia el juicio de amparo, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá a la destrucción del mismo con posterioridad al DIEZ DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO. De conformidad con lo establecido en el Capítulo Tercero, punto décimo, fracción I, del Acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en el DIEZ DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado.

  2. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, veinte de septiembre de dos mil diecinueve. Téngase por rendido el informe justificado de la autoridad responsable Encargada del Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con conocimiento de las partes agréguese para que surta sus efectos legales procedentes, sin perjuicio de hacer relación del mismo en la audiencia constitucional. Asimismo, téngase a la autoridad oficiante remitiendo copia certificada del oficio número DEV/ST/1010/2019, de fecha diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, dirigido al quejoso Álvaro Ronzón Macías, documental a la que se le concede valor probatorio pleno, en términos de lo que establecen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2. Ahora, de la demanda de amparo, se aprecia que la parte quejosa reclama en esta vía constitucional lo siguiente: La omisión por parte del Delegado del Registro Agrario Nacional, con residencia en esta ciudad, de dar respuesta a la petición de once de junio de dos mil diecinueve del aquí quejoso, respecto de la solicitud de trámite 30190012632. En ese contexto, se toma en cuenta el contenido de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;". El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional, respecto de un acto que ya no afecta a la peticionaria de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos de dicho acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención, no es sólo la paralización del acto de autoridad, además es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del tomo IX-Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo expuesto se desprende que, para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de cuatro extremos, a saber: Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías; y, Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Por otro lado, resulta indispensable acudir al contenido del artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los diversos 103 y 107 de la Constitución General de la República, que a la letra señala: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: (.) II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Del precepto transcrito se obtiene que los efectos que genera la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión, tratándose de actos de carácter omisivo, es obligar a la autoridad responsable a respetar la prerrogativa de que se trate y exigir de la misma su cumplimiento. Esto es, tratándose de actos omisivos de autoridades responsables, se entiende que han dejado de surtir sus efectos una vez que la autoridad lleva a cabo el acto que destruye la violación al derecho reconocido por la Constitución General. En la especie, el quejoso se duele de la omisión por parte del Delegado del Registro Agrario Nacional, con residencia en esta ciudad, para expedirle al quejoso copia certificada de las constancias solicitadas, respecto de la solicitud de trámite 30180028631. Ahora bien, de la constancia remitida por la citada autoridad, se advierte que previo los trámites correspondientes, el diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, mediante oficio DEV/ST/1010/2019 dirigido al quejoso Álvaro Ronzón Macías, es decir, en fecha posterior a la presentación de la demanda, la autoridad responsable subsanó la omisión que se le reclamaba. En ese sentido, deviene inconcuso que los efectos del acto reclamado consistente en la omisión por parte del Delegado del Registro Agrario Nacional, con residencia en esta ciudad, de dar respuesta a la petición de once de junio de dos mil diecinueve del aquí quejoso, respecto de la solicitud de trámite 30190012632, ha cesado en sus efectos, quedado insubsistente en forma total e incondicional el citado acto tildado de inconstitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí ninguna huella. Cobra aplicación, por identidad jurídica, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad.". Luego, al haberse acreditado que cesaron los efectos del acto que por esta vía se reclamó, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que por su aplicación relacionada con la fracción V del numeral 63 del mismo ordenamiento, obliga a SOBRESEER EN ESTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA. Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIECISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficio a la autoridad responsable.

