Álvaro Manuel Hernández Contreras

Expediente 544/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
544/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
29/06/2018

Partes del expediente

  • Álvaro Manuel Hernández Contreras

Actuaciones

  1. Principal

    ...se advierte que transcurrió el término para interponer recurso de queja contra el acuerdo en el cual se desechó la demanda de amparo, sin que el promovente lo haya hecho valer...se declara que dicho proveído CAUSÓ ESTADO...archívese este asunto como concluido...

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS AL PROMOVENTE, EL AUTO QUE DICE: La parte quejosa cumple con la prevención realizada en autos; en consecuencia, este órgano jurisdiccional provee lo siguiente: PROPUESTA DEMOSTRATIVA De la lectura integral del escrito de demanda se advierte que se actualiza de manera indudable y manifiesta, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción II, de la Ley de Amparo. HIPÓTESIS NORMATIVA El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo establece la posibilidad de que se actualice alguna causa de improcedencia diversa a las enumeradas en las fracciones que contiene, de manera que la fracción referida da sustento a la improcedencia constitucional, legal y jurisprudencial; es decir, a la que deriva de disposición distinta a las fracciones que dicho artículo contiene y las que pueden obtenerse de la propia Ley de Amparo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la jurisprudencia o de algún otro ordenamiento legal. Por su parte, el artículo 5, fracción II, de la ley en mención establece que son partes en el juicio de amparo la autoridad responsable, la cual, con independencia de su naturaleza formal, es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Por otra parte, los elementos necesarios para la conformación de un acto de autoridad, para efectos del juicio de amparo, son los siguientes: 1) Que quien lo emite tenga características de órgano público. 2) Que las normas jurídicas le otorguen potestad para actuar. 3) Que sea emitido o realizado unilateralmente afectando la esfera jurídica de los gobernados. Sobre el tema, el Poder Judicial de la Federación ha identificado diferentes tipos de relaciones que se suscitan entre particulares y autoridades, entre aquellos mismos, o bien, entre las propias autoridades, que son las siguientes: a) De coordinación. Son las que se establecen entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad y bilateralidad en el seno del derecho privado, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí mismos, a través de normas generales se crean los procedimientos ordinarios necesarios para resolverlas, a los que deben acudir las partes involucradas para que los tribunales ordinarios competentes resuelvan lo que en derecho proceda. b) De supra a subordinación. Son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; relaciones que se regulan por el derecho público en el que también se establecen los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. De lo anterior se advierte que el juicio de amparo solamente sería procedente cuando se reclamen actos que provienen de las controversias derivadas de actos de autoridad que afecten los derechos humanos de los particulares, lo que supone la existencia de actos que derivan de una relación de supra a subordinación entre autoridades y particulares, pero no sería procedente para reclamar actos derivados de relaciones de coordinación. HECHOS En el caso, el acto reclamado consiste en la omisión de dar cumplimiento a la resolución incidental de liquidación de uno de julio de dos mil catorce, dictada por el entonces Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, relativo al toca ***, relacionado con el laudo del juicio principal ***. Asimismo, en el capítulo respectivo, el promovente señaló como autoridad responsable al Director General de Administración de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, a quien asiste el carácter de parte demandada en el expediente laboral de origen. CONCLUSIÓN En ese contexto, se concluye respetuosamente que en este caso el Director General de Administración de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, no tiene el carácter de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, ya que los actos que se les atribuyen no revisten las características de actos de autoridad (de supra-subordinación) para los efectos a que se contrae el artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en la medida que derivan de un juicio laboral, por lo que sus actuaciones se asemejan a los de un particular (demandados), en contra de los cuales se dictó un laudo que deben cumplir obligatoriamente, por tratarse de cuestiones de orden público, por lo que se actualiza la citada causa de improcedencia. Máxime que al tratarse de cumplimiento de laudos la autoridad laboral cuenta con una amplia gama de instrumentos legales para lograr su ejecución, lo que supone que las autoridades demandadas se ubican en un plano de coordinación, característica de las relaciones laborales. Tiene aplicación la tesis siguiente: Época: Décima Época Registro: 2006389 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 31/2014 (10a.) Página: 966 ÓRGANOS DE GOBIERNO O DEPENDENCIAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE VERACRUZ. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). Conforme a la interpretación de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en especial lo resuelto en la contradicción de tesis 422/2010, de la que derivó la tesis de jurisprudencia 2a./J. 85/2011, el incumplimiento a un laudo por parte de los órganos o dependencias públicas del Estado de Veracruz en el que figuraron como parte demandada no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en tanto que el marco normativo de esa entidad prevé un procedimiento específico para darle ejecución, donde incluso puede llegarse a su forzoso acatamiento a través del embargo de bienes privados o propios de las autoridades demandadas; lo que basta para preservar el plano de coordinación que caracteriza las relaciones laborales y la igualdad que de éstas se pregona. En consecuencia, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. LEY DE TRANSPARENCIA Se comunica al promovente que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 110, fracción V, 113, fracción I, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; tiene derecho a oponerse para que se publiquen o se den a conocer sus datos personales, en aquellos casos en que la resolución que ha de publicarse o la constancia o prueba que solicite, contenga información reservada que ponga en peligro su vida, seguridad o salud, o bien, sea confidencial, por así establecerse en un tratado internacional o la ley nacional; en la inteligencia que de no realizar manifestación alguna hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.

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