Alvaro Martín Alba González Luna
Expediente 1517/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1517/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 18/11/2021
Partes del expediente
- Alvaro Martín Alba González Luna
Actuaciones
- Principal
Zapopan, Jalisco, dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno. I. Causa estado. Como se advierte de la certificación que antecede, transcurrió el plazo que se establece en el artículo 86 en relación con los diversos 81, fracción I, inciso e) y 84, todos de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara con el auto de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, por el que se sobreseyó en el juicio fuera de audiencia, e hiciera valer el recurso de revisión en su contra, sin que lo haya hecho; en consecuencia, con apoyo en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara firme. II. Orden de archivo. En consecuencia, toda vez que el presente asunto se encuentra concluido, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el presente como asunto concluido. Toda vez que en el presente asunto se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio, el expediente se encuentra en el supuesto previsto en el inciso a) del artículo 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, por tanto, será destruible una vez que transcurra el plazo de tres años de haberse ordenado su archivo. III. Oposición de datos personales. Asimismo, de las constancias que integran los autos se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros.
- Principal
Zapopan, Jalisco, veintidós de septiembre de dos mil veintiuno. Autoridad informa. Téngase por recibido el oficio signado por la Coordinadora Jurídico H, adscrita a la Dirección de Amparo de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, quien actúa en representación al Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, mediante el cual informa las razones por las que sólo puede dar cumplimiento de manera pasiva. Estado de autos. En el fallo protector se determinó que los efectos de la concesión del amparo son los siguientes: "Las autoridades responsables dejen insubsistente el Decreto por el que se establece como zona de recuperación ambiental "El Bajío", con una superficie de 980.89 hectáreas, ubicada en el Municipio de Zapopan, Jalisco y su ejecución, únicamente, por lo que hace al predio de los quejosos, que se vio afectado por el decreto en la proporción correspondiente, identificado como la parcela 344P6/7, del Ejido de San Juan de Ocotán, Municipio de Zapopan, Jalisco, que consta de una superficie de 3-17-57.00 (tres hectáreas, diecisiete áreas, cincuenta y siete centiáreas). Se precisa que el efecto de la concesión no implica que la parte promovente del amparo quede liberada de observar las normas nacionales e internacionales en materia de protección al medio ambiente, incluidas las penales, al no haber sido materia de reclamo ni estudio en el presente juicio de amparo. Asimismo, conviene acotar que esta sentencia no entraña en sí misma autorización o permisión para una eventual modificación o construcción en los predios de referencia, tampoco la inobservancia de las leyes o reglamentos locales que sobre construcciones imponga la autoridad. Se aclara también que lo resuelto no impide que las autoridades que participaron en la creación del decreto referido, en el ámbito de sus facultades, lleven a cabo de nueva cuenta un procedimiento para tales efectos, pero en que se respete el derecho fundamental de audiencia de los quejosos, en los términos explicados en la sentencia. Lo anterior es relevante, ya que si bien generalmente la declaración de inconstitucionalidad de una disposición de observancia general impide que la respectiva norma sea aplicada en perjuicio del quejoso hasta en tanto no sea modificado el acto legislativo transgresor de sus derechos humanos, cuando tal declaración se refiere a una violación a la garantía de audiencia, en virtud de que ello se traduce en un vicio procedimental o accesorio a la facultad cuyo ejercicio se prevé en el precepto inconstitucional, como es el caso, el efecto de la protección constitucional no llega al extremo de impedir el ejercicio de la respectiva potestad. Esto es así, ya que las consideraciones que sustentan el correspondiente fallo protector no contienen un análisis sobre si la facultad de la autoridad, en sí misma, es violatoria de derechos humanos, sino sobre la circunstancia de que al generar su ejercicio una modificación definitiva de la esfera jurídica del gobernado, antes de su desarrollo se debe escuchar al mismo y, por ende, estimar que tal vicio impide a la respectiva autoridad ejercer alguna de sus atribuciones sería tanto como destruir respecto del quejoso un acto legislativo que no se ha sometido al tamiz constitucional. Esto es, la sentencia concesoria en este asunto respecto a los artículos 64-A, 64-B, 64-C, 64-D y 64-E de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente derivó de que se faculta a determinadas autoridades para modificar en forma definitiva la esfera jurídica de los gobernados sin escucharlos previamente, lo que se traduce en una inconstitucionalidad adjetiva o formal de la respectiva atribución, pero que por la naturaleza del vicio advertido, no impide a la autoridad competente purgarlo antes de su ejercicio, brindando al quejoso una oportunidad de defensa en la que se respeten las formalidades esenciales a todo procedimiento." Requerimiento. En tal virtud, se requiere a la autoridad responsable Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, en razón de que fue quien emitió el Decreto por el que se establece como zona de recuperación ambiental "El Bajio" para que dentro del término de cinco días, cumpla con el fallo protector y lo acredite con las constancias conducentes, o bien, informe las gestiones que se encuentra realizando para tal fin, a efecto de calificar el cumplimiento a la sentencia de amparo. Apercibimiento. Bajo apercibimiento que de no cumplir con lo anterior dentro del plazo otorgado, o bien, de no manifestar el impedimento legal o material que tengan para ello, conforme disciplina el arábigo 192 del ordenamiento en cita, se le impondrá una multa equivalente al valor de cien Unidades de Medida y Actualización a la data en que se le haga efectiva dicha sanción. Y por lo que en caso de que no se cumpla con la ejecutoria de mérito, en el supuesto de que tal postura procesal persista, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito legalmente competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar en la separación del cargo que ostenta y será puesto a disposición del juez de Distrito que corresponda, para que actúe en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el 193 de la Ley de Amparo. No es óbice a lo anterior que en su promoción de cuenta la responsable señale que: "Se manifiesta, que la autoridad que represento no está en obligación de realizar materialmente acto alguno inherente a su cumplimiento, por lo que existe la imposibilidad jurídica para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad que represento. Finalmente, me permito destacar que mediante oficio DJ/CT/841/2021, el Director Jurídico y de Comercio del Registro Público de la Propiedad del Estado de Jalisco, informó a su Señoría los términos en los que cumplimentó la sentencia en cuestión, con lo cual acreditó que no existe anotación alguna derivada del decreto reclamado en el antecedente registral del inmueble propiedad de la parte quejosa, lo que conlleva a verificar que actualmente no existe ninguna violación a la esfera jurídica del quejoso." Ello porque la ejecutoria pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en la revisión principal 5/2021, superior que confirmó la sentencia de catorce de octubre de dos mil veinte, fue categórico al expresar que: "Las autoridades responsables dejen insubsistente el Decreto por el que se establece como zona de recuperación ambiental "El Bajío", con una superficie de 980.89 hectáreas, ubicada en el Municipio de Zapopan, Jalisco y su ejecución, únicamente, por lo que hace al predio de los quejosos, que se vio afectado por el decreto en la proporción correspondiente, identificado como la parcela 344P6/7, del Ejido de San Juan de Ocotán, Municipio de Zapopan, Jalisco, que consta de una superficie de 3-17-57.00 (tres hectáreas, diecisiete áreas, cincuenta y siete centiáreas). Se precisa que el efecto de la concesión no implica que la parte promovente del amparo quede liberada de observar las normas nacionales e internacionales en materia de protección al medio ambiente, incluidas las penales, al no haber sido materia de reclamo ni estudio en el presente juicio de amparo. Asimismo, conviene acotar que esta sentencia no entraña en sí misma autorización o permisión para una eventual modificación o construcción en los predios de referencia, tampoco la inobservancia de las leyes o reglamentos locales que sobre construcciones imponga la autoridad. Se aclara también que lo resuelto no impide que las autoridades que participaron en la creación del decreto referido, en el ámbito de sus facultades, lleven a cabo de nueva cuenta un procedimiento para tales efectos, pero en que se respete el derecho fundamental de audiencia de los quejosos, en los términos explicados en la sentencia..." En consecuencia, el titular del ejecutivo federal deberá de acreditar que cumplió con los efectos del fallo protector que a él le competen. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, ante Diana Ulloa Hernández, secretaria que autoriza y da fe. RAAG/DUH/mmed
- Principal
Del análisis del fallo protector se determinó que la responsable, deberá realizar lo siguiente: Fijación de los efectos de la concesión. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 74, fracción V, y 77, fracción II, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a fijar los efectos de la concesión del amparo. A fin de asegurar el estricto cumplimiento a la presente sentencia de amparo, las autoridades responsables, deberán: I. Abstenerse de seguir descontando la cantidad de $3,414.85 (tres mil cuatrocientos catorce pesos 85/100 m.n.), en el recibo de pago de la parte quejosa que de manera quincenal se ha realizado. Lo anterior, como se dijo en la presente sentencia, siempre y cuando dicho descuento, derive de lo ordenado en los autos del juicio mercantil oral emisión de la sentencia definitiva dictada en los autos del juicio mercantil, expediente 882/2015, de la estadística del Juzgado Cuarto de lo Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco. Asimismo, para que Alejandro Bermúdez Padilla, en su carácter de Director de Cobranza Administrativa del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, Karina Livier Macías Guzmán, en su carácter de Directora de Prestaciones Económicas del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, Abdiel Gálvez Medina, Director de Cobranza Jurídica del Instituto de Pensiones del Estado; II. De manera inmediata den respuesta la solicitud del quejoso presentada mediante escrito de doce de marzo de dos mil veinte, y se la hagan de su conocimiento" Requerimiento. En tal virtud, de conformidad con el artículo 197 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables, en el ámbito de sus atribuciones, para que, dentro del plazo de tres días, cumplan con el fallo protector y lo acredite con las constancias conducentes, conforme lo dispone el artículo 192 de la Ley de Amparo, en el entendido que la omisión a lo anterior trae como consecuencia el procedimiento previsto en la ley de la materia, o bien, alleguen constancias que demuestren las gestiones para su cumplimiento o la imposibilidad que tuvieren para ello. Apercibimiento. Bajo apercibimiento que de no hacerlo así o bien, de no manifestar el impedimento legal o material que para ello tengan, conforme disciplina el arábigo 192 del ordenamiento en cita, así como el diverso 26 del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su divulgación, se le impondrá a la autoridad que desacate la ejecutoria dictada en este asunto, una multa equivalente al valor correspondiente a cien Unidades de Medida y Actualización a la data en que se le haga efectiva dicha sanción. Asimismo, previos los trámites correspondientes, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar en la separación del cargo que ostenta y será puesto a disposición del juez de Distrito que corresponda, para que actúe en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el 193 de la Ley de Amparo. Lo anterior, merced de que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público y obligación de este órgano judicial que las sentencias se acaten sin demora y cabalmente, atento a lo dispuesto en el canon 17 de la Carta Magna que establece entre otras cosas que la justicia deberá ser pronta. En el entendido que se considera incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo.
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