Alvaro Joan Rubio Cordero

Expediente 438/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 25 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
438/2017
Año
2017
Actuaciones
25
Última actuación
01/03/2018

Partes del expediente

  • Alvaro Joan Rubio Cordero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    CERTIFICACIÓN: En Mexicali, Baja California, a uno de marzo de dos mil dieciocho, el Secretario Roberto Pérez de Gante, certifica: que el término de diez días a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio, la cual fue notificada personalmente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, en siete de febrero del año en curso, transcurriendo dicho plazo a la citada parte, del nueve al veintidós de febrero de la presente anualidad, sin contar los días, diez, once, diecisiete y dieciocho de febrero del año en curso, por ser inhábiles; asimismo, se notificó el trece de febrero de dos mil dieciocho, a la parte quejosa y tercera interesada, por lista que se fija en los Estrados de este juzgado, transcurriéndoles dicho plazo del quince al veintiocho de febrero del año en curso, sin contar los días diecisiete, dieciocho, veinticuatro y veinticinco de febrero de la presente anualidad, por ser inhábiles; de igual manera las autoridades responsables quedaron debidamente notificadas; asimismo, se hace constar que en el presente juicio: A) No existe documento original a que se refiere la fracción XVIII, del punto segundo del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; B) No existen tomos de pruebas que devolver; y, C) No se exhibió garantía en el incidente de suspensión. Doy fe. En uno de marzo de dos mil dieciocho, el suscrito Secretario da cuenta al Juez, con la certificación que antecede y el estado que guarda el juicio de amparo 438/2017-1A. Conste. MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A UNO DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. EJECUTORIA Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hayan recurrido la sentencia de seis de febrero de dos mil dieciocho, dictada en este juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia que se negó el amparo y protección al quejoso en esta instancia, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. CALIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y los lineamientos del Manual relativo. Se hace la indicación que el cuaderno principal del presente juicio es susceptible de depuración, de conformidad con el último párrafo del punto VIGÉSIMO PRIMERO del mencionado Acuerdo General Conjunto. Así mismo, atento a lo previsto por el punto décimo cuarto del Acuerdo General de trato, en concordancia con la observación contenida en la página 51 de su Manual, deberá también transferirse el cuaderno principal del presente juicio de garantías. Además, carece de relevancia documental en términos del último párrafo del citado punto, en atención a que en la litis constitucional no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; no se analizaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni relativos al patrimonio histórico, arqueológico o artístico; aunado a que el sentido del fallo no tuvo especial trascendencia jurídica, política, social o económica en la vida del país; ni al prudente arbitrio de este juzgador lo amerita [por causa del personaje involucrado]. Por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el cuaderno principal y los tomos originales del cuaderno incidental, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en el libro de Juzgado, tal y como lo dispone el punto Vigésimo Quinto y el punto Décimo Cuarto del Acuerdo General de trato, en concordancia con la observación contenida en la página 51 de su Manual. Por otro lado, en términos de la fracción III del punto vigésimo del citado Acuerdo General Conjunto, una vez que transcurran seis meses a partir de que se dictó la interlocutoria respectiva, procédase a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto Vigésimo Cuarto del acuerdo normativo. ARCHIVO DEFINITIVO Y CAPTURA EN LIBROS DE GOBIERNO Y SISE Tomando en cuenta que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado, notifíquese a las partes en el juicio, y en su oportunidad archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo. Asimismo, en cumplimiento al Manual antedicho anótese en el mencionado libro de gobierno, esta fecha en que se ordena el archivo; de igual manera, una vez que se realice la depuración o destrucción ordenada, anótese la fecha en que se practique la diligencia, ya sea que la realice este órgano jurisdiccional, o la fecha que informe al respecto el Centro de Documentación y Análisis, relativo al destino final del presente expediente. Hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. DEVOLUCIÓN DE DISCO COMPACTO Finalmente, y toda vez que la autoridad Juez de Control del Partido Judicial de Mexicali, anexó a su informe un disco compacto (DVD), continente el mismo de los registros de audio y video relativo al cumplimiento de beneficio, deducido de la causa 3420/2015 y por no tener efectos que surtir en el presente juicio, devuélvase el mismo a la citada autoridad.