ALVARO HERNANDEZ GOMEZ y Otros.
Expediente 408/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 408/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 21/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- ALVARO HERNANDEZ GOMEZ y Otros.
- Alvaro Hernandez Gomez
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que el auto de ocho de mayo de dos mil dieciocho por el que DESECHÓ la demanda de amparo no fue recurrido mediante el recurso de queja procedente en términos del artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, CAUSA ESTADO dicho auto. Anótese lo procedente en el libro de gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. En razón de lo anterior, en cumplimiento a lo que establece el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente expediente en que se actúa, es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes, conforme a lo que dispone la fracción XVIII, del capítulo primero, del referido acuerdo general conjunto; por lo cual, una vez transcurridos TRES AÑOS a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal, al Centro de Documentación y Análisis, previa la anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Por otro lado, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el capítulo tercero, punto décimo primero, párrafo segundo, del multicitado acuerdo general conjunto número 1/2009.
- Principal
RADICACIÓN Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Álvaro Hernández Gómez y Gelacio Hernández Pacheco, por propio derecho, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla y otra autoridad; por tanto, regístrese en el libro de gobierno con el número 408/2018 y fórmese expediente. DESECHAMIENTO Al respecto, se considera que se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia que motiva desechar de plano la demanda que se provee, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo. Bajo esa tesitura, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que el promovente señaló como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES: Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla. Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, con competencia en ejecución del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla. ACTO RECLAMADO: "de la primera autoridad reclamamos la resolución de fecha VEINTISÉIS DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO, el cual se nos vinculó a proceso dentro de la causa penal 251/2018, en la que se nos impuso LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA en nuestra contra, a quien atribuyo el carácter de responsable ordenadora. Por lo que respecta a la segunda autoridad quien atribuyo el carácter de responsable ejecutora le reclamo: el que en cumplimiento del auto de fecha cuatro de abril de dos mil dieciocho el cual decreta LA APERTURA DEL EXPEDIENTE DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA misma que nos fue impuesta dentro de la carpeta de ejecución 81/2018". Sin embargo, el juicio de amparo resulta notoriamente improcedente contra dichos actos, tal y como se expondrá a continuación. En efecto, respecto del acto reclamado consistente en la vinculación a proceso y la imposición de la prisión preventiva como medida cautelar decretadas a los quejosos el veintiséis de marzo del actual dentro de la carpeta judicial administrativa 251/2018, dichos actos los quejoso ya los reclaman en un juicio diverso promovido por los mismos lo que actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X.- Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trata de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; (...) Del numeral transcrito se advierte que la causa de litispendencia entre dos juicios de amparo que genera la improcedencia de uno de ellos, se encuentra condicionada a que: La ley o acto reclamado se cuestione simultáneamente en dos juicios de amparo; Los juicios estén pendientes de resolución; y c) Ambos juicios se hubiesen promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. En el caso, los requisitos antes referidos se encuentran satisfechos. Ahora bien, en término del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2º, constituye un hecho notorio para este juzgado que en el diverso juicio de amparo 327/2018 de la estadística de este órgano jurisdiccional, aparece que: 1. Mediante escrito recibido el once de abril del año en curso, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla y remitido a este juzgado por razón de turno, Álvaro Hernández Gómez y Gelacio Hernández Pacheco, por conducto de sus defensores públicos Demetrio de Benito Lara y Liliana Sánchez Machorro, promovieron demanda de amparo en la que reclamaron: AUTORIDADES RESPONSABLES: Juez de Distrito Especializado en el Nuevo Sistema de Justicia Penal Adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en la ciudad de Puebla. Director del Centro de Reinserción Social de la ciudad de Puebla. ACTO RECLAMADO: "a).