Álvaro López Pérez
Expediente 63/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 19 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 63/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 25/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Álvaro López Pérez
- Primera Sala Penal y Especializada en Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado, que conoce JOTPAI 14/2021 del toca penal
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
PRAL 63/2022 MESA 2 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de mayo de dos mil veintidós. Se agrega un oficio. Agréguese un oficio de la secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, mediante el que acusa recibo del diverso oficio 13132/2022, del índice de este Juzgado, a través del cual le fueron remitidos I) los autos originales del juicio de amparo 63/2022, II) original y copia del escrito por el que se interpuso recurso de revisión y se expresaron agravios, III) toca penal 14/2021, del índice de la Primera Sala Penal y Especializada en Adolecentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, así como IV) dos discos certificados en formato DVD; lo anterior, para la substanciación del citado medio de impugnación interpuesto por la parte quejosa contra la sentencia dictada en esta instancia constitucional. Asimismo, informa que dicho Tribunal se avocó al conocimiento de ese recurso, radicándolo bajo el número de toca 131/2022. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL 63/2022 MESA 2 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de mayo de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, advirtiéndose que las partes en este juicio de amparo quedaron notificadas del acuerdo dictado el veinticinco de abril del año en curso, en el que se tuvo al quejoso Álvaro López Pérez interponiendo recurso de revisión contra la sentencia dictada en audiencia celebrada el catorce de marzo de dos mil veintidós, firmada y autorizada el treinta y uno de marzo siguiente, en la que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal. Envío de recurso a la superioridad. Por tanto, queda integrado este expediente y, en cumplimiento con lo ordenado en el referido proveído, se remite a) este juicio de amparo al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo, en turno, del Decimotercer Circuito; b) original y copia del escrito por el que se interpuso recurso de revisión y se expresaron agravios, c) toca penal 14/2021, del índice de la Primera Sala Penal y Especializada en Adolecentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, así como d) dos discos certificados en formato DVD, para la substanciación del referido medio de impugnación. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL 63/2022 MESA 2 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de abril de dos mil veintidós. Recurso de revisión. Visto el escrito del quejoso Álvaro López Pérez, mediante el que interpone recurso de revisión y expresa agravios. En consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se le tiene interponiendo recurso de revisión contra la sentencia dictada en audiencia celebrada el catorce de marzo de dos mil veintidós, firmada y autorizada el treinta y uno de marzo siguiente, en la que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal. Por lo que, se ordena agregar copia de ese ocurso a este expediente y distribuir entre las demás partes copia del mismo; en su oportunidad, remítase este expediente, así como el original del libelo de referencia, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo, en turno, del Décimo Tercer Circuito, para el trámite del citado medio de impugnación. En el entendido de que una vez que se encuentre integrado este asunto, se remitirá a la superioridad para el trámite respectivo, en el término a que se refiere el artículo 89 de la Ley de Amparo y se formará el cuaderno de antecedentes respectivo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL.63/2022.MESA-2 Sentencia. Visto, para resolver el juicio de amparo número 63/2022; y R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de amparo. 1.1. Mediante escrito presentado el trece de enero del año en curso en el buzón judicial ubicado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio y turnada a este órgano jurisdiccional en la misma fecha, Álvaro López Pérez, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de a) la Primera Sala Penal y Especializada en Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca y b) juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. 