Álvaro Morales Lázaro
Expediente 815/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 15 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 815/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 03/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Álvaro Morales Lázaro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, TRES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto, agréguense a los autos la devolución de pieza postal, de la que se advierte no fue posible entregar el oficio 29636/2022, dirigido a Guadalupe Isabel Pérez Tejeda, Asesora Jurídica del Centro de Procuración de Justicia del Poblado Tulipán en Cunduacán, Tabasco, el cual fue rehusado por la oficialía. En consecuencia, reenvíese el oficio que se provee, vía Estafeta a la citada autoridad, lo anterior para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, DOCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto, agréguense a los autos las devoluciones de piezas postales, de las que se advierte no fue posible entregar los oficios 29635/2022 y 27353/2022, dirigidos a la Arianna García Pereyra y Guadalupe Isabel Pérez Tejeda ambas Fiscales del Ministerio Público del Centro de Procuración de Justicia del Poblado Tulipán, de Cunduacán, Tabasco, los cuales fueron rehusados por la oficialía. En consecuencia, reenvíense los oficios que se proveen, vía Estafeta a las citadas autoridades, lo anterior para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el veinticinco de mayo de dos mil veintidós, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionado el veintisiete siguiente por la Oficina de Correspondencia Común y turnado a este órgano jurisdiccional en esa misma data, Álvaro Morales Lázaro, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridad que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO la Resolución emitida el nueve de mayo del años 2022, EN LA QUE SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Emitida en Audiencia de Dieciocho (18) de Marzo del año 2022, en la que no se aprobó la Suspensión Condicional a Proceso solicitada por la defensa, pronunciada por la Jueza de Control de la Región Judicial dos, con sede en Cunduacán, Tabasco.". AUTORIDADES RESPONSABLES 1 La Primera Sala Penal del Tribunal de Apelación en el Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco. 2 Juez de Control de la Región Judicial Dos, con sede en el Municipio de Cunduacán, Tabasco. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El treinta de mayo de dos mil veintidós, se radicó y admitió a trámite la demanda de que se trata, la cual fue registrada con el expediente 815/2022-8; se requirió a la autoridad señalada como responsable para que rindiera su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Fiscal de la Federación adscrito; se reconoció carácter de tercero interesado a Arianna García Pereyra, por lo que se instruyó su emplazamiento por oficio; asimismo, se emplazó a Banco Azteca, Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple, y Guadalupe Isabel Pérez Tejeda; se ordenó el trámite del incidente de suspensión, por así haberlo solicitado la parte quejosa, en términos del artículo 125 de la Ley de Amparo; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. AUDIENCIA. La audiencia constitucional, previo diferimientos, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado: Resolución emitida el nueve de mayo de dos mil veintidós, en la que se confirma la resolución emitida en audiencia de dieciocho de marzo de dos mil veintidós, en la que no se aprobó la suspensión condicional a proceso solicitada. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La autoridad responsable Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco en el Sistema Acusatorio Oral, al rendir su informe justificado aceptó el acto que se le reclama. Lo que se corrobora con las constancias que remitió al efecto, consistente en copias certificadas del toca de oralidad 32/2022, y un disco DVD, que contiene las audiencias de cuatro, nueve de noviembre de dos mil veintiuno, once y dieciocho de marzo de dos mil veintidós, las cuales adquieren pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2, y en términos de la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 703, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo I, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL". También es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Quinta Época, del rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Ninguna de las partes expresó alguna causa de improcedencia y este órgano jurisdiccional de oficio en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, tampoco advierte que se actualice alguna. QUINTO. PLANTEAMIENTO Y DECISIÓN DE ESTA JUZGADORA FEDERAL. Analizado lo anterior, se impone entrar al estudio sobre el fondo del asunto, para lo cual se tiene por transcrito en este apartado, el concepto de violación expresado por la parte quejosa, sin que sea el caso transcribirlo textualmente pues no existe precepto legal que obligue a la Juzgadora a ello. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, Novena Época, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Previo a dar contestación a los conceptos de violación, conviene citar los antecedentes más destacados del caso: La jueza de control en la audiencia pública de dieciocho de marzo de dos mil veintidós, dictó suspensión condicional negada al imputado Álvaro Morales Lázaro, por el delito de robo de vehículo equiparado, en agravio de Banco Azteca, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, representada por su apoderada legal. Inconforme con tal resolución la defensora pública, mediante escrito de veintidós de marzo de dos mil veintidós, interpuso recurso de apelación ante la Administración del Centro de Justicia de la Región Dos, Cunduacán, Tabasco. Seguidos los trámites del ley la jueza de Control del a Región Dos, con sede en Cunduacán, Tabasco, remitió las constancias respectivas, recibidas en segunda instancia el cinco