Alvaro Godinez Nava
Expediente 969/2019 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 969/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 17/12/2019
Partes del expediente
- Alvaro Godinez Nava
- Subadministrador de la Aduana de Tijuana
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve. Informe de cumplimiento. Agréguense a los autos para que obre como correspondan el oficio y anexo de cuenta, que remite la Jefa de Departamento en ausencia de la Administradora y del Subadministrador todos de la Aduana de Tijuana, éste último como autoridad responsable, mediante el cual en respuesta a lo que se le requirió en auto de nueve de diciembre de dos mil diecinueve, informa las acciones realizadas a efecto de acatar el fallo protector emitido en este juicio de amparo. Con lo anterior, y con fundamento en el artículo 193 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad compareciente informando los actos tendentes a dar cumplimiento al fallo protector. Requerimiento. No obstante que se han informado las gestiones realizadas a fin de cumplir con dicho fallo; con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérasele a las autoridades responsables Subadministrador y Verificador, ambos de la Aduana de Tijuana, con sede en esta ciudad, para que en el plazo de diez días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, continúen informando a este Juzgado de Distrito, sobre los actos tendientes a cumplir con la sentencia dictada dentro del presente juicio; así mismo, remita el acta de inicio del procedimiento en administrativo materia aduanera que se levantó por virtud del fallo protector de trece de noviembre de dos mil diecinueve. Apercibimiento. Apercibidas que de no cumplir con lo ordenado, o bien, en caso de eludir el acatamiento del fallo protector con actos que no tiendan de manera directa a satisfacerlo, se les impondrán una multa de cien unidades de medida y actualización, con apoyo en los ordinales 192, 193, 194 y 258 de la Ley de Amparo, y se procederá a remitir los autos al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito en turno que corresponda, para seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación ante el Juez de Distrito, no obstante deje el cargo. Lo expresado encuentra sustento, en la tesis CLXXIV/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, noviembre de dos mil, página 6, que dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. SI UN SERVIDOR PÚBLICO, COMO AUTORIDAD RESPONSABLE INCURRE EN DESACATO DURANTE EL DESEMPEÑO DE SU CARGO, DEBE CONSIGNÁRSELE ANTE EL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA, AUNQUE HAYA DEJADO DE DESEMPEÑARLO." Notifíquese.Así lo acuerda y firma Magali María Díaz Villareal, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, quien actúa con la Secretaria María Adela Mora Águila que firma y da fe. Doy fe. Carlos
- Principal
Transcurrió plazo. De la certificación que antecede se advierte que transcurrió el plazo de diez días concedido a las partes por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión en contra de la sentencia de trece de noviembre de dos mil diecinueve, en la que por un lado se sobreseyó, y por la otra se otorgó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión. Causa ejecutoria. Con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria; en consecuencia, dense los avisos de ley. Ahora, en la sentencia definitiva se otorgó el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa en los siguientes términos: "Efectos de la concesión del amparo. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 74, fracción V y 77 de la Ley de Amparo, se precisa que los efectos de la concesión del amparo y la protección de la Justicia de la Unión, son los establecidos en este apartado, como se verá más adelante. Ahora, previo a especificar dichos efectos, debe considerarse en primer lugar, que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 50/98, precisó que la protección de la justicia federal concedida en un amparo, en los anteriores términos, no tiene el alcance de exigir a las autoridades aduaneras la restitución a la parte quejosa de la posesión del bien que fue objeto de embargo precautorio, por lo siguiente: 1) El decretamiento de esta medida es la causa que origina el inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera, en términos del artículo 150 de la Ley Aduanera; 2) El embargo precautorio es un acto previo al inicio del procedimiento administrativo; 3) Se trata de un acto de molestia que, como tal, no requiere de audiencia previa, porque no consiste, como embargo precautorio que es, en una privación definitiva del derecho que sobre ese bien ejerza la quejosa; y, 4) Con el procedimiento administrativo se persigue garantizar el derecho de defensa del agraviado contra el embargo indicado. Por tanto, el Máximo Tribunal de la Nación concluyó que, el restablecimiento de las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación de garantías, deja incólume el embargo precautorio y sólo afecta, desde su inicio, el procedimiento administrativo, máxime que la situación de la parte quejosa, antes de la afectación de sus derechos, no era la de poseedor del bien, pues de otro modo no hubiese tenido el carácter de persona extraña, el cual derivó, precisamente, de ser ajeno al acto de autoridad reclamado. La jurisprudencia 2a./J. 88/98 que derivó de la contradicción de tesis 50/98, dispone literalmente: "GARANTÍA DE AUDIENCIA. EFECTOS DEL AMPARO CONCEDIDO CONTRA EL PROCEDIMIENTO ADUANERO INCOADO CON MOTIVO DE UN EMBARGO PRECAUTORIO, EN RELACIÓN CON UNA PERSONA EXTRAÑA