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCION I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA DEL PROVEIDO DE SEIS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 438/2017-1A, promovido por ÁLVARO JOAN RUBIO CORDERO, contra los actos de la Juez de Garantía de este partido judicial, y otras autoridades, por estimar como derechos fundamentales violados en su perjuicio los consagrados en los artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN Y DATOS DE LA DEMANDA. Por escrito presentado el veintiocho de julio de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Mexicali, Baja California, y turnado el mismo día por razón de turno a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, el quejoso solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por los actos que reclama en su libelo constitucional. SEGUNDO. TRÁMITE DE LA DEMANDA. Por auto de treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda de amparo promovida por ÁLVARO JOAN RUBIO CORDERO (foja 7 a 9). Mediante interlocutoria de diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete, se determinó procedente la separación de autos, en virtud de que se advirtió la existencia de dos causas penales 2953/2014 y 3420/2015, en las que -respectivamente- se dictó orden de detención y orden de aprehensión en contra del aquí quejoso (foja 88 a 92). Seguida la secuela procesal del presente juicio de amparo, respecto del acto consistente en la orden de aprehensión dentro de la causa penal 3420/2015 del índice del Juzgado de Control del Partido Judicial de Mexicali, Baja California, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que previo diferimiento, tuvo verificativo el nueve de noviembre de dos mil diecisiete, al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Segundo de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 33, 35, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como del Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, aunado al hecho de que se reclama un acto de una autoridad judicial, con residencia en el ámbito territorial en el que este órgano de control constitucional ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Previo al análisis de la existencia del acto que por esta vía constitucional se reclama, es necesario para la correcta resolución del asunto, fijar con claridad cuál o cuáles son éstos, tal como lo dispone la fracción I, del artículo 74 de la Ley de Amparo. Conforme a lo anterior, de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado lo constituye: La orden de aprehensión dictada en audiencia publica el veintidós de diciembre de dos mil quince, emitida en la causa penal 3420/2015, por su probable participación a titulo de coautor y en forma dolosa respecto de la comisión del hecho establecido en la ley como delito de Robo con Violencia, previsto y sancionado en los artículos 198, 201 fracción I, 203 y 204 en relación con el 14 fracción I y 16 fracción II, todos del Código Penal vigente en el Estado, cometido en perjuicio de Luis Fernando Nava Trujillo. Clarificación de los actos reclamados que se realiza con apoyo en la tesis de jurisprudencia P./.J 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, tomo XI, abril de 2000, perteneciente a la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Juez de Control de este Partido Judicial de Mexicali, por así haberlo manifestado expresamente al rendir su informe de ley (foja 28), lo que se corrobora con la transcripción del acto reclamado (fojas 31 a 33), así como con la reproducción del disco compacto DVD -debidamente autorizado- remitido como justificación de sus actos, al cual se le confiere valor probatorio pleno en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, dado que cuenta con la naturaleza jurídica de prueba documental pública, la cual se tiene por desahogada sin necesidad de la celebración de una audiencia especial, en términos de la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), visible en la página 703, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, registro 2004362, con el rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." Por su parte, las autoridades responsables Procuradora General de Justicia en el Estado (foja 38), Jefe de Grupo de Aprehensiones de la Policía Ministerial del Estado (foja19) y Director de Seguridad Pública Municipal (foja 23), todos con residencia en esta ciudad, al rendir sus informes justificados negaron la existencia de los actos que se les reclaman; sin embargo al recaerles el carácter de ejecutoras, dicha negativa se desvirtúa con la certeza que de los actos combatidos reconoció la autoridad ordenadora. CUARTO. Al no advertir el suscrito juzgador que las partes hayan formulado alguna causa de improcedencia y tampoco de oficio se aprecia que alguna se actualice, procede entrar al estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa. QUINTO. Son infundados los conceptos de violación, aunque suplidos en su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción III, a) de la Ley de Amparo, los cuales serán analizados acorde con los temas planteados