Alvaro Martinez Chavez
Expediente 840/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 840/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 07/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Alvaro Martinez Chavez
Actuaciones
- Principal
III-Vista la certificación secretarial que antecede y el estado que guarda el presente juicio de amparo, conforme así lo permiten las cargas de trabajo debido a las condiciones de limitación de recursos humanos disponibles y la restricción de horario, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que señala el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que se hubiese recurrido el acuerdo de dieciocho de octubre de dos mil veintidós, mediante el cual este juzgado desechó la demanda de amparo, promovida por Álvaro Martínez Chávez; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente por disposición expresa del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que dicho acuerdo ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, carátula del presente cuaderno, y en su oportunidad archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En consecuencia, en cumplimiento al artículo 21, inciso b) del Capítulo Octavo, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción después de los tres años siguientes a partir del presente acuerdo. De igual forma, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades carece de valor jurídico o histórico y al no considerarse de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 15 del Capítulo Quinto, del citado acuerdo. Finalmente, vista la certificación de cuenta, se advierte que el presente expediente no contiene documentos originales que deban ser recogidos por las partes. Notifíquese por lista.
- Principal
III-Recepción de demanda Vista la demanda de amparo de cuenta, se tiene a Álvaro Martínez Chávez solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclama del magistrado de la Cuarta Sala Especializada en Materia Penal Oral, con sede en esta ciudad y otras autoridades. Radicación Regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado Federal con el número 840/2022-I-B, fórmese el expediente físico así como el electrónico y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Demanda no urgente Es de precisarse que el veintitrés de septiembre del dos mil diecinueve, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la modificación al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma el que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, vigente a partir de esa fecha, en el cual se reformó el artículo 48, para dejar establecido que a partir de esa fecha las órdenes de traslado ya no tendrían el carácter de urgentes; de ahí que la demanda se trámite de manera normal y, por ende, no sea factible conceder la suspensión de plano y de oficio solicitada, al no ubicarse tal acto dentro de los supuestos establecidos en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo. Desechamiento Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito debe examinar la demanda de amparo y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En el caso, es procedente desechar de plano la demanda de amparo, toda vez que se advierte actualizada la causal de improcedencia deducida de lo previsto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 3° y 6°, todos de la Ley de Amparo, y el 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen lo siguiente: "Artículo 3o. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. [.] Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. [.]". "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)." La lectura conjunta de los artículos transcritos, conlleva a establecer que las personas pueden presentar demandas de amparo por vía electrónica, utilizando la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL); la cual tendrá los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa. Asimismo, se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando no existe manifestación de la voluntad para ejercer la acción constitucional, que se rige por el principio de instancia de parte agraviada. Ahora, si la firma es la manifestación de la voluntad por excelencia, la cual hace patente la intensión del justiciable de instaurar un procedimiento; entonces, es un requisito esencial de la demanda al ser el signo de la expresión de la voluntad del accionante para demandar la restitución del derecho que se estima violado y sirve, además, para determinar la autenticidad de la propia demanda, con todas sus consecuencias legales. Además, acorde con el artículo 3o. de la Ley de Amparo, es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente; los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la firma electrónica conforme a la regulación que emita el Consejo de la Judicatura Federal. Dicho órgano colegiado y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitieron la normativa aplicable para la implementación y uso de esa herramienta en los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, en los que establecieron