Alvaro Rico Rivera

Expediente 1261/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1261/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
23/02/2022

Partes del expediente

  • Alvaro Rico Rivera

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintitrés de febrero de dos mil veintidós. ACUSE DE RECIBO DE CONSTANCIAS Agréguese a los autos para que obre como corresponde el oficio de cuenta signado por el Actuario adscrito al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, Michoacán, a través del cual informa que por auto de dieciocho de febrero del año en curso, aceptó la competencia planteada por este juzgado. SE ORDENA ARCHIVO En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Sin que haya lugar a realizar pronunciamiento respecto a los cuadernos incidentales, toda vez que no se formaron los mismos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza.- Doy fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, once de febrero de dos mil veintidós. PARTE QUEJOSA CUMPLE PREVENCIÓN Vista el acta de ratificación de escrito y reconocimiento de firma de diez de febrero de la presente anualidad, mediante la cual el quejoso Álvaro Rico Rivera, ratificó el contenido del escrito y reconoció como suya la firma que firma que calza en el escrito mediante el cual da cumplimiento a la prevención formulada en autos. SE PROVEE DEMANDA. Ahora bien, vista la demanda de amparo promovida por Álvaro Rico Rivera, por su propio derecho, contra actos de la Auditoria Superior de Michoacán y otra autoridad, consistentes en: La resolución que declara firme la resolución dictada dentro del Procedimiento Administrativo de Responsabilidades del expediente AMSAPAS-029/2017, en la que se le impuso una multa; así como la notificación y requerimiento de pago de la misma, sin aplicar los procedimientos de notificación que marca los artículos 76, 79, 80, 84 y 88 primer párrafo y demás relativos del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán de Ocampo, la cual se verificó en su domicilio ubicado en Benito Juárez 124, de Taretan, Michoacán. INCOMPETENCIA Ahora, el artículo 37 de la Ley de amparo, señala en lo conducente: ".Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Dicho precepto alude a "ejecución material", como criterio para asignar competencia por territorio a los jueces de distrito que conozcan de juicios de amparo; por ende, la citada expresión debe entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material, ya sea por sí mismo o sus efectos conlleven a esa situación, es decir, la ejecución no atiende sólo al contenido del acto reclamado, en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real. Es importante destacar, que lo que distingue las dos primeras hipótesis de la tercera, es que en ésta el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material y, lo que hace la diferencia entre aquéllas, no es que el acto se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino que ello suceda en la jurisdicción de uno o varios jueces de distrito, en razón de que la primera se refiere a todos los supuestos en que puede encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se realice en una jurisdicción; mientras que la segunda regla concierne a la ejecución en dos distritos diferentes. Ahora bien y a fin de resolver el conflicto competencial, este tribunal atenderá a las manifestaciones de la parte quejosa que se obtienen del escrito de demanda, las cuales son aptas para resolver el presente asunto, como se establece en la jurisprudencia 2a./J. 5/93, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 68, agosto de 1993, página 12, que se aplica por analogía, que es de contenido siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. PARA DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA, DEBE ATENDERSE A LAS MANIFESTACIONES DEL QUEJOSO RESPECTO DE LA CERTIDUMBRE DEL ACTO RECLAMADO. Para decidir sobre la procedencia o no de la suspensión provisional, los Jueces de Distrito deben atender a las manifestaciones del quejoso hechas en su demanda bajo protesta de decir verdad, cuando se duele de que existe peligro inminente de que se ejecute, en su perjuicio, el acto reclamado, ya que, por regla general, son los únicos elementos con que cuenta para resolver sobre la solicitud de concesión de la medida cautelar, sin que proceda hacer conjeturas sobre la improbable realización de los actos que el quejoso da por hecho se pretenden ejecutar en su contra, pues para resolver sobre la suspensión provisional, el Juez debe partir del supuesto, comprobado o no, de que la totalidad de los actos reclamados son ciertos. Ello sin perjuicio de analizar si en el caso concreto se cumplen o no los requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo". De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso señaló como actos reclamados, el auto que declara firme la resolución del procedimiento administrativo de responsabilidades AMSAPAS-029/2017, en la que se le impuso una multa, así como la notificación y requerimiento de pago de la misma, al no haberse practicado con las formalidades del procedimiento. Luego, en los hechos de su demanda, el quejoso expresó lo que se transcribe a continuación: ".La resolución indicada en el párrafo que anterior me fue notificada por el Contralor del H. Ayuntamiento de Taretan, Michoacán, precisamente el día 1° primero de diciembre del año próximo pasado, citada notificación la adjunte a la demanda de amparo que nos ocupa. De igual forma adjunte el oficio que dirigió al suscrito la Contraloría Municipal, Oficio número 002/PAE/CON/2021 Asunto: Notificación de crédito fiscal y/o sanción, en el que se me informó la existencia de un crédito fiscal y/o sanción misma que se me requirió para que la liquidara en un término de 15 días, contados a partir de la ya citada notificación." Cabe destacar que la notificación reclamada, así como el requerimiento de pago se verificó en el domicilio del quejoso ubicado en Taretan, Michoacán. De ahí que, se actualiza el supuesto que prevé el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, que señala: "Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado." Dado que de las manifestaciones realizadas por la parte quejosa, se advierte que los actos reclamados tuvieron ejecución material en Taretan, Michoacán. Esto en razón de que el procedimiento administrativo de responsabilidades AMSAPAS-029/2017, concluyó con la resolución emitida el dieciocho de enero de dos mil veintiuno dictada por la Auditoría Superior de Michoacán. En dicha resolución, se determinó que el quejoso, durante su desempeño como Director del Sistema de Agua Potable por el pedido del uno de enero al nueve de febrero de dos mil catorce, ocasionó un daño administrativo al erario público, por lo que se le impuso una sanción económica. Por lo que, una vez firme tal determinación, se formuló la notificación y requerimiento de pago de que se duele el aquí quejoso, actos que, como ya se dijo, se verificaron en su domicilio, esto es, en la ciudad de Taretan, Michoacán; por lo que se estima que los actos reclamados tienen ejecución material en dicho lugar. Ello es así, pues conforme al primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, es competente el juez de distrito que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado, lo que aconteció en Taretan, Michoacán, pues es en ese municipio, donde se verificó la notificación reclamada, así como el requerimiento de pago. Por tanto, no debe atenderse al lugar en donde se emitió la determinación, pues no puede considerarse como acto de ejecución de dicho mandamiento, ya que, si bien ese acto legitima para promover el juicio de amparo, no puede servir de base para fijar la competencia del juez de distrito que deba conocer de él, sino atenderse al lugar en que ha tenido ejecución o deba tener ejecución el acto reclamado; en el caso, el lugar donde se realizó la notificación y el requerimiento de pago reclamados, ya que el quejoso los reclama por vicios propios al señalar que no se verificaron con las formalidades debidas. Por tanto, la competencia para conocer del juicio de amparo, debe fincarse a favor del juez de distrito del lugar en donde se verificaron tales actos, esto es, en Taretan, Michoacán, pues es ahí donde se ejecuta y produce consecuencias en el mundo fáctico. En las relatadas circunstancias, es evidente que la competencia se surte a favor del Juez de Distrito en turno, con residencia en Uruapan, Michoacán, de donde se sigue que en el caso se actualiza la hipótesis del numeral trascrito, tal y como lo determina el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece lo relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana. Consecuentemente, si el acto reclamado conlleva ejecución material, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Amparo, el suscrito estima que corresponde conocer de la presente demanda de garantías a un Juez de Distrito, con residencia en Uruapan, Michoacán, por lo que con fundamento en dicho artículo párrafo primero, y 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al Juez de Distrito en turno, en Uruapan, Michoacán, para los efectos legales procedentes, solicitándose el acuse de recibo de estilo correspondiente. Con una copia simple de la demanda, fórmese el cuaderno correspondiente, regístrese en el Libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado y en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza.- Doy fe.

