Alvaro Reyes Ramos
Expediente 301/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 301/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 07/10/2021
Partes del expediente
- Alvaro Reyes Ramos
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, siete de octubre de dos mil veintiuno. se tiene por recibido el escrito suscrito por ********************, quien se ostenta como apoderado legal de la empresa ********************, mediante el cual solicita copia certificada de todo lo actuado en el presente asunto, así como la devolución del instrumento notarial con el cual acreditó su personalidad como apoderado legal de moral en cita.se ordena expedir a su costa las copias certificadas que solicita, previa razón de recibo que se asiente en autos; debiendo tener presente la parte quejosa que los horarios en los cuales labora el centro de copiado, son variables ante esta pandemia originada por el COVID-19. Sin que haya lugar a señalar fecha y hora para su comparecencia, ya que la misma debe ser generada de manera personal a fin de obtener el "Acuse de confirmación de cita" -código QR del-, para su acceso a este órgano de control constitucional. dígase al ocursante que en el presente asunto, no existen documentos originales pendientes de devolver; no obstante, se precisa que a su escrito de demanda ajuntó copia simple del documento que solicita, ***************** por tal razón, no ha lugar a acordar de conformidad su petición. Notifíquese.
- Principal
Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso recurso de queja contra el auto de once de mayo de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Archivo del expediente Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el expediente como concluido.
- Principal
Toluca, Estado de México, once de mayo de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el escrito suscrito por Álvaro Reyes Ramos, quien se ostenta como apoderado legal de la empresa Corporativo de Seguridad HCS Sociedad Anónima de Capital Variable,-personalidad que acredita en términos de la copia certificada del instrumento notarial número sesenta y seis mil quinientos cincuenta y siete (66, 557) pasado ante la fe de la Notaria Pública número Quince del Estado de México, mediante el cual desahoga la prevención efectuada en proveído de veintitrés de abril de dos mil veintiuno. En el citado proveído, se requirió a la parte quejosa para que bajo protesta de decir verdad, indicara todo lo actuado en el juicio de donde emana el acto reclamado y lo precisara con claridad. Ahora del escrito que se provee, se observa que el promovente dio cumplimiento a lo anterior; en consecuencia, se tiene por desahogada la prevención formulada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 interpretado en sentido contrario y 115 de la Ley de Amparo, por ende se tiene como acto reclamado y atoridad responsable, los siguientes: Acto reclamado -Auto de veinte de abril de dos mil veintiuno, dictado por el Secretario Instructor del Primer Tribunal Laboral de la Región Toluca, con residencia en Xonacatlan, Estado de México, en el cual tuvo por no interpuesta la reconvención del demandado Corporativo de Seguridad HCS Sociedad Anónima de Capital Variable; y su derecho a objetar las pruebas de la parte actora en los autos del expediente 23/2021. Autoridad responsable - Licenciado Víctor Hugo García Hernández, Secretario Instructor del Primer Tribunal Laboral de la Región Toluca, con residencia en Xonacatlan, Estado de México. Estudio de la demanda Previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, mientras que lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En ese sentido, es pertinente precisar que el acto reclamado materia de este asunto, esencialmente consiste en el auto de veinte de abril de dos mil veintiuno, dictado por el Secretario Instructor del Primer Tribunal Laboral de la Región Toluca, con residencia en Xonacatlan, Estado de México, en el cual tuvo por no interpuesta la reconvención del demandado Corporativo de Seguridad HCS Sociedad Anónima de Capital Variable; y su derecho a objetar las pruebas de la parte actora en los autos del expediente 23/2021. Hecha tal precisión, este Juzgado Federal estima que respecto del citado acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso precepto legal 5°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, así como la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que literalmente establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;" De lo anterior, es dable decir que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del promovente de amparo, en el entendido de que la parte quejosa es la titular, en el caso, de un derecho subjetivo, o bien, en otros casos, de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos a que se hace referencia en el artículo 1° de la legislación de amparo y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Cabe precisar, además, que los elementos constitutivos del interés jurídico, el cual en el caso interesa, consisten en demostrar: a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) Que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Requisitos anteriores, que en caso de no satisfacerse alguno de ellos, el juicio de amparo será improcedente. De lo que se sigue, que para que el juicio de amparo sea procedente, se requiere, indispensablemente, que quien lo promueva demuestre la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado y que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; publicada en la página 1598 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, Materia Común, Décima Época, con número de registro 2019456, que establece: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." Ahora bien, se reitera, el acto reclamado consiste esencialmente en el auto de veinte de abril de dos mil veintiuno, dictado por el Secretario Instructor del Primer Tribunal Laboral de la Región Toluca, con residencia en Xonacatlan, Estado de México; en el cual se tuvo por no interpuesta su reconvención y su derecho a objetar las pruebas de la parte actora en autos del expediente 23/2021, a efecto de una mejor compresión se explican los antecedentes que dieron origen a dicha determinación: -El veintidós de febrero de dos Juan Carlos Rojas Monroy; presentó escrito inicial de demanda contra la empresa moral Corporativo de Seguridad HCS Sociedad Anónima de Capital Variable. -Seguidos los trámites el nueve de marzo siguiente, se emplazó debidamente a la parte demandada que se reitera lo es Corporativo de Seguridad HCS Sociedad Anónima de Capital Variable; por ende transcurrido el término de ley, el siete de abril del año en cita, Álvaro Reyes Ramos, en su calidad de apoderado legal de la moral en cita presentó en la