1.2. La parte quejosa narró los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados, invocó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 1, párrafos primero, segundo y tercero, 14, 16, 19 y 20, apartado A, fracción I y apartado B, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. Segundo. Trámite. En auto de catorce de enero de dos mil veintidós se ordenó formar expediente impreso y electrónico, se registró la demanda de amparo en el libro de gobierno con el número 63/2022, se admitió a trámite, se solicitó de las autoridades responsables su informe justificado, se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional y se ordenó emplazar a Elia Irma Hernández Chagoya y al fiscal Investigador III, con Detenidos, adscrito a la Dirección de Averiguaciones Previas y Procesos de la Fiscalía General de Estado de Oaxaca-, llevador de la carpeta de investigación 6551/OAXACA/2018, en su carácter de terceros interesados, quienes por escrito y oficio, respectivamente, recibidos el veinticuatro y treinta y uno de enero del año en curso (folios 3117 y 1630) se apersonaron a este medio de defensa extraordinario. Tercero. Audiencia constitucional. Previos los trámites relativos, se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49, 50 y 56, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y el Acuerdo General 3/2021, que adiciona el primero (3/2013), publicado en el aludido medio de difusión oficial el veintidós de abril de dos mil veintiuno, por tratarse de un asunto de naturaleza penal y el acto de ejecución se reclama de una autoridad residente en Tanivet; lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. Segundo. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76 de la Ley de Amparo, se establece que los actos reclamados por la parte quejosa y por los cuales se realizará el análisis relativo, son: I. La resolución de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, dictada en el toca penal J.O.T.P.A. I./14/2021, en específico, los considerandos treinta y cinco y treinta y seis, así como segundo punto resolutivo, segundo párrafo, parte final de esa determinación, en la que: a) Se declararon infundados los agravios que hizo valer el quejoso, respecto del sobreseimiento parcial por falta de identidad de la persona que compareció ante el agente del Ministerio Público a formular la querella, por el hecho que le ley señala como el delito de daños culposos con motivo de tránsito de vehículo, cometido en perjuicio patrimonial de Elia Irma Hernández Chagoya o Elia Irma Hernández Chagoya de Monroy; y, en consecuencia: b) Se confirmó la resolución de once de octubre de dos mil veintiuno, emitida en la causa penal 588/2018, por el juez de Control del circuito judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, en la que se desechó el incidente relativo al referido sobreseimiento parcial. Lo que atribuye a la Primera Sala Penal y Especializada en Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. II. La ejecución de la citada resolución de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, dictada en el toca penal J.O.T.P.A. I./14/2021. Que combate al juez de Control de Fase Intermedia del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca. Tercero. Certeza de los actos que se combaten. Las autoridades responsables a) Primera Sala Penal y Especializada en Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, a través de sus magistrados integrantes, y b) juez de Control de Fase Intermedia del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, al rendir su respectivo informe justificado, convinieron en la existencia de los actos que se les atribuye. Al efecto, en lo sustancial, manifestaron que: - En el Juzgado de Control de Fase Intermedia del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, se encuentra radicada la causa penal 588/2018, que se instruye contra el aquí quejoso Álvaro López Pérez, por su probable responsabilidad en la comisión de los hechos que la ley señala como los delitos de lesiones y daños culposos con motivo de tránsito de vehículo, cometido, el primero, en agravio de diversas personas y, el restante, en perjuicio patrimonial de Elia Irma Hernández Chagoya o Elia Irma Hernández Chagoya de Monroy. - En audiencia intermedia celebrada el once de octubre de dos mil veintiuno, entre una diversa determinación, el juez de la causa desechó el incidente de sobreseimiento parcial solicitado por el acusado, aquí quejoso Álvaro López Pérez, respecto a si se encuentra acreditada o no la personalidad de Elia Irma Hernández Chagoya, quien compareció a presentar en su contra una querella por el hecho que la ley señala como el delito de daños culposos con motivo de tránsito de vehículo. - Inconforme con esa resolución, el quejoso interpuso recurso de apelación, que fue turnado a la Primera Sala Penal y Especializada en Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, la que, mediante resolución de catorce de diciembre de dos mil veintiuno dictada en el toca penal J.O.T.P.A. I./14/2021, resolvió que son infundados los agravios del recurrente, respecto del sobreseimiento parcial por falta de identidad de Elia Irma Hernández Chagoya y confirmó la resolución que revisó; lo que constituye el acto reclamado en este juicio de amparo. Como justificación a sus informes, el titular del citado Juzgado remitió copia de diversas constancias relacionadas con los actos reclamados y la Sala responsable envió el toca penal J.O.T.P.A. I./14/2021, así como dos discos certificados en formato DVD, que