Álvaro Nuñez Bautista
Expediente 685/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 685/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 20/06/2019
Partes del expediente
- Álvaro Nuñez Bautista
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México; veinte de junio de dos mil diecinueve. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, de los cuales se advierte que transcurrieron los cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de cuatro de junio de dos mil diecinueve, a través del cual se desechó la demanda de amparo promovida por Álvaro Núñez Bautista, sin que la parte quejosa lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa contenida en el precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el presente sumario como asunto concluido. Por otra parte, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I, párrafos primero y segundo del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, consultable en el Diario Oficial de la Federación número veinte, del veintiséis de octubre de dos mil nueve, se precisa que el presente expediente por tratarse de un asunto en el cual se desechó la demanda de amparo, es susceptible en su oportunidad de ser destruido. En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el Punto Segundo inciso XVIII) del Acuerdo citado; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. A las partes se les comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.
- Principal
II) Toluca, Estado de México; cuatro de junio de dos mil diecinueve. RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo promovida ..., por derecho propio, contra actos del Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, México; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 685/2019-II. DESECHAMIENTO. Por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio pues las causales previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo y la referida en la última fracción del propio precepto legal, de conformidad con el diverso 62, de la citada ley de la materia, son de examen preferente y deben analizarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda. Robustece lo anterior la jurisprudencia II.1º.J/5, consultable en la página 95 del Semanario Judicial de la Federación, Mayo de 1991, Tomo VII, Octava Época, cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Así, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En el entendido que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del ocurso; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Se estima aplicable, en lo conducente, la tesis I.4o.A.269 A, página 1008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo de 1998, Tomo VII, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. SÓLO PROCEDE POR MOTIVOS MANIFIESTOS E INDUDABLES DE IMPROCEDENCIA. En términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación surjan a la vista; de no ser así, procede admitir y tramitar la demanda y dar oportunidad a las partes para que rindan los elementos de convicción relacionados con aquélla. Por otra parte, el Juez de Distrito, al recibir el escrito de demanda debe tomar en cuenta que, bajo protesta de decir verdad, el quejoso proporciona hechos y datos a través de los cuales especifica por qué estima que los actos reclamados resultan infractores de sus garantías individuales y atendiendo a que la función esencial del juzgador federal es vigilar el cumplimiento de éstas, debe otorgar credibilidad a las manifestaciones hechas valer en el escrito de demanda." No constituye un obstáculo a lo anterior, el hecho de que la tesis y jurisprudencia invocadas interpreten la legislación de amparo abrogada, pues aquéllas no son contrarias, ni se contraponen con las disposiciones de la actual Ley de Amparo, tal como lo establece el Sexto Transitorio de la legislación de amparo vigente. Lo que también acontece respecto de los demás criterios que serán invocados en esta determinación. Ahora bien, de análisis integral de la demanda de amparo, así como de los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad, se obtiene que el impetrante reclama del Juez Cuarto Civil de Primera Instancia de Toluca, México, dentro del expediente 50/2017, en el cual, es parte, el proveído de veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, donde se autorizó el uso de la fuerza pública y rompimiento de cerraduras, si fuere necesario, para que el ejecutor adscrito a dicho juzgado lance al demandado (aquí quejoso), del inmueble descrito en la sentencia definitiva diciada en el citado juico de origen. Determinación respecto de la cual se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con el 107 fracciones IV y V, aplicadas en sentido contrario, de la Ley de Amparo vigente, que establecen: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de este Ley." "ARTÍCULO 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; " (.)". [El énfasis es propio] De la cita que antecede se aprecia que la última fracción del artículo 61 de la legislación referida, establece la posibilidad de actualización de alguna causa de improcedencia diversa a las enumeradas en las demás fracciones, de manera tal que ese apartado da sustento y apoyo a la improcedencia legal y jurisprudencial; es decir, la derivada de disposiciones distintas a las demás fracciones que dicho precepto indica, las cuales pueden obtenerse de la propia Ley de Amparo, de la Constitución General de la Republica, de la Jurisprudencia o de algún otro ordenamiento legal. En este sentido, los supuestos establecidos en las primeras veintidós fracciones del referido dispositivo, no son las únicas causas por las que puede decretarse la improcedencia de la vía constitucional, pues existe la posibilidad de aplicación analógica de situaciones diversas, como la derivada de los criterios jurisprudenciales. Por otra parte, la fracción IV, del artículo 107 de la ley de la materia, establece como presupuesto de procedencia en la vía indirecta, que al impugnarse actos dictados en ejecución de una sentencia, éstos deben tratarse de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, de manera que no cualquier auto o resolución pronunciados en esta etapa sea reclamable en juicio constitucional. Así, el juicio biinstancial