de abril de dos mil veintidós. El nueve de mayo del año en curso, el Tribunal de Apelación en el Sistema Penal Acusatorio y Oral con residencia en esta ciudad, dictó la resolución reclamada en el presente juicio de amparo. Ahora, la parte quejosa expresa medularmente, que le causa agravio, la resolución reclamada en la que se confirma la diversa emitida en la audiencia de dieciocho de marzo de dos mil veintidós, en la que no se aprobó la suspensión condicional del proceso, en la causa penal 21/2019, que se le instruye por el delito de robo de vehículo equiparado, contemplado en los artículos 175, fracción II, en relación con el diverso 179, fracción III, inciso A), del Código Penal del Estado de Tabasco, sin que se tomara en cuenta que en este nuevo sistema penal exige que se le debe dar prioridad a las salidas alternas que marca la ley. Abunda, que en el caso, es procedente una salida alterna, pues reúne los requisitos que se establecen en los numerales 192, 193 y 195 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que el delito por el cual se le vinculó a proceso no rebasa de cinco años la pena media aritmética, no ha celebrado ninguna otra suspensión y en cuanto al plan de reparación del daño, no se planteó ninguno ya que el vehículo robado en la causa fue recuperado el mismo día que se le detuvo. En atención a lo anterior, el quejoso estima que no hay ningún daño que reparar, pues los gastos que se han generado con el hecho de que la motocicleta se encuentre en el retén en el municipio de Comalcalco, Tabasco, no es responsabilidad del impetrante, pues el vehículo debió haberse devuelto al propietario al momento que éste acreditara la propiedad, lo que no fue así por falta de interés de la víctima y además porque las empresas como Banco Azteca, Sociedad Anónima, tienen aseguradas todas las unidades con las que cuentan y ya han transcurrido más de dos años en que se recuperó dicha unidad, por lo que no le corresponde a él ordenar la liberación de dicho vehículo. Los conceptos de violación se estiman infundados, por los motivos que a continuación se expresan: El nuevo sistema penal se caracteriza por la oralidad y está regido entre otras máximas, por los principios de contradicción e igualdad procesal conforme a los cuales las partes exponen con oportunidades similares sus argumentos en un debate verbal escuchado directamente por el juzgador, con la finalidad de convencerlo de tener la razón jurídica, según los intereses que cada una persigue (artículo 20, apartado A, fracciones IV y VI de la Constitución General de la República, en relación con los preceptos 4º, 6º y 11 del Código Nacional de Procedimientos Penales). También se conserva el respeto al derecho de presunción de inocencia, conforme al cual la persona imputada debe ser tratada como carente de responsabilidad respecto a la comisión de un hecho previsto en la ley como delito, hasta en tanto se dicte una sentencia condenatoria en su contra (artículos 20, apartado B, fracción I, constitucional y 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales). Dicha apreciación además se apoya en el criterio de jurisprudencia 1a./J. 24/2014 (10a.), emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se reproduce, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, página 497, Décima Época, materias Constitucional, Penal, con registro digital 2006092, que die "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA DE TRATO PROCESAL. La presunción de inocencia es un derecho que puede calificarse de "poliédrico", en el sentido de que tiene múltiples manifestaciones o vertientes relacionadas con garantías encaminadas a regular distintos aspectos del proceso penal. Una de sus vertientes se manifiesta como "regla de trato procesal" o "regla de tratamiento" del imputado, en la medida en que este derecho establece la forma en la que debe tratarse a una persona que está sometida a proceso penal. En este sentido, la presunción de inocencia comporta el derecho de toda persona a ser tratado como inocente en tanto no se declare su culpabilidad por virtud de una sentencia condenatoria. Dicha manifestación de la presunción de inocencia ordena a los jueces impedir en la mayor medida posible la aplicación de medidas que impliquen una equiparación de hecho entre imputado y culpable, es decir, conlleva la prohibición de cualquier tipo de resolución judicial que suponga la anticipación de la pena. Respecto al tema de la suspensión condicional del proceso, concretamente, en lo que interesa para la resolución del caso concreto, es menester precisar que se trata de una forma de solución alterna del procedimiento punitivo planteada por el Ministerio Público o el imputado, la cual debe contener lo siguiente (artículos 184, fracción II, 191 y 194 del Código Nacional de Procedimientos Penales): a. El plan detallado sobre el pago de la reparación del daño, donde además se precisen los plazos para su cumplimiento, el cual debe exponer la parte imputada durante el verificativo de la audiencia correspondiente. b. El sometimiento del imputado a una o varias de las condiciones referidas en el Capítulo III, del Libro Segundo del Código Nacional de Procedimientos Penales, que garanticen una efectiva tutela de los derechos de la víctima u ofendido y que en caso de cumplirse, pueda dar lugar a la extinción de la acción penal (artículo 195 ibídem). Sobre el plan de reparación del daño, se infiere que dicha exigencia atiende al respeto al derecho fundamental reconocido a favor de la víctima u ofendido (artículos 20, apartado C, fracción IV constitucional y 109, fracción XXIV, del Código Nacional de Procedimientos Penales). La propuesta de mérito debe estar basada en información que haya sido debidamente integrada en la carpeta de investigación, la cual atento a los principios de contradicción e igualdad entre las partes debe exponerse en presencia del juez de control, lo que además permite a la contraria oponer la defensa correspondiente. Dicho razonamiento se orienta en el