Álvaro Juárez Hernández
Expediente 83/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 15 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 83/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 30/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Álvaro Juárez Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, treinta de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal que guardan los autos, se advierte que la parte quejosa no se inconformó dentro del término legal, contra el acuerdo de uno de marzo de dos mil veintidós, en el que se declaró la imposibilidad jurídica para cumplir en todos sus términos con la sentencia de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 196, 201, fracción I, y 202 de la Ley de Amparo, se tiene por consentido el citado proveído. Anotaciones. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en el artículo 18, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad a lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Se destaca que por auto de once de agosto de dos mil veinte, se decretó la suspensión de plano de los actos reclamado, y que no existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda). Destino. Además, al tratarse de un asunto en el que se concedió el amparo, de conformidad a lo previsto en el artículo 18, inciso b), este expediente es depurable. En tal virtud, con fundamento en el citado artículo 18 de dicho Acuerdo General, una vez transcurridos tres años, a partir de la fecha en que se emite este auto, procédase a su depuración, por lo que una vez cumplido ese plazo, previo acuerdo de desincorporación de las constancias a que alude el citado numeral, deberá solicitarse la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación Archivo del incidente de suspensión. Se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión. Ley de Transparencia. Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, uno de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos así como la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que por acuerdo de nueve de febrero de dos mil veintidós, se ordenó dar vista a la parte quejosa para que dentro del plazo legal de tres días manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento de la ejecutoria de amparo por parte del apoderado y representante legal de Pemex Logística y Delegado del Superintendente General de la Terminal de Almacenamiento y Servicios Portuarios de Salina Cruz, Oaxaca (autoridad responsable), sin que hubiera hecho manifestación alguna; en consecuencia, se procede a resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, con base en los elementos que obran en el expediente. Es aplicable al caso, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos cuarenta y tres, del tomo XI, correspondiente al mes de marzo de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 192174, cuyo rubro y texto son: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98. DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentenciarespectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión e expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Ahora, por sentencia de treinta de marzo de dos mil veintiuno, se concedió al quejoso Álvaro Juárez Hernández, el amparo y protección de la justicia de la unión para los siguientes efectos: " (..) 1. Que el quejoso permanecerá en resguardo domiciliario por el padecimiento que presenta, consistente en diabetes mellitus y que, por lo tanto, se le excluye de asistir a su centro de trabajo, como persona vulnerable ante la pandemia por el virus Covid-19. 2. Que se prescinda de exigírsele que reanude sus labores presenciales en su centro de trabajo, mientras no exista semáforo verde que, como ya se estableció, es en el único momento en el que se levantará el resguardo para las personas que se encuentren en grupos de salud vulnerable, como en el caso lo es el impetrante. 3. Que el referido resguardo domiciliario para garantizar su salud, no repercuta de ninguna manera en sus ingresos económicos por la actividad laboral que desempeña ante la responsable, es decir, se le deberán seguir pagando de manera íntegra todos y cada uno de los conceptos que se le cubrían antes de dicho resguardo como si asistiera de manera presencial a desarrollarla. 4. Deberá informarlo inmediatamente a las áreas administrativas de esa dependencia, para conocimiento de la actual situación laboral del quejoso, y oportuno acatamiento de esta determinación, en términos de lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Amparo.". (sic) Determinación contra la cual el apoderado y representante legal de Pemex Logística y Delegado del Superintendente General de la Terminal de Almacenamiento y Servicios Portuarios de Salina Cruz, Oaxaca (autoridad responsable), interpuso recurso de revisión, del cual conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, bajo el amparo en revisión 103/2021, confirmando la sentencia recurrida. Ante tal circunstancia, este órgano jurisdiccional mediante oficio 1622/2022, de dos de febrero de dos mil veintidós, requirió a la autoridad responsable el cumplimiento al fallo protector. En razón de lo anterior, en proveído de nueve de febrero de dos mil veintidós, se tuvo al apoderado y representante legal de Pemex Logística y Delegado del Superintendente General de la Terminal de Almacenamiento y Servicios Portuarios de Salina Cruz, Oaxaca (autoridad responsable), haciendo del conocimiento de este Juzgado, que mediante oficio DJ-GJRNE-SJV-RJSC-JAIL-066-2022, de cuatro de ese mes y año, en acatamiento a la ejecutoria de amparo informó al S.P.A. de la Jefatura del Departamento de Servicios al Personal Marina Salina Cruz, Oaxaca, como Jefe del Área de Recursos Humanos correspondiente y encargado de llevar a cabo la notificación al quejoso diera cumplimiento a dicha resolución. Respecto, de lo cual comunicó que el quejoso Álvaro Juárez Hernández, reanudó voluntariamente labores y estuvo de acuerdo con las medidas adoptadas en la empresa en que labora, tal como se aprecia del diverso CRLRH-GRRLRHSUR-SAPMTT-SCZ-DPSC-2220-2021, de veinticinco de octubre del año pasado, el cual firmó de recibido el propio peticionario del amparo. Ante ello, con fundamento en lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara que existe imposibilidad jurídica para cumplir en todos sus términos, con la sentencia de amparo, ello, al haber desaparecido el motivo por el cual se amparó a la aparte quejosa, circunstancia que no puede desvincularse de la sentencia y sus efectos. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. Notifíquese.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, nueve de febrero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio remitido con firma electrónica y evidencia criptográfica del apoderado y representante legal de Pemex Logística y Delegado del Superintendente General de la Terminal de Almacenamiento y Servicios Portuarios de Salina Cruz, Oaxaca (autoridad responsable), por el que remite las misivas con terminaciones 066/2022 y 2220/2021 de cuatro de febrero de dos mil veintidós y veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, respectivamente, mediante las cuales alude dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, señalando que la parte quejosa reanudó labores con la empresa el pasado veintiséis de octubre de dos mil veintiuno. Con fundamento en los artículos 196 de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la ley de la materia, con lo anterior, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contado a partir de su legal notificación, manifieste lo que a sus intereses convenga, en relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo. En la inteligencia que de no hacer manfestación alguna dentro del término legal concedido para tal efecto, se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de mérito con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la aludida responsable. Se invoca en apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página doscientos cuarenta y tres, Tomo XI, correspondiente al mes de marzo de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son como sigue: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98. DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, dos de febrero de dos mil veintidós Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, por el que remite copia certificada del testimonio de la ejecutoria de siete de diciembre de dos mil veintiuno, dictada en el recurso de revisión 103/2021, y los autos originales del juicio de amparo al rubro citado; por tanto, acúsese recibo vía interconexión Asimismo, glósese a los autos el cuaderno de antecedentes que se formó en sustitución del expediente principal, previa depuración y conservación únicamente de las constancias que obran en original, debiéndose hacer del conocimiento de las partes, que la Superioridad resolvió: RESUELVE PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La justicia de la unión AMPARA Y PROTEGE a ***, contra el acto reclamado al Superintendente General de la Terminal de Almacenamiento y Servicios Portuarios de Salina Cruz, Oaxaca ANOTACIONES En consecuencia, se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO. Con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Superintendente General de la Terminal de Almacenamiento y Servicios Portuarios de Salina Cruz, Oaxaca, para que dentro del término de tres días siguiente a su legal notificación de este acuerdo, como lo dispone el párrafo segundo del citado numeral, dé cumplimiento con la concesión del amparo, remitiendo copia certificada de las constancias que demuestren lo anterior, en los siguientes términos 1. Que el quejoso permanecerá en resguardo domiciliario por el padecimiento que presenta, consistente en diabetes mellitus y que, por lo tanto, se le excluye de asistir a su centro de trabajo, como persona vulnerable ante la pandemia por el virus Covid-19. 2. Que se prescinda de exigírsele que reanude sus labores presenciales en su centro de trabajo, mientras no exista semáforo verde que, como ya se estableció, es en el único momento en el que se levantará el resguardo para las personas que se encuentren en grupos de salud vulnerable, como en el caso lo es el impetrante. 3. Que el referido resguardo domiciliario para garantizar su salud, no repercuta de ninguna manera en sus ingresos económicos por la actividad laboral que desempeña ante la responsable, es decir, se le deberán seguir pagando de manera íntegra todos y cada uno de los conceptos que se le cubrían antes de dicho resguardo como si asistiera de manera presencial a desarrollarla. 4. Deberá informarlo inmediatamente a las áreas administrativas de esa dependencia, para conocimiento de la actual situación laboral del quejoso, y oportuno acatamiento de esta determinación, en términos de lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Amparo." Apercibido que de no dar cumplimiento sin causa justificada, dentro del plazo concedido, con apoyo en los artículos 192, 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo, se hará merecedora a una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización (UMA), al momento de realizarse la conducta sancionada; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Ahora bien, resérvese la investigación de los datos de la persona física que actualmente ostentan el cargo de la prenombrada autoridad, esto a fin de aplicar las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ante una posible contumacia de éstas. Notifíquese
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