Alvaro Ramírez Hernández
Expediente 733/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 29 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 733/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 29
- Última actuación
- 26/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Alvaro Ramírez Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 29.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, veintiséis de octubre de dos mil veinte. Causa estado cumplimiento Vistos los presentes autos, y tomando en consideración que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de inconformidad en contra del auto del veinticuatro de septiembre de dos mil veinte (fojas 405 a 409), por el que se declaró cumplida la sentencia; por lo tanto, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales procedentes; en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia. Por tanto, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido y háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Depurable. Se establece que el juicio de amparo es depurable, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo decimoctavo, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, POR HABERSE CONCEDIDO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. Plazo de conservación. Resguárdese el juicio principal por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Depuración de expediente. Depúrese dentro de los noventa días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional; lo que deberá justificarse en el acuerdo de desincorporación, debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Transferencia. Terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que haya lugar a requerir a la parte quejosa para la devolución de documentos originales, toda vez que los mismos no obran en autos Finalmente, realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sonia López Márquez, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveido de veinticuatro de septiembre de dos mil veinte: Apizaco, Tlaxcala, veinticuatro de septiembre de dos mil veinte. Análisis cumplimiento de sentencia. Visto el estado procesal de autos y la certificación de cuenta, y conforme al artículo 107, fracción XVI, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo, sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. Ahora bien, en la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, la cual fue confirmada por la ejecutoria pronunciada en el recurso de revisión 113/2019 del índice del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, se concedió el amparo y protección de la Justicia federal al quejoso, para los efectos siguientes: "1. Deje intocada la resolución que constituyó el acto reclamado, toda vez que la mismo es constitucional y fue dictada apegado a derecho como se expuso en el considerando correspondiente (sic). 2. Dicte un acuerdo en el que: a) Ordene dar vista al ministerio público por la manifestación de tortura que los codetenidos David Munive Flores y Victorino Cano Cruz, señalaron fueron objeto, para que inicie la averiguación previa correspondiente y realice todas las diligencias para comprobar el cuerpo del delito, así como la probable responsabilidad de los servidores públicos en relación con los actos de tortura, bajo el estándar probatorio de este tipo de procesos; y, b) Ordene la realización de exámenes psicológicos y médicos pertinentes de conformidad con el Protocolo de Estambul y la práctica de cualquier probanza que sea necesaria para el esclarecimiento de los hechos vinculados con la tortura alegada por los coacusados David Munive Flores y Victorino Cano Cruz (personas que señalaron al ahora quejoso como copartícipe en el ilícito que se le imputa al rendir su declaración preparatoria, en autos de la causa de origen), a fin de que tengan efecto dentro del proceso y puedan valorarse al dictarse la sentencia definitiva para determinar si tiene repercusión en la validez de las pruebas de cargo que pesan contra el aquí quejoso, y en su caso, de los activos que intervinieron en los hechos si se hubiese emitido con motivo de la tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes que aquéllos dijeron haber sufrido, pues de la respuesta a ello dependerá el resultado de las pruebas referidas, estableciendo si esas declaraciones guardan o no relación directa con el acto de tortura denunciado. Para el supuesto de que la fase de instrucción ya esté cerrada, ordene su reapertura a partir de la diligencia inmediata anterior al auto de cierre de instrucción y una vez hecho lo anterior, realice lo asentado en el párrafo que precede." Por lo que recibida que fue dicha ejecutoria, mediante proveído de dos de marzo del año en curso, se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento respectivo. En contestación a lo anterior, la autoridad responsable Juez Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, mediante oficio 394/2020 de cuatro de marzo del presente año, transcribió el acuerdo de esa misma fecha, informando haber dado cumplimiento a la sentencia dictada dentro del presente juicio de amparo, asimismo adjuntó copia de los acuses relativos. Así, mediante proveído de diez de marzo del año en curso, se ordenó dar vista a las partes por el plazo de tres días, para que estuvieran en aptitud de manifestar lo que a su interés legal conviniera respecto de dicho cumplimiento, con el apercibimiento que, de no realizar manifestación alguna, este juzgado proveería lo que en derecho correspondiera. Se tiene cumplida sentencia de amparo. Ahora bien, la autoridad responsable Juez Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, mediante oficio 394/2020 de cuatro de marzo del presente año, informó el contenido del acuerdo dictado dentro del proceso 447/2018 de su índice, del cual en la parte que interesa, estableció siguiente: "(.) se ordena dejar sin efecto lo actuado a partir del auto que declaró cerrada la instrucción, es decir el auto de fecha veinte de enero de dos mil veinte y se de vista al Agente del Ministerio Público Investigador con la manifestación de tortura que los codetenidos DAVID MUNIVE FLORES y VICTORINO CANO CRUZ, señalaron fueron objeto, para que se inicie la averiguación previa correspondiente y realicen todas las diligencias para comprobar el cuerpo del delito, así como la probable responsabilidad de los servidores públicos en relación con los actos de tortura, bajo el estándar probatorio de ese tipo de procesos; asimismo se ordena la realización de exámenes psicológicos y médicos pertinentes de conformidad con el protocolo de Estambul para el esclarecimiento de los hechos vinculados con la tortura alegada por los coacusados antes mencionados (personas que señalaron al ahora quejoso ALVARO RAMIREZ HERNANDEZ, como coparticipe en el ilícito que se le imputa al momento de que rindieron su declaración preparatoria en la causa penal 284/2015, de los del índice del extinto Juzgado Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, actualmente 477/2018 