contienen diversas actuaciones practicadas en la causa penal 588/2018. Documentales a las cuales, en términos de los artículos 129, 202 y 210, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos de lo dispuesto en el numeral 2 de la Ley de Amparo, se les confiere valor probatorio pleno, al tratarse de documentos públicos expedidos por una autoridad en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley; así también, porque de la reproducción de los registros de audio y video contenidos en los discos en formato DVD, se advierte que el método empleado para su grabación fue el idóneo y es accesible para su consulta posterior; de igual forma, porque se presume que la información en ellos contenida se encuentra íntegra e inalterada desde el momento en que se generó por primera vez. Respecto al valor de esos discos, se cita la jurisprudencia 1ª./43/2013 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, agosto de 2013, tomo 1, página 703, registro 2004362, de rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL". Cuarto. Causas de improcedencia. No se advierten motivos de improcedencia que deban examinarse de manera oficiosa, ni las partes los alegan, por lo que se analiza el fondo del asunto. Quinto. Conceptos de violación. La parte quejosa expresó sus respectivos conceptos de violación, los cuales se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, en aras del principio de economía procesal, toda vez que no es necesaria su transcripción, ni existe precepto alguno de la Ley de Amparo que obligue a este Juzgado Federal a transcribirlos , sin que ello conlleve a incumplir con los principios de exhaustividad y congruencia que toda sentencia de amparo debe observar . Sexto. Síntesis de los conceptos de violación. La parte quejosa aduce, sustancialmente, que la resolución combatida vulnera sus derechos humanos tutelados en los artículos 1, párrafos primero, segundo y tercero, así como 14, 16, 19 y 20, apartado A, fracción I y apartado B, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de las razones siguientes: a) La Sala responsable declaró infundados los agravios del imputado, aquí quejoso, y confirmó la resolución apelada, con base en la costumbre, es decir, en argumentos y criterios subjetivos no jurídicos ni actualizados, cuando, dice, debió realizarlo con base en normas específicas y actuales, como lo es el procedimiento normativo establecido en el derecho civil. Por lo que, con ello, dice, se vulnera el principio de legalidad, porque los argumentos subjetivos de la autoridad no son base motivada ni fundada para dar valor probatorio a la resolución que se combate. d) Se transgrede el debido proceso y el principio de presunción de inocencia, porque se encuentra sujeto a un proceso en el que no existe querella de la persona legitimada para hacerlo, dado que Elia Irma Hernández Chagoya no acreditó ser la misma persona que aparece como copropietaria en el instrumento notarial relativo al inmueble que resintió el daño. 6.1. Antecedentes de los actos reclamados. Para una mejor comprensión del asunto, es pertinente hacer relación de los antecedentes de los actos reclamados, mismos que se obtienen de las constancias remitidas por las autoridades responsables al rendir su informe justificado, y que fueron identificadas y valoradas: - En el Juzgado de Control de Fase Intermedia del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, se encuentra radicada la causa penal 588/2018, que se instruye contra el aquí quejoso Álvaro López Pérez, por su probable responsabilidad en la comisión de los hechos que la ley señala como los delitos de lesiones y daños culposos con motivo de tránsito de vehículo, cometido, el primero, en agravio de diversas personas y, el restante, en perjuicio patrimonial de Elia Irma Hernández Chagoya o Elia Irma Hernández Chagoya de Monroy. - El aquí quejoso promovió un incidente de sobreseimiento parcial, respecto a la falta de identidad de Elia Irma Hernández Chagoya, quien compareció a presentar en su contra una querella ante el agente del Ministerio Público, por el hecho que la ley señala como el delito de daños culposos con motivo de tránsito de vehículo, ya que, aduce, no se trata de la misma persona que aparece como copropietaria en el instrumento notarial que ampara el bien inmueble sobre el que se produjo ese daño, a saber, Elia Irma Hernández Chagoya de Monroy. - En audiencia intermedia celebrada el once de octubre de dos mil veintiuno, entre una diversa determinación, el juez de la causa desechó esa cuestión incidental. - Inconforme con esa resolución, el quejoso interpuso recurso de apelación, que fue turnado a la Primera Sala Penal y Especializada en Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, la que, mediante resolución de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, dictada en el toca penal J.O.T.P.A. I./14/2021, resolvió que son infundados los agravios del recurrente, aquí promovente, respecto del sobreseimiento parcial de falta de identidad de Elia Irma Hernández Chagoya, por lo que confirmó la resolución que revisó; lo que constituye el acto reclamado en este juicio de amparo. Resultan infundados esos conceptos de violación, los que se analizan conjuntamente, en términos de lo establecido en el diverso numeral 76 de la Ley de Amparo . Séptimo.