la posibilidad de que las demandas de amparo se recibieran por medio de la firma electrónica implementada. En tal virtud, una persona física por sí sola y por su propio derecho, puede presentar escrito de demanda de amparo, siempre y cuando cuente con la aludida firma electrónica "FIREL"; o bien, si lo hace por conducto de su apoderado especial, es necesario que acompañe copia digitalizada del documento que acredita que previamente contaba con esa capacidad jurídica, acorde con el inciso f) del artículo 12 del referido Acuerdo General Conjunto 1/2013, y adjuntarlo al escrito relativo, pues se presume que dicho documento anexo, vía electrónica, es copia íntegra e inalterada del propio documento impreso, al haber sido ingresado al sistema en uso del certificado digital "FIREL", por lo que produce los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa, en términos del artículo 10 de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo antes expuesto, la jurisprudencia con número de registro digital: 2015060, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, Materia(s): Común, Tesis: III.4º.T.J/5 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 46, Septiembre de 2017, Tomo III, página 1729, Tipo: Jurisprudencia, a saber: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. PUEDE PROMOVERSE POR PROPIO DERECHO O EN REPRESENTACIÓN DE DIVERSA PERSONA FÍSICA, MEDIANTE EL USO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL). Acorde con el artículo 3o. de la Ley de Amparo es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente; los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la firma electrónica conforme a la regulación que emita el Consejo de la Judicatura Federal. Así, dicho órgano administrativo y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitieron la normativa aplicable para la implementación y uso de esa herramienta en los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, en los que establecieron la posibilidad de que las demandas de amparo se recibieran por medio de la firma electrónica implementada. En tal virtud, una persona física por sí sola y por su propio derecho, puede presentar escrito de demanda de amparo, siempre y cuando cuente con la aludida firma electrónica "FIREL"; o bien, si lo hace por conducto de su apoderado especial, es necesario que acompañe copia digitalizada del documento que acredita que previamente contaba con esa capacidad jurídica, acorde con el inciso f) del artículo 12 del referido Acuerdo General Conjunto 1/2013, y adjuntarlo al escrito relativo, pues se presume que dicho documento anexo, vía electrónica, es copia íntegra e inalterada del propio documento impreso, al haber sido ingresado al sistema en uso del certificado digital "FIREL", por lo que produce los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa, en términos del artículo 10 de la ley de la materia, el cual establece que en los casos no previstos por dicha legislación, la personalidad se acreditará en la misma forma que determina la ley que rija la materia de la que emana el acto reclamado; además, de estimar lo contrario, se impediría a la quejosa el acceso a la tutela jurisdiccional que puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión." (Énfasis añadido) Asimismo, resulta pertinente precisar que el artículo 3o., último párrafo, de la Ley de Amparo, prevé como excepción que no se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de la ley de la ley de la materia. Es decir, si bien la presentación de la demanda de amparo por medios electrónicos debe cumplir con el requisito de estar firmada electrónicamente por el quejoso, en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, no se estableció ningún caso de excepción distinto a los previstos por el artículo 15, primer párrafo, de la ley citada que eximiera de cumplir con el requisito de firmar electrónicamente la demanda de amparo cuando se presentara por medio del portal señalado. Ello, pues los actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, a que se refiere el artículo mencionado, son de tal gravedad que el agraviado generalmente se encuentra imposibilitado para promover el amparo por sí mismo, por lo que puede hacerlo en su nombre cualquier persona, aunque sea menor de edad; motivo por el cual, como se precisó con antelación, el 3o., último párrafo, de la Ley de Amparo establece que en esos supuestos la demanda podrá promoverse por medios electrónicos y que en este caso no se requerirá de firma electrónica. Sin embargo, en la especie el quejoso combate la resolución de dos de septiembre del año en curso, emitida en el toca penal 64/2022, del índice de la Cuarta Sala Especializada en Materia Penal Oral, con sede en esta ciudad, mediante la cual, se confirmó la calificación de legal respecto de la orden de traslado ordenada en contra del quejoso Álvaro Martínez Chávez, por tanto, no es de aquellos actos que debido a su gravedad están comprendido en el catálogo del numeral 15 de la Ley de Amparo. Así, en el caso, lo que corresponde en derecho, es desechar