Alvaro Juárez Cruz
Expediente 429/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 429/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 21/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Alvaro Juárez Cruz
Actuaciones
- Principal
(AVISO) NOTIFICACIÓN POR LISTA AL QUEJOSO.- Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veintiuno de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días establecido en el artículo 114 de la ley de la materia, para que el promovente del amparo diera cumplimiento a la prevención decretada mediante proveído de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, sin que hubiera cumplido con lo requerido. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el referido numeral, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto de mérito y SE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA origen de este juicio. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente. DILIGENCIA PERSONAL De conformidad con el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021 y 9/2021, las diligencias personales que se realicen en este asunto, deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud del servidor público que la realice y de las personas justiciables. FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL) Con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente acuerdo se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes.
- Principal
(aviso) NOTIFICACIÓN POR LISTA AL QUEJOSO.- Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a diecinueve de octubre de dos mil veintiuno. Visto; el escrito del promovente del amparo Álvaro Juárez Cruz, mediante el cual dice dar cumplimiento a la segunda prevención de las decretadas el veinticuatro de septiembre del año en curso, y reiterada en auto de siete de los corrientes, en el que se le requirió para que dentro del plazo de cinco días, legalmente computado, cumpliera con lo siguiente: "[.]SEGUNDA PREVENCIÓN Consecuentemente, dado los datos que emanan del escrito inicial de demanda, en un sentido congruente con todos sus elementos, además atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, con fundamento en el artículo 114, fracciones I y IV, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 108 fracción IV, del propio cuerpo normativo, requiérase al parte quejosa para que dentro del plazo de CINCO DÍAS hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta sus efectos la notificación de este proveído y bajo protesta de decir verdad, precise lo siguiente: Precise cuál es el acto o actos que de manera concreta se reclama a cada una de las autoridades señaladas como responsables, dado que si bien es cierto, manifiesta que reclama por parte del Agente del Ministerio de la Federación, con residencia en Puebla, Puebla, la violación del término establecido por el artículo 324 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que incumplió con el plazo establecido de quince días que le concede la Ley, para pronunciarse con su escrito de acusación; sin embargo, no es menos cierto, que del contenido integral de la demanda y sus anexos, se advierte que el quejoso aduce que el titular del Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, con competencia en ejecución del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, en los autos de la causa penal 239/2021, de su índice, el trece de septiembre de dos mil veintiuno, dictó un acuerdo en el que refirió que es procedente el recurso de revocación en contra del auto de vinculación; asimismo, determinó que es inconcuso que el escrito de acusación de mérito, es extemporáneo, y requirió a la Fiscalía General de la República de Puebla, Puebla, para que en el plazo de quince días, se pronuncie en términos del artículo 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Asimismo, precise si reclama la omisión por parte del Director del Centro de Reinserción Social, con residencia en esta ciudad, de proporcionar atención médica especializada en los padecimientos que refiere y si ha realizado la petición administrativa a que se refiere el artículo 107 del Código Nacional de Procedimientos Penales o en su caso la controversia contenida en el diverso 114 de dicho ordenamiento o algún medio de impugnación diverso. [.] Así, del escrito que se provee, se advierte que el ocursante no acató cabalmente el requerimiento de referencia, en razón de que únicamente cumplió con la parte relativa a precisar si reclama la omisión por parte del Director del Centro de Reinserción Social, con residencia en esta ciudad, de proporcionar atención médica especializada en los padecimientos que refiere y si ha realizado la petición administrativa a que se refiere el artículo 107 del Código Nacional de Procedimientos Penales o en su caso la controversia contenida en el diverso 114 de dicho ordenamiento o algún medio de impugnación diverso. Sin embargo, no cumplió con la parte referente a precisar cuál es el acto o actos que de manera concreta se reclama a cada una de las autoridades señaladas como responsables; ello es así ya que del análisis integral de su escrito aclaratorio, se advierte que se concreta