- Análisis de los conceptos de violación. Contrario a lo que señala el quejoso, la Sala responsable no infringió los preceptos legales que aduce y, además, fundó y motivó su determinación. En la especie, la Sala responsable emitió la resolución de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, en el toca J.O.T.P.A.I. 014/2021, que constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional. Ese toca penal se tramitó con motivo del recurso de apelación interpuesto por el imputado, aquí quejoso, contra la resolución interlocutoria de once de octubre de dos mil veintiuno, emitida en la causa penal 588/2018, en la que el juez de la causa desechó el sobreseimiento parcial solicitado por el referido acusado, respecto de la falta de identidad de Elia Irma Hernández Chagoya, quien compareció a presentar una querella por cuanto hace al hecho que la ley señala como el delito de daños con motivo de tránsito de vehículo, pues, adujo, no se trata de la misma persona que aparece como copropietaria en el instrumento notarial que ampara el bien inmueble en el que se produjo el daño, a saber, Elia Irma Hernández Chagoya de Monroy. Al resolver ese medio de impugnación, la Primera Sala Penal y Especializada en Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, mediante la resolución reclamada, emitida el catorce de diciembre de dos mil veintiuno, resolvió: I. Declarar infundados los agravios del imputado, aquí quejoso, toda vez que, adujo, la juez de Control valoró los datos de prueba de manera libre y lógica, además que, conforme a las máximas de la experiencia, se sabe que la mayoría de las personas del sexo femenino, cuando contraían matrimonio en décadas anteriores usaban los apellidos del esposo como un agregado al de ellas, por lo que la circunstancia de agregar a su nombre y apellidos, el apellido de sus esposos, no constituye un motivo para dudar de su identidad, pues no induce a sospechar que se están en presencia de dos personas distintas y que se trate de efectuar una suplantación, puesto que es un uso frecuente que en nuestro país la esposa añada a su nombre y apellidos de soltera, el primer apellido del marido, antecedido de la preposición "de". De igual forma, refirió, que es frecuente que las personas que tratan el matrimonio, se refieran a la esposa con el primer apellido de su marido, es decir, que supriman el nombre completo de la señora, para llamarla simplemente con el primer apellido del esposo, sin que ese proceder se estime constitutivo de un motivo para dudar de a quién se refieren, con lo que quedó acreditado que Elia Irma Hernández Chagoya es la persona legitimada para reclamar el derecho afectado a través de la querella. Por lo expuesto, la Sala responsable concluyó que la resolución emitida por la juez de la causa estaba fundada y motivada, al haber emitido razonamientos válidos relativos a que la ofendida Elia Irma Hernández Chagoya y Elia Irma Hernández Chagoya de Monroy se tratan de la misma persona y, por tanto, es la persona que compareció ante el agente del Ministerio Público a presentar una querella, encontrándose legitimada para ello. Además, el juez de Control estableció que en el año de mil novecientos setenta y tres se utilizaba el agregado del apellido del esposo, ya que es una máxima de la experiencia que en el siglo pasado se utilizara esa forma de las mujeres de asumir el apellido del esposo; por lo que, precisa, en el sistema acusatorio se otorga al resolutor una libertad de valoración probatoria, conforme a lo dispuesto en el artículo 359 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que el juzgador no está supeditado a normas rígidas que le señalen el alcance que debe reconocerse a cada prueba, de tal forma que se conforma un conjunto de reglas establecidas para orientar la actividad intelectual en la apreciación de éstas y una fórmula de valoración, en la que se interrelacionan las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia, sin más limitaciones que en dicha actividad no se contraríen las reglas de los parámetros de valoración. II. Por lo expuesto la Sala responsable confirmó la resolución que revisó. De la lectura íntegra de la resolución reclamada se aprecia es correcta la determinación de la Sala Penal, en el sentido de que devienen infundados los agravios del aquí quejoso Álvaro López Pérez, respecto del sobreseimiento parcial que solicitó por falta de identidad de la persona que compareció ante el agente del Ministerio Público a presentar su querella (Elia Irma Hernández Chagoya) y la persona a cuyo favor se encuentra inscrito el instrumento, como copropietaria del bien inmueble afectado (Elia Irma Hernández Chagoya de Monroy), en virtud de que, efectivamente, se trata de la misma persona. Contrario a lo que alega el quejoso, es de