de plano la demanda de amparo intentada por notoriamente improcedente, al no ser patente la manifestación de la voluntad necesaria para ejercitar la acción constitucional de amparo, pues se advierte que el escrito de demanda de amparo carece de firma electrónica, lo cual, resulta ser un requisito indispensable al tratarse de una demanda ingresada a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. De lo que se sigue que no se cumple con el principio de instancia de parte agraviada, conforme al cual sólo aquel a quien irrogue perjuicio el acto de autoridad de que se trate, podrá concurrir al juicio de amparo en reclamo de éste, ya sea por sí, por conducto de su representante, por apoderado -siempre y cuando en estas dos últimas hipótesis se justifique ostentar el carácter que se aduce tener- o por su defensor (tratándose de asuntos penales en que el acto emerja de un procedimiento de esa naturaleza). Sobre el tema, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 45/2018, consideró que la implementación del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y la utilización de la firma electrónica a que hacen referencia el artículo 3° de la Ley de Amparo, el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal -éste último derogado en su Título Cuarto, por el Acuerdo General 12/2020 previamente citado-, no implicaron soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" contenido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6° de la Ley de Amparo. Bajo ese contexto, si bien en la demanda de amparo fue recibida vía electrónica a través del Portal de Servicios en Línea, se deprende que el promovente Álvaro Martínez Chávez, acudió al juicio de amparo por propio derecho y al efecto omitió firmar electrónicamente la misma; por tanto, es inconcuso que en el caso que nos ocupa, no se satisfizo el principio de instancia de parte agraviada, pues no existe la voluntad de quien aparece como directo quejoso de la acción de amparo. Asimismo, se precisa que dicha deficiencia no puede ser objeto de una prevención, pues no se trata de una irregularidad de las previstas por el artículo 114 de la Ley de Amparo, ni de la omisión de alguno de los requisitos señalados por el diverso numeral 108 del mismo ordenamiento legal. Sirve de apoyo a lo antes expuesto, la jurisprudencia con número de Registro digital: 2018943, Instancia: Pleno, Décima Época, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 32/2018 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 62, Enero de 2019, Tomo I, página 5, Tipo: Jurisprudencia, a saber: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE. La implementación del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y la utilización de la firma electrónica a que hacen referencia el artículo 3o. de la Ley de Amparo, el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para presentar demandas, recursos, promociones y documentos, recibir comunicaciones, notificaciones oficiales y consultar expedientes, acuerdos, resoluciones y sentencias relacionados con los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no implicaron soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" contenido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvieron como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, al otorgar validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. En ese sentido, cuando se presenta una demanda de amparo en el Portal indicado, firmada electrónicamente con la FIREL de la persona que el quejoso señala como su autorizado en el escrito de demanda, no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el Juez de Distrito está facultado para desecharla de plano.". De igual forma, por su contenido tiene aplicación la jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 65, del mes de abril de dos mil diecinueve, Tomo I, de la Décima Época, en la página setenta y nueve, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida.". Cabe destacar que, este juzgado no soslaya lo precisado con antelación con relación al último párrafo del artículo 3° de la Ley de Amparo, el cual establece que no se requerirá firma electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del numeral 15 de la misma Ley; sin embargo, en el presente caso, los actos reclamados no se ubican en alguno de los casos urgentes o de los prohibidos por el artículo 22 constitucional. Lo anterior, no obstante que el promovente del amparo invocó la tesis aislada de rubro y texto: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. COMO AFECTA LA LIBERTAD PERSONAL FUERA DE PROCEDIMIENTO, PARA TRAMITAR LA DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA EN SU CONTRA, PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, NO SE REQUIERE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO (ACTUALIZACIÓN DE LA EXCEPCIÓN PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 3o., 15 Y 109 DE LA LEY DE AMPARO)", con la intención de no firmar su escrito de demanda al tratar de situarse en la hipótesis establecida en el artículo 15 de la ley de