oficialía de partes de la autoridad responsable, la promoción registrada con el número 289/2021 con la cual el pretendía dar contestación y reconvención a la demanda laboral instaurada. Sin embargo, alude que en dicha promoción no se asentó que el documento con el que acreditaba su personalidad como apoderado legal de la empresa demandada, se trataba de un documento en copia debidamente certificada del instrumento notarial de tres de septiembre de dos mil veinte, certificado por la notaria Público M. de D. Evelyn del Roció Lechuga Gómez, colocándose únicamente que se trataba de una copia simple de éste. -En esas condiciones, la autoridad responsable el catorce de abril de dos mil veintiuno, determinó no reconocer la personalidad con las que se ostentaba, dado que no había exhibido el documento idóneo para acreditarla, por tanto no se podía dar trámite a su escrito de contestación de demanda. -Por tanto, en el acto que en esta vía reclama consistente en el auto de veinte de abril de dos mil veintiuno, se le hacen a la demandada Corporativo de Seguridad HCS Sociedad Anónima de Capital Variable efectivos los apercibimientos decretados es decir, se tuvieron por admitidas las peticiones del actor y por no ofrecidas las pruebas y por precluido su derecho para ofrecerlas, así como por no interpuesta su reconvención y su derecho a objetar las pruebas de la parte actora con posterioridad. De lo anterior, se advierte que de ninguna forma puede considerarse como un acto de autoridad capaz de afectar o vulnerar la esfera jurídica o derechos humanos del peticionario del amparo, que en el caso, lo es Álvaro Reyes Ramos. Lo anterior es así, dado que de la demanda de amparo se advierte que el quejoso no es la titular del derecho subjetivo supuestamente vulnerado, ya que inicialmente acudió al juicio constitucional en su carácter de particular; razón por la que no es dable considerar que resienta en su esfera jurídica algún agravio personal y directo; sin que pase inadvertido para el suscrito que en su escrito de desahogo de prevención pretende acreditarse como apoderado legal de la empresa Corporativo de Seguridad HCS Sociedad Anónima de Capital Variable, pues como quedó precisado en líneas que anteceden, el quejoso nunca actúo con el carácter de representante legal de la referida persona moral, sino por derecho propio. En efecto, el juicio de amparo es medio de defensa de la constitucionalidad, a través del cual se pueden reparar las violaciones a derechos fundamentales o humanos, derivados de los actos de autoridad, o de aquéllos particulares que efectúen actos equiparables a los de autoridad; en ese sentido, las personas lato sensu que acuden al juicio de amparo, tratándose actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales -como es el caso-, el quejoso debe aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; sin embargo, el quejoso de referencia no insta el juicio de amparo en defensa de lo anteriormente descrito, sino en su carácter de particular, razón por la que no le asiste la idoneidad que establece la fracción I del artículo 5º de la ley de la materia, para solicitar por sí (como lo hace), la protección de la Justicia Federal. A mayor abundamiento, en el caso, no resulta idónea la participación del promovente del juicio de amparo en su calidad de quejoso, puesto que la determinación reclamada no constituye una afectación o vulneración a algún derecho fundamental o humano de aquél, sino por el contrario, se advierte de manera clara y patente que quien pudiese ser objeto de dicha afectación, es el directo demandado en el juicio de origen es decir, Corporativo de Seguridad HCS Sociedad Anónima de Capital Variable, quien no cuenta con impedimento u obstáculo alguno para acudir al juicio constitucional de manera directa o a través de quien legalmente lo represente para reclamar la supuesta inconstitucionalidad del auto de veinte de abril de dos mil veintiuno, dictado por el Secretario Instructor del Primer Tribunal Laboral de la Región Toluca, con residencia en Xonacatlan, Estado de México, en el expediente 23/2021. Así pues, al no haber acreditado el quejoso la afectación a un derecho sustantivo que le dote de idoneidad para acudir al presente juicio constitucional en su calidad de parte quejosa, resulta clara y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso precepto legal 5°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, así como la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; puesto que aun cuando se sustancie el presente juicio de amparo, ese hecho no cambiará la falta de idoneidad que aquél posee para acudir al juicio constitucional en defensa de su esfera jurídica, toda vez que como se ha explicado ampliamente, el acto reclamado no irroga ningún perjuicio al mismo para que hubiese instado el juicio de amparo. En las relatadas circunstancias, al existir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, el cual se encuentra previsto en el artículo la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso precepto legal 5°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, así como la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y además, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 113 del citado ordenamiento legal; se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Álvaro Reyes Ramos, por notoriamente improcedente. Autorización y consulta de expediente electrónico Ahora bien, toda vez que el autorizado de la parte quejosa, indica que tiene registrada su firma electrónica y manifiesta que su usuario es "Pacorro77", en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; atento a lo anterior, y una vez corroborado el usuario en comento, con fundamento en los artículo 77 y 78 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del Consejo de la Judicatura Federal que regula los Servicios Tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal y el 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se autorizan los permisos correspondientes, a efecto de que pueda ser consultado el expediente electrónico. Notificación electrónica Asimismo. con fundamento en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, se instruye a los Actuarios adscritos realízar la presente notificación a la parte quejosa vía electrónica, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Devolución de documentos Previa copia certificada que se glose en autos, se ordena la devolución del documento con el cual el quejoso adjuntó a su escrito aclaratorio, previa toma de razón y copia certificada que en su lugar obre en autos. Habilitación de días y horas inhábiles En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. Notifíquese vía electrónica.
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