procede únicamente contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución respectivo, es decir, la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente de origen. Sirve de apoyo a lo expuesto, la Jurisprudencia 32/2001 consultable en la página 31, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2001, Tomo XIII, Novena Época, que a la letra dice: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." En esa tesitura, la fracción IV del artículo 107 de la actual Ley de Amparo, se apoya en el principio de economía procesal y pretende evitar la proliferación o cadena interminable de juicios con motivo de diversas actuaciones suscitadas en el procedimiento de ejecución; esto es, la intención del legislador es impedir que las partes contendientes en un procedimiento puedan agotar el juicio tantas veces como violaciones se cometan en dicho procedimiento, pues con ello se ocasionaría, por un lado, una constante promoción de juicios de amparo y, por otro, una injustificada demora en la conclusión definitiva del procedimiento respectivo. De manera tal que el legislador pretende que continúe la ejecución de la sentencia del juicio sin mayores trabas, así como que el afectado pueda inconformarse con las posibles violaciones que se cometan, al impugnar la última resolución dictada; de ahí que pueda hacer valer tantas violaciones al procedimiento como estime se hubieren cometido, pero ello al impugnar la última resolución. Convienen destacar que en relación a los actos dictado en ejecución de sentencia, existe la Jurisprudencia P./J. 108/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 6 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época, Registro 163152, de contenido siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." Del criterio trascrito se advierte que el juicio de amparo indirecto es excepcionalmente procedente tratándose de actos de imposible reparación, entendiendo como tales, aquellos que producen una afectación a derechos sustantivos del agraviado, y por tal motivo se debe atender de manera inmediata en el juicio de amparo biinstancial, o bien, cuando se trata de cuestiones ajenas a la cosa juzgada en el juicio natural, lo que en algún momento se denominó de "autonomía destacada". Tal ha sido el criterio mantenido por Nuestro Máximo Tribunal respecto de los actos emitidos dentro de la etapa de ejecución de sentencia, en el sentido que, excepcionalmente procede el juicio de amparo indirecto en dos supuestos, el primero, que se trate de actos autónomos a la ejecución de la sentencia y además que dicha autonomía sea destacada, debiéndose entender por tales, los que se dictan de manera previa y son necesarios para preparar la ejecución, o bien, los que impiden dicha ejecución en perjuicio del ejecutante; y, el segundo, los actos en ejecución de sentencia, respecto de los cuales procede, por regla general, contra la última resolución del procedimiento en donde también se pueden impugnar aquellas violaciones procesales sufridas durante el procedimiento de ejecución, o bien, como ya se expuso anteriormente, cuando la afectación a los derechos del promovente derivada de actos que materialmente afectan derechos sustantivos. Así las cosas, en el caso a estudio se advierte que el quejoso tiene el carácter de demandado en el juicio de origen, ejecutado en la etapa de ejecución, y lo que reclama se trata de un acto dictado en ejecución de sentencia, que no constituye la última resolución dictada en ese procedimiento, por lo que puede ser impugnada como una violación procedimental dentro del procedimiento de ejecución, una vez que efectivamente se emita la última resolución en él, momento en el cual se concretara la posible afectación en su perjuicio. Ello es así porque de los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad en el escrito de demanda, se aprecia que el acto reclamado que él estima constituye la última actuación, sólo se autorizó el uso de la fuerza pública y rompimiento de cerraduras, si fuese necesario para que el ejecutor adscrito a dicho juzgado lo lance del inmueble descrito en la sentencia definitiva diciada en el juico de origen, con la finalidad de que se haga entrega material a la promovente del inmueble y, en consecuencia, turna los autos al servidor público, para que de cumplimiento, remitiendo el oficio respectivo a la Secretaría Pública del Estado de México, para que proporcione los elementos necesarios de esa corporación y auxilie al ejecutor en la diligencia correspondiente. En este sentido, es dable concluir que el auto dictado en el juicio de origen 50/2017, que constituye el acto reclamado, no es la última resolución dictada en ese procedimiento y tampoco goza de la denominada autonomía destacada, toda vez que no es autónomo a la ejecución de la sentencia, por el contrario a través de él, la autoridad responsable únicamente está ordenando dar cumplimiento forzoso a lo ya determinado en sentencia firme. De ahí que no se esté en el caso de excepción para que en su contra proceda el presente juicio, pues como se adelantó, en todo caso deberá ser impugnada como una cuestión procedimental dentro del trámite de ejecución, una vez que se emita la última resolución en él. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracciones IV y V, aplicadas en sentido contrario; con fundamento en el numeral 113 de la legislación en cita, se desecha de plano por ser notoriamente improcedente la demanda de que se trata. AUTORIZADOS. Con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo se autoriza en términos amplios a Ernesto Osvaldo Colín Guadarrama y Citlalli Rosa Salinas Lara, por contar con el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y a la persona restante en términos de la última parte del párrafo segundo del numeral citado, por no contar con dicho registro. DOMICILIO. De conformidad con lo previsto en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y 27 de la ley de la materia, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa. SE HABILITAN HORAS Y DÍAS INHÁBILES. Desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales en este asunto, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. TRANSPARENCIA. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese personalmente.