en ellos, aunque en un orden distinto al que fueron planteados en el libelo constitucional. Falta de fundamentación y motivación. En el tercer motivo de inconformidad el quejoso impugna la falta de fundamentación y motivación de la orden de aprehensión combatida. El argumento es infundado. Del análisis del acto reclamado que por esta vía constitucional se reclama, se advierte que el mismo satisface los requisitos de fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe contener, pues la autoridad responsable citó el artículo 16 de la Carta Magna, así como el diverso 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales; asimismo, expuso los motivos que la llevaron a tomar esa determinación; esto es, que existe una adecuación entre los argumentos con los que se apoyó y los preceptos legales en que se fundamentó la orden de aprehensión reclamada; por lo que se estima que el acto reclamado se encuentra apegado a derecho. A fin de demostrar lo anterior, resulta dable transcribir -en lo que aquí interesa- lo dispuesto por el artículo 16 constitucional, el cual establece lo siguiente: "Artículo 16.- [.] No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que indiciado lo cometió o participó en su comisión. [.]" Del artículo citado, se advierte que los requisitos constitucionales para dictar una orden de aprehensión, son los siguientes: a) Que exista denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito; b) Que el delito tenga pena privativa de la libertad. c) Que obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; d) Que exista probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión; y Por su parte, el precepto 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, refiere: "Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión. Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. También podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. La autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia. El Juez podrá dictar orden de reaprehensión en caso de que el Ministerio Público lo solicite para detener a un imputado cuya extradición a otro país hubiera dado lugar a la suspensión de un procedimiento penal, cuando en el Estado requirente el procedimiento para el cual fue extraditado haya concluido. El Ministerio Público podrá solicitar una orden de aprehensión en el caso de que se incumpla una medida cautelar, en los términos del artículo 174, y el Juez de control la podrá dictar en el caso de que lo estime estrictamente necesario." Así, de las copias certificadas remitidas por la autoridad responsable, se advierte que el veintidós de diciembre de dos mil quince, se dictó orden de aprehensión en contra del aquí quejoso Álvaro Joan Rubio Cordero (fojas 31 a 33); determinación de donde se desprende lo siguiente: En la carpeta de investigación obra la denuncia formulada por la víctima Luis Fernando Nava Trujillo, por el delito de robo con violencia. Existen datos que establecen la existencia del hecho delictivo de robo con violencia y la probabilidad de participación del imputado, en su carácter de co-autor. En términos de los artículos 198, 201, 203 y 204 del Código Penal del Estado, el delito de robo con violencia, se sanciona con pena privativa de la libertad. Al cumplirse con los requisitos establecidos por el artículo 16 Constitucional y 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se dicta orden de aprehensión en contra de Álvaro Joan Rubio Cordero. En efecto, el examen de la orden de aprehensión dictada en la causa penal permite distinguir que para emitirla, la Juez responsable observó que el Fiscal proporcionó los siguientes datos de prueba: Denuncia de Luis Fernando Nava Trujillo, en donde sustancial manifestó: Que el ocho de diciembre de dos mil quince, aproximadamente a las trece horas con treinta minutos, caminaba sobre la banqueta por el Boulevard Prolongación Lázaro Cárdenas y Naciones Unidas en la Colonia Infonavit Solidaridad, cuando le sale un sujeto de 1.75 metros de estatura aproximadamente, moreno claro, barba y bigote de entre veinte y veintidós años de edad, con un lunar en el lado derecho de la cara, pidiéndole el celular, resistiéndose el ofendido, y es entonces cuando se aproximan unos sujetos que se encontraban en vehículo BMW, placas 6NOT147, de California de la Unión Americana, color blanco descendiendo otro sujeto de entre dieciocho y veinte años de edad, participando en los hechos, sacando un arma tipo escuadra, quitándole el celular al ofendido; reportando los hechos al 066, proporcionando las características, tanto del vehículo, como del teléfono celular N4 blanco Touch, refiriendo que la tapa se encontraba estrellada. Informe de Investigación de diez de diciembre de dos mil quince, elaborado por el Agente Ministerial Alejandro Ibarra Alanís, del cual se advierte lo siguiente: Verificó la existencia desde el ocho de diciembre de dos mil quince, en C4, en el que se reportaron los hechos citados en el punto anterior; además dicho agente realizó la investigación de los hechos, advirtiendo que en C4 se reportaba un detenido en el vehículo BMW blanco señalado por la