Alvaro Gutiérrez Quintero

Expediente 1705/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 16 actuaciones registradas, la última del 16 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1705/2018
Año
2018
Actuaciones
16
Última actuación
16/04/2019

Partes del expediente

  • Alvaro Gutiérrez Quintero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIECISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE. Téngase por recibida la comunicación oficial de cuenta y anexos, a través de la cual el Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad remite testimonio autorizado de la resolución emitida el veinticinco de marzo del presente año, por el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en La Paz, Baja California Sur, en el expediente auxiliar 144/2019, formado con motivo del amparo en revisión 811/2018, del índice del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, de la que se aprecia que dicho Tribunal, CONFIRMÓ la sentencia combatida, misma que sobreseyó en el presente sumario; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, glósese el cuaderno de antecedentes respectivo y acúsese el recibo de estilo. En consecuencia, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el ordinal 214 de la Ley de Amparo en comento, SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es destruible. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción II, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías se sobreseyó, no contiene documentos originales y carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran cinco años contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es destruible. Finalmente, con sustento en el artículo vigésimo primero, fracción III, último párrafo, del citado Acuerdo General, el original del cuaderno incidental derivado de este juicio de garantías, es depurable, debido a que se concedió la suspensión de los actos reclamados (fojas 19 a 22 del cuaderno original del incidente de suspensión); por ende, déjese el mismo por separado y una vez transcurridos cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, depúrese, previa el acta respectiva y anotación correspondiente en el libro de gobierno; empero, deberán conservarse la demanda de amparo y la resolución interlocutoria que otorgó la suspensión a la parte quejosa; en tanto que, en términos del ordinal vigésimo, fracción III del Acuerdo General de mérito, el duplicado del incidente de suspensión respectivo, es destruible, una vez transcurridos seis meses contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, de ahí que, en su momento, procédase a la destrucción del mismo previa acta que se elabore para constancia y hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno que corresponda.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficio y anexos recibidos en la Oficialía de Partes de este Órgano Jurisdiccional el dieciocho de septiembre del año en curso (fojas 114 a 116), la Delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por auto de diecinueve de septiembre del presente año (foja 117), se dio vista a la parte agraviada con la referida comunicación y anexos, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó al promovente el veinticinco siguiente (fojas 118 a 120); por tanto, el plazo de tres días otorgado transcurrió del veintisiete de septiembre al uno de octubre del año actual. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Legislación de Amparo, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En ese sentido, mediante sentencia terminada de engrosar el veintiuno de junio de dos mil dieciocho (fojas 72 a 95), se determinó sobreseer y conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, en los términos siguientes: ".En esa tesitura, se concede la protección de la Justicia de la Unión solicitada para los efectos de que: a) Los artículos 23, fracción XXIII, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, que prevén, respectivamente, el refrendo alcoholes y los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sean desincorporados de la esfera jurídica del amparista, tanto en el presente como en el futuro. b) En consecuencia, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, devuelva las contribuciones erogadas por el amparista con fundamento en las disposiciones anteriores en el comprobante de depósito de la institución bancaria Banorte y la constancia de pago exhibida por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, en representación del Recaudador de Rentas, con su informe justificado, cuyo pago fue realizado el veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, exceptuando algún descuento o estímulo que respecto de tal pago que se haya hecho al quejoso; asimismo, a la cantidad que deba entregarse se incluirá la actualización fiscal correspondiente. (.)" Resolución que causó ejecutoria el diecisiete de julio de este año (fojas 102 y 103). De lo transcrito se colige, que los actos que debían realizar las autoridades responsables, en el ámbito de sus respectivas atribuciones para cumplir con dicha sentencia, son los siguientes: Se desincorporara de la esfera jurídica del quejoso lo previsto en el precepto 23, fracción XXIII de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil dieciocho, en relación