anticiparse que no existe extralimitación ni incongruencia en la resolución de amparo combatida; antes bien, a partir de un análisis sistemático de la norma constitucional y adjetiva al caso aplicable, esa determinación convalidó de forma correcta la fundamentación y motivación que llevaron a la juez de la causa a desestimar la solicitud de sobreseimiento parcial en cuestión. Lo anterior es así, porque el nombre como atributo de la persona es entendido como aquél denominativo que se aplica a una persona para distinguirla de las demás; el aplicado a una persona constituye el nombre propio, que en nuestra legislación no se encuentra regulado con claridad, ya que sólo se refiere a este concepto con motivo del acta civil, al ubicarlo como uno de los requisitos que en la misma deben constar, previsto en el artículo 68 del Código Civil para el Estado de Oaxaca, que dispone: "Artículo 68 (REFORMADO, P.O. 15 DE NOVIEMBRE DE 1997) Artículo 68.- El acta de nacimiento contendrá: I. El año, mes, día, hora y lugar del nacimiento II. La impresión digital del registrado; III. La especificación del sexo del registrado; IV. El nombre que le asignen los padres o persona distinta que presente al registrado; (REFORMADA, P.O. 14 DE ABRIL DE 2017) V. El primer apellido de cada uno de los progenitores, dejando a su elección y común acuerdo el Orden en que deban asentarse los apellidos, si ambos progenitores se presentaren al reconocimiento, o los apellidos del que se presente. (ADICIONADO, P.O. 22 DE MAYO DE 2021) Tratándose de registro de nacimiento de niña y niños cuya madre haya fallecido con motivo del parto o cesárea, se tomará el certificado de nacimiento suscrito por medico o medica autorizado para el ejercicio de su profesión o persona que haya asistido al parto, en el formato expedido para tal efecto por la Secretaría de Salud, y de encontrarse asentado el nombre de la madre, se anotará este en el registro de nacimiento solicitando además el acta de defunción de esta. VI. Si lo presentare persona distinta, se le pondrán al registrado el nombre y los apellidos que ésta determine; VII. La razón de si se ha presentado vivo o muerto; VIII. El nombre, edad, ocupación, domicilio y nacionalidad de los padres; IX. El nombre, domicilio y nacionalidad de los abuelos paternos y maternos y de los testigos; X. El nombre, edad, ocupación, domicilio y nacionalidad de la persona distinta de los padres que haga la presentación, en su caso, y el grado de parentesco del registrado con esta última, y aquellos datos precisados en disposiciones legales o convenios expresos firmados sobre el particular por el Ejecutivo Estatal y otras dependencias oficiales. (ADICIONADA, P.O. 9 DE OCTUBRE DE 2021) XI. La especificación de pertenecer a un pueblo indígena o afromexicano, si fuese la voluntad de la madre, el padre o de la persona que presente a la niña o niño ante la Oficialía del Registro Civil, para su registro. (ADICIONADO, P.O. 15 DE SEPTIEMBRE DE 2018) En todos los casos que se requiera, el Oficial del Registro Civil está obligado a registrar en el acta de nacimiento el nombre solicitado, con estricto apego a las formas orales, funcionales y simbólicas de comunicación pertenecientes a las lenguas indígenas". Así, se encuentran nombres simples y compuestos; el primero es un nombre propio y el segundo son dos o más nombres propios, y en este último caso, el uso de uno sólo de los dos nombres consecuente en la celebración de actos jurídicos, no es suficiente para determinar que se trata de una persona diferente al interesado, siempre y cuando las circunstancias, datos o cualidades propias de las personas conduzcan a la certeza de que se trata de la nombrada, pues la ley no prohíbe el uso del nombre en forma incompleta. En apoyo de lo anterior se invoca, en lo conducente, la tesis asilada tesis aislada número VI.4o.23 C, del Cuarto Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 573, Tomo IX, Abril de 1999, Tribunales Colegiados de Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tenor literal siguiente: "NOMBRE. SU USO INCOMPLETO ES INSUFICIENTE POR SÍ SOLO PARA DETERMINAR QUE SE TRATA DE PERSONA DIFERENTE AL INTERESADO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Por nombre se entiende la palabra que se aplica a una persona o cosa para distinguirla de las demás; respecto a las personas, se complementa con el o los apellidos. Ahora bien, el artículo 64 del Código Civil del Estado de Puebla, permite que el nombre propio sea puesto libremente por quien declare el nacimiento de una persona y los apellidos serán el del padre y el de la madre, o en su caso sólo los de aquél o los de ésta, sean tales apellidos simples o compuestos. Así pues, este dispositivo legal no prohíbe que las personas tengan nombres compuestos, esto es, dos o más nombres propios; por otro lado, es suficiente que el nombre de una persona permita distinguirla de otras, de modo que en el caso de personas con dos o más nombres, es irrelevante que en un acto jurídico usen uno solo de ellos y el apellido, o todos los nombres y apellidos, con la condición de que las circunstancias, datos o cualidades propias de la persona, conduzcan a la certeza de que se trata de la nombrada, cuenta habida que la ley no prohíbe el uso del nombre en forma incompleta". También es aplicable en apoyo a lo anterior, por analogía y en lo conducente, la tesis aislada número I.6o.T.129 L, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la página 1359, Tomo XVI, julio de 2002, Tribunales Colegiados de Circuito, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, con el rubro y texto siguiente: "PERSONALIDAD. LA OMISIÓN DE ALGÚN NOMBRE O APELLIDO EN EL PODER NOTARIAL OFRECIDO PARA ACREDITARLA EN JUICIO, NO IMPLICA QUE SE TRATE DE DIVERSA PERSONA A AQUELLA QUE INTERVINO EN EL ACTO JURÍDICO EN CUESTIÓN. Es irrelevante que en el poder notarial que se ofrece para acreditar la personalidad de quien funge como apoderado de una persona moral, aparezca el nombre incompleto de quien lo otorga, por omitir algún nombre o apellido, pues ello no implica que sea una persona distinta, siempre que existan circunstancias, datos o cualidades propias que conduzcan a la certeza de que es aquella que intervino en el acto jurídico, en virtud de que el artículo 58 del Código Civil Federal, que prevé lo relativo al nombre no prohíbe el empleo parcial del mismo". Por otra parte, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 68 del Código Civil para el Estado de Oaxaca, los apellidos de las personas como requisito dentro de las actas de nacimiento que, generalmente, siguen al nombre elegido por los padres, son necesarios para identificar la relación con sus ascendientes, y útiles para determinar la afinidad que ostenta y para regular su situación en las relaciones interfamiliares, así como para identificarla en los actos jurídicos en que intervenga. Ahora, es requisito que después del nombre de la persona, en primer lugar se anote el apellido del padre seguido del apellido de la madre. Sin embargo, los usos y costumbres permiten que una persona que contrae matrimonio pueda agregar a su nombre y apellido antecedido de la preposición "de", uno de los apellidos de su cónyuge, porque no existe disposición legal alguna dentro del Código Civil que exija tal uso, incluso, en el trato con el matrimonio es frecuente que se refiera a la esposa con el primer apellido del esposo, pero aun así, ello no hace distinta a la persona. En tales condiciones, la utilización que una mujer haga de su nombre siguiendo este uso no da lugar a considerar que usa un nombre diverso al que le corresponde, y menos aun cuando lo hace de tal manera que no hay confusión sobre su nombre completo, por mencionar ambos apellidos, además del que indica como perteneciente al cónyuge. Es decir, como correctamente lo aduce la responsable, la circunstancia de que una persona agregue a su nombre y apellidos de origen filial un apellido diferente precedido de la preposición "de", no constituye motivo suficiente para dudar de su identidad, pues ello en ningún modo puede inducir a sospechar que se está en presencia de dos personas distintas y que se esté tratando de efectuar una suplantación, puesto que es un uso frecuente en nuestro país que la esposa añada a su nombre y apellidos de soltera, el primer apellido del marido, antecedido de la preposición "de", así como también es frecuente que las personas que tratan al matrimonio, se refieren a la esposa con el primer apellido de su marido, o sea, que supriman el nombre completo de la señora, para llamarla simplemente con el primer apellido del esposo, sin que tal proceder pueda estimarse constitutivo de un motivo para dudar de a quién se refieren. Apoya el anterior criterio, la tesis I.3o.C.15 C (10a.), del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 2071, Tomo III, Mayo de 2012, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "NOMBRE DE CASADA. CONSTITUYE UNA PRÁCTICA SOCIAL QUE NO PUEDE LLEVAR A DESCONOCER LA IDENTIDAD DE LA MUJER. El "nombre de casada" constituye una práctica social que consiste en que la mujer, al contraer matrimonio, agregue los apellidos de su esposo a los propios. Esa costumbre tiene una base histórica relacionada, en forma directa, con el establecimiento del Registro Civil. En efecto, la referida institución surgió en México con motivo de la Guerra de Reforma, cuando el presidente Benito Juárez promulgó la Ley Orgánica del Registro Civil, con el fin de separar al Estado de la iglesia. No obstante, la instalación de oficinas registrales a lo largo del país fue un proceso lento, debido a factores como la pobreza, escasez de infraestructura y carencia de vías de comunicación. Por tanto, en muchas comunidades los registros parroquiales eran el único medio para documentar ciertos actos como el nacimiento o el matrimonio. De ahí que la mujer, al contraer nupcias en la vía religiosa, agregaba los apellidos de su esposo a los propios, con el fin de ser identificada como una mujer casada ante la sociedad. Esa práctica continúa hasta nuestros días, tan es así que el artículo 