la materia. Sin embargo, la tesis citada hace alusión a actos emitidos por autoridades administrativas fuera de procedimiento, que afectan la libertad personal -como en el caso es la orden de traslado- mientras que en la demanda de amparo que nos ocupa, el acto reclamado resulta ser la resolución de dos de septiembre del año en curso, emitida en el toca penal 64/2022, del índice de la Cuarta Sala Especializada en Materia Penal Oral, con sede en esta ciudad, mediante la cual, se confirmó la calificación de legal respecto de la orden de traslado ordenada en contra del quejoso Álvaro Martínez Chávez. De lo que resulta patente que no fue emitido fuera de procedimiento. Resta decir que los requisitos de procedencia, a falta de los cuales se actualiza la improcedencia de una acción, varían dependiendo de la vía que se ejerza y, en esencia, consisten en los elementos mínimos necesarios previstos en las leyes adjetivas que deben satisfacerse para la realización de la jurisdicción, es decir, para que el juzgador se encuentre en aptitud de conocer la cuestión de fondo planteada. Apoya lo anterior, por las razones que informa, la jurisprudencia 1a./J. 90/2017 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN. SU CONTENIDO ESPECÍFICO COMO PARTE DEL DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA Y SU COMPATIBILIDAD CON LA EXISTENCIA DE REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE UNA ACCIÓN. De la tesis de jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 1a./J. 42/2007, (1) de rubro: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.", deriva que el acceso a la tutela jurisdiccional comprende tres etapas, a las que corresponden tres derechos que lo integran: 1) una previa al juicio, a la que atañe el derecho de acceso a la jurisdicción; 2) otra judicial, a la que corresponden las garantías del debido proceso; y, 3) una posterior al juicio, que se identifica con la eficacia de las resoluciones emitidas con motivo de aquél. En estos términos, el derecho fundamental de acceso a la jurisdicción debe entenderse como una especie del diverso de petición, que se actualiza cuando ésta se dirige a las autoridades jurisdiccionales, motivando su pronunciamiento. Su fundamento se encuentra en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al cual corresponde al Estado mexicano impartir justicia a través de las instituciones y procedimientos previstos para tal efecto. Así, es perfectamente compatible con el artículo constitucional referido, que el órgano legislativo establezca condiciones para el acceso a los tribunales y regule distintas vías y procedimientos, cada uno de los cuales tendrá diferentes requisitos de procedencia que deberán cumplirse para justificar el accionar del aparato jurisdiccional, dentro de los cuales pueden establecerse, por ejemplo, aquellos que regulen: i) la admisibilidad de un escrito; ii) la legitimación activa y pasiva de las partes; iii) la representación; iv) la oportunidad en la interposición de la acción, excepción o defensa, recurso o incidente; v) la competencia del órgano ante el cual se promueve; vi) la exhibición de ciertos documentos de los cuales depende la existencia de la acción; y, vii) la procedencia de la vía. En resumen, los requisitos de procedencia, a falta de los cuales se actualiza la improcedencia de una acción, varían dependiendo de la vía que se ejerza y, en esencia, consisten en los elementos mínimos necesarios previstos en las leyes adjetivas que deben satisfacerse para la realización de la jurisdicción, es decir, para que el juzgador se encuentre en aptitud de conocer la cuestión de fondo planteada en el caso sometido a su potestad y pueda resolverla, determinando los efectos de dicha resolución. Lo importante en cada caso será que para poder concluir que existe un verdadero acceso a la jurisdicción o a los tribunales, es necesario que se verifique la inexistencia de impedimentos jurídicos o fácticos que resulten carentes de racionalidad, proporcionalidad o que resulten discriminatorios." De modo que aun cuando al tenor del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las autoridades jurisdiccionales deben brindar la protección más amplia a las personas justiciables, entre ellos el derecho de acceso a la justicia, no significa que en cualquier caso deba resolverse el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente. Apoya lo anterior la jurisprudencia que dice: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." Domicilio procesal y autorizados Se tiene como autorizados en los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Esaú Daniel Alvarado Vázquez y Esaú Daniel Alvarado Dzib, toda vez que tiene su cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Circuito; asimismo, como domicilio para oír y recibir notificaciones el precisado en el ocurso que se provee. Notificaciones no procesales Asimismo, señala el correo electrónico esaudalva@hotmail.com, lo anterior a efecto de mantener comunicaciones no procesales, de conformidad a lo establecido en el Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Acceso al expediente electrónico Por otra parte, en cuanto a la solicitud del ocursante, consistente en que se le autorice a consultar vía internet el expediente electrónico y que se le practiquen las notificaciones de las determinaciones judiciales del citado asunto vía electrónica; previa búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, específicamente en el módulo de autorizados para consultar el expediente electrónico, se advirtió que el nombre de usuario que proporcionó en el escrito de cuenta "esaudalva30" es válido; por tanto, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, y de conformidad con los artículos 12 y 13 del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, y el artículo 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y articulo 26, fracción IV de la Ley de Amparo, se le autoriza la consulta del presente juicio de amparo vía internet y ser notificado por la misma vía, sin perjuicio de que el expediente físico estará a su disposición en este órgano jurisdiccional los días y horas hábiles, para su consulta física. Lo anterior, hágase del conocimiento al Oficial Judicial "A" personal encargado de la integración del expediente electrónico adscrito a este juzgado, para que en términos del citado acuerdo, proceda a efectuar las gestiones pertinentes. De conformidad con lo establecido en la parte final del artículo 1, fracción I, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que de ser posible y en consideración a las dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen con la tramitación del presente juicio mediante el esquema de "juicio en línea" utilizando los medios electrónicos disponibles desde el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Habilitación de días y horas inhábiles A fin de dar puntual cumplimiento al derecho humano consagrado en el artículo 17, Constitucional, con fundamento en el arábigo 21, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Protección de datos personales y transparencia Con fundamento en el artículo 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena la protección de los datos personales y la información relativa a la vida privada de los particulares, en las constancias y actuaciones judiciales que se encuentren en este expediente, en caso de su requerimiento vía solicitud de acceso a la información, no obstante que las partes no se opongan a la publicación de los datos personales. Instrucción al secretario encargado del trámite del asunto, actuarios judiciales y oficiales judiciales Por otra parte, a fin de dar cabal cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y en términos del artículo 3, de la Ley de Amparo: Se instruye desde este momento al Secretario encargado del trámite de este asunto -quien aparece como fedatario es esta actuación- para que puntualmente: 1. Todos los acuerdos sean signados con Firma Electrónica y cuente con los permisos necesarios. 2. Supervise la integración de manera cronológica al expediente electrónico de las actuaciones judiciales, promociones y demás constancias que obren en el expediente físico. 3. Como fedatario, verifique la coincidencia de contenidos del expediente impreso y el electrónico, para lo cual, al dar cuenta deberá validar expresamente: Respecto de la documentación recibida por vía electrónica, toda se ha impreso y agregado al expediente físico, en su caso, con la evidencia criptográfica de la firma respectiva y sin necesidad de certificación o actuación judicial, y Cuando la documentación se reciba en formato impreso, esta se ha digitalizado e ingresado al expediente electrónico respectivo. 4. Al solicitar los informes o documentación a las autoridades responsables, respecto de juicios seguidos ante tribunales que no pertenezcan al Poder Judicial de la Federación, procurará que la digitalización de los expedientes relativos a dichos juicios se realice por las propias autoridades responsables y solo si esto no es posible, se cerciore se realice dicha digitalización por el personal administrativo de su mesa. En ese sentido, se ordena al oficial administrativo: La digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes físicamente, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboren, y toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo. La integración de manera cronológica al expediente electrónico de las actuaciones judiciales, promociones y demás constancias que obren en el expediente físico. En cuanto al Actuario Judicial que por terminación de expediente le corresponda: Deberá digitalizar oportunamente todas las actas, citatorios y razones de notificación que elaboren derivadas del presente asunto, incorporándolas al expediente electrónico a más tardar al día siguiente de su realización. En todo momento, queda a cargo del secretario -como fedatario- cerciorarse que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad y dar fe de ello al pie de cada determinación judicial. Notifíquese personalmente a la parte promovente.
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