criterio rector contenido en la tesis aislada VIII.2o.P.A.7 P (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 47, Octubre de 2017, Tomo IV, página 2604, Décima Época, materia penal, con registro digital: 2015459, del tenor siguiente: "SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO. PARA DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA, EL JUEZ DE CONTROL NO PUEDE VALORAR LOS DATOS DE PRUEBA QUE OBREN EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN. De conformidad con los artículos 194 y 196 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para que se resuelva sobre la solicitud de la suspensión condicional del proceso, el imputado deberá plantear un plan de reparación del daño causado por el delito, así como los plazos para cumplirlo, el cual será aprobado, en su caso, en la audiencia que para tal efecto fije el Juez de control. Ahora bien, si el ofendido alega que en la carpeta de investigación obra una documental que demuestra que la víctima percibía un ingreso mayor al que tomó como base el Juez de control para la cuantificación respectiva, pero la interesada o su asesor jurídico no ajustaron su proceder a fin de que se colmaran los requisitos del artículo 383 del mismo código, para que la documental referida por la ofendida se agregara al proceso y, por ende, fuera valorada por el Juez de control; éste no puede valorar dicho dato de prueba para decidir sobre la procedencia de la suspensión condicional del proceso, ya que, atento a los principios de contradicción, igualdad e inmediación que imperan en el juicio oral penal, es menester que, previamente, se dé la oportunidad al imputado de conocer el planteamiento de su oponente, para que esté en aptitud de rechazarlo o controvertirlo, y la probanza de que se trata se reciba por quien habrá de valorarla. Aclarado lo anterior, se retoma lo relativo al medio de solución alterna examinado y se precisa que la procedencia de la suspensión condicional del proceso depende además de la reunión de los siguientes requisitos (artículo 192 del Código Nacional de Procedimientos Penales): 1. El auto de vinculación a proceso se haya dictado por un delito cuya media aritmética de la prisión de ninguna manera exceda de cinco años. 2. Inexista oposición fundada de la víctima y ofendido. 3. Hayan transcurrido dos años desde el cumplimiento o cinco desde la inobservancia de una suspensión condicional anterior, en su caso. Por lo que cuando se incumplen tales exigencias, se considera que la suspensión condicional resulta improcedente, empero, además su inviabilidad deriva de los siguientes supuestos: 1. Aun cuando hayan transcurrido dos años desde el cumplimiento o cinco desde la inobservancia de una suspensión condicional anterior, la persona imputada haya sido absuelta en ese procedimiento. 2. Cuando el hecho señalado en la ley como delito se trate de contrabando, defraudación fiscal y sus equiparables, así como la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados (artículos 167, párrafo séptimo, fracciones I, II y III ibídem). La suspensión condicional del proceso puede solicitarse desde el dictado del auto de vinculación hasta antes de acordarse la apertura de juicio y de ninguna manera impide el ejercicio de la acción civil ante los órganos jurisdiccionales respectivos (artículo 193 ibídem). Para su tramitación, la víctima u ofendido deben ser citados a la audiencia programada para su resolución y su incomparecencia de ninguna manera impide dirimir lo conducente (artículo 196 ibídem). El juez de control debe fijar en la resolución las condiciones bajo las cuales se suspende el proceso o se rechaza la solicitud y aprobará el plan de reparación propuesto, aunque también cuenta con la potestad para modificarlo en la audiencia. Se considera que la sola falta de recursos del imputado de ninguna manera puede justificar el rechazo de la suspensión condicional del proceso. La información generada como producto de la suspensión condicional de ninguna manera puede ser utilizada en caso de continuar el proceso penal. En el particular, de las constancias allegadas, se desprende que el dieciocho de marzo de dos mil veintidós, tuvo verificativo la audiencia donde se dirimió la solicitud de suspensión condicional del proceso planteada por el quejoso dentro de la causa penal de origen, en la cual, la jueza responsable negó acordar de conformidad su petición. Del análisis integral de dicha diligencia, se aprecia que después de escuchar a las partes, la autoridad responsable tomó esa decisión pues consideró: ". JUEZA (13:22:43): bueno, entonces, he, resuelvo sobre el planteamiento que han hecho las partes en cuanto a la suspensión condicional, el artículo 192 establece claramente los requisitos que se deben satisfacer para la procedencia de la suspensión condicional que peticionan las partes dentro de esos requisitos pues el primero de ellos es el relacionado con que se haya dictado la vinculación a proceso en contra del imputado por un delito que en su término medio aritmético no exceda los 5 años de prisión, ese requisito, como bien lo señaló la defensa, se encuentra colmado en virtud de que de acuerdo con la sanción privativa de libertad que prevé el delito de robo equiparado, pues tenemos que la media aritmética sería de 3 años 9 meses, por lo tanto, pues se encuentra satisfecho ese primer requisito, otro requisito es que se haya probado que no se ha celebrado otra suspensión condicional anterior a la que se ha propuesto el día de hoy por parte del imputado, no me verbalizo un documento concretamente verdad defensora. DEFENSORA: Sí, este JUEZA: perfecto, entonces si tenemos un oficio reciente en donde la titular de la unidad de medidas cautelares no esté, informo que no se ha celebrado otra suspensión condicional por parte del hoy imputado en ningún otro asunto, este sería la primera vez que se propone y por lo tanto, bueno ese supuesto, pues también se encuentra colmado, ahora bien, el relacionado con la oposición fundada por parte de