16.1, inciso g), de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, establece que los Estados partes deben adoptar todas las medidas a fin de que exista igualdad entre el hombre y la mujer, entre ellos el derecho de elegir apellido, profesión y ocupación. Por consiguiente, la existencia de la referida costumbre no puede llevar al extremo de desconocer la identidad de la mujer, porque ello equivaldría a vulnerar un derecho fundamental en su perjuicio". Así como la tesis aislada número I.5o.C.61 C, del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 765 del Tomo V, Junio de 1997, Tribunales Colegiados de Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "NOMBRE DE LA MUJER CASADA. NO INDUCE A PRESUMIR QUE SE ESTÁ EN PRESENCIA DE DOS PERSONAS DISTINTAS, EL HECHO DE QUE SE AGREGUE EL PRIMER APELLIDO DEL MARIDO A SU NOMBRE Y APELLIDOS DE SOLTERA. La circunstancia de que una persona agregue a su nombre y apellidos de origen filial un apellido diferente precedido de la preposición "de", no constituye un motivo para dudar de su identidad, pues ello de ninguna manera puede inducir a sospechar que se está en presencia de dos personas distintas y que se esté tratando de efectuar una suplantación, puesto que es un uso frecuente en nuestro país que la esposa añada a su nombre y apellidos de soltera, el primer apellido del marido, antecedido de la preposición "de", así como también es frecuente que las personas que tratan al matrimonio se refieren a la esposa con el primer apellido de su marido, o sea, que supriman el nombre completo de la señora, para llamarla simplemente con el primer apellido del esposo, sin que tal proceder pueda estimarse constitutivo de un motivo para dudar de a quién se refieren". En tal virtud, contrario a lo que sostiene el quejoso, Elia Irma Hernández Chagoya, quien formuló la querella ante la autoridad ministerial por uno de los hechos que se le imputa en la causa penal 588/2018, relativo al delito de daños con motivo de tránsito de vehículo, es la misma persona que tiene inscrito a su favor, en un instrumento notarial, el bien inmueble que sufrió esa afectación. Por lo expuesto, el hecho de que haya formulado su querella con el nombre de Elia Irma Hernández Chagoya y en el instrumento que ampara la propiedad de ese inmueble se encuentre como copropietaria Elia Irma Hernández Chagoya de Monroy, no da pauta para estimar que sean personas distintas, como correctamente lo afirmó la Sala responsable. Máxime que: a) Cuando formuló querella se identificó con la credencial para votar expedida a favor de Elia Irma Hernández Chagoya. b) El aquí quejoso y su defensor no hicieron ninguna manifestación en torno a la personalidad o falta de personalidad de Elia Irma Hernández Chagoya, en el momento en que ésta formuló su acusación. c) Exhibió el instrumento notarial relativo a la escritura pública de compraventa del bien inmueble que resultó afectado, en el que si bien aparece como copropietaria Elia Irma Hernández Chagoya de Monroy, sin embargo, en la resolución de once de octubre de dos mil veintiuno, emitida en la causa penal 588/2018, ante el juez de la fase preliminar, esa persona precisó la razón por la cual utiliza o utilizó este último nombre en el momento en que celebró el contrato de compraventa. d) Circunstancia que dicha autoridad judicial señaló fue pronunciada, además, por los magistrados de la segunda instancia; y, e) Por comparecencia realizada el catorce de febrero de dos mil diecinueve ante el juez de Control, esa ofendida nuevamente hizo la precisión del por qué utiliza el nombre de Elia Irma Hernández Chagoya de Monroy, y que fue expuesto con anterioridad. Además, el quejoso se concreta a sostener que la querellante Elia Irma Hernández Chagoya y la persona a cuyo favor se encuentra inscrito el bien inmueble que resultó afectado Elia Irma Hernández Chagoya de Monroy, son personas distintas, pero no ofreció medio de convicción eficiente para acreditar tal afirmación. Por cuanto hace al concepto de violación vertido por el quejoso, relativo a que la Sala responsable declaró infundados los agravios del imputado, aquí quejoso y confirmó la resolución apelada, con base en la costumbre, es decir, en argumentos y criterios subjetivos no jurídicos ni actualizados, cuando, dice, debió realizarlo con base en normas específicas y actuales, como lo es el procedimiento normativo establecido en el derecho civil; ese argumento resulta infundado, dado que es necesario que el quejoso acreditara que existe una disposición legal o contractual que regule el hecho pretendido que, en el caso, lo es la circunstancia de que una persona que contrae matrimonio pueda agregar a su nombre y apellido antecedido de la preposición "de", uno de los apellidos de su cónyuge; para de esa forma no sustentar la determinación que se combate en la costumbre como fuente de derecho, lo que no efectuó. De ahí lo infundado de ese argumento, pues la simple afirmación sobre lo obsoleto o arcaico del criterio que aplicó la responsable, no otorga al agraviado