  3. Principal

    Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por el quejoso Álvaro Ronzón Macías, a través del cual desahoga la prevención que se le practicara mediante proveído de cinco de septiembre de la presente anualidad; por tanto, en tiempo y forma se tiene por cumplido el requerimiento dictado en actuaciones respecto de la demanda de amparo, contra el acto que reclama del Delegado del Registro Agrario Nacional del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, la cual fue registrada bajo el número 798/2019-II-B. Al respecto, se acuerda: SE ADMITE en sus términos la demanda de que se trata, con fundamento en los artículos 103 fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, párrafo primero, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108 y 110 de la Ley de Amparo. Dese a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le compete, haciéndole entrega de una copia de la demanda de garantías. NO HA LUGAR A TRAMITARSE EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Al no encontrarse reunido el requisito previsto por el artículo 128 fracción I, de la ley de la materia, en virtud de no haber solicitado la parte quejosa la suspensión del acto reclamado, no ha lugar a formar el incidente de suspensión. LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL se señala para las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIECISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, conforme lo establece el artículo 115 de la Ley de Amparo. SE PIDE INFORME JUSTIFICADO a la autoridad señalada como responsable, en términos de los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo, que deberá rendir dentro del plazo de quince días, con el apercibimiento que de no hacerlo se presumirá cierto el acto que se le reclama, salvo prueba en contrario. Lo anterior, sin perjuicio que en sentencia se le imponga una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo que establece el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento a la autoridad responsable, que a fin de cumplir con el mandato constitucional de impartir justicia pronta y expedita, establecido por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como para evitar, en la medida de lo posible, el uso excesivo de papel y evitar daños innecesarios al medio ambiente, se pone a su disposición el correo electrónico institucional 15jdo7cto@correo.cjf.gob.mx, para que rinda el informe justificado que se le solicita. SE FORMULAN PREVENCIONES en aras de tutelar el derecho fundamental de administración de justicia contenido en el artículo 17 constitucional, evitando trámites innecesarios y dar a la ley un alcance acorde a la realidad actual para optimizar los recursos humanos y materiales a efecto de orientarlos en función de la resolución expedita del juicio: I. A la autoridad responsable, para que al rendir su informe justificado: a) Comunique el cambio de situación jurídica, y en su caso, sí han ocurrido causas notorias de sobreseimiento. En caso de no hacerlo, se le impondrá una multa de treinta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo que establece el artículo 251 de la Ley de Amparo. b) Remita copia certificada completa y legible de las constancias que guardan relación con el acto reclamado y sean necesarias para la solución del juicio constitucional. En caso de no hacerlo, se les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo que establece el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. II. A la parte quejosa: Que para el caso de que la autoridad señalada como responsable sea inexistente, o bien, su denominación sea incorrecta y no sea posible notificarla, una vez que se le dé vista de esa circunstancia, precise corrija o aclare el nombre de la autoridad, con el apercibimiento que de no hacerlo, entonces se le sancionará declarándola inexistente y suspendiendo de inmediato toda comunicación, sin que sea dable pronunciarse nuevamente al respecto, en la sentencia que en su caso se dicte. Ello, porque del análisis sistemático y armónico de los artículos 5º, fracción II, 108, fracción II, y 115 de la Ley de Amparo, se desprende que son parte en el juicio la autoridad o autoridades responsables, y que es obligación de la parte quejosa al formular su demanda de amparo, expresar a quiénes le otorga ese carácter, para efecto de que se les pida el informe justificado. TERCERO INTERESADO. En el presente asunto no se actualiza alguno de los supuestos previstos en el artículo 5°, fracción III, de la Ley de Amparo, dada la naturaleza del acto reclamado. PRUEBAS. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse como pruebas de la parte quejosa, las documentales que anexa a su escrito inicial de demanda, con las que se dará nueva cuenta al celebrarse la audiencia constitucional. DE LAS NOTIFICACIONES A LAS PARTES. Se instruye al Actuario Judicial para que los posibles diferimientos de la audiencia constitucional, se realicen en el presente asunto a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluidas las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles personalmente las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción; de ahí, que resulta suficiente que ese tipo de acuerdos se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado. Similar razonamiento se hace en torno a la autoridad señalada como responsable, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a la parte quejosa, pues a través de ella se le informa en su domicilio o en el que señaló para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores; de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el invocado numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario librar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional, ya que la nueva fecha que se señale, puede consultarse en la lista de acuerdos que se publica en la página de internet del Consejo de la Judicatura Federal. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro se lee: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Derivado de lo anterior, en caso de que se difiera la audiencia constitucional, la notificación de dichos autos se realizará únicamente a través de lista, la cual, como se dijo, puede ser consultada a través de la página de internet del Consejo de la Judicatura Federal. SE HABILITAN HORAS Y DÍAS HÁBILES AL ACTUARIO JUDICIAL. Con fundamento en lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles a cualquiera de los actuarios que le corresponda practicar alguna notificación relativa al presente expediente.