la víctima, se escuchó a la Licenciada Ana Beatriz Cruz García, en esta audiencia, en calidad de apoderada legal de Banco Azteca, Sociedad Anónima. Institución de Banca Múltiple, he señalar que como representante de los intereses de la empresa a quien ella representa en esta audiencia sí tiene una oposición en virtud de que si bien es cierto se hizo la recuperación en su momento de la motocicleta objeto de apropiación y en el caso del imputado objeto de posesión, al momento de que él fue detenido o le fue asegurado dicho vehículo, éste no se ha hecho entrega físicamente a su apoderada, entonces en ese sentido refiere que por el tiempo que ha transcurrido que de acuerdo con los datos que la Fiscalía proporcionó, que sería desde el día veintitrés de enero de dos mil diecinueve, hasta la presente fecha, pues evidentemente se han generado gastos con motivo del depósito que se hizo de dicha unidad en un retén en el municipio de Comalcalco, Tabasco, y que bueno el hecho de que se haya recuperado el bien no implica necesariamente que la empresa agraviada pues no tenga un menoscabo; esta juzgadora considera que sí es acertado el planteamiento que hace la apoderada legal de la empresa agraviada, en virtud de que efectivamente a la empresa a través de quien haya éste sido su apoderado en su momento no se le hizo entrega del vehículo de la motocicleta que se aseguró en su momento al imputado de tal forma que pudiera realizar, este que se le pudiera resarcir, se le pudiera restituir en ese bien éste que le había sido desapoderado y por lo tanto es evidente que hasta la fecha pues se ha generado, si bien es cierto, no se tiene un monto total establecido aun cuando si dio una apreciación la apoderada legal aproximadamente de este del monto que puede tener actualmente ese gasto por depósito de la motocicleta, sin embargo; sito actualmente ese gasto por depósito de la motocicleta, sin embargo, no obstante ello pues ahora el tener que sacar el vehículo de dicho deposito vehicular implica pagar muy probablemente más del costo de la unidad, esto tomando en consideración el avalúo que en su momento se realizó por perito de la fiscalía y que consideró que la motocicleta tiene un valor de trece mil pesos, de acuerdo me imagino a las condiciones de uso que en aquel momento presentaba, entonces considerando esa situación y la apreciación que también hacen la representante de la víctima, que aproximadamente oscilaría dicho costo por depósito en la cantidad de $16,425.00 pesos, evidentemente pues se hace excesivo, es decir, a lo que quiero llegar es que no hay una, no hay una situación que por la que tenga que responder la propia víctima en el sentido de él porque no se le puede, no se le debió haber entregado en su momento esa motocicleta, la víctima, hay que tomar en consideración lo siguiente, ella no pidió que al momento que se recuperará la motocicleta se ingresará a dicho depósito y el hecho de haberla ingresado al momento de su aseguramiento al depósito vehicular, era bien sabido para la Fiscalía que generaba un costo, generaba un gasto, generaba una erogación para quien en su momento tuviera necesidad de recuperarla y quién podía haber, quién podría tener necesidad de recuperarla si no es la víctima o quien acreditará la legítima propiedad del bien inmueble, en ese sentido, pues era evidente que iba a haber un menoscabo patrimonial porque si bien se pudo haber recuperado el vehículo, a lo mejor en las mismas condiciones en las que fue desapoderado de su propietario, generaba ese ese gasto adicional el hecho de haberlo ingresado a ese depósito vehicular y por lo tanto, pues en este caso aun cuando se tenga el aseguramiento se haya realizado, se haya obtenido la recuperación del bien inmueble materia de apoderamiento si se tiene un perjuicio si se ocasiona un perjuicio a la víctima que en este caso es el monto que tiene que pagar por ese tiempo que lleva en resguardo ese vehículo y lo tanto en tratándose de este tipo de arreglos a los que pueden llegar las partes en el caso como lo es las suspensión condicional o pudiera ser incluso un acuerdo reparatorio si las partes lo proponen más adelante pues necesariamente se tendría que considerar esta situación relacionada con el tiempo que lleva la motocicleta en el depósito vehicular y de tal forma que se pueda obtener ya sea a través del mismo acusado, el mismo imputado ese pago de reparación de daños para que se pueda recuperar la motocicleta o bien el costo total de la motocicleta de tal manera que incluso él más adelante la pudiera recuperar, porque una vez se pague el monto total de la moto a la víctima, pues entonces la motocicleta pues evidentemente tendría que pasar o tendrían que hacer lo necesario en cuestiones de endoso, de facturas a favor del imputado, lo que yo pretendo con esto, no es coartar el derecho que tiene el acusado de poder arribar a salidas alternas, pero si dejar claro que hay un perjuicio para la víctima y que ese perjuicio, en todo caso, tiene que ser reparado en el supuesto de una suspensión condicional, porque uno de los requerimientos que establece el artículo 193 es precisamente que se plantee un plan de reparación de daños, si bien no está establecido en el 192, el 193 claramente dice que y 194 que se debe hacer un plan de reparación de daños y la reparación de daños no solamente es el monto del vehículo del que se, se obtuvo, se apoderó la contraparte en este caso la parte imputada, sino también los perjuicios que se pudieran haber ocasionado a la víctima con motivo de ese apoderamiento, porque, porque la víctima no pidió que le robaran la moto y porque la víctima no pidió que la moto fuera depositada en un retén, entonces todas esas circunstancias necesariamente se tienen que observar por ambas partes a fin de que si lo que pretende es una salida alterna, puedan llegar a un buen arreglo, pero sin que esta juzgadora pueda pasar o pueda violentar los derechos que tiene la víctima en este caso y que consideró si es fundada la oposición que