victima, por lo que acudió a la Agencia Municipal, advirtiendo que uno de los detenidos es el quejoso a quien se le encontró dentro de sus pertenencias el celular N4 blanco con tapa quebrada; asimismo, inspeccionó el lugar de los hechos y el vehículo asegurado al detenido. Diligencia de Reconocimiento por Foto, de la cual se desprende lo siguiente: En el cual la víctima ante el Fiscal reconoció al quejoso de entre cuatro fotografías que le fueron puestas a la vista. Asimismo, dentro del acto reclamado, la Juzgadora natural concatenó el contenido de dichos datos de prueba para arribar a la conclusión de que sí existe el hecho que se pretende imputar, y además que el imputado participó en su comisión a titulo de coautor; aunado a que se justificaba la necesidad de la medida cautelar tomando en cuenta que el hecho a imputar es de los catalogados como graves. De ahí que, resulta claro que en el caso la orden de aprehensión reclamada se encuentra ajustada a derecho, dado que existe el hecho materia o que se pretende imputar y que además existe la probabilidad de que el quejoso participó a titulo de coautor, de conformidad con los artículos 14 fracción I y 16 fracción II del Código Sustantivo Penal del Estado; por lo cual, es evidente que en el caso se colma con exactitud la hipótesis prevista por el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.6o.P.86 P (10a.), emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, Libro 46, Septiembre de 2017, Tomo III, Materia Penal, número de registro 2015204, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, visible en la página 1943, que dice: "ORDEN DE APREHENSIÓN EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. AUN CUANDO ÉSTA ES DE CARÁCTER EXCEPCIONAL, EL JUEZ DE CONTROL PUEDE DECRETARLA CONFORME AL ARTÍCULO 141, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES SIN NECESIDAD DE QUE EXISTA CITA PREVIA U ORDEN DE COMPARECENCIA POR MEDIO DE LA FUERZA PÚBLICA, SIEMPRE QUE EL MINISTERIO PÚBLICO DEMUESTRE LA NECESIDAD DE CAUTELA. - - - El artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: citatorio al imputado para la audiencia inicial (fracción I); orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna (fracción II); orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe necesidad de cautela (fracción III); de donde se colige que la orden de aprehensión, como forma de conducción del imputado al proceso, tiene un carácter excepcional, porque su procedencia sólo se actualiza una vez que el citatorio y la orden de comparecencia respectivas no hayan cumplido su objeto; sin embargo, el Juez de control puede ordenar la aprehensión del imputado, sin necesidad de que también exista cita previa u orden de comparecencia a través de la fuerza pública, siempre y cuando el Ministerio Público demuestre la necesidad de cautela, esto es, que existan circunstancias que evidencien la posibilidad de que se evada de la acción de la justicia." En consecuencia, es evidente que el acto reclamado se encuentra debidamente fundado y motivado. El respeto a los derechos humanos del quejoso previstos en el artículo 1° Constitucional y la prohibición del artículo 14 de la Carta Magna. En el primer concepto de inconformidad el quejoso manifiesta que la Constitución Federal en su artículo primero, dispone que todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos en la constitución, los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano y las garantías para su protección; cuyo ejercicio no puede restringirse ni suspenderse, y en el caso, la autoridad responsable le está restringiendo su derecho a la libertad, ya que en caso de ser privado de su libertad, se le estarían vulnerando sus derechos a contar con un debido proceso en donde se respeten sus garantías constitucionales. Así mismo, en el segundo motivo de disenso se duele de la conculcación del artículo 14 Constitucional, en cuanto ve a la prohibición de imponer por simple analogía y mayoría de razón pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata; lo cual se soslaya por la autoridad responsable al pretender imponer la privación de la libertad, cuando su conducta no encuadra en algún artículo del Código Penal para el Estado de Baja California ni está demostrada su participación en su comisión. Son infundados los conceptos de violación. En primer lugar, debe decirse que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 56/97, aplicable en el presente asunto en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, estableció que al dictarse una orden de aprehensión, en ella pueden violarse garantías tuteladas, en artículos constitucionales distintos al precepto 16 constitucional. Dicha jurisprudencia es del siguiente tenor: "ORDEN DE APREHENSIÓN, EN ELLA PUEDEN VIOLARSE GARANTÍAS TUTELADAS, EN ARTÍCULOS CONSTITUCIONALES DISTINTOS AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. La circunstancia específica de que el artículo 16 constitucional sea el que regule los requisitos a satisfacer para el dictado de una orden de aprehensión, no se puede llevar al extremo de considerar que sólo este precepto rija a tal acto, ya que