Alvaro Martinez Vazquez

Expediente 90/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 25 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
90/2019
Año
2019
Actuaciones
25
Última actuación
21/06/2019

Partes del expediente

  • Alvaro Martinez Vazquez
  • Director del Centro de Reinserción Social del Estado de Puebla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de junio de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes quejosa y tercera interesada se inconformaran del acuerdo dictado el veintitrés de mayo de dos mil diecinueve (fojas 230 a 232), mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del treinta y uno de mayo al veinte de junio de dos mil diecinueve, sin que lo hayan hecho. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha. Se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental que remitió la autoridad responsable como justificación a su informe, se ordena devolver al Juez Tercero de lo Penal de la Ciudad de Puebla, los anexos I y II que se formaron con las copias certificadas del proceso penal 322/2010-7 de su índice; sin que sea necesario requerir el acuse de recibo toda vez que la autoridad responsable en mención se encuentra dentro de la zona conurbada del lugar de residencia de este juzgado federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, para que se cerciore que en el acuse de dicha misiva, se haga constar la entrega del documento descrito.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de mayo de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a las partes quejosa y tercera interesada mediante proveído de diez de mayo de dos mil diecinueve (foja 222), a efecto de que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que la parte quejosa haya desahogado dicha vista dentro del plazo concedido para tal fin. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el veintiséis de marzo de dos mil diecinueve (fojas 49 a 81), se concedió el amparo y protección a Álvaro Martínez Vázquez, para que el Juez Tercero del Distrito Judicial de Puebla, realizara lo siguiente: ".NOVENO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, se concede el amparo y protección constitucional a Álvaro Martínez Vázquez, para que el Juez Tercero de lo Penal de la ciudad de Puebla, una vez que quede firme la sentencia y se le requiera su cumplimiento, dentro del plazo que para tal efecto se establezca, realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente el auto de formal prisión de doce de enero de dos mil diecinueve, dictado en la causa penal 322/2010-7, contra Álvaro Martínez Vázquez, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de fraude específico, previsto y sancionado por los artículos 402 (sic) y 403, fracción IV, en relación con los ordinales 13 y 21, fracción I, del Código de Defensa Social del Estado de Puebla, cometido en agravio de Guillermo Herrera Díaz. 2. Con libertad de jurisdicción, dicte otra en la que resuelva la situación jurídica del peticionario de amparo, la cual deberá estar debidamente fundada y motivada, que podrá ser en el mismo sentido o en sentido diverso, pero si decidiera lo primero, deberá purgar los vicios formales destacados en esta resolución, esto es: a. Precisará las disposiciones de carácter general que le conceden competencia para emitir la orden de aprehensión reclamada (fundamentación), y las razones por las que se consideró actualizado este aspecto (motivación), en virtud de lo expuesto en el apartado I del considerando anterior. b. Realizar el desglose correcto de los elementos del cuerpo del delito, atendiendo a la conducta que estime actualizada y se abstenga de incluir en ellos, expresiones que no se encuentran en la descripción típica realizada por la norma, para lo cual deberá atender las consideraciones expuestas en el apartado II del punto respectivo. c. Deberá motivar la acreditación de los elementos del cuerpo del delito, esto es: expresar con claridad las pruebas con las que tuvo por demostrado cada uno de los elementos del cuerpo del delito, así como explicar porque dichas pruebas resultan idóneas y suficientes para acreditar cada extremo, para lo cual deberá verificar lo expuesto en el apartado III del considerando que antecede. d. En el estudio del cuerpo del delito y de la probable responsabilidad, deberá expresar con claridad las circunstancias de tiempo, modo y lugar de ejecución del delito, así como las pruebas con las que tiene por acreditado cada extremo, para lo cual el juez deberá atender lo expresado en el apartado IV. e. Deberá motivar el grado de participación de Álvaro Martínez Vázquez, en la comisión del delito que se le imputa, para lo cual deberá establecer cuál es la conducta específica desplegada por el activo con la que actualizó el ilícito que nos ocupa, así como expresar las pruebas con las que lo tuvo por acreditado, según lo señalado en el apartado V del considerando respectivo. f. Deberá motivar la penalidad del ilícito atribuido al quejoso, esto es: deberá establecer el monto de lo defraudado, precisar a cuánto asciende el salario mínimo vigente en la época y lugar de los hechos imputados al inculpado, aquí quejoso, y a partir de ello, en su caso, encuadrar su conducta en alguna de las fracciones del artículo 404 del Código Penal para el Estado de Puebla; y ese encuadramiento deberá explicarlo mediante la realización de las operaciones aritméticas que resulten necesarias, conforme lo establecido en el apartado VI del considerado que antecede. g. Deberá respetar la congruencia interna que debe prevalecer en toda resolución judicial y evitar realizar expresiones contradictorias entre sí o invocar artículos que no resulten aplicables al caso particular, según lo expresado en el apartado VII del considerando respectivo. 3. Hecho lo anterior, remita las constancias conducentes que lo acrediten." (Fojas 78 y 79). En acuerdo de doce de abril de dos mil diecinueve (fojas 111 a 113), la sentencia de mérito causó ejecutoria por lo que se requirió su cumplimiento. Mediante oficio 815/2019/S-PAR de veintitrés de abril de dos mil diecinueve (foja 122), el Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, remitió copia certificada de la resolución pronunciada en esa fecha, dentro de la causa penal 322/2010-7 de su índice (fojas 123 a 139); pero como el juez penal citado no observó los lineamientos establecidos en el fallo protector, en acuerdo de veinticuatro de abril de la presente anualidad (fojas 140 a 144), se requirió nuevamente a dicho órgano jurisdiccional para que cumpliera cabalmente con la sentencia de amparo. Por oficio 859/2019/S-PAR de veintinueve de abril del año que cursa (foja 149), el juez penal responsable, envió copia certificada de la determinación judicial dictada en la misma data, dentro la causa penal citada (fojas 151 a 168); sin embargo, la autoridad responsable referida, nuevamente omitió atender las consideraciones vertidas en la sentencia pronunciada en este juicio de garantías, por lo que en auto de treinta de abril del presente año (fojas 169 a 174), se requirió al juez penal aludido para que cumpliera debidamente el fallo protector. Así, por oficio 909-2019/S-PAR de seis de mayo de dos mil diecinueve (foja 179), el juez responsable envió copia certificada del auto de término constitucional, pronunciado en esa data en la causa penal de origen (fojas 183 a 198); pero como no remitió la constancia de notificación al aquí quejoso de esa resolución, en acuerdo de siete de mayo de la presente anualidad (foja 199), se requirió a la responsable de mérito para que hiciera llegar la constancia respectiva. En cumplimiento a tal requerimiento, mediante oficio 938/2019/SEC.PAR de ocho de mayo de dos mil diecinueve (foja 202), el Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, remitió copia certificada de la resolución aludida de seis de mayo del año que transcurre y su respectiva notificación al aquí quejoso (fojas 204 a 221). Documental con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y de la que se aprecia que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, el juez responsable realizó lo siguiente: 1. Dejó insubsistente el auto de formal prisión reclamado de doce de enero de dos mil diecinueve, dictado contra Álvaro Martínez Vázquez, así como los diversos de veintitrés y veintinueve de abril de la presente anualidad, con los que pretendió cumplir la sentencia de amparo (foja 220). 2. Con la libertad de jurisdicción que le fue concedida, el seis de mayo de dos mil diecinueve, resolvió la situación jurídica de Álvaro Martínez Vázquez, dentro de la causa penal 322/2010-7 de su índice, y dictó auto de libertad por falta de elementos para procesar, con las reservas de ley, por el delito de fraude específico, previsto y sancionado por los artículos 403, fracción IV y 404, fracción II, en relación con el ordinal 13 del Código Penal para el Estado de Puebla, en agravio de Guillermo Herrera Díaz (fojas 220). El juez penal concluyó que las pruebas que obran en la causa penal de origen son insuficientes para tener por acreditada la participación penal del indiciado, aquí quejoso, en la comisión de ese ilícito, pues con ellas no se demostró que haya recibido el precio o parte de él (foja 219 vuelta). En ese sentido, como la autoridad responsable, con libertad de jurisdicción pronunció una resolución en sentido diverso que la reclamada, esto es, dictó auto de libertad al aquí quejoso, resulta improcedente realizar el análisis de dicha determinación judicial, pues esta no fue objeto de estudio en la sentencia. En tal virtud, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria de amparo pronunciada en este juicio de garantías, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia.

  3. Principal

    (SE PUBLICA CITATORIO) Se notifica por lista de acuerdos a la parte tercera interesada lo actuado el 23 de mayo de 2019, que dice: San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de mayo de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a las partes quejosa y tercera interesada mediante proveído de diez de mayo de dos mil diecinueve (foja 222), a efecto de que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que la parte quejosa haya desahogado dicha vista dentro del plazo concedido para tal fin. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el veintiséis de marzo de dos mil diecinueve (fojas 49 a 81), se concedió el amparo y protección a Álvaro Martínez Vázquez, para que el Juez Tercero del Distrito Judicial de Puebla, realizara lo siguiente: ".NOVENO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, se concede el amparo y protección constitucional a Álvaro Martínez Vázquez, para que el Juez Tercero de lo Penal de la ciudad de Puebla, una vez que quede firme la sentencia y se le requiera su cumplimiento, dentro del plazo que para tal efecto se establezca, realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente el auto de formal prisión de doce de enero de dos mil diecinueve, dictado en la causa penal 322/2010-7, contra Álvaro Martínez Vázquez, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de fraude específico, previsto y sancionado por los artículos 402 (sic) y 403, fracción IV, en relación con los ordinales 13 y 21, fracción I, del Código de Defensa Social del Estado de Puebla, cometido en agravio de Guillermo Herrera Díaz. 2. Con libertad de jurisdicción, dicte otra en la que resuelva la situación jurídica del peticionario de amparo, la cual deberá estar debidamente fundada y motivada, que podrá ser en el mismo sentido o en sentido diverso, pero si decidiera lo primero, deberá purgar los vicios formales destacados en esta resolución, esto es: a. Precisará las disposiciones de carácter general que le conceden competencia para emitir la orden de aprehensión reclamada (fundamentación), y las razones por las que se consideró actualizado este aspecto (motivación), en virtud de lo expuesto en el apartado I del considerando anterior. b. Realizar el desglose correcto de los elementos del cuerpo del delito, atendiendo a la conducta que estime actualizada y se abstenga de incluir en ellos, expresiones que no se encuentran en la descripción típica realizada por la norma, para lo cual deberá atender las consideraciones expuestas en el apartado II del punto respectivo. c. Deberá motivar la acreditación de los elementos del cuerpo del delito, esto es: expresar con claridad las pruebas con las que tuvo por demostrado cada uno de los elementos del cuerpo del delito, así como explicar porque dichas pruebas resultan idóneas y suficientes para acreditar cada extremo, para lo cual deberá verificar lo expuesto en el apartado III del considerando que antecede. d. En el estudio del cuerpo del delito y de la probable responsabilidad, deberá expresar con claridad las circunstancias de tiempo, modo y lugar de ejecución del delito, así como las pruebas con las que tiene por acreditado cada extremo, para lo cual el juez deberá atender lo expresado en el apartado IV. e. Deberá motivar el grado de participación de Álvaro Martínez Vázquez, en la comisión del delito que se le imputa, para lo cual deberá establecer cuál es la conducta específica desplegada por el activo con la que actualizó el ilícito que nos ocupa, así como expresar las pruebas con las que lo tuvo por acreditado, según lo señalado en el apartado V del considerando respectivo. f. Deberá motivar la penalidad del ilícito atribuido al quejoso, esto es: deberá establecer el monto de lo defraudado, precisar a cuánto asciende el salario mínimo vigente en la época y lugar de los hechos imputados al inculpado, aquí quejoso, y a partir de ello, en su caso, encuadrar su conducta en alguna de las fracciones del artículo 404 del Código Penal para el Estado de Puebla; y ese encuadramiento deberá explicarlo mediante la realización de las operaciones aritméticas que resulten necesarias, conforme lo establecido en el apartado VI del considerado que antecede. g. Deberá respetar la congruencia interna que debe prevalecer en toda resolución judicial y evitar realizar expresiones contradictorias entre sí o invocar artículos que no resulten aplicables al caso particular, según lo expresado en el apartado VII del considerando respectivo. 3. Hecho lo anterior, remita las constancias conducentes que lo acrediten." (Fojas 78 y 79). En acuerdo de doce de abril de dos mil diecinueve (fojas 111 a 113), la sentencia de mérito causó ejecutoria por lo que se requirió su cumplimiento. Mediante oficio 815/2019/S-PAR de veintitrés de abril de dos mil diecinueve (foja 122), el Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, remitió copia certificada de la resolución pronunciada en esa fecha, dentro de la causa penal 322/2010-7 de su índice (fojas 123 a 139); pero como el juez penal citado no observó los lineamientos establecidos en el fallo protector, en acuerdo de veinticuatro de abril de la presente anualidad (fojas 140 a 144), se requirió nuevamente a dicho órgano jurisdiccional para que cumpliera cabalmente con la sentencia de amparo. Por oficio 859/2019/S-PAR de veintinueve de abril del año que cursa (foja 149), el juez penal responsable, envió copia certificada de la determinación judicial dictada en la misma data, dentro la causa penal citada (fojas 151 a 168); sin embargo, la autoridad responsable referida, nuevamente omitió atender las consideraciones vertidas en la sentencia pronunciada en este juicio de garantías, por lo que en auto de treinta de abril del presente año (fojas 169 a 174), se requirió al juez penal aludido para que cumpliera debidamente el fallo protector. Así, por oficio 909-2019/S-PAR de seis de mayo de dos mil diecinueve (foja 179), el juez responsable envió copia certificada del auto de término constitucional, pronunciado en esa data en la causa penal de origen (fojas 183 a 198); pero como no remitió la constancia de notificación al aquí quejoso de esa resolución, en acuerdo de siete de mayo de la presente anualidad (foja 199), se requirió a la responsable de mérito para que hiciera llegar la constancia respectiva. En cumplimiento a tal requerimiento, mediante oficio 938/2019/SEC.PAR de ocho de mayo de dos mil diecinueve (foja 202), el Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, remitió copia certificada de la resolución aludida de seis de mayo del año que transcurre y su respectiva notificación al aquí quejoso (fojas 204 a 221). Documental con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y de la que se aprecia que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, el juez responsable realizó lo siguiente: 1. Dejó insubsistente el auto de formal prisión reclamado de doce de enero de dos mil diecinueve, dictado contra Álvaro Martínez Vázquez, así como los diversos de veintitrés y veintinueve de abril de la presente anualidad, con los que pretendió cumplir la sentencia de amparo (foja 220). 2. Con la libertad de jurisdicción que le fue concedida, el seis de mayo de dos mil diecinueve, resolvió la situación jurídica de Álvaro Martínez Vázquez, dentro de la causa penal 322/2010-7 de su índice, y dictó auto de libertad por falta de elementos para procesar, con las reservas de ley, por el delito de fraude específico, previsto y sancionado por los artículos 403, fracción IV y 404, fracción II, en relación con el ordinal 13 del Código Penal para el Estado de Puebla, en agravio de Guillermo Herrera Díaz (fojas 220). El juez penal concluyó que las pruebas que obran en la causa penal de origen son insuficientes para tener por acreditada la participación penal del indiciado, aquí quejoso, en la comisión de ese ilícito, pues con ellas no se demostró que haya recibido el precio o parte de él (foja 219 vuelta). En ese sentido, como la autoridad responsable, con libertad de jurisdicción pronunció una resolución en sentido diverso que la reclamada, esto es, dictó auto de libertad al aquí quejoso, resulta improcedente realizar el análisis de dicha determinación judicial, pues esta no fue objeto de estudio en la sentencia. En tal virtud, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria de amparo pronunciada en este juicio de garantías, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia.

  4. Principal

    (publicación AVISO) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 23 DE MAYO DE 2019, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de mayo de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a las partes quejosa y tercera interesada mediante proveído de diez de mayo de dos mil diecinueve (foja 222), a efecto de que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que la parte quejosa haya desahogado dicha vista dentro del plazo concedido para tal fin. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el veintiséis de marzo de dos mil diecinueve (fojas 49 a 81), se concedió el amparo y protección a Álvaro Martínez Vázquez, para que el Juez Tercero del Distrito Judicial de Puebla, realizara lo siguiente: ".NOVENO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, se concede el amparo y protección constitucional a Álvaro Martínez Vázquez, para que el Juez Tercero de lo Penal de la ciudad de Puebla, una vez que quede firme la sentencia y se le requiera su cumplimiento, dentro del plazo que para tal efecto se establezca, realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente el auto de formal prisión de doce de enero de dos mil diecinueve, dictado en la causa penal 322/2010-7, contra Álvaro Martínez Vázquez, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de fraude específico, previsto y sancionado por los artículos 402 (sic) y 403, fracción IV, en relación con los ordinales 13 y 21, fracción I, del Código de Defensa Social del Estado de Puebla, cometido en agravio de Guillermo Herrera Díaz. 2. Con libertad de jurisdicción, dicte otra en la que resuelva la situación jurídica del peticionario de amparo, la cual deberá estar debidamente fundada y motivada, que podrá ser en el mismo sentido o en sentido diverso, pero si decidiera lo primero, deberá purgar los vicios formales destacados en esta resolución, esto es: a. Precisará las disposiciones de carácter general que le conceden competencia para emitir la orden de aprehensión reclamada (fundamentación), y las razones por las que se consideró actualizado este aspecto (motivación), en virtud de lo expuesto en el apartado I del considerando anterior. b. Realizar el desglose correcto de los elementos del cuerpo del delito, atendiendo a la conducta que estime actualizada y se abstenga de incluir en ellos, expresiones que no se encuentran en la descripción típica realizada por la norma, para lo cual deberá atender las consideraciones expuestas en el apartado II del punto respectivo. c. Deberá motivar la acreditación de los elementos del cuerpo del delito, esto es: expresar con claridad las pruebas con las que tuvo por demostrado cada uno de los elementos del cuerpo del delito, así como explicar porque dichas pruebas resultan idóneas y suficientes para acreditar cada extremo, para lo cual deberá verificar lo expuesto en el apartado III del considerando que antecede. d. En el estudio del cuerpo del delito y de la probable responsabilidad, deberá expresar con claridad las circunstancias de tiempo, modo y lugar de ejecución del delito, así como las pruebas con las que tiene por acreditado cada extremo, para lo cual el juez deberá atender lo expresado en el apartado IV. e. Deberá motivar el grado de participación de Álvaro Martínez Vázquez, en la comisión del delito que se le imputa, para lo cual deberá establecer cuál es la conducta específica desplegada por el activo con la que actualizó el ilícito que nos ocupa, así como expresar las pruebas con las que lo tuvo por acreditado, según lo señalado en el apartado V del considerando respectivo. f. Deberá motivar la penalidad del ilícito atribuido al quejoso, esto es: deberá establecer el monto de lo defraudado, precisar a cuánto asciende el salario mínimo vigente en la época y lugar de los hechos imputados al inculpado, aquí quejoso, y a partir de ello, en su caso, encuadrar su conducta en alguna de las fracciones del artículo 404 del Código Penal para el Estado de Puebla; y ese encuadramiento deberá explicarlo mediante la realización de las operaciones aritméticas que resulten necesarias, conforme lo establecido en el apartado VI del considerado que antecede. g. Deberá respetar la congruencia interna que debe prevalecer en toda resolución judicial y evitar realizar expresiones contradictorias entre sí o invocar artículos que no resulten aplicables al caso particular, según lo expresado en el apartado VII del considerando respectivo. 3. Hecho lo anterior, remita las constancias conducentes que lo acrediten." (Fojas 78 y 79). En acuerdo de doce de abril de dos mil diecinueve (fojas 111 a 113), la sentencia de mérito causó ejecutoria por lo que se requirió su cumplimiento. Mediante oficio 815/2019/S-PAR de veintitrés de abril de dos mil diecinueve (foja 122), el Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, remitió copia certificada de la resolución pronunciada en esa fecha, dentro de la causa penal 322/2010-7 de su índice (fojas 123 a 139); pero como el juez penal citado no observó los lineamientos establecidos en el fallo protector, en acuerdo de veinticuatro de abril de la presente anualidad (fojas 140 a 144), se requirió nuevamente a dicho órgano jurisdiccional para que cumpliera cabalmente con la sentencia de amparo. Por oficio 859/2019/S-PAR de veintinueve de abril del año que cursa (foja 149), el juez penal responsable, envió copia certificada de la determinación judicial dictada en la misma data, dentro la causa penal citada (fojas 151 a 168); sin embargo, la autoridad responsable referida, nuevamente omitió atender las consideraciones vertidas en la sentencia pronunciada en este juicio de garantías, por lo que en auto de treinta de abril del presente año (fojas 169 a 174), se requirió al juez penal aludido para que cumpliera debidamente el fallo protector. Así, por oficio 909-2019/S-PAR de seis de mayo de dos mil diecinueve (foja 179), el juez responsable envió copia certificada del auto de término constitucional, pronunciado en esa data en la causa penal de origen (fojas 183 a 198); pero como no remitió la constancia de notificación al aquí quejoso de esa resolución, en acuerdo de siete de mayo de la presente anualidad (foja 199), se requirió a la responsable de mérito para que hiciera llegar la constancia respectiva. En cumplimiento a tal requerimiento, mediante oficio 938/2019/SEC.PAR de ocho de mayo de dos mil diecinueve (foja 202), el Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, remitió copia certificada de la resolución aludida de seis de mayo del año que transcurre y su respectiva notificación al aquí quejoso (fojas 204 a 221). Documental con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y de la que se aprecia que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, el juez responsable realizó lo siguiente: 1. Dejó insubsistente el auto de formal prisión reclamado de doce de enero de dos mil diecinueve, dictado contra Álvaro Martínez Vázquez, así como los diversos de veintitrés y veintinueve de abril de la presente anualidad, con los que pretendió cumplir la sentencia de amparo (foja 220). 2. Con la libertad de jurisdicción que le fue concedida, el seis de mayo de dos mil diecinueve, resolvió la situación jurídica de Álvaro Martínez Vázquez, dentro de la causa penal 322/2010-7 de su índice, y dictó auto de libertad por falta de elementos para procesar, con las reservas de ley, por el delito de fraude específico, previsto y sancionado por los artículos 403, fracción IV y 404, fracción II, en relación con el ordinal 13 del Código Penal para el Estado de Puebla, en agravio de Guillermo Herrera Díaz (fojas 220). El juez penal concluyó que las pruebas que obran en la causa penal de origen son insuficientes para tener por acreditada la participación penal del indiciado, aquí quejoso, en la comisión de ese ilícito, pues con ellas no se demostró que haya recibido el precio o parte de él (foja 219 vuelta). En ese sentido, como la autoridad responsable, con libertad de jurisdicción pronunció una resolución en sentido diverso que la reclamada, esto es, dictó auto de libertad al aquí quejoso, resulta improcedente realizar el análisis de dicha determinación judicial, pues esta no fue objeto de estudio en la sentencia. En tal virtud, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria de amparo pronunciada en este juicio de garantías, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia.

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