derecho cierto para exigir sus pretensiones. Luego, la carga probatoria para poner de manifiesto que existe disposición legal o contractual que regula el hecho pretendido, corresponde al accionante, dado que, para que una práctica reiterada no se considere como una costumbre generadora de derechos, es necesario que exista una obligación legal o contractual que regule el hecho sobre el que se pretende su actualización; de ahí que, si no existe esa disposición, continúa el reconocimiento e implementación de la costumbre, por ser una práctica ininterrumpida por largo tiempo. De igual manera, resulta infundado que con los actos reclamados se vulnera el debido proceso y el principio de presunción de inocencia, pues, como ya se abundó, en el caso se cumple con uno de los requisitos de procedibilidad para que se ejerciera la acción penal, como lo es el relativo a la expresión de la voluntad de la víctima u ofendido facultado, ante el agente del Ministerio Público, con la pretensión de que se inicie la investigación de uno o varios hechos que la ley señala como delitos; ello, al encontrarse legitimada Elia Irma Hernández Chagoya para formular la querella. Encuentra apoyo el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en la jurisprudencia 20/2006, de su índice, misma que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXIII, Mayo de 2006, página 1512, Novena Época, lo siguiente: "DEBIDO PROCESO Y PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. NO SE TRANSGREDEN LA CONSTITUCIÓN NI LOS TRATADOS QUE RECONOCEN ESTOS PRINCIPIOS CUANDO LA AFECTACIÓN A LA LIBERTAD DEL QUEJOSO SE JUSTIFICA POR HABERSE CUMPLIDO LOS REQUISITOS LEGALES EXIGIDOS CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE. La circunstancia de que determinados principios como los de debido proceso legal y presunción de inocencia no sólo estén consagrados en la Constitución Federal, sino también en tratados internacionales, no significa que no pueda justificarse una sentencia de condena o que todo acto de autoridad que afecte los intereses del procesado, como su libertad, trastoquen dichos principios. Por el contrario, lo que en ellos se establece es la condicionante de que dicha afectación al quejoso, en su caso, se vea justificada por la constatación de haberse observado o cumplido los requisitos que la propia ley contempla para que esa afectación quede enmarcada dentro de la legalidad en aras del interés público que es inherente al proceso penal y, en general, a la persecución de los delitos. Luego, si se obtiene que el sentido del fallo se justifica por haberse cumplido los requisitos legales exigidos por el caso y con base en la normatividad aplicable, resulta obvio que no se transgreden los principios aludidos y consagrados en la Constitución ni, por ende, los posibles tratados que igualmente los reconocieran". Ante lo infundado de los conceptos de violación estudiados, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado contra los actos reclamados, sin que se haya advertido deficiencia en la queja susceptible de ser suplida. Negativa que se hace extensiva al acto de ejecución atribuido al juez de Control de Fase Intermedia del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, al no reclamarse por vicios propios; como así lo ilustra la jurisprudencia que aparece con el número 91, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 72, tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACION DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenen la ejecución del acto que se estima violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las autoridades que sólo ejecutaron tal acto por razón de su jerarquía". Octavo. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado de Distrito a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la misma se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal , ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado además en los artículos 1, 74 y 76 de la Ley de Amparo, se: R e s u e l v e: Primero. La Justicia Federal no ampara ni protege al quejoso Álvaro López Pérez contra los actos reclamados, consistentes en: I. La resolución de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, dictada en el toca penal J.O.T.P.A. I./14/2021, en específico, los considerandos treinta y cinco y treinta y seis, así como segundo punto resolutivo, segundo párrafo, parte final de esa determinación. Lo que atribuye a la Primera Sala Penal y Especializada en Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. II. La ejecución de la citada resolución. Que combate al juez de Control de Fase Intermedia del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca. En términos del considerando séptimo de esta sentencia. Segundo. En su oportunidad dése cumplimiento al considerando último de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, hasta el día de hoy, treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores de este órgano de control constitucional. Dos firmas ilegibles.
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