con los dispositivos 11, 12 y 13 de la citada ley de ingresos y se abstuviera de aplicarlos en contra del solicitante de amparo, tanto en el presente como en el futuro. Se le devolviera al amparista la suma de $8,141.69 (Ocho mil ciento cuarenta y un pesos 69/100 Moneda Nacional), por concepto de revalidación de permiso de minisúper, abarrotes, tendajones y similares con venta de bebidas alcohólicas con superficie no mayor a 200 m2, asimismo lo relativo a los impuestos especiales adicionales. En el entendido de que la cantidad remanente a devolver deberá encontrarse debidamente actualizada. En cumplimiento a ello, mediante oficio y anexos presentados en la Oficialía de Partes de este Juzgado el dieciocho de septiembre del actual año (fojas 114 a 116), la Delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, exhibió copia con firma original del cheque número 0000878 de la institución bancaria Santander, Sociedad Anónima, valioso por la cantidad de $8,230.47 (Ocho mil doscientos treinta pesos 47/100 Moneda Nacional), por concepto de la suma que en su momento erogó el solicitante del amparo con motivo de la aplicación de los normativos tildados de inconstitucionales en el presente juicio de amparo y su actualización correspondiente; documento mercantil que le fue entregado al quejoso el diecisiete de septiembre del año en curso. Ahora, atendiendo a los efectos de la sentencia protectora del amparo, los cuales han quedado precisados con anterioridad, se advierte que las autoridades responsables acataron los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, pues desincorporaron de la esfera jurídica de la parte quejosa la porción normativa reclamada y le devolvieron la contribución principal erogada por ésta, así como lo relativo a la actualización fiscal correspondiente. Lo anterior es así, dado que el quejoso erogó a favor de la administración pública estatal, por los derechos e impuestos en comento, la cantidad de $8,141.69 (Ocho mil ciento cuarenta y un pesos 69/100 Moneda Nacional) por lo que se desprende que la obligación tributaria principal ha sido devuelta. Sin embargo, como se expuso, en la ejecutoria en análisis se determinó que la cantidad anterior debía devolverse con la actualización correspondiente, la que se encuentra contemplada en el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue expedido el veintiuno de febrero de dos mil dieciocho (fojas 13 y 69) y el diecisiete de septiembre del referido año, la autoridad responsable expidió al aquí quejoso el cheque antes indicado (foja 116); por lo que el periodo de actualización comprende del mes de febrero a septiembre de dos mil dieciocho. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de enero de este año entre el índice para el mes de agosto de dos mil dieciocho (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de enero de dos mil dieciocho fue de 131.508; y para el mes de agosto de esta anualidad fue de 100.492 de la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 0.764; sin embargo, cuando el resultado de la operación es menor a uno, el factor de actualización que se aplicará al monto de las contribuciones será 1, de conformidad al último párrafo del citado numeral. Por tanto, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, a saber: $8,141.69 (Ocho mil ciento cuarenta y un pesos 69/100 Moneda Nacional), menos la cantidad que no es objeto de devolución, esto es, la suma de $3.00 (Tres pesos 00/100 Moneda Nacional), que corresponde a la comisión bancaria que se indicó en el formato de pago que se trata, se obtiene $8,138.69 (Ocho mil ciento treinta y ocho pesos 69/100 Moneda Nacional) Así de las constancias que obran en autos se advierte que el citado Recaudador responsable, acató los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que devolvió al quejoso la cantidad de $8,230.47 (Ocho mil doscientos treinta pesos 47/100 Moneda Nacional) por concepto de la devolución de los conceptos materia del presente juicio. No pasa inadvertido que el monto que el Recaudador responsable solo debía devolver al agraviado era de $8,138.69 (Ocho mil ciento treinta y ocho pesos 69/100 Moneda Nacional); sin embargo, éste reintegró la diversa de $8,230.47 (Ocho mil doscientos treinta pesos 47/100 Moneda Nacional), es decir, entregó un excedente de $91.78 (noventa y un pesos 78/100 Moneda Nacional), pero dicho excedente no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría requerir al quejoso, en razón de que los gastos administrativos que realizaría la autoridad responsable para obtener dicho monto, serían mayores al beneficio del numerario referido. Por tanto, este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión. En ese tenor, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del artículo 196 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214, de ese cuerpo normativo, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido, sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en las fracciones II y IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues por una parte se sobreseyó en el presente juicio de garantías y por otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el Libro de Gobierno, a excepción de la demanda y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada.