a hacer una narración de los antecedentes del acto reclamado, pero no señala de manera exacta lo solicitado en el primer punto de la segunda de las prevenciones contenidas en el auto de veinticuatro de septiembre de la presente anualidad; de ahí que no se le tenga dando cumplimiento al mismo. Ahora, es menester precisar que el día de hoy fenece el plazo de cinco días concedido por auto de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, a fin de dar cumplimiento a la prevención que se trata, pues como se advierte de las constancias que integran el sumario, dicho término se vio interrumpido con la presentación de su escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, el cinco de los corrientes y acordado el siete de octubre de la presente anualidad; por tanto, estese en espera de que el impetrante de cabal cumplimiento a la prevención decretada mediante proveído de veinticuatro de septiembre de la presente anualidad, o en su caso, que precluya el término en él concedido. En el entendido que subsiste el término y apercibimiento decretados en dicho auto, mismo que se interrumpió por única ocasión con motivo del acuerdo de siete de octubre pasado en el cual pretendió dar cumplimiento a la prevención formulada, sin que lo hiciera a cabalidad; determinación que se adopta en tanto el inconforme no puede prolongar de forma indeterminada e indiscriminada los términos y plazos que fija la ley para tal efecto. Robustece la postura que antecede, la Jurisprudencia XI.1o.A.T. J/1 (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 1, de contenido siguiente: "ACCESO A LA JUSTICIA. ES UN DERECHO LIMITADO, POR LO QUE PARA SU EJERCICIO ES NECESARIO CUMPLIR CON LOS PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA, ASÍ COMO DE OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Todos los Jueces mexicanos deben partir de los principios de constitucionalidad y convencionalidad y, por consiguiente, en un primer momento, realizar la interpretación conforme a la Constitución y a los parámetros convencionales, de acuerdo con el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incluso de oficio. En función de ello, y conforme al principio pro personae (previsto en el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos conocida como Pacto de San José de Costa Rica), que implica, inter alia, efectuar la interpretación más favorable para el efectivo goce y ejercicio de los derechos y libertades fundamentales, conforme a los artículos 17 constitucional; 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la citada convención, el derecho humano de acceso a la justicia no se encuentra mermado por la circunstancia de que las leyes ordinarias establezcan plazos para ejercerlo, porque tales disposiciones refieren que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un Juez o tribunal competente; sin embargo, ese derecho es limitado, pues para que pueda ser ejercido es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia para ese tipo de acciones, lo cual, además, brinda certeza jurídica. De igual forma, no debe entenderse en el sentido de que puede ejercerse en cualquier tiempo, porque ello se traduciría en que los tribunales estarían imposibilitados para concluir determinado asunto por estar a la espera de saber si el interesado estará conforme o no con la determinación que pretendiera impugnarse, con la consecuencia de que la parte contraria a sus intereses pudiera ver menoscabado el derecho que obtuvo con el dictado de la resolución que fuera favorable, por ello la ley fija plazos para ejercer este derecho a fin de dotar de firmeza jurídica a sus determinaciones y lograr que éstas puedan ser acatadas. De ahí que si el gobernado no cumple con uno de los requisitos formales de admisibilidad establecidos en la propia Ley de Amparo, y la demanda no se presenta dentro del plazo establecido, o los quejosos no impugnan oportunamente las determinaciones tomadas por la autoridad responsable, ello no se traduce en una violación a su derecho de acceso a la justicia, pues éste debe cumplir con el requisito de procedencia atinente a la temporalidad, por lo que resulta necesario que se haga dentro de los términos previstos para ello, ya que de no ser así, los actos de autoridad que se impugnen y respecto de los cuales no existió reclamo oportuno, se entienden consentidos con todos sus efectos jurídicos en aras de dotar de firmeza a dichas actuaciones y a fin de que los propios órganos de gobierno puedan desarrollarse plenamente en el ámbito de sus respectivas competencias, sin estar sujetos interminablemente a la promoción de juicios de amparo." DILIGENCIA PERSONAL De conformidad con el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021 y 9/2021, la diligencia personal que se ordena, deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud del servidor público que la realice y de las personas justiciables. FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL) Con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente acuerdo se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes.
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