evidentemente también deberá vigilarse, en su caso, si dicha determinación judicial no infringe alguna garantía constitucional contenida en diverso precepto, dado que podría darse el caso que en la misma se aplicara una ley retroactivamente en perjuicio del quejoso, o fuera librada sin cumplir las formalidades esenciales del procedimiento, conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; también podría darse el caso que autoridades jurisdiccionales del fuero común, decidieran sobre el libramiento de una orden de aprehensión, respecto de un hecho en que estuviere involucrada una persona perteneciente al ejército y fuera menester examinar su conducta desde el punto de vista de la legislación del fuero castrense; o que no estuviere fundado y motivado dicho acto, así como diversas hipótesis que pudieren formularse respecto de la posible violación de garantías constitucionales contenidas en preceptos diversos al 16 constitucional; luego entonces, resulta limitativo y equívoco concluir que para el libramiento de una orden de aprehensión, sólo deba cumplirse lo establecido en el mencionado artículo 16 constitucional; y por ende, su emisión no puede ser violatoria de los artículos 14, 16 o cualquiera otro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que las garantías de seguridad jurídica que se encuentran consagradas en la Constitución General de la República, son la base sobre las cuales descansa el sistema jurídico mexicano, por tal motivo, éstas no pueden ser limitadas porque en su texto no se contengan expresamente los derechos fundamentales que tutelan. Por el contrario, las garantías de seguridad jurídica valen por sí mismas, ya que ante la imposibilidad material de que en un artículo se contengan todos los derechos públicos subjetivos del gobernado, lo que no se contenga en un precepto constitucional, debe de encontrarse en los demás, de tal forma, que el gobernado jamás se encuentre en una situación de incertidumbre jurídica y por lo tanto, en estado de indefensión. De acuerdo a lo anterior, cuando se libra una orden de aprehensión, deben de cumplirse no únicamente las formalidades establecidas por el artículo 16 constitucional, párrafo segundo, sino que para su aplicabilidad debe atenderse a lo preceptuado en los demás artículos que tutelan las garantías de seguridad jurídica, con la finalidad de proteger de manera firme y eficaz a los derechos fundamentales de la persona tutelados en la Carta Magna." Con base en ello, es evidente que al dictarse la orden de captura, se deben cumplir no únicamente las formalidades establecidas por el párrafo segundo del artículo 16 constitucional, sino que, para su aplicabilidad debe atenderse a lo preceptuado en los demás artículos que tutelan las garantías de seguridad jurídica, con la finalidad de proteger de manera firme y eficaz a los derechos fundamentales de la persona tutelados en la Carta Magna. En este orden, es infundado lo argumentado en el sentido de que la autoridad responsable vulnera los derechos humanos del quejoso, tanto los previstos en la Constitución Federal, como los derechos humanos reconocidos en la constitución, así como los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano. Lo anterior, porque, en el caso, la jurisprudencia actual de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dispone que si bien la reforma al artículo 1° de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Así se contiene en la jurisprudencia por reiteración de criterios de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función." De esta suerte, si bien es verdad que en el caso, la autoridad responsable está obligada a velar por el respeto irrestricto de los derechos humanos del quejoso; también lo es que, como ya se vio, el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dispone que se puede decretar la orden de aprehensión, cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado -quejoso- lo haya cometido o participado en su comisión; el Juez de Control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar la aprehensión reclamada. De la misma manera, es infundado que exista una conculcación del artículo 14 Constitucional, cuya disposición prohíbe imponer por simple analogía o por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. Lo anterior, porque el delito de robo con violencia por el cual se libró la orden de aprehensión en su contra, tiene sustento en los artículos 201 y 203 del Código Penal del Estado, que disponen: "Artículo 201.- Punibilidad.- A quien cometa el delito de robo se le impondrán las penas siguientes: I.- De seis meses a tres años de prisión y hasta cien días multa, cuando el valor de lo robado no exceda de ochenta veces el salario. II.- De tres a seis años de prisión y de cien a doscientos días multa, cuando el valor de lo robado exceda de ochenta veces pero no de doscientos cincuenta veces el salario. III.