  3. Principal

    ** TEPIC, NAYARIT, TRECE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el ocurso enviado en línea por ** por conducto de su representante legal Carlos Núñez Macías, a través del cual solicita se le autorice la consulta vía internet del expediente electrónico del presente juicio de garantías bajo el nombre de usuario "janette.chavez", en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, así como las notificaciones electrónicas; entonces, agréguese el libelo de cuenta para los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, de conformidad con el arábigo 3°, parte final del párrafo octavo de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta vía electrónica del presente sumario constitucional, bajo el nombre de usuario "janette.chavez". Ello, en virtud de que tal y como lo establece el precepto de previa mención, el Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitió los acuerdos generales que consideró necesarios a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la firma electrónica, que al día de hoy, se encuentra funcionando; asimismo, con sustento en el precepto 26, fracción IV, de la ley de la materia, se autoriza que las notificaciones personales que se determinen en este expediente se practiquen en la vía electrónica a la parte promovente, por conducto del usuario antes indicado. **

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficio y anexos recibidos en este Juzgado Federal (fojas 439 a 453 y 456 a 457), el Presidente Árbitro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que no se encontraba en condiciones para dar cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por acuerdo de veintidós de agosto del año en curso (foja 458), se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo vigente, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Así pues, mediante resolución dictada en el presente sumario de amparo el siete de agosto de dos mil dieciocho (fojas 17 a 24), se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que: ".la responsable, emita los acuerdos correspondientes y aplique los medios de apremio a su alcance para que con prontitud y sin exceder los términos de ley, lleven a cabo la ejecución total del laudo dictado en autos del expediente laboral 92/2005, de su índice..." Resolución que causó ejecutoria el veintiséis de agosto de dos mil quince (fojas 28 a 29). Luego, de los oficios y anexos recibidos en la oficialía de partes de este juzgado en diez de julio y veintiuno de agosto de dos mil dieciocho (fojas 439 a 453 y 456 a 457), presentados por el Presidente Árbitro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, se advierte que dicha autoridad, tiene imposibilidad jurídica para dar cumplimiento al fallo protector dictado en autos, porque no existe materia para ello, toda vez que la parte quejosa el veintitrés de marzo del año en curso, celebró convenio con la parte demandada en el contradictorio laboral de origen Ayuntamiento Constitucional del Nayar, Nayarit, del que se advierte que se realizó un pago a la parte solicitante del amparo por $2,501,384.97 (dos millones quinientos un mil trescientos ochenta y cuatro pesos con noventa y siete centavos moneda nacional), con el cual se cubrieron el total de las prestaciones reclamadas en el escrito inicial de demanda; asimismo, se estipuló que el quejoso desistió de la acción. Esto demuestra que las partes en el juicio laboral convinieron las modalidades de la terminación del conflicto laboral, lo que da como resultado que se actualice un cumplimiento sustituto de la sentencia de amparo sin la intervención del Órgano Jurisdiccional que concedió el amparo y que, por ende, no pueda exigirse a la autoridad responsable que cumpla aquélla en sus términos. En este sentido, es dable dejar sin materia el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, debiendo privilegiarse cualquier posibilidad o alternativa que las partes acuerden para poner fin a la ejecución de los fallos constitucionales, pues el objetivo primordial que se persigue es que de alguna manera, incluso la convencional como en el caso sucede, se dé una solución rápida al cumplimiento de las sentencias de amparo. Así lo ha determinado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis LIX/2009, publicada en la página 317, del Tomo XXIX, Junio de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA CUANDO SE ACREDITA QUE LAS PARTES CELEBRARON CONVENIO CONCILIATORIO EN EL JUICIO LABORAL DE ORIGEN. Si de actuaciones realizadas con posterioridad a la fecha en que se ordenó la remisión de los autos del juicio de garantías a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos previstos en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que las partes, mediante compromiso sancionado por la Junta respectiva, celebraron convenio dando por concluido el juicio laboral, no puede exigirse a la Junta responsable el cumplimiento en sus términos, de ahí que el incidente de inejecución de sentencia deba declararse sin materia atento a que se privilegia cualquier alternativa acordada por las partes para poner fin a la ejecución de los fallos constitucionales, pues el objetivo primordial perseguido es que de alguna manera, incluso la convencional, se dé una solución rápida al cumplimiento de las sentencias de amparo". En este orden de ideas, la reparación constitucional a que se refiere el numeral 196 de la Ley de Amparo, resulta ociosa por no existir ya el acto, la materia o los efectos reclamados, motivo por el cual debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el cumplimiento al fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado sin materia. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías, se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto del incidente de suspensión, en virtud de que el mismo no se tramitó.

Quedan 12 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit · 10,797 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano