Alvaro Martinez Leonel
Expediente 882/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 882/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 19/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Alvaro Martinez Leonel
Actuaciones
- Principal
MESA II. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio signado por el Delegado de la autoridades responsables del Congreso del Estado de Morelos, mediante el cual, informa que mediante oficio SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.2/673/22, el Director de Proceso Legislativo y Parlamentario del Congreso del Estado de Morelos, informó que aprobó la pensión por jubilación del aquí quejoso, sin embargo, se encuentra en proceso de firma. En ese sentido, se reitera que en la sentencia dictada el seis de octubre de dos mil veinte, en el juicio de amparo en que se actúa, se determinó amparar y proteger a la parte quejosa, a efecto de que las responsables, cumplan la misma que las obliga a: "( Dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del auto que declare ejecutoriada esta sentencia, se pronuncien respecto de la solicitud de pensión por jubilación que formuló el quejoso el diecinueve de octubre de dos mil dieciocho y lo hagan de su conocimiento; debiendo remitir a este juzgado de distrito las constancias que así lo acrediten. Sin que la respuesta que se emita constriña a las autoridades responsables a resolver sobre la procedencia o no de la pensión por jubilación que solicitó el quejoso, sino únicamente es para el efecto de que den respuesta a su petición". "énfasis añadido". En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables, para que dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente al de la notificación del presente proveído, remitan el dictamen correspondiente a la pensión del aquí quejoso debidamente firmado y autorizado, así como la constancia de notificación practicada al mismo. En ese sentido, se le reitera a ***, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos y al Congreso del Estado de Morelos, que el incumplimiento a un mandato federal derivado de una ejecutoria de amparo, sin causa justificada, llevará consigo la imposición de las sanciones previstas por el artículo 192 de la Ley de Amparo, esto es, se le impondrá una multa con la que ha sido apercibido, asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En la inteligencia de que las consecuencias antes referidas no derivan únicamente del incumplimiento total a la ejecutoria de amparo, sino también de las omisiones en que incurra para hacer cumplir sus determinaciones encaminadas al cumplimiento de la sentencia dictada en el presente expediente. Conforme a lo anterior, se apercibe a *** Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos y al Congreso del Estado de Morelos, que de no dar cumplimiento a dicho requerimiento, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, [...]. Notifíquese. QSJA
- Principal
MESA II.- ...Vista la demanda promovida por ..... quien se ostenta como apoderado legal de .... contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos; regístrese en el libro de gobierno de juicios de amparo bajo el número 882/2022-II, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y fórmese expediente impreso y electrónico. SE PLANTEA RETURNO Ahora, de la lectura de la demanda se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: La omisión de dictar auto de requerimiento de pago en los autos del juicio laboral 01/1419/16. Luego, como en la certificación secretarial que antecede se hizo constar que de la consulta realizada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) del Consejo de la Judicatura Federal, se advierte la existencia del diverso juicio de amparo 167/2021 del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con los siguientes datos: Parte quejosa: ..... Autoridad responsable: Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Acto reclamado: la omisión de dictar laudo, en los autos del juicio laboral 01/1419/16. Además, se advierte que el veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en los autos del juicio de amparo 167/2021, de su índice, auto que causó estado mediante auto de veinte de mayo de dos mil veintidós. De lo que se obtiene que en dicho juicio de amparo (167/2021 del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos), existe un antecedente directo en el que se tuvo conocimiento de actos reclamados que derivan del expediente laboral 01/1419/16; circunstancia que constituye un hecho notorio para este juzgador, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, además, la jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, en Materia Común, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, publicada el ocho de junio de dos mil dieciocho, registro 2017123, cuyo texto y rubro dice: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente." Así, en el caso particular, debe atenderse a lo previsto en el "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los Órganos Jurisdiccionales", de aplicación obligatoria para los órganos jurisdiccionales del citado Consejo. En ese orden, en el citado Acuerdo General se advierten, entre otros, como criterios generales para el turno de un asunto de nuevo ingreso, los previstos en los artículos 45, fracción II y 46 fracción II, los cuales disponen: "Artículo 45. Los asuntos se turnarán mediante el sistema automatizado de turno que administra la Dirección General de Gestión Judicial de la siguiente manera: Forma aleatoria: [.] Forma relacionada: Si al capturar los datos de registro del asunto, el sistema automatizado de turno arroja un antecedente que lo vincule con otro registrado con anterioridad dentro de una temporalidad de cinco años, atendiendo a la fecha de ingreso o recepción en la oficina de correspondencia común, ya sea por disposición expresa de la ley o conforme a un criterio de relación, con base en la información que proporcione el sistema y sin necesidad de consultar otros sistemas de gestión, se turnará al órgano jurisdiccional que tenga el último antecedente registrado, sin que para ello sea relevante si se abordó algún análisis del fondo del asunto. [.]" "Artículo 46. Son criterios generales de relación, en aplicación de los cuales un asunto de nuevo ingreso deberá turnarse a un órgano jurisdiccional determinado, por existir, en el sistema, un antecedente que hace procedente la vinculación, los siguientes: [.] II. Los juicios de amparo directo o indirecto, promovidos contra actos provenientes del mismo expediente jurisdiccional o administrativo seguido en forma de juicio, originado en una misma secuela procesal, se turnará al órgano jurisdiccional que tenga el último juicio de amparo registrado en el sistema en relación con esos asuntos; [...]" Dispositivos de los que se sigue, en lo que interesa, que los asuntos de nuevo ingreso deberán ser turnados para su conocimiento y determinación respectiva - en el caso de juicios de amparo - al órgano jurisdiccional que haya conocido de un diverso juicio de amparo promovido contra actos provenientes del mismo expediente jurisdiccional o administrativo seguido en forma de juicio, originado en una misma secuela procesal. En ese contexto, quien ahora resuelve considera que la demanda de cuenta se debe tramitar y resolver en el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, toda vez que como se advierte el acto de autoridad deriva de manera directa del expediente 01/1419/16, del índice del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y, por lo tanto, se encuentra relacionado -por razón de antecedente directo- con el juicio de amparo 167/2021, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. Por tanto, con fundamento en los artículos 45, fracción II y 46, fracción II, del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los Órganos Jurisdiccionales", este Juzgado de Distrito estima que el Juzgado que debe conocer de la demanda de cuenta es el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, por ser aquél que previno en el conocimiento de una primera demanda de amparo, en los términos indicados. Sustenta lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 28/2021 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Undécima Época, en Materia Común, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 1, mayo de 2021, Tomo II, página 1782, con número de registro 2023131, de rubro y texto siguientes: "CONFLICTO COMPETENCIAL ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. ES INEXISTENTE, ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE, CUANDO SE SUSCITA CON BASE EN CUESTIONES DE TURNO. Hechos: Un Tribunal Colegiado de Circuito, al que correspondió el conocimiento de un recurso, se declaró legalmente incompetente para conocer de él aduciendo que un diverso Tribunal conservaba la competencia originaria, en virtud de que el recurso derivaba de un juicio de amparo indirecto promovido dentro de la misma secuela procesal de un juicio de amparo del que previamente conoció. El diverso órgano jurisdiccional negó tener competencia para conocer del asunto en razón de que consideró que no se surten los supuestos previstos en el artículo 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que prevé los criterios generales de relación, porque no existía un conocimiento previo. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que es inexistente el conflicto competencial cuando los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sustentan su incompetencia para conocer de un juicio de amparo o recurso en una cuestión de turno que se da por conocimiento previo, pues ello se encuentra regulado en los artículos 45 y 46 del mencionado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Justificación: Conforme a la jurisprudencia 2a./J. 115/2011, para que se considere legalmente planteado un conflicto competencial y éste pueda ser dirimido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resulta indispensable que la negativa de los órganos jurisdiccionales contendientes para conocer de un asunto se refiera exclusivamente a un punto concreto jurisdiccional, sea por razón de grado, territorio o materia, y no a simples situaciones de hecho o de orden administrativo ajenas al tema jurisdiccional, como lo serían cuestiones de mero trámite o de turno, pues ello involucra la aplicación de los Acuerdos Generales emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regulan la distribución de asuntos entre órganos jurisdiccionales. En ese tenor, cuando el conflicto debe su formación al debate competencial suscitado única y exclusivamente por cuestión de turno que se da por el conocimiento previo de un asunto entre los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, a la luz de lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el mismo debe declararse inexistente, pues conforme a los artículos 45 y 46 del Acuerdo citado, que regula el funcionamiento de las oficinas de correspondencia común de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, se establece de manera específica un sistema de turnos e, incluso, como se advierte de los dos últimos párrafos del artículo 46, se disponen acciones específicas a seguir por los órganos jurisdiccionales que determinen no aceptar un turno, correspondiendo su resolución de plano a la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal." En consecuencia, remítase el presente juicio de amparo al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, a quien la norma reserva su conocimiento, con preferencia respecto de los demás juzgadores de amparo, para que tenga a bien determinar si acepta o no el returno planteado. Fórmese cuaderno de antecedentes y solicítese al órgano jurisdiccional de referencia el acuse de recibo correspondiente, así como la comunicación del returno planteado a su favor. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en su ocurso de cuenta y de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tienen por autorizadas en los términos que refiere a las personas que designa, por tratarse de la parte trabajadora en el juicio laboral. REPRODUCCIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS Respecto a la solicitud de que se permita la reproducción de los autos por medios electrónicos, se autoriza el uso de las herramientas tecnológicas que señala, en el entendido que el solicitante es parte en el presente juicio y el uso que haga de la información contenida en las constancias que integran el expediente, deberá ser con la diligencia y lealtad procesal debida para la defensa de su interés en el presente juicio, toda vez que dada la naturaleza de las mismas pueden contener información clasificada como reservada o confidencial e inclusive información que no esté relacionada directamente con las partes o la litis planteada en este asunto; por lo que no podrán reproducirse documentos o textos cuya difusión o información en ellos contenida, se encuentre clasificada, reservada por disposición legal o si previamente deba mediar autorización a la parte interesada para obtener su reproducción, por lo que cualquier uso distinto, reproducción o publicación que haga de la información antes referida, podrá ser causa de responsabilidad de conformidad con las disposiciones legales aplicables. Lo anterior, con apoyo en la tesis .1o.A.33 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con número de registro 2013107, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo IV, página 2378, y que es del tenor literal siguiente: "INFORMACIÓN CLASIFICADA. LA OBLIGACIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO DE PERMITIR SU CONSULTA NO SE ACTUALIZA CUANDO EL SOLICITANTE NO ES PARTE EN EL ASUNTO DE QUE SE TRATE. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 121/2014, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 24, Tomo I, noviembre de 2015, página 218, estableció que cuando se remita información clasificada -reservada o confidencial- y exista razón fundada para que alguna o todas las partes del juicio la conozcan, previo análisis que de ella se haga, los Jueces constitucionales podrán permitir el acceso total o parcial, bajo su más estricta responsabilidad, a fin de que aquéllas puedan exponer sus pretensiones y hacer valer en juicio lo que a su derecho e interés convengan, siempre y cuando el órgano jurisdiccional considere que, para efectos del juicio de amparo, dicha información clasificada se puede dar a conocer en atención a la debida defensa de las partes; de ahí que si el quejoso reclamó, por ejemplo, el resultado de un procedimiento de investigación en materia de responsabilidad administrativa de servidores públicos y, de acuerdo con las manifestaciones de la autoridad, aquél no interpuso la queja que dio lugar a su sustanciación ni tuvo intervención en el asunto, es evidente que pretende imponerse del contenido de ese expediente, a pesar de que no se trata del servidor público contra el cual se instruyó el procedimiento, inclusive, aun de ser quien presentó la queja que lo originó, es criterio de la Segunda Sala del Alto Tribunal que carece de interés jurídico para impugnar en amparo las actuaciones practicadas para determinar la improcedencia o falta de elementos para fincar responsabilidad administrativa al funcionario denunciado. Por tanto, la restricción que se establezca al acceso a esa información clasificada no está encaminada a impedir la defensa adecuada del quejoso, sino a garantizar la protección de datos personales y evitar su alteración, pérdida, transmisión o acceso no autorizado a personas que no guardan relación con el asunto, pues la obligación del Juez de Distrito de permitir su consulta no se actualiza cuando el solicitante no es parte en el asunto de que se trate." Asimismo, en la tesis I.1o.A.23 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con número de registro 2008986, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, página 1830, que dice: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran." HABILITACIÓN PARA NOTIFICACIONES EN DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo se habilitan días y horas inhábiles al actuario de la adscripción, para la práctica de todas y cada una de las notificaciones que se ordenen en el presente expediente, aún las de carácter personal. HABILITACIÓN A LOS ACTUARIOS PARA EFECTUAR NOTIFICACIONES POR MEDIO DE LISTA En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de la Materia, desde este momento se faculta al actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa: no conozcan a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectúe (previa razón asentada como soporte), por medio de la lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal; en la inteligencia de que, dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo inmueble para tal efecto. EXHORTACIÓN PARA TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA" De conformidad con el artículo 22, fracciones I y II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema de juicio en línea. Asimismo, se les conmina para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correo electrónico, teléfono o servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. En este sentido, se hace del conocimiento que de ser necesario, las comunicaciones no procesales que se realicen, a criterio del órgano jurisdiccional, podrán incorporarse al expediente previa certificación correspondiente, para los efectos legales conducentes. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
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