  4. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, notifico por lista de acuerdos al quejoso, la determinación que dice: Vista la demanda de amparo promovida por el quejoso contra el acto que reclama del Delegado del Registro Agrario Nacional del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad. FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE en el Libro de Gobierno correspondiente bajo el número 798/2019 Al respecto, se acuerda: OBLIGACIÓN LEGAL DE PREVENIR A LA QUEJOSA PARA QUE ACLARE LA DEMANDA. Ahora bien, este Órgano Federal analizó la demanda a la luz de las disposiciones de la Ley de Amparo, y específicamente conforme a lo previsto por los artículos 112 y 114, fracción II, y 108, fracción V, que en lo referente establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. Artículo 114.- El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; VI. Los preceptos que, conforme al artículo 1o de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1o de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, se señalará el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y;" De los preceptos transcritos se desprende que cuando se hubiera omitido en la demanda alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 108 de ley de la materia, el órgano jurisdiccional mandará prevenir a la parte promovente a efecto de que la subsane, expresando en el auto relativo las irregularidades o deficiencias que deban llenarse, para que en tiempo el promovente pueda subsanarlas, debiendo contener el auto aclaratorio de demanda el apercibimiento de ley, ordenándose su notificación personal. Así, para el caso de que la parte promovente no llenare los requisitos omitidos o no hiciere las aclaraciones respectivas deberá tenerse por no presentada la demanda de amparo y, en el caso de falta de copias, se estará a lo previsto en el citado artículo 110 (tratándose de las relativas al incidente de suspensión, tal omisión sólo dará lugar a la postergación de su apertura). Lo anterior cobra relevancia si se toma en consideración, que a fin de impartir una recta administración de justicia, el órgano de amparo debe conocer con exactitud la intención del promovente, armonizando los datos y elementos que conformen la demanda de amparo, lo que debe hacerse, tomando en cuenta el acto señalado por la parte quejosa en armonía con los demás hechos relatados en la demanda correspondiente. En el caso, se advierte que el quejoso promueve por derecho propio en calidad de ejidatario, no obstante ello, en el capítulo de antecedentes refiere haberse constituido ante la autoridad responsable en su calidad de Presidente del Comisariado Ejidal, sin precisar el nombre del ejido al cual pertenece. Asimismo, el promovente, en el capítulo de acto reclamado señala como tal, la falta de respuesta a la petición que formuló en la oficialía de partes de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, con fecha once de junio de dos mil diecinueve, a la cual recayó la solicitud de trámite número 30190012632, consistente en la inscripción del contrato de enajenación y la expedición del certificado parcelario correspondiente; sin embargo, en el apartado de hechos, refirió haber solicitado copia de los planos internos del ejido al cual pertenece, señalando además, que la autoridad responsable le negó el acceso a dicha información bajo el argumento de falta de capacidad material, humana y jurídica. PREVENCIÓN Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112 y 114, fracción I y 108, fracción IV y V, de la Ley de Amparo, dentro del término de cinco días contados a partir de la notificación del presente proveído, bajo protesta de decir verdad, por tratarse de un requisito personalísimo, y con las copias necesarias para correr traslado a las demás partes, el promovente de amparo deberá precisar lo siguiente: 1. Si promueve por propio derecho en su calidad de ejidatario, o bien, como Presidente del Comisariado Ejidal, de ser éste el caso, deberá precisar el nombre del Ejido así como exhibir en original o copia certificada, el documento idóneo con el cual acredite dicha personalidad; lo anterior en el entendido de que deberá acompañar copias del escrito mediante el cual desahogue la prevención y del documento con el cual acredite la personalidad, para cada una de las partes. Es aplicable al caso concreto la jurisprudencia P./J.43/96, publicada en la página cuarenta y ocho, del Tomo IV, Julio de mil novecientos noventa y seis, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 30/90, cuyo rubro es el siguiente: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO". 2. Qué fue lo que solicitó ante la autoridad responsable, esto es, si fue la inscripción de un contrato de enajenación y expedición de certificado parcelario, o la expedición de copias de los planos internos del ejido al cual pertenece. 3. Si lo que reclama es la falta de respuesta a su solicitud por parte de la responsable, o bien, el acto reclamado lo hace consistir en la negativa de proporcionarle la información solicitada, para lo cual deberá manifestar la fecha en que tuvo conocimiento o fue notificado de la misma. APERCIBIMIENTO. Apercibido que de no cumplir cabalmente con lo ordenado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda. COMO DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA para oír y recibir todo tipo de notificaciones, se tiene el que señala en la demanda que se provee y por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Joseph Vitaly Enríquez Carmona y Ana Lilia Hernández Torres, quienes acorde a los lineamientos trazados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, que establece el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, cuentan con los registros 162478 y 162469, y por autorizados con la restricción que impone el citado precepto, a Silvia Karina Hernández Torres y Elizabeth de la Cruz Jácome, toda vez que dentro de la base de datos del referido sistema, no aparecen los registros correspondientes, ni tampoco la parte quejosa acreditó que éstos cuenten con dicho documento. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte promovente, por si o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso de scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito juez federal, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Actuario del juzgado, así como la persona que recepcione la información debidamente identificada, para que se precise de que documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a disponibilidad del expediente y que este en trámite en este juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. DEPURACIÓN En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción dieciocho del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que se presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin el presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capítulo Quinto, último párrafo del punto Vigésimo del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al Secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos; sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que hay sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaria o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. TRANSPARENCIA Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

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