plantea porque tiene derecho a esa al pago de ese perjuicio que se la ocasionó con motivo de un apoderamiento ilícito que en su momento se realizó y que no pidió la victima que se realizara, así como también deberá considerar la fiscalía lo relacionado con esta situación de no haber dado puesto de manera inmediata a la víctima que se había recuperado ese vehículo porque sí se tenía, sí se sabía quien era su propietario y en todo caso haber realizado las gestiones necesarias para que se pudiera obtener de manera un poco a lo mejor más inmediata la recuperación de la unidad a lo mejor si pagando un este, un costo por el depósito que se hizo, el aseguramiento que se hizo en ese depósito vehicular pero muy probablemente sí se hubiera dado aviso a tiempo con un menor costo, entonces en ese sentido considero pues que no están colmados los requisitos que señala el artículo 192 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para la procedencia de la suspensión condicional al existir a consideración de esta juzgadora una oposición fundada por parte de la víctima y en consecuencia, no se aprueba la suspensión condicional del proceso (13:34:11).". Ahora bien, el Tribunal de Apelación en el Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral con sede en esta ciudad, en la resolución impugnada, estimó que eran correctas las consideraciones de la Jueza de Control, pues se da cumplimiento a lo establecido en el numeral 192, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues el auto de vinculación a proceso dictado contra Álvaro Morales Lázaro, fue por el delito de robo equiparado, previsto y sancionado con el artículo 179 bis, fracción III, inciso a) y 175 fracción II, del Código Penal en vigor, cuya media aritmética de la pena no excede cinco años; ello es así en razón a que la fracción II, del arábigo 175 de la citada legislación, contempla una pena de prisión de dos a tres años de prisión que sumados dan cinco años, cuyo término medio aritmético será de dos años, seis meses de presión, pena a la cual se le suma una mitad más que es de un año, tres meses, en atención a lo dispuesto en el numeral 179 bis, fracción III, inciso a), haciendo un total de la pena de cuatro años, nueve meses, por tanto, no exceda la pena del término medio aritmético de cinco años, aspecto el cual, como lo señala la responsable, fue ponderado acertadamente por la juzgadora de origen. Además de considerar que fue hecha la solicitud de suspensión una vez dictado el auto de vinculación a proceso en cita, y antes de acordarse la apertura a juicio, de conformidad con lo señalado con el precepto 193 del citado código nacional, pues se advierte de la imposición de la carpeta digital que las partes del proceso se encuentran en la etapa intermedia. Asimismo, se estima correcto lo asentado por la autoridad responsable al exponer que fue acertada que la Jueza de control, consideró que se encuentra colmada la fracción III, del dispositivo 192, del Código Nacional de Procedimientos Penales, dado que escuchó por parte de la defensa que verbalizó el dato de prueba consistente en oficio 221/2021, de diecisiete de marzo de dos mil veintidós, signado por la Titular de la Unidad de Medidas Cautelares, quien informó que el imputado no ha celebrado ninguna suspensión condicional sin que existiera debate sobre este tópico por la fiscalía, asesora y víctima, dado que incluso la defensa hizo saber a la juzgadora que ya había corrido traslado de dicho documento, por lo que de esta manera tuvo por justificado el tercer requisito para la procedencia de la suspensión condicional. La sala de oralidad, estimó que con respecto al requisito contemplado en el arábigo 192 fracción I, de la Ley Nacional de Procedimientos Penales, la inconforme refirió que le causa agravios a su representado la oposición de la fiscal, la asesora jurídica y la representante legal porqué resulta ser infunda, ello en razón a que la motocicleta marca italika FT125, modelo 2018, color roja con negro, sin placas de circulación, fue recuperada, con la detención del imputado, siendo retenida y asegurada la misma (retén), habiendo transcurrido más de tres años en que dicha unidad fue recuperada, no siendo responsabilidad del imputado, que tanto la víctima y la fiscalía no hayan hecho las gestiones necesarias para que se hiciera la devolución, por tanto aduce que, el pago del retén no es responsabilidad del imputado. Respecto de este tópico se estima adecuado lo que resolvió la autoridad de alzada, pues consideró que el argumento previamente planteado resultaba parcialmente fundado en virtud que en la audiencia donde se llevó acabo la petición de suspensión condicional -dieciocho de marzo de dos mil veintidós- la Jueza de Control hizo ver que sí bien se recuperó la unidad -motocicleta- desde el veintitrés de enero de dos mil diecinueve., misma que al no ser entregada por la Fiscalía y encontrarse en un depósito de un retén evidentemente se está generando un gasto, al igual que consideró que el hecho que se haya recuperado la unidad no implica necesariamente que la empresa agraviada no tenga un menoscabo, pues si bien aun cuando en el momento se debió resarcir o restituir el bien, sostiene la Jueza de control, que aun cuando no se tenga un monto total sobre lo establecido, sin embrago, actualmente para sacar el vehículo de dicho depósito vehicular implica para la parte ofendida probablemente más gasto en un aproximado de $16,425.00 (dieciséis mil cuatrocientos veinticinco pesos 00/100 moneda nacional), cantidad que es más que el costo comercial de la motocicleta, ello tomando en consideración el avalúo comercial realizado por el experto por la cantidad de $13,000.00 (trece mil pesos 00/100 moneda nacional), considerando la Jueza que la parte ofendida no debe responder por tal erogación, porque ponderó que el sujeto pasivo no pidió que al momento de asegurar la unidad fuera ingresada al retén, porque ese acto era bien sabido para la fiscalía que genera un costo, una disminución en el patrimonio para quien en su momento tuviera la necesidad de recuperarla, y en este caso la parte ofendida que es quien tendría aquel interés y con esto se trae un menoscabo patrimonial lo cual es un perjuicio a la víctima. En esos términos, adecuadamente señaló la Sala de Oralidad, que la Jueza de control hizo saber a los intervinientes que estos acuerdos a los que pueden llegar las partes ya sea en una suspensión condicional o un acuerdo reparatorio, necesariamente se tienen que observar esta situación relacionada con el tiempo que lleva la unidad en el retén, pudiéndose obtener ese pago incluso del mismo imputado para que se pueda recuperar la motocicleta o bien que pague el costo total de la motocicleta de tal manera que incluso el imputado más adelante la pudiera recuperar, porque una vez que le pague a la parte ofendida es evidente que la propiedad de la motocicleta tendría que pasar a favor del imputado. Precisó así, la autoridad oral responsable que la Jueza de origen que no pretende coartar el derecho que tiene el imputado, para arribar a una salida alterna, pero deja en claro que existe un perjuicio para la víctima el cual tiene que ser reparado y siendo uno de los requisitos establecidos en el numeral 194 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que plantea una reparación de daños, reparación del daño que abarca también los perjuicios que se le pudieran haber ocasionado a la parte ofendida, quien no pidió que le robaran la motocicleta y no pidió que la motocicleta fuera ingresada o depositada en un retén, por tanto, sostiene la Jueza que las partes pueden llegar a un arreglo pero no violentando los derechos de la víctima, razones por la cuales la juzgadora de origen consideró fundada la oposición de la víctima. En ese orden de ideas, se estima acertado lo resuelto por la autoridad responsable al convalidar lo resuelto por la jueza de control, pues existe una afectación la víctima, por tanto, contrario a lo alegado por el quejoso en sus conceptos de violación, en el caso, como se expuso en líneas precedentes no es procedente una salida alterna, pues existe un daño que reparar, sin que como lo alega que los gastos que se han generado con el hecho de que la motocicleta se encuentre en el retén en el municipio de Comalcalco, Tabasco, no es responsabilidad éste, ya que dice el vehículo debió haberse devuelto al propietario al momento que éste acreditara la propiedad, y que si ello no fue así es por falta de interés de la víctima, aspectos que como se dijo, son infundados, pues quedó de manifiesto que sí existe una reparación del daño de la que es responsable. Al respecto la Ley General de Victimas establece en el artículo 12, fracción Il, 26, 27, 64, lo relativo a la reparación integral y que el Código Penal del Estado, lo estipula en el numeral 34, dicha reparación debe cubrir aspectos físicos, morales, daño patrimonial tratamientos médicos. Aunado que la reparación integral del daño que se causa con motivo de las violaciones a los derechos humanos es un principio altamente reconocido tanto a nivel interno, como a nivel nacional. Es un imperativo fundado en el derecho internacional público que implica que toda violación de una obligación que haya producido un daño o comporta un deber de repararlo adecuadamente, siendo que la reparación de esa lesividad consiste en la plena restitución. En ese sentido, el concepto de reparación integral implica "el restablecimiento de la situación anterior y la eliminación de los efectos que la violación produjo, así como una indemnización como compensación por los daños causados". Asimismo, en algunos casos, las reparaciones deben tener una vocación transformadora de las situaciones estructurales o sistemáticas que vulneran los derechos fundamentales, de tal forma que tengan un efecto no solo restitutivo sino también correctivo". Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis P. LXVII/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIII, Enero de 2011, materia constitucional, Novena Época, página 28, con registro digital 163164, que dice: "DERECHOS HUMANOS. SU VIOLACIÓN GENERA UN DEBER DE REPARACIÓN ADECUADA EN FAVOR DE LA VÍCTIMA O DE SUS FAMILIARES, A CARGO DE LOS PODERES PÚBLICOS COMPETENTES. Las víctimas de violaciones a los derechos humanos o sus familiares, tienen derecho a la reparación adecuada del daño sufrido, la cual debe concretarse a través de medidas individuales tendientes a restituir, indemnizar y rehabilitar a la víctima, así como de medidas de satisfacción de alcance general y garantías de no repetición, mediante los procedimientos previstos legalmente para esos efectos, lo cual no es una concesión graciosa, sino el cumplimiento de una obligación jurídica. Lo anterior deriva tanto del régimen previsto constitucionalmente como de los instrumentos internacionales ratificados por México y de los criterios de organismos internacionales, los cuales se manifiestan claramente en el sentido de que es un derecho efectivo de las personas agraviadas a nivel fundamental obtener una reparación proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño sufrido". En ese orden de ideas, se estima correcto lo resuelto por el tribunal de apelación al señalar que aun cuando meridianamente le asistía razón a la inconforme que no es responsabilidad de su representado que en el transcurso de más de tres años no se haya, entregado la unidad motriz a la víctima, sin embargo como lo sostiene la juzgadora de Control tampoco es responsabilidad de la víctima, sin que pasara desapercibido para la autoridad responsable el aspecto de que cuando se recuperó la motocicleta materia de litis, del cual existe un avalúo comercial, que ubica el valor de lo robado, la entrega de la unidad a la parte agraviada sólo constituiría una restitución y si no es posible el precio de la misma, a valor de reposición según el grado de uso, conservación o deterioro que corresponda, tal como lo dispone el dispositivo 27 fracción I, de la Ley Sustantiva Penal en Vigor. Pero