Alvaro Leyva Reyes

Expediente 1020/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de septiembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1020/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
23/09/2016

Partes del expediente

  • Alvaro Leyva Reyes

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de los autos, así como la certificación de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de cinco días a que se refieren los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el auto de ocho de septiembre de dos mil dieciséis, mediante el cual se desechó la demanda de amparo promovida por ********************, que dio origen al presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento del juicio en que se actúa, en términos del numeral 2 de la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se determina: De acuerdo, con el supuesto que prevé el punto vigésimo primero, fracción I del citado acuerdo, el expediente principal transcurridos cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, será SUSCEPTIBLE DE SER DESTRUIDO, toda vez que se desechó la demanda que dio origen al juicio de amparo en que se actúa. En términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del señalado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental histórica ni jurídica.

  2. Principal

    Visto el escrito de demanda de amparo promovida por Álvaro Leyva Reyes, por propio derecho, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Chilpancingo. Regístrese en el libro de gobierno con el número 1020/2016 y fórmese expediente. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone la facultad de esta juzgadora para desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Entonces, es ineludible precisar que conforme al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, por manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es, o sea, ni aun cuando se admitiera la demanda fuera posible desvirtuar con probanzas la causal de improcedencia advertida desde el auto de desechamiento. Así, se advierte la existencia de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V aplicado a contrario sensu, ambos de la de la Ley de Amparo, de cuya interpretación jurídica se obtiene que, cuando se reclaman violaciones cometidas dentro de un procedimiento laboral, por regla general, procede el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo y, como excepción procede amparo indirecto ante el Juez de Distrito cuando dichos actos tengan una ejecución de imposible reparación. Analizada la demanda en su integridad, la misma resulta improcedente en virtud del acto reclamado por el quejoso a la autoridad responsable, el cual hace consistir en: "ACTO RECLAMADO: De la autoridad señalada como responsable, reclamo el Auto de Fecha 15 de Junio del año 2016, en el cual la Responsable desechó el Incidente de Personalidad, promovido por mi apoderado legal, derivado del Juicio Ordinario Laboral Número ********* De lo anterior se advierte que en el auto del cual se duele el aquí quejoso, la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Chilpancingo desechó el incidente de personalidad interpuesto por la parte actora, en autos del expediente laboral de origen *********, por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, este último interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo; ello es así, porque el citado acto reclamado no es de aquellos dictados dentro del procedimiento que tengan sobre la persona o las cosas del quejoso, una ejecución que sea de imposible reparación, por no afectarse materialmente sus derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese orden de ideas, resulta incuestionable que el referido auto reclamado en la presente vía no constituye un acto dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, pues sus efectos sólo se traducen en posibles violaciones procesales que, en su caso, afectan derechos adjetivos susceptibles de ser reparados al dictarse el laudo respectivo, si éste es favorable a los intereses de la parte promovente y, en caso contrario, puede reclamarlos en el juicio de amparo directo que se promueva contra el laudo que se dicte en el aludido juicio, impugnando la determinación de que se duele en su caso, como violación procesal, en términos de los artículos 170, fracción I y 172, fracciones II y XII, de la Ley de Amparo, que disponen: "ARTICULO 170.- El juicio de amparo directo procede: I.- Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. ." "ARTICULO 172.- En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (I ... ) II. Haya sido falsamente representado en el juicio de que se trate; (III a XI) XII.- Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo. Por tanto, queda de manifiesto que la violación procesal en comento, dada su naturaleza, no es en modo alguno irreparable, cuando es precisamente la irreparabilidad y la circunstancia de que se afecten materialmente derechos sustantivos, tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, los únicos supuestos en que sería procedente el juicio de amparo indirecto, en términos de lo previsto en el artículo 107 fracción V de la Ley de Amparo. En este sentido, cabe establecer que excepcionalmente, los actos que se realicen en juicio pueden reclamarse mediante el juicio de amparo indirecto, tal como lo prevé el artículo 107, fracción III, inciso b) y c) de la Constitución Federal, y el artículo 107 fracción V, de la Ley de Amparo; siempre y cuando se trate de actos dentro de juicio, que tengan una ejecución de imposible reparación en la persona o cosas de la parte quejosa y la afectación material de sus derechos sustantivos, tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, lo cual no aconteció en el presente caso. En las relatadas condiciones, resulta claro que el acto aquí reclamado no se encuentra dentro de las hipótesis previstas en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, toda vez que al haberse verificado dentro de juicio, no afecta materialmente los derechos sustantivos de la ahora quejoso, tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, pues en todo caso, afectaría un derecho procedimental. Por tanto, como las consecuencias del acto reclamado son de carácter intraprocesal y no tienen una ejecución de imposible reparación, pues por ésta debe entenderse aquella cuyas consecuencias son susceptibles de afectar en forma material e inmediata alguno de los derechos fundamentales del gobernado que tutela la Constitución a través de sus garantías o bien los tratados internacionales suscritos por México; es de concluirse que la determinación en estudio, no cumple los requisitos necesarios para poder ser atacada por esta vía constitucional, porque sólo afecta los derechos adjetivos o procesales, que se traducen en violaciones que podrían no trascender al sentido de la resolución que ponga fin a juicio; y los efectos intraprocesales pueden ser reparados si se obtiene resolución favorable, y en el supuesto de que no lo fueran, estaría en aptitud de promover en su contra el juicio de amparo directo donde podría delatar las violaciones procesales; por lo que no hay duda de que no se está en presencia de actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, y, por tanto, en su contra no procede el amparo biinstancial. Lo anterior tiene apoyo en la jurisprudencia P./J.37/2014, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, a página 39, que dice: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." En mérito de lo expuesto, se desecha la demanda, con apoyo en el numeral 113, de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda, dada la materia del juicio, como sus autorizados en términos del artículo 12, párrafo primero, de la Ley de Amparo a los profesionistas que designa; y únicamente para oír, recibir notificaciones, documentos e imponerse de los autos, a las demás personas que refiere.

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