Álvaro López Espinosa
Expediente 1459/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 18 actuaciones registradas, la última del 30 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1459/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 30/01/2018
Partes del expediente
- Álvaro López Espinosa
- José Arturo Guerra Lajud
- Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa de Trámite Número Cinco, Fiscalía Regional de Toluca, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
VI.- Vista la certificación de cuenta, se advierte que las partes no se inconformaron dentro del plazo previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, contra el auto de veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 110 a 112), en el cual se tuvo por cumplida la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. En consecuencia, el auto de mérito se tiene por consentido para los efectos legales conducentes. Así las cosas y visto el estado procesal que guarda el sumario en que se actúa del que se desprende que se encuentra debidamente integrado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: 1. El expediente es susceptible de depuración, pues deberá conservarse únicamente la demanda y la sentencia dictada por este Juzgado de Distrito (punto vigésimo primero, inciso IV), al haber concedido el amparo y protección de la Justicia de la Unión. 2. El cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de depuración (punto vigésimo primero, inciso III, de dicho Acuerdo General), al haberse concedido la suspensión de los actos reclamados. 3. El duplicado de dicho cuaderno es susceptible de destrucción, (punto vigésimo, inciso III, del Acuerdo en mención). Asimismo, se precisa que en el presente cuaderno no existen documentos de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo citado; y, a consideración de este órgano de control de la constitucionalidad, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo en mención. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno, Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y en la carátula del juicio en que se actúa
- Principal
VI.- Visto el estado procesal de los autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que feneció el plazo concedido a la parte quejosa, para que realizara las manifestaciones que a su derecho convinieran respecto del cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. Así pues, con fundamento en el artículo 196 de la ley de la materia, se procede a valorar si el fallo protector se encuentra cumplido. Tomando en consideración la naturaleza del presente asunto, no se considera necesario realizar una narración de antecedentes; sin embargo, es insoslayable precisar los efectos del fallo constitucional dictado en este sumario, a saber, los siguientes (fojas 94 vuelta): "(.) procede otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal a los quejosos, para que la Agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa Cinco de Trámite de la Unidad A1 de Investigación de Toluca: a). Deje insubsistente la multa impuesta a los quejosos Álvaro López Espinoza, José Arturo Guerra Lajud, Emmanuel Sánchez González y Alfredo Hurtado Cisneros en oficio 2029/2017 de la carpeta de investigación 165970302016 y su ejecución. b). (.) No obstante, si la autoridad responsable lo estima oportuno, está en libertad de emitir otra determinación, en cuyo caso, deberá acatar el principio de fundamentación y motivación, tal como se puntualizó en esta sentencia." Ahora bien, con el propósito de dar cumplimiento al fallo protector, la autoridad responsable Agente del Ministerio Público Adscrito a la Mesa Cinco de Trámite de la Unidad de Investigación A1 Toluca, mediante determinación de once de diciembre del presente año (fojas 105 a 107), advierte lo siguiente: A) Dejó insubsistente la multa impuesta a los quejosos Álvaro López Espinoza, José Arturo Guerra Lajud, Emmanuel Sánchez González y Alfredo Hurtado Cisneros, que fue acordada, notificada y ordenada mediante oficio número 2029/2017 de la presente carpeta de investigación, sin que emitiera una nueva. Así pues, de lo precisado en el inciso anterior, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a los efectos de la sentencia dictada. De esta forma, se patentiza la satisfacción de los extremos derivados del fallo protector, por lo que debe este órgano de control de constitucionalidad considera cumplida la ejecutoria dictada en el presente asunto. Así pues, del análisis comparativo entre lo resuelto en la ejecutoria de amparo y la conducta desplegada por la responsable al respecto de aquélla, se concluye que en el caso particular se ha dado cumplimiento al fallo protector, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo, y consecuentemente, se colige que se ha restituido a los quejosos Álvaro López Espinoza, José Arturo Guerra Lajud, Emmanuel Sánchez González y Alfredo Hurtado Cisneros en el goce de sus derechos humanos transgredidos, lo que constituye el fin último de la ejecutoria de amparo. Sin que este órgano de control constitucional haga pronunciamiento alguno relativo al sentido o legalidad del auto recaído. Por último, se hace del conocimiento de las partes que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo (quince días), se tendrá por consentido el presente proveído. Notifíquese; y personalmente a los quejosos.
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VI.- Toluca, México; catorce de diciembre de dos mil diecisiete.VI.- Con fundamento en lo establecido en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso en el precepto legal 2° de la Ley de Amparo, se agrega a los autos el oficio signado por la Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Cinco de Trámite de la Unidad de Investigación A1 Toluca, mediante el cual, comunica la forma en que da cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio (fojas 76 a 95), y para tal efecto remite copia certificada de la determinación de once de diciembre de los corrientes. En esas condiciones, acorde con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a los quejosos para que dentro del plazo de tres días, manifiesten lo que a su derecho convenga en relación con la forma en que la responsable da cumplimiento al fallo protector, apercibidos que de no hacerlo, este Juzgado de Distrito resolverá si la sentencia dictada en autos ha sido cumplida, con base en las constancias que obran en el sumario constitucional en que se actúa. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia publicada con el número 247, que se aprecia en la página 203, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, con registro 917781, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Notifíquese; y personalmente a los quejosos en el domicilio señalado en autos. Así lo acordó y firma el licenciado Everardo Maya Arias, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con la Secretario Tania Rosalinda Méndez López, que autoriza y da fe. Doy fe
- Principal
VI.- Toluca, México; seis de diciembre de dos mil diecisiete. La certificación de cuenta evidencia que dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, las partes no recurrieron la sentencia de catorce de noviembre del año en curso (fojas 78 a 95) mediante la cual la Justicia de la Unión Ampara y Protege a los quejosos en el juicio constitucional; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo, glósese únicamente el cuaderno original del incidente de suspensión respectivo. Atendiendo a lo establecido en el párrafo que antecede, procede establecer los efectos de la sentencia concesoria de amparo el cual es el siguiente: "A) Deje insubsistente la multa impuesta a los quejosos Álvaro López Espinosa, José Arturo Guerra Lajud, Emmanuel Sánchez González y Alfredo Hurtado Cisneros, en oficio 2029/2017 de la carpeta de investigación 165970302016 y su ejecución. B) En la inteligencia de que esta determinación no vincula el actuar de la autoridad, pues al ser los medios de apremio instrumentos jurídicos cuyo uso queda al libre arbitrio y potestad de la autoridad, no puede el juzgador de amparo constreñirlo a que haga uso de éstos, pues ello iría en detrimento de la autonomía de la autoridad y en perjuicio de los quejosos, al someter el resultado del amparo a una situación que pudiera resultar gravosa. No obstante, si la autoridad responsable lo estima oportuno, está en libertad de emitir otra determinación, en cuyo caso, deberá acatar el principio de fundamentación y motivación, tal como se puntualizó en esta sentencia.". Ahora, en acatamiento a la ejecutoria de mérito y con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se le requiere a la Agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa Cinco de Trámite de la Unidad A1 de Investigación Toluca, para que dentro del plazo de tres días, establecido en el artículo 192 de la Ley de Amparo, de cumplimiento a la ejecutoria, y remita copias certificadas de las constancias que así lo acrediten. Apercibida que de hacer caso omiso, o no informar la imposibilidad jurídica o material que tenga para dar cumplimiento al fallo protector dentro del plazo concedido, podrá hacerse acreedora a una multa equivalente a cien veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en los artículos 192, 193, 238 y 258 de la ley de la materia, así como de los diversos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, los cuales facultan a este órgano jurisdiccional para hacer uso de medidas de apremio con la finalidad de hacer cumplir sus determinaciones. Es aplicable, la jurisprudencia P./J.54/2014 (10ª), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 19, del Tomo l, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, de noviembre de 2014, con número de registro 2007918, que establece: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Everardo Maya Arias, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con la Secretario Tania Rosalinda Méndez López, que autoriza y da fe. Doy fe
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