Alvaro Ibarra Rivera

Expediente 1864/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 6 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1864/2018
Año
2018
Actuaciones
6
Última actuación
31/10/2018

Partes del expediente

  • Alvaro Ibarra Rivera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficio recibido en este Juzgado Federal, el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, por conducto de su delegado (foja 284), informó requerir la comparecencia de la parte quejosa por conducto de persona facultada a efecto de tramitar el recibo oficial de pago que realizó el dieciséis de febrero de dos mil diecisiete y estar en condiciones de dar cumplimiento a la sentencia concesoria del amparo. En relación a lo anterior, por acuerdo de cuatro de octubre de la presente anualidad (folios 293 y 294), se le requirió a dicha responsable para dentro del término de tres días diera cumplimiento total al fallo protector, sin que a la fecha haya informado al respecto no obstante de haber transcurrido el plazo concedido como se desprende de la certificación de cuenta; sin embargo, la parte quejosa fue omisa de la misma forma, dado que en dicho proveído se le requirió para que en la misma temporalidad acudiera a dicha autoridad y al día siguiente lo comunicara ante esta instancia constitucional, sin que se haya realizado, no obstante de haberse agotado el término como se aprecia de la referida certificación y de que se le apercibió que de no hacer expresión alguna, este juzgado de distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este juzgado procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Así pues, mediante resolución dictada en los presentes autos (fojas 137 a la 160), se concedió a la parte quejosa, el amparo y protección de la Justicia Federal, para que se le devolviera la cantidad que erogó como anticipó con motivo del pago del impuesto predial (correspondiente al ejercicio fiscal dos mil diecisiete), respecto del inmueble con cuenta predial U016209, con clave catastral 20-024-01-035-004-000, ubicado el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. Ante ello, a través del oficio enunciado con anterioridad, el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, por conducto de su delegado, solicitó la presencia de la parte quejosa por conducto de su autorizado, a efecto de deducir el recibo de pago por cuanto hacía al inmueble identificado con la clave catastral indicada en el párrafo que precede, sin que haya comparecido, no obstante de haber sido requerida para ello y que lo comunicara al día siguiente a este órgano jurisdiccional. Es oportuno destacar que con lo manifestado por la autoridad, se le requirió a la parte quejosa mediante proveído de cuatro del mes actual, la cual le fue notificada por lista el once siguiente, por lo que es evidente que tuvo pleno conocimiento de la solicitud de la autoridad responsable a efecto de devolverle la cantidad erogada por cuanto hacía al inmueble de la multicitada clave catastral. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante de amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo vigente; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de la materia, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Finalmente, con sustento en las disposiciones generales vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto aludido, el original del cuaderno incidental derivado de este juicio de garantías, es depurable, debido a que la medida cautelar se concedió; razón por la cual, dicho cuaderno déjese por separado para su conservación, en el entendido que, una vez transcurrido el plazo de cinco años, contados a partir del presente proveído, se dejará únicamente la resolución relativa a su otorgamiento, ya que las demás actuaciones deberán destruirse; por su parte, el duplicado del incidente de suspensión, una vez transcurridos seis meses de dictada la interlocutoria, procédase a su destrucción, previa acta que se elabore para constancia y hecho lo anterior, realícese la anotación correspondiente en el libro de gobierno.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIECISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio, se advierte que mediante oficio y anexos recibidos en este Juzgado Federal el veinticinco de septiembre del presente año (fojas 114 y 115), la Delegada de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación a lo anterior, por auto de veinticinco de septiembre del año en curso (foja 116), se dio vista a la parte quejosa con el referido comunicado y anexos, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó a la parte quejosa, el uno de octubre del propio año (foja 119); por tanto, el plazo de tres días otorgado transcurrió para la parte agraviada del tres al cinco de octubre actual, sin que se realizara manifestación respecto al cumplimiento, como se aprecia de la certificación que antecede. Luego, con fundamento en el artículo 196 segundo párrafo, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Por sentencia terminada de engrosar el tres de agosto de este año, dentro del presente sumario constitucional (fojas 58 a 85), se determinó conceder a J. Isabel Ramírez García, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para tal efecto de que: "(.) a) Los artículos 23, fracción VII, así como 12, 13 y 14, todos de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete; de igual modo, el numeral 23, fracción VII, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, que prevén, respectivamente, el refrendo alcoholes y los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sean desincorporados de la esfera jurídica del amparista, tanto en el presente como en el futuro. b) En