- Principal
AVISO. EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA EL AUTO DE CUATRO DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, A LA PARTE QUEJOSA, EN CUMPLIMIENTO AL AVISO DE SEIS DEL MISMO MES Y AÑO. II) Toluca, Estado de México; cuatro de junio de dos mil diecinueve. RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo promovida ..., por derecho propio, contra actos del Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, México; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 685/2019-II. DESECHAMIENTO. Por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio pues las causales previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo y la referida en la última fracción del propio precepto legal, de conformidad con el diverso 62, de la citada ley de la materia, son de examen preferente y deben analizarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda. Robustece lo anterior la jurisprudencia II.1º.J/5, consultable en la página 95 del Semanario Judicial de la Federación, Mayo de 1991, Tomo VII, Octava Época, cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Así, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En el entendido que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del ocurso; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Se estima aplicable, en lo conducente, la tesis I.4o.A.269 A, página 1008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo de 1998, Tomo VII, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. SÓLO PROCEDE POR MOTIVOS MANIFIESTOS E INDUDABLES DE IMPROCEDENCIA. En términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación surjan a la vista; de no ser así, procede admitir y tramitar la demanda y dar oportunidad a las partes para que rindan los elementos de convicción relacionados con aquélla. Por otra parte, el Juez de Distrito, al recibir el escrito de demanda debe tomar en cuenta que, bajo protesta de decir verdad, el quejoso proporciona hechos y datos a través de los cuales especifica por qué estima que los actos reclamados resultan infractores de sus garantías individuales y atendiendo a que la función esencial del juzgador federal es vigilar el cumplimiento de éstas, debe otorgar credibilidad a las manifestaciones hechas valer en el escrito de demanda." No constituye un obstáculo a lo anterior, el hecho de que la tesis y jurisprudencia invocadas interpreten la legislación de amparo abrogada, pues aquéllas no son contrarias, ni se contraponen con las disposiciones de la actual Ley de Amparo, tal como lo establece el Sexto Transitorio de la legislación de amparo vigente. Lo que también acontece respecto de los demás criterios que serán invocados en esta determinación. Ahora bien, de análisis integral de la demanda de amparo, así como de los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad, se obtiene que el impetrante reclama del Juez Cuarto Civil de Primera Instancia de Toluca, México, dentro del expediente 50/2017, en el cual, es parte, el proveído de veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, donde se autorizó el uso de la fuerza pública y rompimiento de cerraduras, si fuere necesario, para que el ejecutor adscrito a dicho juzgado lance al demandado (aquí quejoso), del inmueble descrito en la sentencia definitiva diciada en el citado juico de origen. Determinación respecto de la cual se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con el 107 fracciones IV y V, aplicadas en sentido contrario, de la Ley de Amparo vigente, que establecen: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de este Ley." "ARTÍCULO 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; " (.)". [El énfasis es propio] De la cita que antecede se aprecia que la última fracción del artículo 61 de la legislación referida, establece la posibilidad de actualización de alguna causa de improcedencia diversa a las enumeradas en las demás fracciones, de manera tal que ese apartado da sustento y apoyo a la improcedencia legal y jurisprudencial; es decir, la derivada de disposiciones distintas a las demás fracciones que dicho precepto indica, las cuales pueden obtenerse de la propia Ley de Amparo, de la Constitución General de la Republica, de la Jurisprudencia o de algún otro ordenamiento legal. En este sentido, los supuestos establecidos en las primeras veintidós fracciones del referido dispositivo, no son las únicas causas por las que puede decretarse la improcedencia de la vía constitucional, pues existe la posibilidad de aplicación analógica de situaciones diversas, como la derivada de los criterios jurisprudenciales. Por otra parte, la fracción IV, del artículo 107 de la ley de la materia, establece como presupuesto de procedencia en la vía indirecta, que al impugnarse actos dictados en ejecución de una sentencia, éstos deben tratarse de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, de manera que no cualquier auto o resolución pronunciados en esta etapa sea reclamable en juicio constitucional. Así, el juicio biinstancial procede únicamente contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución respectivo, es decir, la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente de origen. Sirve de apoyo a lo expuesto, la Jurisprudencia 32/2001 consultable en la página 31, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2001, Tomo XIII, Novena Época, que a la letra dice: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." En esa tesitura, la fracción IV del artículo 107 de la actual Ley de Amparo, se apoya en el principio de economía procesal y pretende evitar la proliferación o cadena interminable de juicios con motivo de diversas actuaciones suscitadas en el procedimiento de ejecución; esto es, la intención del legislador es impedir que las partes contendientes en un procedimiento puedan agotar el juicio tantas veces como violaciones se cometan en dicho procedimiento, pues con ello se ocasionaría, por un lado, una constante promoción de juicios de amparo y, por otro, una injustificada demora en la conclusión definitiva del procedimiento respectivo. De manera tal que el legislador pretende que continúe la ejecución de la sentencia del juicio sin mayores trabas, así como que el afectado pueda inconformarse con las posibles violaciones que se cometan, al impugnar la última resolución dictada; de ahí que pueda hacer valer tantas violaciones al procedimiento como estime se hubieren cometido, pero ello al impugnar la última resolución. Convienen destacar que en relación a los actos dictado en ejecución de sentencia, existe la Jurisprudencia P./J. 108/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 6 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época, Registro 163152, de contenido siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." Del criterio trascrito se advierte que el juicio de amparo indirecto es excepcionalmente procedente tratándose de actos de imposible reparación, entendiendo como tales, aquellos que producen una afectación a derechos sustantivos del agraviado, y por tal motivo se debe atender de manera inmediata en el juicio de amparo biinstancial, o bien, cuando se trata de cuestiones ajenas a la cosa juzgada en el juicio natural, lo que en algún momento se denominó de "autonomía destacada". Tal ha sido el criterio mantenido por Nuestro Máximo Tribunal respecto de los actos emitidos dentro de la etapa de ejecución de sentencia, en el sentido que, excepcionalmente procede el juicio de amparo indirecto en dos supuestos, el primero, que se trate de actos autónomos a la ejecución de la sentencia y además que dicha autonomía sea destacada, debiéndose entender por tales, los que se dictan de manera previa y son necesarios para preparar la ejecución, o bien, los que impiden dicha ejecución en perjuicio del ejecutante; y, el segundo, los actos en ejecución de sentencia, respecto de los cuales procede, por regla general, contra la última resolución del procedimiento en donde también se pueden impugnar aquellas violaciones procesales sufridas durante el procedimiento de ejecución, o bien, como ya se expuso anteriormente, cuando la afectación a los derechos del promovente derivada de actos que materialmente afectan derechos sustantivos. Así las cosas, en el caso a estudio se advierte que el quejoso tiene el carácter de demandado en el juicio de origen, ejecutado en la etapa de ejecución, y lo que reclama se trata de un acto dictado en ejecución de sentencia, que no constituye la última resolución dictada en ese procedimiento, por lo que puede ser impugnada como una violación procedimental dentro del procedimiento de ejecución, una vez que efectivamente se emita la última resolución en él, momento en el cual se concretara la posible afectación en su perjuicio. Ello es así porque de los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad en el escrito de demanda, se aprecia que el acto reclamado que él estima constituye la última actuación, sólo se autorizó el uso de la fuerza pública y rompimiento de cerraduras, si fuese necesario para que el ejecutor adscrito a dicho juzgado lo lance del inmueble descrito en la sentencia definitiva diciada en el juico de origen, con la finalidad de que se haga entrega material a la promovente del inmueble y, en consecuencia, turna los autos al servidor público, para que de cumplimiento, remitiendo el oficio respectivo a la Secretaría Pública del Estado de México, para que proporcione los elementos necesarios de esa corporación y auxilie al ejecutor en la diligencia correspondiente. En este sentido, es dable concluir que el auto dictado en el juicio de origen 50/2017, que constituye el acto reclamado, no es la última resolución dictada en ese procedimiento y tampoco goza de la denominada autonomía destacada, toda vez que no es autónomo a la ejecución de la sentencia, por el contrario a través de él, la autoridad responsable únicamente está ordenando dar cumplimiento forzoso a lo ya determinado en sentencia firme. De ahí que no se esté en el caso de excepción para que en su contra proceda el presente juicio, pues como se adelantó, en todo caso deberá ser impugnada como una cuestión procedimental dentro del trámite de ejecución, una vez que se emita la última resolución en él. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracciones IV y V, aplicadas en sentido contrario; con fundamento en el numeral 113 de la legislación en cita, se desecha de plano por ser notoriamente improcedente la demanda de que se trata. AUTORIZADOS. Con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo se autoriza en términos amplios a Ernesto Osvaldo Colín Guadarrama y Citlalli Rosa Salinas Lara, por contar con el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y a la persona restante en términos de la última parte del párrafo segundo del numeral citado, por no contar con dicho registro. DOMICILIO. De conformidad con lo previsto en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y 27 de la ley de la materia, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa. SE HABILITAN HORAS Y DÍAS INHÁBILES. Desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales en este asunto, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. TRANSPARENCIA. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese personalmente.
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