A DICHO PROCEDIMIENTO. Esta Segunda Sala, apartándose del criterio sostenido en la tesis número LXXIV/97, de rubro "INCONFORMIDAD. EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LA CONCESIÓN DE AMPARO EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA." (Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo V, página 255), considera que el efecto que corresponde a una ejecutoria de amparo que ha otorgado la protección federal a una persona extraña al procedimiento por violación a la garantía de audiencia en las actuaciones administrativas en materia aduanera, con motivo del embargo precautorio de un bien, consiste en que la autoridad responsable debe dejar insubsistente todo lo actuado desde el acta de inicio de tal procedimiento, levantar el acta de un nuevo procedimiento y emplazar al quejoso, a fin de que ejerza el derecho de defensa, pero la protección de la Justicia Federal no tiene el alcance de exigir a las autoridades aduaneras la restitución al quejoso de la posesión del bien que fue objeto de embargo precautorio, porque: 1) el decretamiento de esta medida es el supuesto que origina, necesariamente, la instauración del procedimiento administrativo en materia aduanera, en términos del artículo 150 de la Ley Aduanera; 2) el embargo precautorio es un acto anterior al inicio de la tramitación del procedimiento administrativo; 3) se trata de un acto de molestia que, como tal, no requiere de audiencia previa, porque no consiste, como embargo precautorio que es, en una privación definitiva del bien; y, 4) con el procedimiento relativo se persigue garantizar el derecho de defensa de los afectados contra el embargo indicado. Por tanto, el restablecimiento de las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación de garantías, según la fórmula empleada en el artículo 80 de la Ley de Amparo, deja incólume el embargo precautorio y sólo afecta, desde su inicio, el procedimiento mencionado, máxime que la situación del quejoso, antes de la afectación de sus derechos, no era la de poseedor del bien, pues de otro modo no hubiese tenido el carácter de persona extraña, el cual derivó, precisamente, de ser ajeno a los actos de autoridad reclamados." A mayor abundamiento, se cita la jurisprudencia IV.2o. J/31 emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, de rubro y texto siguientes: "SECUESTRO ADMINISTRATIVO. ES VIOLATORIO DE LAS GARANTIAS DE AUDIENCIA Y LEGALIDAD, CUANDO SE INSTAURA EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN CONTRA DEL CONDUCTOR Y NO DEL PROPIETARIO DEL VEHICULO OBJETO DEL. Si el acto reclamado se hace consistir en el embargo precautorio, secuestro, depósito y retención indebida del vehículo propiedad del quejoso, por parte de las autoridades administrativas, con motivo de la orden de verificación de la legal estancia, importación o tenencia de vehículos de procedencia extranjera, que originó el procedimiento administrativo de investigación y audiencia en contra del conductor del automóvil, debe concluirse que los actos reclamados devienen violatorios de las garantías de audiencia y legalidad previstas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, en perjuicio del quejoso, dada su calidad de propietario del vehículo embargado y secuestrado en un procedimiento al que resulta ser tercero extraño." En mérito de lo anterior, a fin de que se respete en favor de la quejosa su garantía de audiencia y pueda ejercer su derecho de defensa, ofrecer pruebas y que le sean recibidas, así como formular alegatos e interponer los recursos correspondientes dentro del procedimiento administrativo en materia aduanera de origen, y con ello sea debidamente oída y en su caso vencida, el amparo aquí concedido tiene por efectos que la autoridad aduanera responsable: Deje intocadas las actuaciones del procedimiento de origen, por lo que hace al quejoso Álvaro Godínez Nava, en atención al sobreseimiento decretado en esta sentencia. Declare insubsistente todo lo actuado desde el acta de inicio de tal procedimiento, para levantar el acta de uno nuevo en el que ordene el emplazamiento de la quejosa NR Finance México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple Entidad Regulada a fin de que ejerza el derecho de defensa. Se reitera que esta determinación no tiene el alcance de exigir a las autoridades aduaneras la restitución a la empresa quejosa, de la posesión del vehículo que fue objeto de embargo precautorio." Por ello, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables Subadministrador de la Aduana de Tijuana y Verificador adscrito a la Aduana de Tijuana, ambos con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días legalmente computado, den cumplimiento al fallo protector. Apercibimiento. Apercibidas que en caso de no informar oportunamente sobre el cumplimiento dado a la sentencia de amparo, se les impondrá a quienes resulten responsables, una multa de cien días en términos del artículo 258 de la Ley de Amparo, equivalente al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado correspondiente para seguir el trámite de inejecución; mismo que podrá culminar con la separación del puesto y consignación de quien corresponda. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página diecinueve, tomo I, noviembre de dos mil catorce, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Decima Época, registro 2007918, que señala (énfasis añadido): "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Una vez transcurrido el plazo concedido a las autoridades responsables, dese cuenta con todo el expediente, para los efectos a que hubiere lugar.
- Principal
Del estado procesal que guardan los autos, se obtiene que en proveído dictado el pasado cuatro de octubre de dos mil diecinueve se difirió la audiencia constitucional. Y que se fijó como nueva fecha para su desahogo, el seis de noviembre de dos mil diecinueve. Por otro lado, atendiendo al segundo punto de la certificación secretarial, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, resulta procedente invocar como hecho notorio lo actuado dentro del juicio 1001/2019-VII, del índice de este juzgado federal, de cuyos autos se advierte que la audiencia constitucional se encuentra señalada para la misma hora y fecha que en el presente juicio. Finalmente, de la certificación que antecede se obtiene que en el libro de registro de audiencias de este órgano jurisdiccional se encuentran señaladas las nueve horas con cuarenta minutos del ocho de noviembre de dos mil diecinueve, para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio. Ante esas circunstancias, se acuerda lo siguiente: Regularización del procedimiento. Dado que en dos juicios de amparo de este juzgado, se encuentra señalada la misma fecha y hora para celebrar la audiencia constitucional, y ello impide que una de ellas se desahogue; y considerando que en el libro de registro de audiencias de este órgano jurisdiccional, se señalaron las nueve horas con cuarenta minutos del ocho de noviembre de dos mil diecinueve para que se verifique la audiencia en este expediente, se concluye que por un error involuntario, se fijó en el proveído de cuatro de octubre del año en curso, como fecha para celebrar la audiencia constitucional las nueve horas con cuarenta minutos del seis de noviembre; siendo la fecha correcta, el ocho de noviembre de dos mil diecinueve, como lo está señalado en el libro de audiencias de este juzgado. En ese sentido, con fundamento en el artículo, 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, procede regularizar el procedimiento; dejar sin efectos la fecha señalada en el proveído antes citado, y en su lugar establecer las nueve horas con cuarenta minutos del ocho de noviembre de dos mil diecinueve, para que tenga verificativo, la audiencia constitucional de este juicio. Notificación innecesaria a autoridades. En atención a lo resuelto en la jurisprudencia 2ª/J. 176/2012 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se considera innecesario girar oficio a las autoridades responsables a efecto de notificarles la presente determinación, bastando únicamente su notificación por medio de lista.
- Principal
Tijuana, Baja California, cuatro de octubre de dos mil diecinueve. Se rinden informes justificados. Se ordena glosar a los autos para que surtan sus efectos legales los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, déjense a la vista de las partes por el término de ocho días para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Causas de improcedencia y sobreseimiento. Ténganse a las responsables manifestando que se actualizan las causales de improcedencia y sobreseimiento que aluden en sus ocursos; de lo que se toma nota y se considerará al momento de dictar la sentencia correspondiente. Delegados y domicilio. Con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, se tiene a las autoridades responsables designando como delegados y domicilio procesal los que indican en los informes de cuenta. Pruebas. En cuanto a las pruebas documentales que se anexan al informe de una de las autoridades responsables; así como la presuncional e instrumental de actuaciones, con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional. Tomo de prueba. En términos del artículo 6º de los Lineamientos para la integración del expediente judicial y su modalidad electrónica, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con las constancias exhibidas, fórmese por cuerda separada el tomo I de pruebas correspondientes, agregándole la carátula para su debida identificación, respetando su folio y sello, misma que queda vinculada al presente juicio de amparo y a disposición de las partes para su consulta en este órgano jurisdiccional. Diferimiento de audiencia. A efecto de que transcurra el término otorgado con motivo de la recepción del informe justificado, y habida cuenta de que la audiencia constitucional está programada para el día de hoy; es por lo que, procede diferir su celebración y se fijan las nueve horas con cuarenta minutos del seis de noviembre de dos mil diecinueve. Notificación innecesaria a autoridades. En atención a lo resuelto en la jurisprudencia 2ª/J. 176/2012 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se considera innecesario girar oficio a las autoridades responsables a efecto de notificarles la presente determinación, bastando únicamente su notificación por medio de lista. Notifíquese en términos de ley.
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