también el referido numeral citado en líneas anteriores establece aquellos perjuicios como consecuencia del delito, previsto en la fracción II, precisamente en la indemnización del daño material, la cual se encuentra conceptualizada en el arábigo 27 bis, como aquella que afecta los bienes o derechos materiales de las personas provocando una disminución o perdida de utilidad de estos. Siendo así que uno de los perjuicios que trajo consigo aquel depósito de la unidad en retén, es monetario para la víctima quien aun cuando sea restituida su unidad, debe erogar otro gasto para la liberación. Petición de la que, como estima la autoridad responsable se advierta que se pretenda obtener un lucro, dado que no pasó desapercibido para ésta que no fue verbalizado documento que contabilice la cantidad a pagar por la liberación de la unidad que se encuentra en grúas Garay, del municipio de Comalcalco, sin embargo, como lo señaló el tribunal de apelación, es de común conocimiento que los vehículos que se encuentren en un retén para su liberación el interesado debe pagar, ocasionando con ello un gasto económico y detrimento en su patrimonio. Ello, como se dice en la resolución recurrida, al igual que la Fiscal en su intervención explicó que incluso se le propuso al imputado que el pagara la liberación de la unidad en el retén, sin embargo, no accedió, siendo la otra propuesta que solo pagaría la cantidad del avalúo de trece mil pesos, quedando a cargo de la parte ofendida la liberación de la unidad, refiriendo la fiscalía incluso que la representante vería la cantidad faltante con su representada. Por tanto, como lo señala el tribunal de apelación, es acertado lo que consideró la Jueza de control que para arribar a una suspensión condicional, el imputado debe plantear un plan de reparación del daño, lo anterior considera esta Juzgadora encuentra razón jurídica porque la suspensión condicional es una forma de solución alterna del procedimiento, el cual dentro de sus requisitos solicita de acuerdo a los dispositivos 191 y 194, un plan de reparación de daño que garantice una efectiva tutela de los derechos de la víctima u ofendido, porque en caso de ser cumplido la bondad o el beneficio que esta figura procesal trae aparejada es la extinción de la acción penal. Lo anterior es así, ya que en el caso únicamente se debe analizar si está o no garantizada la reparación del daño. Es aplicable sobre el tema el criterio del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativas del Octavo Circuito, en la tesis aislada VIII.P. T.2. P (10a.), localizable en la Gaceta Semanario Judicial de la Federación; Libro 50, Enero de 2018; Tomo IV, página 2294, con registro digital: 2015986, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO. EL MONTO DEL PLAN DE REPARACIÓN DEL DAÑO PROPUESTO POR EL IMPUTADO DEBE CUBRIR, AL MENOS, LA CANTIDAD QUE PUEDA DETERMINARSE OBJETIVAMENTE AL MOMENTO DE PROMOVERSE DICHA SOLUCIÓN ALTERNA DEL PROCESO. La finalidad del sistema penal acusatorio, al establecer la suspensión condicional del proceso, es proporcionar un mecanismo de justicia alternativa y restaurativa que, a pesar de no resolver el fondo del asunto, cumpla con los fines del proceso penal previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre ellos, la reparación integral del daño; de ahí que para que dicha figura procesal pueda operar, no debe existir oposición fundada de la víctima con el plan de reparación propuesto, por lo que el monto de éste debe cubrir, al menos, la cantidad que pueda determinarse objetivamente al momento de promoverse dicha solución alterna del proceso pues, de otra manera, los derechos de la víctima u ofendido no se verían tutelados. Ahora, si el agente del Ministerio Público apoyó su petición en una norma que objetivamente determina cómo se calcula la reparación del daño, por ejemplo, tratándose de la pérdida de la vida (por encontrarse cuantificado el monto reparatorio por el legislador), entonces, en supuestos como el señalado, existen elementos objetivos suficientes que sustentan el cálculo realizado por dicho concepto y, por ende, en este caso, no existe necesidad de que se aporten medios de prueba adicionales que justifiquen la oposición de la parte acusadora o la ofendida. De lo anterior aun cuando la fiscalía debió entregar oportunamente la motocicleta a la parte ofendida, se advierte de la audiencia que la fiscal y la víctima precisaron que se elaboró un avalúo comercial en dicha unidad que arrojó la cantidad de trece mil pesos, por lo que, se estima adecuado lo considerado por la responsable en el sentido de que si bien el agente del Ministerio Público ordenó el resguardo de la motocicleta en un retén, y no entregó de forma inmediata la unidad, es verdadero que si no lo hizo fue en razón a los actos de investigación que pudieran derivarse, sin embargo, como lo razonó la jueza de control y sostuvo la responsable, tal aspecto no puede ser atribuible a la parte ofendida porque de considerarlo así se vulneraria el derecho que le asiste a una reparación de daños y perjuicios de forma integral, por tanto, fue correcto que la Jueza de control, para sustentar su negativa tomara en consideración la erogación que consigo trae la liberación de la motocicleta por parte de la víctima, lo cual se traduce en un perjuicio resultado del delito, por tanto, la figura procesal también garantiza el derecho fundamental de las víctimas a una reparación integral o justa indemnización, lo cual permitirá en la medida de lo posible, anular las consecuencias del acto ilícito y restablecer la situación que debió haber existido con toda probabilidad, si el acto no se hubiera cometido. Es aplicable al tema, la jurisprudencia 1a./J. 31/2017 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 41, Abril de 2017, Tomo I, materia constitucional, Penal, página 752, con registro digital 2014098, que dice: "DERECHO FUNDAMENTAL A UNA REPARACIÓN INTEGRAL O JUSTA INDEMNIZACIÓN. SU CONCEPTO Y ALCANCE. El derecho citado es un derecho sustantivo cuya extensión debe tutelarse en favor de los gobernados, por lo que no debe restringirse innecesariamente. Ahora bien, atento a los criterios emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el derecho a la reparación integral permite, en la medida de lo posible, anular todas las consecuencias del acto ilícito y restablecer la situación que debió haber existido con toda probabilidad, si el acto no se hubiera cometido, y de no ser esto posible, procede el pago de una indemnización justa como medida resarcitoria por los daños ocasionados, lo cual no debe generar una ganancia a la víctima, sino que se le otorgue un resarcimiento adecuado. En ese sentido, el derecho moderno de daños mira a la naturaleza y extensión del daño a las víctimas y no a los victimarios. Así, el daño causado es el que determina la naturaleza y el monto de la indemnización, de forma que las reparaciones no pueden implicar enriquecimiento ni empobrecimiento para la víctima o sus sucesores; además, no se pretende que la responsabilidad sea excesiva, ya que debe subordinarse a requisitos cualitativos. Por otro lado, una indemnización será excesiva cuando exceda del monto suficiente para compensar a la víctima, sin embargo, limitar la responsabilidad fijando un techo cuantitativo implica marginar las circunstancias concretas del caso, el valor real de la reparación o de la salud deteriorada; esto es, una indemnización es injusta cuando se le limita con topes o tarifas, y en lugar de ser el Juez quien la cuantifique justa y equitativamente con base en criterios de razonabilidad, al ser quien conoce las particularidades del caso, es el legislador quien, arbitrariamente, fija montos indemnizatorios, al margen del caso y de su realidad. En esas condiciones este órgano advierte que el Tribunal de oralidad, analizó adecuadamente la determinación alcanzada por la jueza de control responsable, quien realizó un ejercicio de ponderación de los derechos fundamentales tanto de la persona imputada como de la víctima para ponerlos en un nivel de equilibrio, pues si bien reconoció que el quejoso cuenta con la potestad de gestionar la aplicación de una solución alterna, también destacó que la tercera interesada tiene la prerrogativa de obtener la reparación del daño. Ejercicio lógico que de ninguna manera se puede considerar como una transgresión al principio de igualdad entre las partes, pues se advierte que la autoridad responsable buscó salvaguardar un derecho fundamental reconocido constitucionalmente a favor de la víctima, el cual en modo alguno podía pasar por alto. De ahí que se estime que los motivos de disenso resulten infundados. En consecuencia, se determina negar la protección constitucional solicitada contra la resolución dictada el nueve de mayo de dos mil veintidós, en el toca legal 32/2022, que confirmó la resolución emitida en audiencia de dieciocho de marzo de dos mil veintidós, en la que no se aprobó la suspensión condicional a proceso, solicitada por la defensa del imputado, aquí quejoso Álvaro Morales Lázaro. SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de treinta de mayo de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las parte quejosa que, en término del artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con los artículos 1, párrafo segundo, 7, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 43, 44, 47 y 48, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, 4, 5, 6 y 7 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, no se hará la publicación de su nombre, ni de sus datos personales, por tanto, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: R E S U E L V E PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ********, contra los actos reclamados precisados en el considerando segundo, por las razones y fundamentos establecidos en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, SIETE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista; la certificación secretarial de cuenta, se advierte que en proveído de dieciséis de junio del año en curso, se ordenó enviar el oficio 21364/2022 a fin de emplazar a la tercero interesada licenciada Arianna García Pereyra, Fiscal del Ministerio Público adscrita al Centro de Procuración de Justicia de Tulipán, Cunduacán, Tabasco, sin embargo, del rastreo realizado a la guía de Correos de México con número de código MN036127051MX, en la página electrónica http://www.correosdemexico.net/sepomex-rastreo, se advierte que fue entregada el siete de los actuales por lo que se encuentra transcurriendo el término de ocho días para que se imponga de autos. De igual forma, de la certificación secretarial se desprende que el treinta de junio del año en curso, fueron emplazados a juicio las terceros interesadas Ana Beatriz Cruz García, apoderada legal de la moral Banco Azteca, Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple, la cual tiene carácter de víctima y Guadalupe Isabel Pérez Tejeda, asesor jurídico, sin que hasta el día de hoy hayan señalado domicilio para oír y recibir citas y notificaciones en esta ciudad, dentro del término de TRES DÍAS que se les concedió en el auto de dieciséis de junio de dos mil veintidós, lapso que transcurrió del cuatro al seis de los corrientes. Por lo tanto, se les hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho proveído, y se ordena a la Actuaria de este juzgado, notificar a las terceros interesadas de mérito, por lista de acuerdos el presente auto así como los subsecuentes proveídos, aun los de carácter personal, de conformidad con el artículo 26, fracción III, en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo. Por lo anterior, a efecto de no violar las formalidades esenciales del procedimiento, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo el día de hoy y se señala como nueva fecha para su celebración las ONCE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL CUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese.
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