  3. Principal

    POR MEDIO DE LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOA EL SIGUIENTE ACUERDO: Morelia, Michoacán, diez de enero de dos mil veintidós.********************SE REQUIERE A LA PARTE QUEJOSA PARA QUE RATIFIQUE ESCRITO.********************Visto el escrito de cuenta, signado por el quejoso ********************, del cual se advierte que la firma que lo calza difiere a simple vista con la que obra estampada en la demanda de amparo.********************En esa virtud, requiérase a ********************, para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que quede notificado de este proveído, en día y horas hábiles de despacho comparezca ante el personal de este juzgado identificado con documento oficial, para que, previamente advertida de la responsabilidad que para el caso de afirmar hechos falsos u omitir los que le consten en relación con el amparo prevé el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, manifieste si ratifica en todas y cada una de sus partes el escrito de cuenta con el cual pretende cumplir la prevención formulada en autos y reconoce como suya la firma que lo calza; bajo apercibimiento que de no hacerlo se entenderá que desconoce la firma que calza el escrito de cuenta.******************** Se invoca en apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia por contradicción de tesis, 3a./J24, de la Tercera Sala, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 258, consultable en la página 174, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, del rubro siguiente: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS, DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA".********************En el entendido de que una vez ratificado el escrito de que se trata, este juzgado estará en aptitud de ordenar de oficio la práctica y desahogo de la prueba pericial en grafoscopía y caligrafía, a fin de verificar si la firma que calza el escrito de cuenta y el de la demanda corresponden a la firma del promovente del amparo, ello en atención a que constituye una práctica reiterada que los abogados o terceras personas signen los escritos falsificando la firma de los directos quejosos. ********************Sirve de apoyo a los anterior, la jurisprudencia 2ª./J. 59/2017 (10ª), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, del texto y rubro siguientes:********************"Época: Décima Época ********************Registro: 2014436 ********************Instancia: Segunda Sala ********************Tipo de Tesis: Jurisprudencia ********************Fuente: Semanario Judicial de la Federación ********************Publicación: viernes 09 de junio de 2017 10:15 h ********************Materia(s): (Constitucional, Común) ********************Tesis: 2a./J. 59/2017 (10a.) ****************************************PERICIAL EN MATERIA DE CALIGRAFÍA Y GRAFOSCOPIA. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA ORDENAR OFICIOSAMENTE SU PRÁCTICA Y DESAHOGO, A FIN DE VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA QUE CALZA LA DEMANDA DE AMPARO, RECONOCIDA POR QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE EN ELLA, ÚNICAMENTE CUANDO ADVIERTA QUE LA FIRMA RATIFICADA Y LAS PLASMADAS DURANTE LA DILIGENCIA DE RATIFICACIÓN SON NOTORIAMENTE DIFERENTES. Únicamente en el caso referido, esto es, cuando aprecie una diferencia notoria entre la firma ratificada y las plasmadas durante la diligencia de ratificación, el Juez de Distrito estará facultado para ordenar oficiosamente la práctica y desahogo de una prueba pericial en materia de caligrafía y grafoscopia, a fin de corroborar su autenticidad pues, por un lado, la procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y estudio preferente e independiente de la actuación de las partes y, por otro, dicha pericial no sólo es un elemento probatorio admisible en el juicio, sino que resulta idóneo para comprobar la veracidad de la firma mencionada.****************************************SEGUNDA SALA****************************************Contradicción de tesis 338/2016. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito y Primero en Materia Civil del Sexto Circuito. 19 de abril de 2017. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas y Eduardo Medina Mora I. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretaria: Maura Angélica Sanabria Martínez.****************************************Tesis y criterio contendientes:****************************************Tesis VI.1o.C.3 K (10a.), de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. SI SU SUSCRIPTOR RATIFICA LA FIRMA QUE LA CALZA ES ILEGAL QUE EL JUEZ DE DISTRITO UNILATERALMENTE INVESTIGUE SOBRE LA AUTENTICIDAD O FALSEDAD DE ÉSTA Y ORDENE LA RECEPCIÓN DE UNA PERICIAL PARA RESOLVER CONFORME AL RESULTADO DE DICHA PRUEBA.", aprobada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XI, Tomo 2, agosto de 2012, página 1751, y****************************************El sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 85/2016.****************************************Tesis de jurisprudencia 59/2017 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del diez de mayo de dos mil diecisiete.****************************************Esta tesis se publicó el viernes 09 de junio de 2017 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 12 de junio de 2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.****************************************Es necesario hacerle del conocimiento al quejoso, que en términos de los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la ley de materia, facultan a este órgano jurisdiccional que en cualquier etapa del procedimiento de amparo se le debe dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos que podrían ser constitutivos de alguno de los delitos previstos en la Ley de Amparo, como podría ser el caso de que se conduzca con falsedad ante el presente juicio de amparo, y ratifique como suya una firma que no fue emitida de su puño y letra.********************Lo anterior encuentra apoyo en la tesis derivada de la contradicción 204/2016, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Sexto del Décimo Quinto Circuito y Tercero en Materia Civil del Primer Circuito, aprobada el 9 de febrero de 2017, de rubro y texto siguientes: ********************VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA. Los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo facultan a los órganos jurisdiccionales de amparo para que, con independencia de la intervención del Ministerio Público Federal como parte en los juicios de la materia, hagan del conocimiento de este último los hechos que podrían ser constitutivos de delitos; por otra parte, el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la obligación ineludible de las autoridades en ejercicio de sus funciones públicas -y hasta de las partes que intervengan en el proceso- de denunciar y hacer del conocimiento de la representación social la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito. De lo anterior se colige que los juzgadores de amparo deben dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a fin de que la representación social investigue de inmediato.****************************************En el entendido de que deben tramitar una cita para ingresar a las instalaciones de este juzgado de distrito, mediante código QR, en atención a los lineamientos, establecidos en el citado Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, considerando además la situación que se apuntó con antelación, en el sentido de que este órgano jurisdiccional se encuentra laborando tanto vía remota como presencial, pero en esta última modalidad con un número de personal y horarios reducidos. ********************NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. ********************Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.Mach

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