consecuencia, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, devuelva las contribuciones erogadas por el amparista con fundamento en las disposiciones anteriores contenidas en el recibo oficial número 1722559 de veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, exceptuando algún descuento o estímulo que respecto de tal pago que se haya hecho al quejoso; asimismo, a la cantidad que deba entregarse se incluirá la actualización fiscal correspondiente." Es decir, los actos que debía realizar la responsable para acatar el fallo protector consisten en desincorporar en la esfera jurídica de la parte quejosa de los preceptos legales declarados inconstitucionales y devolver a la peticionaria de amparo la cantidad precisada en la ejecutoria de mérito, la cual debería estar debidamente actualizada. Luego, en diverso proveído de veintinueve de agosto de la presente anualidad (fojas 106 y 107), causó ejecutoria la resolución de mérito y, en consecuencia, se requirió al Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado, a efecto de que dentro del término de diez días la acataran y remitieran las constancias que lo acreditaran. En atención a ello, mediante oficio y anexos presentados en la oficialía de partes de este juzgado el veinticinco septiembre de dos mil dieciocho (fojas 114 y115), la Delegada de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, informó que había realizado la transferencia bancaria en favor de la quejosa (foja 115), por la cantidad de $28,051.50 (veintiocho mil cincuenta y uno pesos 50/100 moneda nacional); situación que acreditó con el anexo antes indicado. En ese tenor, si tenemos que al monto total de $27,678.29 (veintisiete mil seiscientos setenta y ocho pesos 29/100 moneda nacional), cantidad que pagó la parte quejosa derivado de los preceptos declarados inconstitucionales, numerario que debía ser actualizado conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización), para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, y el veintiuno de septiembre de este año se efectuó la transferencia electrónica correspondiente; por el cual la autoridad responsable pretendió dar cumplimiento a la ejecutoria en análisis, por lo que, el periodo de actualización comprende del mes de febrero a agosto de esta anualidad (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones del mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de febrero de dos mil dieciocho fue 132.009 y para el mes de agosto de esta anualidad fue 100.492 De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 0.76125112681711; sin embargo, cuando el resultado de la operación es menor a uno, el factor de actualización que se aplicará al monto de las contribuciones será 1 de conformidad al último párrafo del citado numeral. Por tanto, resulta evidente que al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, a saber: $28,051.50 (veintiocho mil cincuenta y uno pesos 50/100 moneda nacional), se obtiene el mismo monto de dicha contribución. En consecuencia, se aprecia que la responsable de que se trata devolvió a la promovente del amparo $28,051.50 (veintiocho mil cincuenta y uno pesos 50/100 moneda nacional), sin embargo, éste debía reintegrarle la diversa de $27,678.29 (veintisiete mil seiscientos setenta y ocho pesos 29/100 moneda nacional), es decir, tiene un excedente de $373.21 (trescientos setenta y tres pesos 21/100 moneda nacional), pero dicho monto no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la mínima diferencia, a nada práctico conduciría reintegrarla. Lo anterior, en razón de que los gastos administrativos que realizarían tanto las autoridades responsables a fin de obtenerla, así como los que efectúe la quejosa, a fin de devolver dicho monto, serían mayores al beneficio de reintegrar el numerario referido. Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías, se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; además, que no se tramitó incidente de suspensión; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, ONCE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Agréguense a sus autos el ocurso y anexos de cuenta para los efectos legales correspondientes, a través del cual la Juez y Secretaria de Acuerdos, ambas del Juzgado Mixto de Primera Instancia, con sede en Ahuacatlán, Nayarit, informan haber dado cumplimiento a la ejecutoria emitida en este juicio de garantías; consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el libelo y anexos de cuenta, dése vista a la parte quejosa y terceras interesadas, a efecto de que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su interés legal convenga, en relación con dicho cumplimiento, apercibidas que de no hacer manifestaciones dentro del lapso concedido, este órgano jurisdiccional, con apoyo en la ejecutoria de mérito y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio de garantías, se pronunciará en relación al cumplimiento al fallo protector.

  4. Principal

    ** TEPIC, NAYARIT, UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el ocurso de cuenta que suscribe la Actuaria del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad y anexo, consistente en la evidencia criptográfica del archivo magnético del libelo en cuestión, mediante el cual comunica el auto de veintisiete de septiembre del año en curso, en el cual el Magistrado en funciones de Presidente de dicho Tribunal, admitió el recurso de revisión interpuesto contra la resolución de veinticinco de junio del año actual, dictada en el juicio de amparo 442/2018, el que se registró con el número 639/2018; en consecuencia, agréguense el comunicado y anexo de cuenta a estos autos, para los efectos legales correspondientes. **

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