Alvaro Jiménez Galvan
Expediente 1897/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 1 actuación registrada, la última del 12 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1897/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 12/12/2022
Partes del expediente
- Alvaro Jiménez Galvan
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, doce de diciembre de dos mil veintidós. RADICACIÓN Y REGISTRO Vista la demanda que promueve Álvaro Jiménez Galván, por propio derecho con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 1897/2022-I-A. ACTO RECLAMADO Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario fijar claramente el acto reclamado, para lo cual debe estudiarse íntegramente la demanda, incluso la totalidad de las constancias existentes anexas, con la finalidad de precisar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente lo que apariencia señaló como tal, acorde con la jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y la tesis de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese tenor, del escrito de demanda se colige que la parte quejosa, reclama El auto de diez de agosto de dos mil veintidós, en el cual se ordena a la parte demandada; aquí quejoso, el cumplimiento voluntario respecto al resolutivo tercero de la sentencia definitiva dictada el trece de octubre de dos mil veintiuno dentro del expediente 61/2021 del índice de la responsable, para lo cual le otorgan el plazo de ocho días con el apercibimiento que de ser omiso con tal requerimiento se procederá en la vía de apremio la entrega del inmueble ubicado en Prolongación Juan Escutia, S/N Colonia San Juan Bautista, en el Municipio de Capulhuac Estado de México. Previamente, deben analizarse las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. DESECHAMIENTO. En ese sentido, del estudio integral del escrito de cuenta, se advierte actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo respecto del acto reclamado; por tanto, conforme al numeral 113 de la referida legislación, se indica lo siguiente. Los artículos citados disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.] "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)" De lo antes inserto, se desprende que el juicio de amparo indirecto procede contra actos emitidos fuera de juicio o después de concluido, y que si se tratare de actos en la etapa de ejecución de sentencia, sólo procede la acción constitucional contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la demanda las violaciones procesales que hubieren dejado sin defensa a la quejosa en la referida fase, al mismo tiempo que sea impugnada dicha resolución. Así, se colige que para la procedencia del juicio de amparo biinstancial existen dos reglas genéricas y una específica, las cuales son: a) contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, es decir, aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar de manera directa alguno de los derechos fundamentales del gobernado, pues ésta no se destruye con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones; b) contra actos dictados después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; y, c) contra actos emitidos en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante aquél, que hubieren dejado sin defensa al promovente. En esa tesitura, la razón de ser de la regla específica de procedencia fue impedir que el juicio de amparo se utilizara como instrumento para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva, dado que ésta constituye el resultado de un mecanismo a través del cual el Estado dirimió ya un conflicto suscitado entre las partes contendientes, por lo cual la sociedad está interesada en que su ejecución se realice con celeridad y en el menor tiempo posible. De ahí, que el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo biinstancial en contra de actos dictados en ejecución de sentencia, a la resolución definitiva que pusiera fin a ese procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones procesales cometidas durante el mismo que hubieran dejado sin defensa a la quejosa. Así las cosas, se aprecia que se surte la causa de improcedencia que establece el artículo 61 fracción XXIII en relación con el diverso 107 fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado consistente en el auto de diez de agosto de dos mil veintidós, en el cual se ordena a la parte demandada; aquí quejoso, el cumplimiento voluntario respecto al resolutivo tercero de la sentencia definitiva dictada el trece de octubre de dos mil veintiuno dentro del expediente 61/2021 del índice de la responsable, para lo cual le otorgan el plazo de ocho días con el apercibimiento que de ser omiso con tal requerimiento se procederá en la vía de apremio la entrega del inmueble ubicado en Prolongación Juan Escutia, S/N Colonia San Juan Bautista, en el Municipio de Capulhuac Estado de México; ya que dicha determinación no se refiere a la última resolución en el procedimiento de ejecución de sentencia, en el expediente del cual emana el acto reclamado y menos decide cuestiones relativas a la misma; sino que se trata de actos previos y derivados de la propia ejecución del fallo respectivo, en el que la quejosa fue parte (demandada) toda vez que de conformidad con los artículos 2.157 y 1.124 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, el Juzgador de origen aún puede dictar las medidas de apremio necesarias. En efecto, los actos de referencia, no se ubican en la hipótesis de procedencia establecida en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, ya que no se trata del último acto en ejecución de sentencia, pues no ha concluido el procedimiento correspondiente. Lo anterior, sin soslayar que las violaciones intraprocesales que se consideren cometidas durante esa etapa, podrán ser materia de impugnación en la vía y forma legal correspondiente, al mismo tiempo que lo sea la última resolución que se llegue a emitir en el procedimiento de ejecución de sentencia. Entonces, cuando se emita la determinación que tenga por debidamente cumplido el fallo dictado en el expediente 61/2021, de actualizarse alguna violación en dicha fase, será el momento para combatirla en amparo indirecto. Por tanto, la determinación reclamada, de ninguna manera versa o tiene el carácter de ser la última resolución en ese procedimiento para los efectos de la procedencia de la acción constitucional biinstancial, toda vez que se trata del auto donde se solicita el cumplimiento voluntario a la parte demandada de las prestaciones reclamada; por lo que será hasta que se agote en su totalidad el procedimiento de ejecución y se dicte la última resolución, cuando sea procedente la acción de amparo donde podrán atacarse las violaciones que dentro de ese procedimiento considere le hayan dejado sin defensa. Robustece lo anterior la Jurisprudencia 1a./J. 28/2010, sustentada por la Primera Sala del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 60, cuyo rubro es: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA. La razón medular del legislador para establecer la regla de procedencia del juicio de garantías contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede contra la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante éste que hubieran dejado sin defensa al quejoso, es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia; de ahí que ello también opera respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya sea en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado. Por tanto, el amparo indirecto es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento voluntario de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en el periodo de ejecución. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que tales actos no tienden directamente a obtener su cumplimiento sino que únicamente lo preparan, también lo es que la procedencia o improcedencia del juicio de garantías contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia no se determina por el aspecto procesal formal de haberse dado inicio o aperturado el procedimiento de apremio o de cumplimiento forzoso de la sentencia, que es un aspecto meramente formal, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio." Asimismo, Sirve de apoyo a lo anterior la siguiente tesis I.12o.C.75 C (10a), sustentada por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el libro 58, septiembre de dos mil dieciocho, tomo III, página 2472, con registro digital 2018007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, cuyo rubro y texto es el siguiente: "PROCEDIMIENTO DE REMATE. LA ORDEN DE ENTREGA VOLUNTARIA DEL INMUEBLE, NO ES LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN ÉSTE, CONTRA LA CUAL PROCEDA EL AMPARO INDIRECTO. Conforme al artículo 107, fracción IV, último párrafo, de la Ley de Amparo, para la procedencia del juicio de amparo indirecto en la etapa de ejecución de sentencia, es necesario estar en presencia de la última resolución dictada en esa fase, es decir, la determinación en la cual se declara cumplida la ejecutoria o la que reconoce la imposibilidad jurídica y material de darle cumplimiento. Ahora bien, respecto a los procedimientos de remate, dicho párrafo establece como última resolución aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega material del inmueble. Por otra parte, el propósito de las reglas de procedencia del amparo es evitar el abuso de su tramitación, así como facilitar y agilizar la tramitación de la ejecución de la sentencia en los procesos jurisdiccionales. Así, la orden para que voluntariamente el demandado haga entrega a la parte actora del inmueble, materia del juicio en cumplimiento a la aprobación del remate, con el apercibimiento de que, en caso de no hacerlo, será lanzado a su costa, no hace procedente el juicio de amparo indirecto contra dicha determinación, pues no se trata de la resolución que definitivamente ordena la entrega del bien inmueble, en tanto que depende de la voluntad del demandado. Derivado de lo anterior y dada la naturaleza de la acción de amparo -remedio extraordinario contra actos de autoridad y que presupone la definitividad de éste-, es necesario distinguir la naturaleza y finalidad de la orden de entrega, porque el supuesto de procedencia de que se trata está reservado para la última resolución dictada en ese procedimiento de remate que debe culminar en favor del acreedor con la protocolización de la escritura que contenga la adjudicación y con la entrega de la posesión material del inmueble, siendo el momento oportuno cuando se ordena la entrega forzosa, es decir, el lanzamiento del inmueble, para impugnar la legalidad de esas resoluciones, pues es cuando adquieren definitividad y no dependen de la entrega voluntaria del inmueble por parte del demandado." DOMICILIO Conforme lo establecido por el numeral 26, fracción III, en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado en el proemio de su demanda, es decir las que se publican en el portal de Internet del Poder Judicial de la Federación. Sin que haya lugar a tener como tal el correo electrónico proporcionado, en virtud de que dicho medios de comunicación no se encuentra contemplado dentro del artículo 26 de la Ley de Amparo, ya que en términos de dicha porción normativa las notificaciones se harán dentro del juicio de amparo de manera personal, por oficio, por lista y vía electrónica, no así por algún medio distinto a los previsto por la legislación en cita. No obstante lo anterior, de conformidad con lo establecido por los numerales 30 y 31 de la Ley de Amparo, así como en el artículo 61 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo de las áreas administrativas y órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, en aras de favorecer una justicia pronta y expedita, a través del uso de medios digitales, se requiere a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días, computado legalmente, designe un usuario debidamente registrado en el registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para efecto de oír y recibir notificaciones. INSTRUCCIONES PARA LA CREACIÓN DE USUARIO ELETRÓNICO. Primeramente deberá ingresar a la siguiente dirección electrónica: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/juicioenlinea/Usuario/Registro Una vez ahí deberá colocará los datos correspondientes, leer, y aceptar el aviso de privacidad, posteriormente dar clic en el botón "registrar usuario". Una vez hecho lo siguiente, el sistema enviará un correo a la dirección electrónica proporcionada mismo que deberá confirmarse. Una vez confirmado el correo electrónico el sistema corroborará la correcta creación del usuario. AUTORIZADOS Por otra parte, en relación a las personas que designa como autorizados; con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, dígase que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. EXPEDICIÓN DE COPIAS Desde este momento se autoriza a las partes la obtención de impresiones con firma criptográfica, sin que medie petición al respecto, atendiendo el derecho fundamental contenido en el artículo 17 Constitucional. CONSULTA DE EXPEDIENTE Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo de las áreas administrativas y órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, así como en el Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se requiere a las partes, para que al consultar en los dispositivos electrónicos, eviten alterar las actuaciones que integran el expediente físico y electrónicamente, así como, afectación en los equipos de cómputo, en las constancias y/o alteración en las determinaciones, con el apercibimiento que de hacerlo, se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación, para que proceda a la investigación de hechos conforme lo prevé el artículo 211 Bis 1, del Código Penal Federal. EXHORTO A LAS PARTES Se exhorta a las partes, para que se transite de la tramitación del expediente físico hasta la actuación electrónica, obligadas a llevar a cabo la presentación de promociones y/o recursos por la misma vía, de modo que el presente juicio de amparo pueda continuar tramitándose digitalmente como "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación.
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