ALVARO MANUEL GUTIERREZ y Otros.

Expediente 617/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
617/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
03/07/2023

Partes del expediente

  • ALVARO MANUEL GUTIERREZ y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    MESA III ".. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de queja contra el auto de diecinueve de junio del año en curso, en el cual se desechó de plano la demanda de amparo origen de este expediente; por tanto, con fundamento en los numerales 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que causa estado dicho auto; hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, toda vez que no existen documentos originales pendientes de devolver, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo previsto en el artículo 14 del citado Acuerdo General, este expediente es destruible, dado que se desechó la demanda de amparo; y carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el precepto 15 del Acuerdo citado; en la inteligencia que conforme al diverso numeral 20, fracción IV, la destrucción deberá realizarse después de tres años. Realícese la captura de datos que correspondan en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en los libros de control interno respectivos. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    MESA III "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de junio de dos mil veintitrés. REGISTRO DE EXPEDIENTE De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 617/2023. DE LA INTEGRACIÓN Y TRÁMITE DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Se hace del conocimiento de las partes que a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, con independencia del esquema tradicional, híbrido o en línea, con el que intervengan las partes en un asunto, se adopta como eje rector la tramitación electrónica en el juicio de amparo. Por lo anterior, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, los expedientes físicos deberán contener únicamente aquellos documentos recibidos por esta vía. Instrúyase al Secretario a cargo de este expediente y al personal correspondiente, para que verifiquen, según sus atribuciones, la debida integración del expediente electrónico, así como del expediente físico con las constancias respectivas. PARTE QUEJOSA. **** y ****. ACTO RECLAMADO. El acuerdo de ocho de junio del año en curso, notificado el trece del presente mes; mediante el cual se negó la suspensión provisional del acto reclamado en el amparo directo promovido contra actos del expediente agrario 141/2022, de la responsable. AUTORIDAD RESPONSABLE. Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito Veintidós, con residencia en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS FUNDAMENTALES VULNERADAS. Derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. DESECHAMIENTO Con fundamento en el artículo 61, fracción XI de la Ley de Amparo; SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO, dado que el acto reclamado, es una RESOLUCIÓN DICTADA EN UN JUICIO DE AMPARO, que no es susceptible de análisis, en la medida en que no puede ejercerse un control constitucional con respecto a una decisión emergente de la potestad que confiere la Ley de Amparo a la entidad responsable para proveer sobre la suspensión del acto que se controvierte en un amparo Directo. Lo anterior es así, ya que del estudio que se realice al escrito inicial de la demanda, se podrá determinar si colman los requisitos indispensables para su procedencia, o bien si se actualiza algún motivo manifiesto e indudable para estimar lo contrario, en términos de los artículos 112 y 113 de la ley de la materia, preceptos legales que prevén la posibilidad del desechamiento de la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que a él se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia manifiesto e indudable, entendiéndose por lo primero, aquello que no requiere de mayor demostración, sino que se advierte de manera clara y directa de la demanda y de sus anexos, y por lo segundo, aquello de lo que se tiene la certeza y plena convicción. "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Este precepto autoriza a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia." Máxime que, si bien existen diversas causas que originan la improcedencia del juicio de amparo, lo cierto es que éstas no deben originar el desechamiento de la demanda a menos que su existencia sea evidente, clara y notoria, ya que no se debe llegar al extremo de limitar u obstaculizar el ejercicio de la acción constitucional a los particulares que estimen violados sus derechos fundamentales. Lo anterior, con la finalidad de no tramitar y sujetar a las partes a un juicio que, desde su promoción, se aprecia inútil, con el consecuente desgaste de recursos humanos y materiales, por lo cual el legislador estableció la posibilidad de desechar la demanda siempre que se materialice, de manera manifiesta e indudable, alguna de las causas previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, que enlista una serie de actuaciones, cuyo origen, naturaleza y/o condiciones producen que no sean susceptibles de analizarse en el juicio constitucional; es decir, respecto de los cuales no puede existir un pronunciamiento de fondo en cuanto a su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Actuación procesal que, por cierto, no está limitada a determinadas causales, sino que está prevista como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, desde luego, cuando se actualicen las condiciones respectivas; lo que revela que la efectiva intención del legislador es permitir que, independientemente de la razón por la que se aprecie sin lugar a dudas que un juicio es improcedente, sea factible su desechamiento, es decir, que se deniegue su tramitación y la consiguiente sustanciación de un procedimiento, cuyo agotamiento en todas sus etapas a nada práctico conducirá pues, finalmente, no será factible el estudio de fondo del derecho discutido. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Ahora, de manera indudable y manifiesta se advierte que se actualiza la causal de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XI de la Ley de Amparo; precepto normativo que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas; Ahora, de los antecedentes del acto reclamado, se advierte que ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 22 con sede en Tuxtepec, Oaxaca, se encuentra radicado el juicio agrario número 141/2022, cuya sentencia fue controvertida por los ahora quejosos en amparo Directo en fecha ocho de junio pasado, y, contra cuya determinación pidieron se otorgara la suspensión definitiva, misma que les fue negada. Pues bien, dicha determinación al margen de que haya proveído en autos del juicio agrario en mención, no es susceptible de impugnarse a través del juicio de amparo indirecto, porque en términos del numeral 190 de la Ley de la materia, la responsable la pronunció con base en lo mandado en éste, no así en la ley Agraria. Dicho normativo establece: Artículo 190. La autoridad responsable decidirá, en el plazo de veinticuatro horas a partir de la solicitud, sobre la suspensión del acto reclamado y los requisitos para su efectividad. . De ese modo, si dicho numeral, a la interposición de una demanda de amparo directo, da potestad a la responsable para proveer en auxilio de la justicia federal, sobre la suspensión solicitada, con base en las disposiciones de la ley de Amparo, ello pone en evidencia, de manera notoria y manifiesta, la improcedencia del juicio de amparo que se trata, pues la determinación en que negó a los quejosos la suspensión solicitada, encuentra su fuente en una resolución dictada en un juicio de amparo, respecto del cual, por razones obvias, no se puede ejercer un control constitucional. Se invoca en apoyo, por su contenido, la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado en materia Civil del Tercer Circuito, consultable en la página 1315 del tomo XXVIII, noviembre de dos mil ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro y texto siguiente: "AMPARO BIINSTANCIAL. ES IMPROCEDENTE RESPECTO DE OMISIONES ACAECIDAS DENTRO DE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE CONTROL CONSTITUCIONAL DIRECTO. Una interpretación literal y sistemática de los preceptos legales que regulan la tramitación del juicio de amparo directo, permite advertir que el rol de la autoridad responsable es el de un auxiliar de la Justicia Federal, en la remisión de la demanda de garantías, el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado y el emplazamiento del o los terceros perjudicados; función esta última que, cabe destacar, fue establecida por el legislador federal, en las reformas a la Ley de Amparo, de mil novecientos ochenta y tres, que tendió a lograr una mayor celeridad en la tramitación del juicio de garantías, al suprimirse la alternativa de presentar la demanda de amparo directamente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación o ante el Tribunal Colegiado. De ahí, que si el juicio de garantías inicia con la presentación de la demanda respectiva, ante el órgano jurisdiccional correspondiente; que en caso de amparo directo, es el que tenga carácter de autoridad responsable, es claro que, si se reclama en amparo indirecto, la omisión de la autoridad responsable de cumplir con su obligación de remitir la demanda de garantías directa presentada por su conducto, tal omisión está relacionada con el trámite del juicio de amparo uni-instancial, respecto del cual, es improcedente el juicio de garantías, pues una interpretación teleológica del artículo 73, fracción II, de la Ley de Amparo, permite concluir que, si en dicha fracción, se prevé que el juicio de garantías es improcedente respecto de resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas, por mayoría de razón, debe estimarse que también lo es, respecto de omisiones alegadas dentro de la tramitación del propio juicio. Así como la diversa tesis sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 2398 del tomo XXXII, agosto de dos mil diez, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital: 163919, de rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. SU OTORGAMIENTO O NEGATIVA SE RIGE POR LAS DISPOSICIONES APLICABLES DE LA LEY DE AMPARO Y NO POR LAS QUE DERIVEN DE OTROS ORDENAMIENTOS LEGALES SECUNDARIOS. El juicio de amparo es un medio de control instituido en la propia Constitución Federal para impugnar jurídicamente los actos de las autoridades (incluyendo las legislativas), que se estimen contrarios a ésta y con la suspensión del acto reclamado se preserva la materia del juicio; por tanto, a fin de asegurar la eficacia del proceso constitucional mismo y de esta medida cautelar, el juzgador de garantías debe conceder o negar dicha suspensión atendiendo específicamente a las disposiciones normativas que al efecto establece la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con independencia de lo que disponga sobre el tema en particular cualquier otro ordenamiento legal secundario. Ello debe ser así no sólo en aplicación y respeto al principio de especialidad de las normas sino también porque, de aceptarse lo contrario, es decir, que cualquiera otra ley determine la procedencia o improcedencia de la suspensión del acto reclamado, se permitiría ampliar el ámbito de aplicación de esta última normatividad alcanzando aspectos de control constitucional que le son ajenos, alterándolos, modificándolos o restringiéndolos, pudiendo llegarse así, incluso, al supuesto posible de que esta misma legislación excluyera la promoción del juicio de garantías, lo cual, de acatarse indefectiblemente, obligaría al juzgador a desechar la demanda desde su presentación, impidiendo cualquier pronunciamiento jurisdiccional sobre su constitucionalidad o la de sus actos de aplicación. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Dado que la parte quejosa señaló domicilio para oír y recibir notificaciones, los estrados de este juzgado; practíquense éstas conforme al artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo; y ténganse por autorizados para tales efectos a las personas que menciona. PETICIÓN A LAS PARTES En otro aspecto, se exhorta a las partes de ser posible y no obstante las probables dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente juicio mediante el esquema de juicio en línea; por tal motivo, se hace del conocimiento que podrán presentar promociones y realizar consulta del expediente electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con dirección web https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De acuerdo con el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas y días inhábiles, pues ello se estima pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA. Con el objeto de respetar el derecho a la protección de los datos confidenciales de las partes, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, señálese a las partes, el derecho que les asiste para emitir su consentimiento a que se publiquen sus datos confidenciales; en la inteligencia que ante la falta de consentimiento, en la sentencia que se dicte y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado. AUTORIZACIÓN DE FIRMA ELECTRÓNICA DE DETERMINACIONES Y OFICIOS Se hace del conocimiento de las partes, que esta determinación y las subsecuentes se firmarán de manera electrónica y que, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, tienen validez legal suficiente, por lo que no será necesaria su posterior firma autógrafa ni una certificación para ser agregada al expediente impreso respectivo, sino que bastará con que conste en ella su evidencia criptográfica. Por último, se autoriza al Secretario encargado del trámite del expediente para que firme los oficios que deriven de este asunto. NOTIFIQUESE.

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