- De seis a catorce años de prisión y de doscientos hasta quinientos días multa, cuando el valor de lo robado exceda de doscientos cincuenta veces el salario. Cuando el valor de lo robado no exceda de 40 días de salario mínimo y se trate de un delincuente primario, que haya admitido su responsabilidad durante la averiguación previa o investigación y restituya el objeto materia del delito o su importe, el Ministerio Público suspenderá el ejercicio de la acción penal, siempre que el inculpado no haya empleado violencia sobre las personas y no se trate de las hipótesis previstas en el artículo 208 fracciones I y II de este Código, apercibiéndole formalmente, dejando constancia, de que en caso de cometer un nuevo robo dentro del término de tres años, se ejercitará acción penal por éste y el último delito cometido." "Artículo 203.- Robo con violencia.- Si el robo se ejecutare con violencia, a la pena que corresponda por el robo simple, se agregarán de uno a seis años de prisión. Si la violencia constituyere otro delito, se aplicarán las reglas de la acumulación." De este modo, es indudable que la legislación penal vigente en la entidad, tipifica como conducta sancionable y punible el delito de robo con violencia, lo cual por estar previsto en una ley aplicable, es acorde con los imperativos en que descansa el principio de legalidad, atinentes a que existe prohibición para imponer por simple analogía o por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata, pues en el caso dicho ilícito si está previsto en el código Penal Estatal y también establece una determinada punibilidad. Razones por las cuales se estiman infundados los conceptos de violación. SEXTO. Publicidad de la resolución. Conforme a lo dispuesto en los artículos 6º apartado A), fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el numeral 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la ley en cita, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hágase saber a las partes el derecho que tienen a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales; conforme al artículo 73 fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información establecido. Finalmente, hágaseles saber que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos personales, en la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos confidenciales que pueden contener de conformidad con el artículo 116 de la citada Ley General, y con lo dispuesto en los artículos 25 y 28 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, de fecha veintisiete de noviembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los artículos 1°, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo se R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ÁLVARO JOAN RUBIO CORDERO, contra los actos que reclama a las autoridades responsables, conforme a las razones expuestas en el considerando quinto de este fallo. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en términos del considerando último de esta resolución. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A VEINTICUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE. Agréguese a los presentes autos únicamente para que obre como corresponda el oficio remitido por la Juez de Control del Partido Judicial de Mexicali, Baja California, mediante el cual comunica que la causa penal 3496/2015, que se instruyó al aquí quejoso ÁLVARO JOAN RUBIO CORDERO Y OTRO, en la que se giró orden de aprehensión en contra del citado quejoso, por el delito de ROBO CON VIOLENCIA, contemplado en los artículos 198, 201, fracción I, 203 y 204 del Código Penal, misma que fue cumplimentada en fecha veinticuatro de abril del año en curso, por lo que le fue formulada imputación y auto de vinculación a proceso, en audiencia pública de veinticinco de abril del año que transcurre, e impuesta la medida cautelar de prisión preventiva, siendo fijado el plazo de cierre de investigación, y finalmente, se señalaron las nueve horas del siete de noviembre de dos mil diecisiete, para la desahogo de la audiencia intermedia; por tanto, no hay orden pendiente en dicha causa, para los efectos legales a que haya lugar.

  4. Principal

    MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A VEINTICUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE. Agréguese a los presentes autos únicamente para que obre como corresponda el oficio remitido por la Juez de Control del Partido Judicial de Mexicali, Baja California, mediante el cual comunica que la causa penal 3496/2015, que se instruyó al aquí quejoso ÁLVARO JOAN RUBIO CORDERO Y OTRO, en la que se giró orden de aprehensión en contra del citado quejoso, por el delito de ROBO CON VIOLENCIA, contemplado en los artículos 198, 201, fracción I, 203 y 204 del Código Penal, misma que fue cumplimentada en fecha veinticuatro de abril del año en curso, por lo que le fue formulada imputación y auto de vinculación a proceso, en audiencia pública de veinticinco de abril del año que transcurre, e impuesta la medida cautelar de prisión preventiva, siendo fijado el plazo de cierre de investigación, y finalmente, se señalaron las nueve horas del siete de noviembre de dos mil diecisiete, para la desahogo de la audiencia intermedia; por tanto, no hay orden pendiente en dicha causa, para los efectos legales a que haya lugar.

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