Álvaro Narváez Guerra
Expediente 191/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 191/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 01/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Álvaro Narváez Guerra
Actuaciones
- Principal
1. Declara firme. Visto el cómputo realizado por la Secretaría, se advierte que ha transcurrido el plazo que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de queja contra el auto de catorce de marzo de esta anualidad, en el que se desechó la demanda de garantías; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, se declara firme el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. 2. Archivo del asunto. En cumplimiento a lo señalado en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, relativo a los criterios de valoración para los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, esto es, de relevancia documental, conservable, depurable o destruible, decrétese el valor correspondiente del presente expediente, y archívese este asunto como concluido. 2.1 Valoración. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del aludido Acuerdo General, y atendiendo a que se desechó la demanda de amparo, de acuerdo a los criterios de valoración, encuadra en el supuesto previsto en el inciso d) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Además, se estima que el acto reclamado carece de relevancia documental, ya que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del referido Acuerdo General; asimismo, este Juzgador atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional, no estima que debe ser considerado como tal. 2.2 Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción de este asunto. 2.3 Anotaciones. Como lo dispone el artículo 35 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); una vez que transcurra el plazo de noventa días naturales, se ordena a la Secretaría archivar físicamente el asunto como totalmente concluido, sin mayor proveído y haciendo del conocimiento dicha circunstancia al oficial administrativo encargado del libro de control.
- Principal
Notificación personal.
- Principal
El día de hoy queda debidamente notificada la parte quejosa por medio de lista de acuerdos del auto de quince de marzo del año en curso, lo anterior, por no acudir a notificarse de manera personal, lo anterior, por no acudir a notificarse de manera personal. ACUERDO 14 DE MARZO DE 2022: "1. Recepción de demanda. Téngase por recibido el escrito de demanda promovido por ***, contra actos del Juez de Primera Instancia en Materia Civil y Familiar del Distrito Judicial de Acuña, Coahuila de Zaragoza. 2. Registro. Fórmese expediente y regístrese con el número progresivo 191/2022, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). 3. Sobre la procedencia de la demanda. Antes de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo1. De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de garantías, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/42, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Esencialmente la tesis en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. 3.1 Acto concreto. Del análisis de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama el siguiente acto: 1 El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. 2 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, Mayo 1998, Tomo VII, visible a página 890, de rubro y texto siguiente: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Del Juez de Primera Instancia en Materia Civil y Familia del Distrito Judicial de Acuña, Coahuila de Zaragoza. i) El auto de quince de febrero de esta anualidad, dictado en el juicio ejecutivo mercantil ***, promovido por ***, en el cual se ordena a la Subdelegación del Seguro Social, al Administrador Local de Recaudación de Rentas del Municipio de Acuña, Coahuila y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, informe el lugar donde trabaja la parte quejosa, salario, vehículos que se encuentren a su nombre y cuentas bancarias. De acuerdo a los antecedentes del acto reclamado invocados por el quejoso en su demanda, se advierte que el procedimiento de origen se encuentra en fase de ejecución de sentencia, donde fue condenado en definitiva al pago de una cantidad liquida a favor del actor y el auto emitido por la autoridad responsable, se encuentra encaminado a estar en condiciones de ejecutar la sentencia. 3.2 Improcedencia de la demanda. Este órgano de control constitucional considera que sobre el acto reclamado se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII3, en relación con el diverso 107, fracción IV4, de la Ley de Amparo, en atención a los siguientes razonamientos. Acorde con el artículo 107, fracción IV, de la ley de la materia, el amparo procederá contra actos de tribunales judiciales, administrativos agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido; y si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en ese procedimiento, entendida como: i) Aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado; ii) Declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; iii) Las que ordenen el archivo definitivo del expediente. En la misma demanda se podrán reclamar las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubiesen dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado del fallo. El objeto de dicho ordenamiento es evitar el entorpecimiento continuo de la ejecución de las resoluciones dictadas por tribunales judiciales, administrativos y laborales, a efecto de que no se realicen abusos del juicio de amparo, puesto que el acatamiento de las sentencias es una cuestión de orden público ya que la sociedad se encuentra interesada en su ejecución; y porque la admisión del juicio de amparo permitirá que la ejecución de una sentencia, donde las partes fueron oídas y vencidas, que constituye la verdad legal y es cosa juzgada, se vea obstaculizada de manera indeterminable, lo cual necesariamente implica un fraude a la ley. En congruencia con lo anterior, el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución de sentencia, a la resolución definitiva que pusiera fin a ese procedimiento, pudiéndose 3 Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. 4 Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución.???????????? reclamar en la demanda las demás violaciones cometidas durante el mismo que hubieran afectado las defensas de la parte quejosa. Bajo ésa óptica jurídica, así como de los antecedentes descritos en la demanda de amparo y el escrito de cuenta, permiten establecer que el acto reclamado que ha quedado precisado, se emitió en etapa de ejecución de sentencia y no constituye la última resolución en ejecución, ni se trata de un acto autónomo a la propia ejecución. Por tanto, el auto de quince de febrero de esta anualidad, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 196/2018, relativo al juicio ejecutivo mercantil en donde se ordena a la Subdelegación del Seguro Social, al Administrador Local de Recaudación de Rentas del Municipio de Acuña, Coahuila y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, informe el lugar donde trabaja la parte quejosa, salario, vehículos que se encuentren a su nombre y cuentas bancarias, no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, sino que, por el contrario, resulta ser aquella encaminada directamente a su cumplimiento. En ese sentido, resulta manifiesto e indudable que en contra de tal determinación no procede el juicio de amparo indirecto. Apoya lo antes considerado, la Jurisprudencia 32/2001.5 3.3 Desechamiento. En mérito de lo expuesto y con fundamento en lo previsto por los artículos antes invocados, se desecha de plano la demanda de garantías que se estudia, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia antes invocada. 4. Domicilio y autorizados para notificaciones. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Mar Caspio, número 535, colonia Villas del Carmen, código postal 26080, en esta ciudad. Asimismo, se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados Gerónimo García Peña y Margarita Rivera Cantú, por tener registradas sus cédulas en el Sistema Computarizado para el Régimen Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales Registro Electrónico. Se tiene en términos restringidos del numeral mencionado a Héctor Manuel Pacheco Escobedo, por no encontrarse registrado en el referido sistema. 5. Habilitación actuarial. En términos del artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial practique las notificaciones en este asunto. 6. Reproducción electrónica. Previa solicitud por escrito, se autoriza el uso de medios electrónicos para digitalizar constancias del expediente, así como su entrega en copias simples o certificadas, las que serán expedidas a costa de la parte solicitante, excepto constancias que tengan carácter reservado o 5 Sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la página 31 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época, que dice: AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente. FRANCISCO ALEJANDRO LOPEZ RODRIGUEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ca.7b 24/09/22 19:16:18 confidencial, previa toma de razón que obre en autos. La Secretaría de Juzgado encargada del expediente las gestionará sin mayor proveído. 7. Expediente electrónico. De acuerdo con el artículo 3 de la Ley de Amparo, las partes están autorizadas para consultar el expediente digital en la página de internet utilizada para dicho propósito, previos trámites de ley. 8. Devolución de documentos. El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. 9. Promociones sin incidencia en tramitación. En términos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 107 constitucional que limita la tramitación del amparo indirecto a actos procesales relevantes y en aplicación de los principios de tutela judicial pronta y efectiva, interpretando los fines y la sistematicidad de los artículos 112 a 124 de la Ley de Amparo, 57 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se determina que los oficios o escritos relativos a trámites que no incidan en la prosecución efectiva del juicio; por ejemplo, entre otros, acuses de recibo de recursos enviados a tribunales de circuito; autorizaciones de las partes; solicitudes de reproducción de constancias en medios electrónicos, copias simples o certificadas; notificaciones a peritos o testigos; actuaciones de la autoridad hacendaria para hacer efectivas multas; con excepción de aquellas que por disposición legal deba darse vista a las partes, se integrarán al expediente y la Secretaría hará constar el día y hora en que se presentó la promoción, considerando desde este momento procedente su petición; las partes quedan en aptitud de imponerse de ellas y solamente en caso de que resulte notoriamente improcedente la solicitud, se comunicará al promovente tal decisión mediante acuerdo del juzgado y la notificación respectiva. 10. Protección de datos personales. Conforme lo previsto por los artículos 23, 70, fracción XXXVI, y 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; los numerales 6, 8 y 9 del Reglamento para la aplicación de la Ley Federal relativa, así como los preceptos 25 a 27; 31, 34 y 35 del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el cual establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, se hace del conocimiento de las partes que el asunto clasifica como información NO RESERVADA; por consiguiente, se les previene para que expresen si están de acuerdo en que se publiquen sus nombres y datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición implica su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos.
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