de los de este Juzgado) a fin de que tengan efecto y puedan valorarse al dictar la sentencia definitiva para determinar si tienen la validez de las pruebas de cargo que pesan contra el quejoso ALVARO RAMIREZ HERNANDEZ y en su caso, de los activos que intervinieron en los hechos si se hubiese emitido con motivo de la tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes que aquellos dijeron haber sufrido, pues de la respuesta a dichos exámenes, dependerá e resultado de las referidas pruebas, estableciendo si esas declaraciones guardan o no relación directa con el acto de tortura denunciado. (.) Así las cosas, y toda vez que el codetenido VICTORINO CANO CRUZ, por diligencia de declaración preparatoria de fecha cinco de septiembre de dos mil catorce y respecto del codetenido DAVID MUNIVE FLORES, en diligencia de ampliación de declaración de fecha diez de septiembre de dos mil catorce, alegaron haber recibido maltrato físico y psicológico, durante el tiempo que permanecieron bajo la potestad de la Autoridad Investigadora, es procedente girar oficio con inserción de este auto al Ciudadano Procurador General de Justicia del Estado, dándole vista con la acusación de tortura y malos tratos que refieren los codetenidos DAVID MUNIVE FLORES y VICTORINO CANO CRUZ, para lo cual dicho Procurador deberá tener presente que la prueba idónea para la detección de la tortura es la pericial practicada conforme al manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, expedido por la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, también conocido como Protocolo de Estambul, adjuntándole copias certificadas de las constancias que contienen las declaraciones vertidas por dichos codetenidos, para que de manera inmediata designe Agente del Ministerio Publico Investigador para que se avoque a la investigación de la acusación de maltrato que refieren los codetenidos DAVID MUNIVE FLORES y VICTORINO CANO CRUZ, en el entendido que dicho agente investigador deberá ser distinto del o de los que intervinieron en la integración de la indagatoria que dio origen a la causa penal 284/2015, de los del índice del extinto Juzgado Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, actualmente causa penal 447/2018, de los del índice de este Juzgado; y de la investigación que se inicie y se practique, los resultados de las pruebas periciales correspondientes que se practiquen a los codetenidos DAVID MUNIVE FLORES y VICTORINO CANO CRUZ, siguiendo los lineamientos del protocolo de Estambul, se remitan a este Juzgado, dentro del término de quince días, a efecto de poder cumplimentar la ejecutoria de mérito. (.)" (sic) Oficio al que adjunto copia de los acuses de los oficios girados, con lo que acreditó haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, documentales a la que este juzgador concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°; toda vez que de su análisis se aprecia que se ha dado cumplimiento a los efectos de la sentencia de amparo, pues 1) Dejo intocada la resolución que constituyó el acto reclamado y 2) Dictó un acuerdo en el que: a) ordenó dar vista al ministerio público por la manifestación de tortura que los codetenidos David Munive Flores y Victorino Cano Cruz, señalaron fueron objeto, para que inicie la averiguación previa correspondiente y realice todas las diligencias para comprobar el cuerpo del delito, así como la probable responsabilidad de los servidores públicos en relación con los actos de tortura, bajo el estándar probatorio de este tipo de procesos; y, b) ordenó la realización de exámenes psicológicos y médicos pertinentes de conformidad con el Protocolo de Estambul y la práctica de cualquier probanza que sea necesaria para el esclarecimiento de los hechos vinculados con la tortura alegada por los coacusados David Munive Flores y Victorino Cano Cruz, a fin de que tengan efecto dentro del proceso y puedan valorarse al dictarse la sentencia definitiva para determinar si tiene repercusión en la validez de las pruebas de cargo que pesan contra el aquí quejoso, y en su caso, de los activos que intervinieron en los hechos si se hubiese emitido con motivo de la tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes que aquéllos dijeron haber sufrido, pues de la respuesta a ello dependerá el resultado de las pruebas referidas, estableciendo si esas declaraciones guardan o no relación directa con el acto de tortura denunciado. Girando los oficios correspondientes, como se aprecia de las siguientes imagenes: No existe defecto o exceso. En atención a lo anterior, es pertinente dejar establecido que no existió defecto o exceso en el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, considerando que hay exceso cuando las responsables se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la determinación y que, por el contrario, habrá defecto, cuando las autoridades cumplen parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente; al respecto, como criterio orientador, se cita la jurisprudencia del rubro: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO". Se estima que no hay defecto en el cumplimiento, en razón a que la responsable siguió lo ordenado en la sentencia protectora en los términos indicados con antelación. Tampoco existe exceso, pues la autoridad responsable no se extralimitó en el cumplimiento, pues no fue más allá de lo ordenado en la ejecutoria de amparo. Se declara cumplido el fallo protector. Por consiguiente, este órgano de control constitucional considera que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales violados, en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo; en tal virtud, se declara cumplida la ejecutoria de amparo dictada dentro del presente juicio. Anotaciones y captura SISE Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado de registro de juicios de amparo, y procédase a la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
Agréguese a los autos el oficio signado por el Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, mediante el cual acusa recibo del oficio 10668/2019 de quince del mes y año en curso, así también informa que el Tribunal de su adscripción admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por el Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito a este Juzgado, contra la sentencia de veintinueve de marzo del año en curso, el cual quedó registrado con el número 113/2019 de su índice; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes.
- Principal
PRIMERO. La justicia de la unión no ampara ni protege al quejoso Álvaro Ramírez Hernández, en contra del acto reclamado a las autoridades responsables precisados en los considerandos segundo y tercero, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando séptimo de esta resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a Álvaro Ramírez Hernández, por los motivos expuestos en el considerando octavo de esta sentencia y para los efectos precisados en el último considerando.
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