- De la autoridad que hemos señalado como responsable ordenadora le reclamamos, el ilegal e indebidamente fundado auto de vinculación a proceso así como la resolución que impone medidas cautelares de fecha veintiséis de marzo del año dos mil dieciocho, dentro de la Causa Penal número 251/2018 que dio origen la carpeta de investigación FED/PUE/PBL/0001169/2018 de la Agencia Segunda Investigadora de la Delegación de la Procuraduría General de la República en el Estado de Puebla. Así también le reclamamos la omisión de no imponer alguna otra medida cautelar para garantizar la comparecencia de nuestros defendidos ALVARO HERNÁNDEZ GÓMEZ Y GELACIO HERNÁNDEZ PACHECO a juicio, esto en atención a que los ilícitos que se les imputa no son de aquellos que merezcan prisión preventiva oficiosa y mucho menos como se desprende de la carpeta de investigación FED/PUE/PBL/0001169/2018 de la Agencia Segunda Investigadora de la Delegación de la Procuraduría General de la República en el Estado de Puebla, exista la posibilidad alguna de que estén siendo procesados por una causa diversa, aunado a que resulto omiso el Juez Ordenador Responsable al no explicar por qué otras medidas no sean suficientes para garantizar su presencia ajuicio, violentando el debido proceso y su derecho humano a la libertad, ya que se debe dictar como ultima ratio la medida cautelar de prisión preventiva, sin que se haya analizado lo antes mencionado imponiendo en su perjuicio como única medida cautelar a nuestros defensos ALVARO HERNÁNDEZ GÓMEZ Y GELACIO HERNÁNDEZ PACHECO, la consistente en la Prisión Preventiva, aunado a que ni la Fiscalía, ni la parte ofendida Pemex Transformación justificaron la necesidad de Cautela para que la misma fuera impuesta. b).- De la autoridad responsable ejecutora le reclamamos las consecuencias que se traducen en mantener privados de su libertad a nuestros defendidos ÁLVARO HERNÁNDEZ GÓMEZ Y GELACIO HERNÁNDEZ PACHECO, con la medida cautelar considerada como la última ratio, ordenada por la autoridad señalada como ordenadora, sin tomar en cuenta las demás medidas que se desprenden del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, máxime que los ilícitos que se les imputa no son de aquellos que merezcan prisión preventiva oficiosa". 2. Por auto de doce de abril de dos mil dieciocho este juzgado federal registró la demanda como juicio de amparo 327/2018; se admitió a trámite la demanda de referencia, sin que se haya dictado sentencia ejecutoriada en dicho procedimiento constitucional. De ahí que se advierta que en el juicio de amparo que ahora se analiza y en el diverso 327/2018 de este juzgado, Álvaro Hernández Gómez y Gelacio Hernández Pacheco reclaman el auto de vinculación a proceso así como la prisión preventiva decretadas el veintiséis de marzo de dos mil dieciocho dentro de la causa penal 251/2018, así como su ejecución. Lo que implica que respecto de dichos actos el juicio de amparo resulta improcedente en tanto se actualiza la casual prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo Por su parte, respecto del diverso acto consistente en la apertura del expediente de ejecución correspondiente a la ejecución de la medida cautelar de prisión preventiva, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, en sentido contrario, de la Ley de Amparo, que respectivamente establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107.- El amparo indirecto procede:. V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" Como se ve, el segundo de los numerales transcritos limita la procedencia del juicio de amparo respecto de los actos dentro de un juicio, pues para la ejercibilidad de la acción de amparo resulta una condición que sea de imposible reparación. Para atender si el acto reclamado es o no de imposible reparación, debe estarse a la definición que al respecto aparece en la fracción V del artículo 107 transcrito, pues claramente establece que dicha figura se actualiza cuando los actos afectan materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. De esta manera, es inconcuso que el acto reclamado no es de imposible reparación, ya que en la determinación de cuatro de abril de dos mil dieciocho el cual se apertura del expediente de ejecución correspondiente a la ejecución de la medida cautelar de prisión preventiva; no transgrede materialmente derechos sustantivos previstos en la constitución y tratados internacionales, al no afectar al ocursante en la vida, la integridad corporal, la libertad, el patrimonio, etcétera, puesto que en dicho acto únicamente se apertura el expediente en el cual se dilucidaran todas las cuestiones que se susciten con motivo de su internamiento en el centro de reinserción social a virtud de la prisión preventiva decretada, lo cual en modo alguno trasciende en los derechos sustantivos del provente de esta instancia constitucional, pues en todo caso podrían ser aquellas incidencias las que en su momento trasciendan a su esfera jurídica mas no así el auto de apertura de dicho expediente. Ante ello, resulta inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo. En consecuencia, resulta procedente desechar la demanda de mérito por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. REPRESENTANTE COMÚN Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley de Amparo, se designa como representante común al primero de los promoventes, sin perjuicio de que con posterioridad lo substituya la parte quejosa. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el interior del Centro de reinserción Social de la ciudad de Puebla. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES A fin de que se agilice el adecuado despacho del presente asunto, con fundamento en lo establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo se habilita al actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional para que practique las notificaciones personales que se originen en el expediente de amparo en que se actúa en días y horas inhábiles, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad en los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo la considerada legalmente como confidencial o reservada.
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